Inicio Blog Página 918

El desastre de LUMA a dos años de su llegada

Por

junio 7, 2022

CLARIDAD

A un año de haber asumido la administración del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica y el servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hay razones más que suficientes para que el Gobierno de Puerto Rico haya prescindido del contrato de privatización de LUMA Energy, coincidieron dos entrevistados por CLARIDAD.

“En realidad, este es el segundo año de LUMA, porque el primero fue el de la transición, por el que cobraron $160 millones por aprender hacer lo que se supone que supiesen hacer ya”, apuntó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez. Este primer año es una confirmación muy dolorosa de los vicios que se anticipó padece el contrato, por ser uno leonino, que le permite a LUMA tomar todas las decisiones, aun sabiendo que LUMA solo está motivada por sus fines de lucro, afirmó.

En esa línea, enumeró los hechos ya descubiertos de que LUMA entró a dar el servicio sin la cantidad de empleados celadores que eran necesarios y que los ingenieros no tienen la licencia necesaria para practicar en Puerto Rico, lo que confirma que LUMA se ha sentido con la libertad de hacer lo que le dé la gana porque el contrato se lo permite y porque no hay supervisión. “Esto es un abandono total de los deberes de protección que tienen los funcionarios públicos, en particular Fontanés, de no estar protegiendo los derechos y necesidades del pueblo de Puerto Rico. Él ha sido totalmente irresponsable por firmar un contrato que iba a terminar en esto, porque no había manera de que se pudiera controlar los intereses de LUMA”. El director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), Fermín Fontanés, es uno de los principales negociadores del contrato.

El licenciado Emmanuelli Jiménez manifestó que a la luz de lo revelado en las vistas públicas que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Económico, que presidió el representante Luis Raúl Torres, hace mucho tiempo que hay la suficiente evidencia para que el Gobierno haya cancelado el contrato.

Además recordó que hay la controversia sobre cómo se aprobó el contrato, en donde las organizaciones comunitarias interesadas en el proceso no tuvieron participación y en que el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, participó como miembro del comité de la selección de LUMA. Esto denota que el proceso estuvo viciado desde el principio. A su juicio, cuando se lee el contrato, se ve que tiene el problema de que contradice la política pública de la ley 120, que se supone proteja los derechos de los empleados de la AEE.

Por si no fuera suficiente, recalcó que todas las cláusulas del contrato a quien beneficia es a LUMA y que en la práctica ninguna beneficia a la AEE o al Gobierno de Puerto Rico, lo que hace que el contrato sea uno leonino, por lo cual también es nulo. “Desde el inicio de la lectura seria del contrato había suficientes motivos para su cancelación. Ahora la ejecución ha sido realmente terrible y se conoce suficiente para anular ese contrato”.

Ante el desempeño de LUMA, este deduce que ha habido presión de parte de sectores importantes e interesados para que se prescinda del contrato. Hasta ahora, los únicos que han salido a defender el contrato han sido el gobernador Pierluisi, Fermín Fontanés y la delegación del PNP en la Legislatura. “Ellos son los únicos, el resto, todo el mundo, está consciente de la gravedad de la situación del sistema eléctrico y de que LUMA lo ha ido complicando más”.

Un año desastroso y de la legalización de la corrupción

Por su parte, el presidente de la UTIER (Unión Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo, catalogó el desempeño de LUMA no solo de desastroso, sino también de un fiasco. Considera que se han legalizado la corrupción y las omisiones del Gobierno frente a los señalamientos que se han hecho sobre LUMA mediante un contrato.

En primer plano, trajo a la atención que era la primera vez en que un presidente de una compañía tiene una orden de arresto por negarse a cumplir con las leyes del país. Sin embargo, con eso el Gobierno fue muy leniente. Wayne Stensby se negó a cumplir con una orden de una Comisión de la Cámara y con una orden del tribunal para que entregara información sobre su operación. Esta acción del presidente de LUMA, era suficiente razón para anular el contrato; pero el Gobierno de Puerto Rico no fue claro ni categórico frente a ese evento, denunció Figueroa Jaramillo.

Lo segundo es que a raíz de las vistas públicas se descubrió un esquema en que LUMA había contratado dos compañías en Puerto Rico, incorporadas por su presidente y vicepresidente.

Lo tercero es la situación de sus ingenieros. “Cuando uno viene a mirar, se da cuenta de cómo se intenta legalizar la corrupción, porque el Gobierno de Puerto Rico permite, se mantiene callado y hasta apoya la gestión de LUMA”.

El presidente de la UTIER subrayó que sin lugar a dudas las vistas públicas produjeron suficiente evidencia para que el Gobierno hubiera prescindido del contrato. “El hecho de que se haya negado a entregar documentos a un cuerpo constitucional y de que haya tenido una orden de arresto son razones suficientes para que se haya anulado el contrato”, reiteró.

También recordó que LUMA tuvo un sobregiro en su presupuesto de $32 millones en su primer año, aun cuando se le entregaron todas las facilidades y equipo de la AEE. Esa compañía no empezó de cero y no se hizo un inventario del equipo que se le transfirió. Hasta ahora, nadie le ha pedido cuentas de esas propiedades públicas.

Figueroa Jaramillo expresó que no solo la UTIER, sino del pueblo entero, todos coinciden en un rechazo a LUMA. “Por parte del Gobierno y de LUMA apostaban a que esto se iba a caer, que a nadie le iba a interesar el que haya habido manifestaciones en más de seis lugares, que el alcalde de Juana Díaz haya dado un discurso en Ponce en contra de LUMA. El hecho de que los sondeos de opinión, todos, arrojaran una opinión en contra de LUMA demuestra que el país sí está atento a esto y, lamentable, en ese enredo está la Legislatura del PNP”.

El primero de junio, fecha en que se oficializó el control de la transmisión y distribución del servicio de energía por LUMA Energy hubo seis manifestaciones simultáneas frente a varias instalaciones de la AEE, hoy LUMA, y en otros lugares.

La deuda de la AEE y LUMA

El Gobierno, que respalda la privatización, se encuentra en una situación en la que parece no tener mucho de dónde escoger con respecto a la negociación del pago de la deuda de la AEE, debido a que el contrato de LUMA está atado a la negociación de la deuda. En él se dispone que el plan de ajuste de la deuda tiene que ser del agrado de LUMA. Pactado el plan de deuda, hay un periodo de 18 meses que se puede extender por voluntad de las partes para que LUMA lo adopte.

Según el licenciado Emmanuelli Jiménez, podría haber problemas cuando se imponga el plan del pago de la deuda y LUMA diga que no puede cumplir con ello. Esto podría usarse como excusa para abandonar el contrato. Aunque hasta el momento a LUMA se le ha complacido en todo, hay varios escenarios. Uno, que según de favorable para LUMA sea el acuerdo de la reestructuración, la privatizadora decida quedarse. Dos, en caso de que el ajuste sea oneroso para los abonados de la AEE y LUMA decida quedarse, tendría que estar acudiendo al Negociado de Energía a solicitar aumento en la tarifa, cosa que tiene un límite. Los aumentos, a su vez, pueden provocar que las personas continúen desconectándose del sistema, lo que haría bajar los ingresos. Entonces, LUMA no podría cumplir con el contrato.

Estos escenarios deberían llevar a que la Junta de Control Fiscal haga los esfuerzos máximos por que la obligación de pago con los bonitas no afecte el flujo de efectivo de la AEE, de manera LUMA pueda cumplir con el contrato.

Figueroa Jaramillo denunció que LUMA tiene el mejor contrato del mundo entero. “Aquí el Gobierno y la Legislatura tienen que ser proactivos y el país reclamar que se haga una negociación que sea beneficiosa para el país. No podemos estar pendientes de si LUMA se debe ir o no si esa negociación termina beneficiando al país. Si LUMA se quiere ir que se vaya”.

Este agregó que favorece el proyecto PC 1383, presentado por presidente de la Cámara Rafael Hernández, que plantea las condiciones en que debe estar enmarcada una reestructuración de la deuda de la AEE. Entre las condiciones están un recorte de un 75 % a la deuda de los bonistas, una prioridad de pago al sistema de retiro de los empleados de la AEE, a las aportaciones patronales y a que haya una tarifa menor a los 20 centavos por kilovatio/hora por el servicio de electricidad.

Mirada al País: Una sola cosa

Por

wilma-e-reveron-collazo

junio 7, 2022

P9 3589 — Congresista Nydia Velázquez y el presidente de del Comité de Recursos Naturales Raúl Grijalva. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

Especial para CLARIDAD

El movimiento independentista de Puerto Rico ha utilizado todos los métodos de lucha a su alcance en su objetivo de lograr la independencia: lucha armada abierta y clandestina, lucha parlamentaria, lucha electoral, plebiscitos, proyectos ante el Congreso de Estados Unidosl resoluciones de organismos internacionales, luchas comunitarias, desobediencia civil, huelgas, piquetes, marchas, congresos y asambleas. En 124 años de colinialismo de los Estados Unidos de América no creo que hayamos perdido la oportunidad de luchar de todas formas y maneras. A pesar de ello, no hemos logrado el añorado objetivo. La pregunta hoy es ¿estamos mas cerca de la independencia? O como decíamos antaño, ¿está la independencia a la vuelta de la esquina?

Hay un factor común en todos estos intentos: los que han sido victoriosos como las luchas contra la Marina de Guerra de EEUU en Vieques y Culebras, el factor de triunfo siempre ha sido la alianza y la unidad del pueblo en general. Esto lo reconocen todos los sectores del independentismo puertorriqueño. Sin embargo, cuando se plantea el tema de las alianzas amplias con sectores mas allá del independentismo, surgen de inmediato las críticas y renuencias de algunos sectores independentistas que a su vez reconocen ese como el factor de triunfo, en una contradicción inexplicable.

El tema de estatus político de este momento es el borrador de proyecto de ley consensuado por Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortés y Jennifer González. El ùnico consenso que existe sobre el mismo es que aun cuando sea aprobado en la Cámara de Representantes no tiene posiblidad alguna de ser aprobado en el Senado. Por lo tanto, el valor que tiene el mismo es el efecto de poner el tema del estatus político de Puerto Rico sobre la mesa del yanqui y su reconocimiento de que la relación política entre Puerto Rico y EEUU, el llamado Estado Libre Asociado, es una de naturaleza colonial. No es, por lo tanto, un mecanismo para lograr la independencia ni ningun otro estatus político. No vale la pena que se creen antagonismos en el seno del movimiento independentista por un proyecto natimuerto.

El otro tema que está en la discusión dentro del independentismo es la formación de una alianza entre el MVC y el PIP que pueda llevar a la gobernación a Juan Dalmau en las elecciones del 2024, posición cónsona con los posicionamientos electorales del MINH. Pero, dentro del movimiento independentista existen sectores que por cuestión de principio no participan en las elecciones coloniales y no será un punto de consenso nunca. Tampoco vale la pena que se creen antagonismos por este asunto. Cada cual con su conciencia y sus principios.

Entonces, resulta evidente que ni los proyectos del Congreso ni las luchas electorales van a promover la unidad del movimiento independentista con el pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el equivalente al Vieques de la lucha por la independencia en este momento? Con tantos frentes de lucha en este momento parecería que nos elude. Por ejemplo, la deuda y todo lo relacionado a PROMESA pareció en un momento dado nos iba a unir. Pero entonces se dio aquella malograda asamblea en el Coliseo Roberto Clemente que rompió cualquier posibilidad de convergencia.

Si fuera a escoger un frente de lucha que históricamente ha logrado unirnos por encima de todas las diferencias ideológicas y de enfoques han sido las luchas ambientales. Vieques era una lucha mas ambiental que antimilitarista. La explotación de las minas de cobre, la defensa del acceso a las playas y de nuestros recursos naturales en general siempre han comenzado con la denuncia y el activismo de sectores independentistas que han logrado movilizar al pueblo masivamente en alianzas amplias.

La defensa de nuestras costas, mangles, tierras cultivables, acceso a nuestras playas para el pueblo gozan de las mas amplias simpatías y constituyen un proceso hermoso de educación y de desarrollo amor patrio y conciencia. Esta es la defensa de la patria material que nos pertenece a todes. Es la preservación de la patria para futuras generaciones. Es el rescate de lo nuestro del dominio extranjero.

Es una sola cosa en que todes coincidimos, en que todes podemos participar sin muchas discusiones, ni asambleas ni congresos. Con solo decir presente cada vez que sea necesario. Es lo que mueve a nuestros jóvenes y es la lucha de presente y futuro.

LUMA: un desastre para el país

Por

redaccion-de-claridad

junio 7, 2022

CLARIDAD

Un desastre para el país y para la transición necesaria hacia la energía de fuentes renovables ha sido el resultado de la privatización del sistema eléctrico mediante el contrato de LUMA Energy. “Lejos de los ahorros y eficiencias que el Gobierno aseguraba que este contrato traería, lo que hemos visto es que la tarifa de luz se ha encarecido aun más y que el servicio ha empeorado”, señaló la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, portavoz de la coalición Queremos Sol y presidenta de CAMBIO PR.

Las declaraciones se emitieron en un comunicado de prensa, al cumplirse un año de que esa empresa asumiera el control del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Este es un contrato malo para el país. Desde el inicio alertamos de que LUMA iba a enfrentar grandes problemas a causa de su propia decisión de no contratar la mayoría de la fuerza laboral de la AEE, perdiendo así literalmente décadas de experiencia acumulada con el sistema eléctrico del país”. La ingeniera apuntó también que, a pesar de tener menos empleados y estos contar con poca experiencia, LUMA ha sobrepasado su presupuesto laboral desde que comenzó operaciones, gasto que el pueblo está pagando.

La abogada ambiental Ruth Santiago también denunció que “nunca ha habido transparencia ni fiscalización adecuada sobre el contrato de LUMA y es más que evidente que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AP3) no tiene ni la capacidad ni el peritaje en asuntos energéticos para fiscalizar a LUMA”. Santiago destacó que el Negociado de Energía tampoco ha ejercido sus funciones de fiscalización y que tardó casi un año en rendir un informe sobre el fuego en Monacillos, de junio pasado, sin requerir a LUMA que adoptara cambios operacionales. El Negociado nunca ha rendido un informe en su investigación de la falla de una línea de transmisión que provocó una avería de la planta Costa Sur en agosto pasado.

Por otro lado, la coalición planteó que LUMA ha tardado mucho en acceder a los fondos de FEMA disponibles y que todavía propone utilizar esos fondos para fortalecer el sistema centralizado y basado en la energía de combustibles fósiles. Según los planesde LUMA, la compañía no va a invertir nada de los aproximadamente $14 mil millones de FEMA en energía renovable ni sistemas de almacenamiento. Un estudio de modelaje publicado el año pasado por la organización CAMBIO demostró que Puerto Rico podría alcanzar un nivel de 75 % energía renovable en 15 años y que, de invertirse $9.6 mil millones de los fondos federales para esta transformación, resultaría en una tarifa estable de un aproximado de 15 centavos por kWh.

“Si LUMA sigue en su ruta, vamos a perder la gran oportunidad de los fondos federales para llevarnos a un sistema eléctrico resiliente, asequible y limpio”, puntualizó Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de la organización comunitaria El Puente.

La Coalición advirtió el que la AP3 continúa con el proceso de la privatización completa de la AEE y que ha indicado que va a seleccionar contratistas para operar las plantas existentes de la AEE a finales de junio. Esto implica que en este momento se están confeccionando los contratos para la privatización de la generación utilizando el mismo modelo leonino del contrato de LUMA, bajo la cual las empresas privadas no van a tener que invertir sus propios fondos en las plantas ni tener que respetar los derechos laborales de los empleados de la AEE.

“Reclamamos a la Asamblea Legislativa que detenga este proceso de privatización de la generación de la AEE. Este proceso va a resultar en más aumentos en la tarifa y retrasos en cumplir con el marco legal para la energía renovable y por introducir nuevos intereses privados que van a seguir operando las plantas de combustibles fósiles”, agregó Adriana González, portavoz del Sierra Club. “El proceso de privatización con LUMA ya ha sido un fracaso, y no podemos seguir repitiendo los mismos errores”.

Mirada al País:La pedagogia de la esperanza

Por

denis-marquez

junio 7, 2022

Especial para CLARIDAD

Puerto Rico es un país donde la desesperanza, los problemas sociales, los conflictos y las consecuencias constantes del colonialismo que nos arropa, hacen cada día más difícil la convivencia social y la justicia social. Todos los días los medios de comunicación nos avasallan con noticias terribles de violencia y criminalidad mientras que la Junta de Control Fiscal cada día ordena o revoca acciones del Gobierno y de la Legislatura que podrían beneficiar a diversos sectores de la sociedad.

Los arrestos por actos de corrupción de alcaldes y funcionarios del PNP y del PPD, son la orden del día como consecuencia, claramente, del histórico clientelismo político y de una conducta por décadas de los partidos que han gobernado que, no solo han provocado pérdida de fondos públicos, sino también un mensaje oscuro, deshonesto, en perjuicio de la administración pública de Puerto Rico.

La Legislatura no está exenta de muchas de las complejidades de los problemas de este país. El PNP y el PPD siguen legislando para proteger grandes intereses como, por ejemplo, la nueva ley de permisos, la cobardía de la mayoría del Senado de no llevar a votación la moratoria de la construcción en las costas, o no aprobar legislación para detener a los secuaces de la Ley 22 y sus acciones en contra de las comunidades de Puerto Rico. Además, la constante desorganización en el quehacer legislativo, la ausencia de disciplina legislativa, los intentos de aprobar legislación que van en contra de los derechos de las mujeres y de su libertad de decidir, siguen siendo parte de una terrible agenda legislativa.

En contraste a este cuadro, en ocasiones desolador, atestiguamos las actividades y acciones de diversos sectores de la sociedad que provocan debates, crean conocimiento, promueven la justicia social, generan arte y cultura, que sirven como constantes alicientes y promotores de que debemos continuar con una agenda de transformación social, en donde el optimismo, la perseverancia y la constancia deben ser norte de tantos objetivos inconclusos.

El miércoles primero de junio, en el Recinto de Río Piedras de nuestra Universidad de Puerto Rico, se llevó a cabo uno de esos eventos que son parte de ese conjunto de proyectos y acciones que nos conmueven, que nos retan, que nos provocan y que son necesarios para entender cómo funciona este país, cómo son sus políticas públicas y por qué nos queda mucho camino por recorrer. Me refiero al acto de reconocimiento de la primera clase graduanda del programa de estudios universitarios para personas confinadas de la Universidad de Puerto Rico, Mediante esta actividad se reconocieron a cuatro mujeres y ocho hombres confinados en las cárceles de Puerto Rico, quienes lograron graduarse de nuestra Universidad con un bachillerato en Estudios Generales. Este programa dirigido por la doctora Edna Benítez, con el apoyo del Departamento de Corrección y, con la participación de un conjunto de nuestros profesoras y profesores de la Universidad, rompió la muralla de la exclusión y con el paradigma de la imposibilidad de la transformación del ser humano.

En dicha actividad se reconoció el logro titánico de alzarse con un diploma universitario a: Ilka Cruz Rosario, Juan M. Negrón Ayala, Camilo J. Arango Latorre, Coraly Campos Rodríguez, Verónica Jiménez Nevárez, Miguel A. Nieves Domínguez, Raúl Reyes Chalas, Christopher Reyes Pérez, Javier Rodríguez Rodríguez, Jedery F. Santana Durán, Javier Santos García y Omayra Torres Sánchez.

Este evento, además de hacer los reconocimientos, nos sirvió a muchos de los presentes a continuar reflexionando sobre la realidad carcelaria en Puerto Rico, sobre el discrimen a la mujer en las cárceles, sobre la terrible política del país de extensas condenas de cárcel, sobre la constante visión arcaica de la Legislatura de aumentar las penas, sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en el sistema penitenciario, de los reclamos de injusticia en los procesos judiciales, sobre la necesidad del perdón y la creencia en la redención de los seres humanos y, en que la desigualdad social, la pobreza, el racismo y el discrimen son totalmente vinculantes a la realidad de la población penal de Puerto Rico.

De igual forma esta actividad fue un reflejo del poder de la educación, de la realidad de que una inmensa parte de la población penal no ha podido culminar sus estudios básicos y menos aún universitarios. Es, además, una clara manifestación de la importancia y lo fundamental que es nuestra Universidad en la sociedad puertorriqueña. Esta celebración se llevó a cabo por el esfuerzo y mérito de los propios estudiantes pero, también, por el compromiso de nuestra Universidad, de sus profesores, del legado del Profesor Fernando Picó, y del relevo de batón de la doctora Edna Benítez.

Una de las graduandas en los actos de graduación, Ilka Cruz Rosario, nos expresó:

“Propongo, aseguro y confirmo con certeza que la educación universitaria es fundamental para que la persona encarcelada comience su rehabilitación”. Entiendo que la concentración menor del programa de estudios de Mujer y Género debe ser un requisito para todo el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, porque este me ayudó a desarrollar mi pensamiento crítico y fue una herramienta esencial para escribir mi tesina”.

De igual forma otro graduando, Juan Negrón, expresó:

“Como sociedad, no tenemos muchas opciones para escoger. Nuestra opción está entre la libertad o el encierro, entre la educación o el castigo”.

Desde nuestro espacio en la Legislatura logramos la aprobación del Proyecto de la Cámara 467 para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos y enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de atemperar la “Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

La única manera que no se viola la disposición constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se procesa un menor como adulto, es garantizándole un proceso de rehabilitación, que incluya la posibilidad de libertad bajo palabra.

La profesora Edna Benítez, al dirigirse a los presentes expresó, que el programa demostró una vez más que cada ser humano es rehabilitable, “a veces, hay que creer para ver, de eso se trata la pedagogía de la esperanza”, y añado también, de la libertad en todas sus manifestaciones.

Tirijala con la ley electoral

Por

candida-cotto

junio 7, 2022

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En el 2020 la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista configuró y aprobó un Código Electoral, Ley 58-2020, dirigido a facilitarle ganar las elecciones y perpetuarse en el mando de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ahora el Partido Popular Democrático pretende hacer lo mismo y afianzar el bipartidismo.

Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, radicó un proyecto dirigido a enmendar el código electoral del 2020, en cuya redacción solo participaron los comisionados electorales del PPD, Ramón Torres, y el del PNP, Edwin Mundo, aseguraron fuentes a CLARIDAD.

Preguntamos al respecto a la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, y esta recordó que el 2 de enero del 2021 radicó una propuesta para que se formara una comisión especial en que todo el mundo se sentara sin ideas preconcebidas a delinear un nuevo reglamento electoral, y no pasó nunca nada. También radicó una medida para garantizar la representación de todos los partidos políticos que quedaron inscritos en las elecciones.

“Con ese proyecto no pasó nada. Si estamos hoy en la Comisión Electoral es por virtud de una resolución judicial”, precisó.

A estas dos gestiones se le suma el envío de una carta al presidente del Senado pidiéndole hablar sobre el tema de la reforma electoral. También hubo acercamientos personales en más de una ocasión para que todos los portavoces de los partidos se sentaran hablar sobre la necesidad de la reforma electoral. No fue hasta la semana pasada que el presidente del Senado le anticipó que iba a presentar el proyecto.

La senadora del PIP censuró la acción de Dalmau Santiago y la describió de arbitraria, con la voluntad de imponerse, ignorando las preocupaciones principales del país, que son las irregularidades en los votos especiales y la capacidad de fiscalización interna en la CEE. Señaló que ninguno de esos problemas son atendidos en el proyecto presentado.

Se supone que el proyecto vaya a vistas públicas, pero la portavoz del PIP en el Senado duda de que ese proceso se dé y haya consenso, dado a que el último día para la aprobación de medidas es el 25 de junio. A su juicio, es necesario sentarse con tranquilidad a la mesa. El elemento de más peso en la propuesta de Dalmau Santiago es que la presidencia de la CEE sea decidida por la Asamblea Legislativa, distinto a lo acostumbrado, que es que siempre en este nombramiento ha funcionado el elemento de consenso entre los comisionados.

Para la senadora del PIP, quien fue comisionada electoral de su partido, no es tarea de la Asamblea Legislativa el nombramiento del comisionado electoral. Esto plantea unos problemas de conflicto, ya que los legisladores van a votar por la persona que dirige el proceso electoral, siendo ellos candidatos. “Eso está muy lejos de ser el mecanismo adecuado”.

La licenciada Santiago Negrón coincidió con que el proyecto presentado es un retroceso, por lo que es importante volver a los tiempos del consenso. “Conocemos lo que pasó en el 2020. Nunca en este país se había tenido que posponer un evento electoral por cuestiones administrativas, y pasó con las primarias. Eso no es poca cosa, no es liviano”, expresó.

Sobre este asunto, afirmó que el proyecto da la impresión de haberse redactado con el insumo del PNP y cerrado a las otras instituciones políticas. “El PPD necesita los votos del PNP para pasar el proyecto. Es desafortunado, es triste, abusivo, y reitera que el PPD no sabe leer al país”.

El control de la CEE

Por su parte, el comisionado electoral del PIP, licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, expuso que, a la luz de la experiencia de las elecciones del 2020, lo más importante que habría que cambiar en el actual Código Electoral es precisamente lo que tiene que ver con la pluralidad y representatividad de todos los partidos en la toma de decisiones de la CEE y en los niveles electorales que se atienden en unas elecciones generales. Puntualizó que, sobre todo, es de ese primer aspecto que parte todo lo demás. De igual manera, en vista del caos que hubo en las elecciones pasadas, otro elemento a atender es la fiscalización y la transparencia en el proceso de cómo se atiende el voto adelantado.

“Lamentablemente, el código electoral que aprobó el PNP llevó a que no haya los procesos de fiscalización que había en años anteriores. Por ejemplo, no se solicitó certificado médico que diga las razones por las que una persona no puede moverse y tiene que quedarse en su casa, que es por lo que se acude a su casa a buscar el voto de esa persona. Eso permitió que no se sepa cuánta gente votó ilegalmente. De igual manera, se debe analizar mucho más la representación de todos los partidos que tienen que ver con eso”.

Relató que en las elecciones pasadas hubo pueblos como Corozal y Naranjito, pueblos pequeños, en que más de dos mil personas solicitaron el voto adelantado. Estas rutas para tomar estos votos se hicieron supuestamente en 10 días, lo que le parece un proceso atropellado que en muchas ocasiones no contó con fiscalización.

El comisionado electoral del PIP comentó que con el pasar de los años el voto adelantado se ha ido ampliando y en este se incluye el voto ausente; pero por alguna razón, el voto ausente fue menor en estas recientes elecciones que en elecciones previas, “cosa que choca, porque uno pensaba que se iba a disparar. Lo que fue contundente en términos de cantidad fue el voto adelantado en Puerto Rico, sea voto a domicilio, hospitales, por correo”.

Este hizo la advertencia de que los cambios que requiere el Código Electoral para que la estructura de la CEE no esté controlada por los dos partidos de mayoría no están contemplados en el proyecto presentado por el presidente del Senado: “El proyecto que presenta José Luis Dalmau el pasado viernes no cambia la estructura de la Comisión, es el código electoral del PNP para el PPD”.

Aponte Berríos denunció que el objetivo del PNP es eliminar los partidos de minoría con el Código Electoral del 2020. Pero el del PPD va más allá. “En esta ocasión, básicamente, la toma de decisiones sería por dos partidos políticos, lo que ellos llaman partidos electorales principales. Hay un lenguaje que es la trampa de todo: la definición de ‘comisionado electoral propietario’. Esa definición se refiere a aquellos comisionados electorales pertenecientes a los partidos electorales principales”. Según el proyecto, los partidos principales son los que sacan 25 % o más de los votos íntegros. Así, que esa es la intención obvia, y va más allá. Hay otro lenguaje, casi al final de la ley, que cuando habla de consultas de estatus, referendums, dice que quienes analizarán y aprobarán la papeleta de la campaña de orientación serán los partidos electorales principales.

El comisionado del PIP censuró el que con ello se cambie de manera dramática el asunto de representatividad en la toma de decisiones de la Comisión. Esto constituye “lo contrario al reclamo del pueblo puertorriqueño con los resultados de las elecciones del 2020, que quiere más pluralidad, más transparencia”.

Además de eliminar la participación de todos los comisionados electorales de los partidos que hayan quedado inscritos en unas elecciones, en el nombramiento del presidente de la CEE se propone que el juez no tenga que ser un juez de primera instancia, como lo es ahora, sino que puede ser de cualquier nivel. Otro cambio que acoge a los dos partidos es el que dispone que solo haya un secretario de la CEE, pero le agrega que habrá un subsecretario para el segundo partido.

Un aspecto adicional que hay que cambiar es el que tiene que ver con las figuras de destaque; pero el PPD y PNP lo trastocan a su favor. Aponte Berríos indicó que en las pasadas elecciones el PNP tuvo más de 600 destaques. Esta fue la razón de que se vieran tantos miembros de ese partido durante el recuento en el Coliseo. En lo que describió como increíble, es que ahora el PPD redactó un lenguaje que dice que los partidos principales no van a tener límite alguno en los destaques, mientras que el presidente de la Comisión decidirá si los otros partidos puedan tener entre cinco a seis destaques.

El asunto de la veda electoral es otro cambio que el PIP considera pertinente hacer en el Código Electoral. Aponte Berríos señaló que esta es una propuesta histórica del PIP, que lamentable en ningún momento la Legislatura ha querido aprobar. La propuesta es que la veda electoral se extienda a cuatro años en lugar de uno. La veda, argumentó, ahorraría millones de fondos públicos y evitaría el que un alcalde, representante, senador o gobernador pretenda resaltar su imagen durante su incumbencia pautando anuncios, como suelen hacer algunos, con su nombre o colores de su partido, lo que le deriva en una ventaja ante otros contendientes.

El proyecto también propone bajar el número de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a 13, cambiar el horario de votación a 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Esto, Aponte Berríos lo calificó de una bobería propuesta por Edwin Mundo y aceptada por el PPD. Otro absurdo, dijo, es que se dispone que el día de las elecciones se va a votar por el presidente de Estados Unidos. Esto ya estaba en el código del PNP, pero se atrasó en las pasadas elecciones debido a la consulta de estatus.

Ambos entrevistados coincidieron en que es evidente que el PNP y PPD están reaccionando a los resultados de las elecciones pasadas, que saben que cualquiera de los dos podría perder en las próximas elecciones y que están afianzando el bipartidismo. “Lo hemos visto en todos los renglones”, subrayó Aponte Berríos.