En el año 2010, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su decisión sobre el caso Citizens United v. Federal Electoral Commision. Este caso buscaba revertir decisiones previas del mismo foro sobre el financiamiento de campañas políticas. La decisión del tribunal estableció que constituía una limitación a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos el prohibir las donaciones económicas a campañas políticas por parte de empresas y sindicatos.
Aunque la decisión judicial quedó circunscrita al concepto de la libertad de expresión, como derecho fundamental protegido en la constitución, no cabe duda de que ésta trasciende por mucho estos lindes. Todos y todas valoramos y defendemos nuestro derecho a la libertad de expresión, máxime cuando se trata de impulsar y adelantar causas políticas que nos impactan en nuestro diario vivir como ciudadanos y ciudadanas. Pero la decisión del Tribunal Supremo encierra mucho más que eso y, por tanto, debemos problematizarla en su justa perspectiva para comprender de qué va realmente.
Opino que abrir la posibilidad del financiamiento privado de las campañas políticas es una de las grandes puertas de la corrupción gubernamental. La experiencia abrumadora con el asunto de los PAC es que las empresas, al tener mayor poder económico, son las más que se benefician de la decisión pues pueden donar millones de dólares a partidos políticos o candidatos particulares. Con estos donativos buscan beneficiarse del partido que obtenga el poder. Existen propuestas y proyectos legislativos para eliminar en Puerto Rico la financiación privada de campañas políticas, buscando cortar las gestiones corruptas en el quehacer de la administración pública. El Movimiento Victoria Ciudadana así lo propone en su Agenda Urgente y su equipo nacional lo ha presentado pero no existe voluntad de aprobarlo por parte del verdadero “junte demoniaco” rojo y azul.
El estado de derecho actual permite que entidades privadas tales como empresas, fundaciones, bancos, asociaciones, sindicatos, entre otros, hagan aportaciones económicas a las campañas de partidos y/o candidatos políticos. Por supuesto, esta gestión es una altamente regulada por la oficina del Contralor Electoral lo que implica que toda donación a campaña política debe ajustarse a unos parámetros legales muy específicos.
Las empresas donan dinero. Lo hacen para ganarse el favor de los partidos y los políticos. Ese favor, dentro del marco legal, sería para que los partidos y /o candidatos incluyan dentro de su agenda de trabajo asuntos de interés para los donantes. Dentro de esas reglas de juego, los sindicatos nos hemos visto en la necesidad de igualmente donar dinero a campañas de partidos y/o candidatos que se comprometan a adelantar los intereses de la clase trabajadora. Aún oponiéndonos al financiamiento privado de las campañas, hemos asumido como necesario hacerlo pues de lo contrario estaríamos jugando en una terrible desventaja frente a las empresas que desean adelantar agendas en contra de los derechos de los y las trabajadoras.
Fue bajo esa premisa que el SPT analizó, deliberó entre su matrícula y aprobó conformar un PAC para apoyar al partido cuya plataforma de gobierno representara un avance para la clase trabajadora y para la justicia social que Puerto Rico necesita.
Ese PAC se conformó para hacer una campaña independiente no coordinada, que es uno de los requisitos de ley y estoy sumamente orgullosa de que jamás tuvimos señalamiento alguno. Todo se hizo en perfecto orden. El récord de nuestro PAC es público. Nada que ocultar pues así se informó a la matrícula, se aprobó por todos los foros de la organización y lo hemos sostenido donde quiera que se nos cuestiona.
La pregunta obligada es: ¿cómo se diferencia nuestro PAC y el PAC por el cual el amigo del gobernador se declaró culpable? Es importante hacer esa distinción para no comparar chinas con botellas.
La diferencia crucial aquí es que mientras el nuestro cumplió con todos los requerimientos que exige la ley, y pasó las debidas auditorías del Contralor Electoral, el del amigo del gobernador violentó la ley en múltiples instancias. Primero que todo, el creador del PAC a favor de la campaña del gobernador mintió en sus informes con la intención de ocultar información de donantes. Esa mentira estaba destinada no solo a dejar en las sombras las cantidades de dinero donadas sino los nombres de los donantes. El detalle no es cualquier cosa pues, al omitir los nombres de los donantes o mencionarlos por nombres falsos, se imposibilita la debida fiscalización de quien dona y cuál sería el efecto inmediato de ello. Como han mencionado conocedores del tema, si un donante no es debidamente identificado pues no sabremos si luego recibió un favor del gobierno en forma de contrato u otro trato preferencial. Esto sin entrar en el detalle de los millones con los que contaba ese PAC versus lo que pudieron aportar las y los trabajadores. La diferencia es abismal.
Además, uno de los señalamientos levantados sobre ese PAC es la supuesta vinculación entre el creador de este y el gobernador. Como si fuera poco, también se sospecha sobre la coordinación directa entre el creador del PAC y personal de la campaña del gobernador, lo que supone una crasa violación a la ley.
Ante todo ese panorama, la distinción mayor entre uno y otro PAC es que el nuestro fue uno transparente. Cumplimos con la ley a cabalidad. Nos sometimos a las auditorías reglamentarias y salimos sin ninguna mancha. Eso es algo que nuestra matrícula sabe y mantiene presente. Que lo sepan los enemigos de la clase trabajadora. Nuestra gente esta clara. No inventen cuentos ni pretendan crear confusión para que se confundan chinas con botellas.
La autora es Vicepresidenta y Directora Política Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras
