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Imponen plan piloto a la Universidad de Puerto Rico

CLARIDAD

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Un llamado Plan Piloto de Recursos Compartidos que nadie conoce, preparado por una Oficina de Transformación Institucional (OTI), que tiene más poder que la presidencia; una Junta de Gobierno (JG) que considera para la presidencia a candidatos que nadie favorece y  un presupuesto de apenas $500 millones es la situación que impera en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Los representantes del sector docente y estudiantil de la Junta Universitaria de la UPR levantaron su preocupación ante la postura de la OTI y de la Junta de Gobierno de la UPR de negarse a ofrecer información sobre el alegado plan piloto de recursos compartidos entre recintos. La OTI es una imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la cual se le asignaron $10 millones del presupuesto de la UPR. La OTI, a su vez, contrató a la compañía BluHaus Capital para que preparara el citado plan piloto, denunciaron.

BluHaus Capital y Cederella son dos compañías contratadas por la UPR, que a su vez están asociadas con BDO, empresa cuyos socios fueron arrestados y acusados por el Gobierno federal.  El director de Cederella es el mismo que dirigía BDO cuando fue contratada por la Universidad para supuestamente fortalecer el sistema de retiro bajo la presidencia de Jorge Haddock.

El representante estudiantil a la Junta Universitaria (JU), Delvin Caraballo Rodríguez, reveló  a CLARIDAD que ya en dos reuniones de ese organismo —el 6 de abril y el 4 de mayo— se suponía que estaba en agenda un informe de parte de Blue Hause respecto al plan; pero en las dos ocasiones no recibieron el informe, ni de OTI ni BluHaus, y tampoco se presentó la compañía. Fue la propia presidenta interina de la UPR, Dra. Mayra Olavaría, quien informó que la OTI no comparecería a ofrecer el informe.

La contención de los estudiantes para con el plan es que como constituye un plan piloto, tiene una continuidad de tres fases. La primera fase, que se supone que esté vigente, agrupa los servicios de los recintos de Utuado, Arecibo y Aguadilla. En la segunda fase participarán los recintos de Ponce, Bayamón, Carolina, Humacao y Cayey. En la última fase están incluidos los recintos de Mayagüez, Río Piedras, Ciencias Médicas (RCM) y la Administración Central.

“Tenemos que denunciar la gestión que está haciendo la OTI a espaldas de la comunidad universitaria. No podemos, según proyecta el Plan Fiscal, dar pasos  y consentir que este plan piloto siga su curso porque la comunidad universitaria no tiene ni idea  si el plan piloto ha sido efectivo, si ha representado ahorro, si hay ahorros dónde están, si da lo mismo si se lleva a cabo el plan o no. Esto no puede ser una pataleta de la JCF, aquí tiene que haber resultados  positivos o negativos, y que en la Junta Universitaria podamos respaldar  una postura oficial sobre el plan piloto de servicios compartidos”.

Añadió que se han  comunicado con la Junta de Gobierno, que es quien debe tramitar la comunicación con la OTI y Administración Central, y tampoco  se ha recibido respuesta.

 La JCF condiciona otorgación de fondos

 El representante estudiantil dio a conocer que en la propuesta de presupuesto que la JCF entregó al gobernador Pedro Pierluisi condicionó $40 millones adicionales a la UPR, de los cuales $20  estarían sujetos a que se implemente el citado plan. Los otros $20 están  condicionados a la transformación del sistema de retiro de la UPR. Una  interrogante que dijo nadie ha sabido contestar todavía,  o no quieren contestar, es si esos $40 millones están  en  las resoluciones conjuntas que asignan los $500 millones de presupuesto. Hay otros $51 millones que serían para el Fondo de Beca, según   la ley 4 del 2022.

“Así que la  Junta está en unas negociaciones extrañas y la comunidad universitaria no tiene idea de si esa negociación es justa porque no tenemos nada de lo que está pasando con eso. Cuando digo no tenemos nada, me refiero a estudiantes que somos de otros recintos; pero los estudiantes que son de los recintos bajo el plan, tampoco. Es un desconocimiento general”.

En tanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND), licenciada Jannell Santana Andino, confirmó que el Plan Piloto es en específico para los empleados no docentes, por lo que advirtieron en  una carta a la JG que ahora,  más que en otro momento bajo la ley 130, la Hermandad  es la representante exclusiva de todos los y las trabajadoras no docentes que pertenecen a la unidad apropiada. Hasta el momento de la entrevista, la reacción de la JG a la carta es de solo un acuse de recibo.

Santana Andino censuró que en ningún momento el plan haya sido consultado con los trabajadores ni los gremios. A lo único que han tenido acceso es a un documento de preguntas y respuestas. Al respecto, indicó que a claras luces  hay unas violaciones a lo que está vigente en el convenio colectivo en la manera en que se pretenden hacer una serie de reclutamientos y traslados. Además, se plantea una remuneración económica, pero no se dice si los fondos son recurrentes o no.  Expuso que se supone que la OTI  es algo que va cesar en su momento, según se creó a la luz del Plan Fiscal preparado por la JCF.  Ello deja las interrogantes de si desaparece la OTI, cesan los fondos, son o no son recurrentes, qué va a pasar con los trabajadores que aceptaron esas tareas o si los van a dejar comoquiera.  En la actualidad, entre los tres recintos hay entre a 300 a 400 trabajadores.

La licenciada se reiteró en su censura a que la JCF condicionara una asignación de $20 millones a que se acepte el plan. Describió que lo que han recogido de parte de los trabajadores son muchas dudas,  preocupaciones e incertidumbre. Planteó que, por ejemplo, las oficinas de recursos humanos de los recintos no han estado inmersas en el proceso y todo ha llegado de manera directa de la OTI y de BluHaus, la cual no tiene conocimiento de los funcionamientos de la Universidad.  Añadió que ahora mismo en el papel funcionan ciertas oficinas, entre ellas la de Asistencia Económica. Si la persona trabaja en el recinto de Utuado, se queda ahí; pero va a atender casos de los recintos de Aguadilla y Arecibo. De ser así, qué van hacer las oficinas de Aguadilla y Arecibo, cuestionó. “No se sabe”.

A su juicio, hay cosas que se pueden entregar vía correo electrónico. Pero cuando un oficial tenga que evaluar físicamente a un estudiante porque hay documentos de los que no se pueden enviar fotocopias, como el certificado de nacimiento, ¿quién se va a mover?, ¿el estudiante?, cuestionó. Las pretensiones del plan son fusionar las oficinas de Asistencia Económica, Recursos Humanos,  Finanzas, Admisiones y Registro. El plan habla hasta de crear plazas, ¿con qué dinero?, advirtió la presidenta de la HEEND. “Tampoco explican. Lo que sí dijeron es que si por ejemplo la plaza es para Utuado, el presupuesto lo va a tener Arecibo porque es el recinto que va a dirigir el plan piloto”.

Mientras, para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, la OTI ejemplifica los problemas que tiene la UPR. Este comparó el presupuesto de $10 millones de la OTI  con el presupuesto del recinto de Cayey, que ahora mismo es de alrededor de $25 millones. Es decir, más de 1/3 parte de un recinto completo en una oficina de transformación institucional que a su vez contrata elementos externos para determinar cómo se va a transformar la institución sin consultar a nadie. “Esto, en una universidad que tiene una escuela graduada de administración pública que tiene los expertos más reconocidos en el país en esa área. Deciden contratar compañías externas porque, claro, toda la llamada transformación de esa oficina no tiene ningún elemento académico”.

La postura  de la JG y de la OTI de negarse a dar información, lo atribuye a que no es conveniente impulsar de parte de esa oficina una posición que pueda ser difundida en la opinión pública entre la  comunidad universitaria. Recalcó que  lo que está haciendo la OTI  son transformaciones institucionales para justificar los recortes que se imponen desde el Gobierno central y la JCF.

Sobre el papel de la presidencia en este proceso, argumentó que no importa quién sea, la persona termina siendo un monigote, dado a que el poder discrecional que se la concedido a la OTI es de tal  magnitud que se convierte de facto en la presidencia. Esa oficina es la que está determinando la vida académica de todo lo que pasa dentro de la UPR, denunció.

El portavoz de los docentes comparó la postura de la JCF, de condicionar la asignación de los $40 millones a si aprueba el plan piloto, a una del bajo mundo. “Es  vergonzoso. Esa es la actitud de lo que pasa en el bajo mundo; por un asunto estrictamente ideológico”. Otro asunto en el que denunció la JCF quiere imponer su visión ideológica es con el Sistema de Retiro de la UPR. Aun cuando ese sistema de retiro es el quinto sistema de retiro de beneficios definidos en todos los EE. UU., ahora mismo tiene cerca de $2 mil millones en su fideicomiso y tiene un índice de retorno de inversión de cerca de 7 %, que es por encima del promedio de todos los índices de retorno de inversión en todo los EE. UU. La JCF lo quiere cambiar a uno de beneficios no definidos.

“Nuestro sistema  de retiro es saludable. Ahora, en la medida  en que se congelan plazas, se recortan presupuestos, el Retiro puede tener problemas. Pero el problema no es de funcionamiento del Retiro, es de la JCF, que limita las posibilidades del Sistema de Retiro. Es decir, la Junta lo quiere dañar para después decir que no sirve. Eso es una hipocresía”.

La selección de la presidencia

 En medio de las denuncias respecto al Plan Piloto y la asignación de un presupuesto de apenas $500 millones, el Comité de Búsqueda y Consulta de la JG  está considerando a los dos candidatos a la presidencia menos favorecidos por toda la comunidad universitaria. Estos son el rector del recinto de Río Piedras, doctor Luis A. Ferrao Delgado, y al rector del recinto de Arecibo, doctor Carlos Andújar Rojas.

El presidente de la APPU confirmó que esa es la  información que han recibido, tanto en los recintos como en la Junta Nacional de la APPU. “No me parece en lo más mínimo sorprendente. Este ha sido el patrón cotidiano de las decisiones de los miembros de la JG nombrados por el gobierno de turno”.

El representante estudiantil Delvin Caraballo, reveló que en una reunión el estudiantado le preguntó al  presidente del Comité, licenciado Alejandro Camporeal Mundo, si había un compromiso de parte de la JG con que el proceso de selección fuese uno vinculante, y su respuesta fue que no, que no podían renunciar a su prerrogativa o racionamiento.

“Cuando uno compara el racionamiento de 13 miembros con 11 senados académicos  hay que poner en entredicho cuál es el razonamiento que tiene la JG en cuanto a esto”. No obstante el portavoz estudiantil atribuyó que la mayoría de los candidatos tienen  un récord que es claro y que habla más de lo que puedan pintar en un plan de trabajo.  “Como dicen por ahí, palo que nace dobla’o no se endereza”.

Por su parte, la presidenta de la HEEND, indicó que nunca han avalado a ningún candidato a la presidencia aunque esta vez sí  expresaron su rechazo a la candidatura del vicepresidente ejecutivo de la UPR, Ubaldo  Córdova Figueroa, quien está relacionado con la pérdida de la acreditación del RCM y con la gestión del expresidente Jorge Haddock.

“Ahora debemos decir que quien venga no puede ser un monigote, una marioneta más de la Junta de Gobierno.  Tiene que ser una persona que venga a defender la Universidad, que tenga su criterio propio. Tiene que ser una persona que entienda que hay un reto grande en la UPR”, recalcó.

 

 

 

 

 

 

Mirada la País: El absurdo reclamo de “Voluntad Política” a un gobierno corrupto

 

Especial para CLARIDAD

En días recientes observaba una transmisión del Canal 2 de televisión donde se reseñaba la intervención del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, en el CESCO en Manatí, así como en varias oficinas de gestores de trámites gubernamentales en esa dependencia de gobierno. El periodista que comunicaba esos acontecimientos utilizó como recurso a un alegado ‘abogado experto’ para que éste ayudara a interpretar las implicaciones y posibles causas de esa intervención del NIE. Para mi asombro y disgusto, la persona que “ayudaba” en esa interpretación es un exdirector del NIE, que en febrero de 2007 fue suspendido de ese puesto por imputaciones en intervenciones ilegales en el trámite de obtención de licencias de posesión de armas de fuego a nueve individuos, incluyendo a un alegado narcotraficante de nombre José López, alias “Coquito” (“Lozada admite tramitó licencia de “Coquito”; Primera Hora, 21 de febrero de 2008). El tal “Coquito” fue asesinado en el 2006 mientras era investigado por agencias federales por alegado narcotráfico y soborno de funcionarios públicos en la región de Carolina, incluyendo a policías. La presentación en televisión de ese ‘abogado experto’ analizando actuaciones del Estado contra posibles delincuentes, puede resultar demostrativo de la degradación de valores éticos y morales que se sigue profundizando en la sociedad puertorriqueña. Para colmar mi molestia, ese mismo día, el mismo Canal 2 mantuvo una campaña de promoción de un nuevo programa que sería televisado en la noche y en el que se destacaba como uno de los protagonistas a un “famoso” que se ha mantenido en los medios de comunicación, a pesar de que es un criminal convicto, que cumplió sentencia de cárcel por un patrón de maltrato y violencia contra distintas mujeres que ha tenido como pareja. A ese “famoso” y “galán” lo presentan y enaltecen públicamente mientras el mismo canal reseñaba en sus noticias la terrible incidencia de asesinatos y agresiones contra múltiples mujeres en Puerto Rico y estando vigente una Declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género en Puerto Rico (Orden Ejecutiva 2021-013). Incomprensible e injustificada contradicción.

Mis molestias de ese martes 10 de mayo se producen en el contexto mayor de una oleada de acusaciones por actos corruptos que se intensifican día a día. Existe gran consternación en el Pueblo por las continuas denuncias e imputaciones de actos de corrupción por funcionarios públicos del gobierno, electos o designados. En lo que va de este año, se han imputado delitos de corrupción a, al menos, media docena de alcaldes electos, a candidatos que compitieron en el proceso electoral de 2020 y a numerosos socios y allegados de estas personas. Hay otros tantos alcaldes potencialmente involucrados en actividades corruptas y que se comenta están bajo investigación criminal y ante unas prontas acusaciones por delitos cometidos. Aunque la corrupción gubernamental es endémica en el quehacer gubernamental de Puerto Rico, la más reciente incidencia de casos proyecta un cuadro epidémico y profundamente preocupante. Muchas de estas actuaciones públicamente denunciadas se agrupan en varias categorías básicas: (1) la corrupción en el proceso de financiación en los procesos electorales y (2) la corrupción relacionada al lucro, sobornos y apropiación de fondos en violación de las leyes. Una tercera categoría, también preocupante, es la corrupción relacionada al fraude en el trámite de permisos gubernamentales, así como la indolencia ante crímenes ambientales contra recursos y sistemas naturales públicos como el caso más reciente denunciado en la Bahía de Jobos en Salinas.

Se puede adjudicar, sin lugar a duda, que este desempeño negligente y criminal, caracteriza a los dos partidos políticos coloniales que se turnan la gestión en la administración pública. La gestión gubernamental de estos partidos está matizada por la articulación y entronización de individuos y grupos de individuos (“piñas”) en prácticamente todas las agencias del gobierno, pero en particular, en las corporaciones públicas y en aquellas agencias que llevan a cabo proyectos de mejoras capitales multimillonarios, como por ejemplo, el DTOP (puentes, carreteras), el DRNA (obras de control de inundaciones) y el Departamento de Educación (compra de libros y servicios, tecnología de información y comedores escolares). La contratación de productos y servicios está controlada por estas “piñas” para asegurar que se favorezcan en los contratos otorgados a individuos y corporaciones con las que los funcionarios han mantenido, mantienen o en el futuro tendrán relaciones profesionales o de negocios. Algunos de estos contratistas, por un lado, sobornan a los funcionarios en los procesos de toma de decisiones gubernamentales y, por otro, aportan monetariamente de forma sistemática a las campañas electorales de los partidos que aseguraran la permanencia de esas “piñas” de la corrupción. Un terrible círculo vicioso.

Conceptualmente se define la corrupción como la práctica de la utilización indebida o ilegal de las funciones ordinarias de las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, para la obtención de un beneficio personal en detrimento del interés público. La corrupción, como problema social, se tiende a relacionar con la gestión gubernamental donde es ciertamente abundante y repugnante, pero también existe y es parte intrínseca de esa corrupción gubernamental, la corrupción del sector privado. Muchos de los entes que promueven o estimulan esta conducta son actores sociales como, entro otros, contratistas de construcción (mal llamados “desarrolladores”), entidades bancarias y financieras, agentes de seguros, incluyendo, pero sin limitarse los relacionados con la salud pública, bufetes de abogados y compañías de publicidad y comunicaciones. Todos estos sectores actuando, en ocasiones en común acuerdo, gestionan el proceso gubernamental y político y en la práctica son responsables de la profunda degradación de nuestro sistema social, económico y ambiental. Esta degradación produce y sostiene la creciente injusticia social y económica, la pobreza material de la mayoría de nuestros compatriotas, la degradación ambiental, la crisis fiscal, la degradación y obsolescencia de todos los componentes de la infraestructura física relacionada a los servicios esenciales como energía, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, puentes y carreteras, puertos y aeropuertos, sistema de manejo y disposición de residuos sólidos, escuelas y hospitales, para mencionar algunos.

El deterioro físico de esa infraestructura es visible y constatable en la cotidianidad de nuestras vidas. Menos visible, o estamos menos consciente, es el deterioro y funcionamiento de la estructura del sistema político que gobierna, controla y dirige todo ese andamiaje social. El partidismo político colonial es causa y a su vez resultado de ese mismo deterioro. Por eso es común escuchar analistas y expertos que, al dilucidar sobre los factores intrínsecos a esta ineficiencia y deterioro social, prescriben como medida correctiva el que el gobierno asuma una indispensable “voluntad política”. La voluntad, en general, se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones con libertad sobre lo que se desea y no se desea hacer; está vinculado a la facultad de poder decidir y ordenar la conducta propia, sea de una organización o de un individuo. Pienso que pedir a la estructura gubernamental el que asuma voluntad política para solucionar el problema de corrupción, es equivalente pedirle “peras al olmo”. No puede haber voluntad en el gobierno para suprimir las actuaciones corruptas cuando la estructura gubernamental en sus tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) está subordinada a la mentalidad de los partidos coloniales que operan en función de los intereses privativos de individuos y de grupos de individuos en perjuicio del bien común.

Estos entes políticos coloniales están minados, corroídos por individuos y entes corruptos que, alegando la búsqueda del servicio público y del bien común, operan como “maquinarias” que derrotan y defraudan las aspiraciones de superación de nuestro Pueblo. El proceso político electoral de los partidos llamados mayoritarios son parte de este fraude de gestión pública y vida democrática. Esas estructuras no tienen vocación ni capacidad para ejecutar un nuevo proyecto de País que establezca estrategias y soluciones a la problemática que nos abruma, tanto en el plano social, económico como el ambiental. La estructura gubernamental corrupta no tiene capacidad para resolver la crisis del problema fiscal y de deuda pública, la crisis de la infraestructura vital de energía, agua y producción de alimentos, y mucho menos la crisis que nos plantea el calentamiento del Planeta y el cambio en el clima. Siento que el reclamo de “voluntad política” hay que orientarla hacia la movilización y organización del Pueblo para fraguar una nueva propuesta del proceso electoral, un nuevo paradigma del quehacer político que garantice una gestión gubernamental éticamente correcta, anticolonial y eficiente en la previsión de los servicios básicos para todo el Pueblo. De la misma manera que urge sanear de la presencia de invasores y precaristas en la Bahía de Jobos y en toda zona marítimo terrestre del País, hay que organizarse y movilizarse social y políticamente para sanear la gestión pública en todas sus esferas. Es impostergable trabajar en esta urgente e indispensable convocatoria contra la endémica corrupción gubernamental y privada. Los corruptos nos roban los fondos, nos roban la confianza en el servicio público y nos roban el porvenir. ¡Basta de esa insensatez!

 

 

Los mejores del mundo corrieron en Ponce

Jasmine Camacho

Especial para CLARIDAD

FOTOS: Alina Luciano Reyes/CLARIDAD

Para varios conocedores del mundo del atletismo, el evento del Clásico Internacional de Atletismo, realizado el pasado 12 de mayo en Ponce y transmitido en todos los Estados Unidos mediante la cadena ESPN 2, es sin duda la competencia de más calidad que se ha llevado a cabo en Puerto Rico.

El evento contó con una gama de más de diez campeones mundiales y olímpicos, entre los que resaltaban la boricua Jasmine Camacho Quinn, así como los jamaiquinos Elaine Thompson (quien es considerada la atleta más rápida del mundo, habiendo ganado oro en los 100 y 200 metros  lisos tanto en Río 2016 como en Tokio 2020) y su compatriota Hansle Parchment, ganador olímpico de los 110 con vallas, por mencionar algunos.

Ponce siempre ha sido una pista importante.

Desde que tengo uso de razón, el Paquito Montaner de Ponce siempre ha sido una de las pistas más importantes de la región por haberse celebrado ahí eventos tan importante como el atletismo de los Juegos Centroamericanos de Ponce 93 y el llamado Ponce Grand Prix, que se realizó en esa plaza de 2007 a 2013.

Ahora, la nueva pista recién instalada permitirá que se realicen constantemente eventos importantes, y si logran que este  clásico se convierta en un evento anual en el país, el turismo deportivo, que se ha visto detenido los últimos años, cogería un impulso significativo.

Fervor por Jasmine

Considerando que la carrera se llevó a cabo un jueves, el hecho de que sobre 5 mil fanáticos se presentaran al Paquito Montaner es muestra del fervor que ha generado la victoria olímpica obtenida por Jasmine en los juegos de Tokio 2020 y de que su figura ha seguido en ascenso entre la fanaticada boricua que la sigue y la venera por su compromiso con el país y por la emoción que proyecta siempre al representarnos.

Dedicada a Culson

Mientras se acerca el Mundial de Atletismo en Oregón este próximo mes de Julio, es justo que la carrera fuera dedicada al ponceño Javier Culson, quien no solo fue nuestro primer medallista olímpico de este deporte al obtener bronce en Londres 2012, sino que sacudió al deporte del atletismo al colocar a Puerto Rico en el mapa mundial. Culson fue subcampeón mundial en 2009 y 2011 y por un tiempo considerable fue  el mejor en el evento de 400 con  vallas.

La controversia de la falsa salida no opaca el evento

Tras la carrera principal de los 100 metros con vallas hubo un poco de controversia sobre si hubo o no una falsa salida en la carrera de Jasmine. La realidad es que aún en cámara lenta es difícil determinarlo. Esta es una carrera sumamente rápida y cualquier error puede costar el triunfo.

De todas maneras, fue impresionante que, saliendo última, Jasmine se quedara a solo dos  centésimas de ganarla. El apretón que dio en esos últimos 50 metros convirtió la carrera en una sumamente dramática.

Estoy seguro de que utilizará lo ocurrido como motivación tanto para sus próximas competencias como para el Campeonato Mundial donde tratará de ser la primera boricua campeona mundial. Sin duda, estaremos pendiente a sus ejecutorias.

¡Bravo por Ponce, El Clásico y todos los que hicieron posible que se llevara a cabo un evento de este nivel mundial en nuestra isla! Así se hace Patria.

 

Cuba: unión y solidaridad ante la tragedia del hotel Saratoga

Foto por:Luis De Jesús Reyes/ CLARIDAD

 

Corresponsal de CLARIDAD

 La Habana, Cuba –“Nunca nos habíamos enfrentado a un evento así y de verdad que fue una experiencia muy fuerte para todos nosotros”.

Ernesto Reyes Peña es primer subteniente del Cuerpo de Bomberos de La Habana. Lleva 17 años cumpliendo esa profesión y aunque en su carrera ha debido atender sinnúmero de eventos de desastre y accidentes, siente que nada ha sido igual a lo vivido tras la explosión en el Hotel Saratoga, cuando él y sus compañeros estuvieron a cargo de las labores de rescate de los desaparecidos.

El pasado 6 de mayo, una explosión, producto de una avería ocurrida cuando un camión de gas licuado suplía a la instalación hotelera, estremeció el corazón de la capital cubana y paralizó el habitual bullicio de la ciudad un viernes en la mañana. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios, imágenes y especulaciones y no pocos recordaron momentos terribles de una historia que aunque ya pasada todavía sigue muy a flor de piel en el pueblo cubano.

 “Yo pensé lo peor. Cuando supe lo de la explosión rápido recordé el atentado de La Coubre, que pusieron una bomba con retardación y dije qué pasaría si explota otra bomba con la gente dentro sacando a los heridos del hotel”, me comentó un colega con el que conversaba días después del accidente.

Después de dos años de permanecer cerrado debido a la pandemia de la Covid-19, el Hotel Saratoga, uno de los más antiguos –el edificio original fue construido entre 1879 y 1880– y emblemáticos de La Habana, se preparaba para reabrir sus puertas a visitantes el 10 de mayo. Al momento del desastre, en su interior se encontraban 51 personas, trabajadores de diversas áreas del hotel que ponían los toques finales para su vuelta a la normalidad. A las 10:51 con dos segundos quedaron paralizadas las labores.

Al cruzar la calle del Saratoga, a menos de 50 metros, maestros y estudiantes apenas comenzaban la jornada en una escuela primaria, cuando la onda expansiva lanzó a todos al suelo. La explosión arrancó puertas y ventanas, reventó cristales y una nube de polvo cubrió el recinto. Temiendo lo peor, profesores y padres corrieron a evacuar el lugar, mientras vecinos y pasantes les daban la mano. Menos de dos minutos después del accidente llegaban al lugar las primeras brigadas de rescate.

“Se fue completo la parte lateral del Saratoga […] Tenemos una escuela aquí y vamos a evacuar la escuela, vamos a evacuar la escuela completamente. Hay mucho pánico aquí. ¿Recibió? Es necesario ahí que usted me vaya enviando la técnica de rescate urgentemente. Urgentemente, la técnica de rescate”, se oye decir por comunicación de radio a uno de los rescatistas hablando con el centro de mando, en un audio dado a conocer por las autoridades.

Fotos por: Luis De Jesús Reyes/CLARIDAD

Durante una semana, el pueblo cubano se mantuvo al filo de las informaciones y las constantes actualizaciones de las autoridades para conocer cómo avanzaban los trabajos de rescate. En las calles, los mercados y los centros de trabajo era tema común de conversación los esfuerzos de los rescatistas por recuperar de entre los escombros a la mayor cantidad de sobrevivientes posible.

Para el bombero Ernesto Reyes Peña, dichos esfuerzos no hubieran sido posible sin el apoyo y la unidad del pueblo cubano.

“Nosotros no hicimos esto solos. Si no es por el pueblo que nos apoyó cada día, si no es por cada uno de los trabajadores de la construcción, de una serie de personas que estuvieron detrás de nosotros apoyándonos, los familiares, los vecinos, todas esas personas, al pueblo de Cuba, en general, no hubiéramos logrado esto”, dice en entrevista con Claridad.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud Pública había informado el fallecimiento de 46 personas, cuatro de ellas menores de edad. Mientras, 12 pacientes permanecían ingresados y recibiendo atención médica en alguno de los hospitales de la capital. En total, 99 personas resultaron lesionadas en la catástrofe, de las cuales 41 fueron dadas de alta.

“Toda Cuba logramos este esfuerzo de poder entregarle a los familiares los cuerpos de sus familiares y los que pudimos sacar con vida en esta jornada”, insiste Reyes Peña

En la misma línea opina el Director del Hospital Universitario Calixto García, Doctor Emilio Miguel García Rodríguez, quien afirma que ante el siniestro el país ha vivido momentos de “mucha unidad, latinoamericana y cubana”,

Una semana después de lo ocurrido, ya habiendo culminado la tarea de recuperación de los desaparecidos y con el país bajo duelo oficial, el pueblo habanero celebró una vigilia, a solo pasos del lugar del desastre, para recordar a las 46 víctimas. Cientos de familiares, amigos, compañeros y vecinos colocaron ofrendas florales y encendieron velas en un masivo acto de tributo a los fallecidos, que se replicó en otras provincias. Participó también del evento el presidente Miguel Díaz-Canel junto al alto mando de gobierno y los cuerpos de rescate, médicos, enfermeros y demás personal que colaboró en las tareas de salvamento

“Primero, estoy aquí como cubano, no como médico. Estoy aquí como cubano frente al desastre este. Que yo recuerde, en mi vida, creo que este es uno de los mayores desastres que ha tenido Cuba”, asevera con la mirada empañada el Dr. García Rodríguez desde la vigilia.

Además de las víctimas mortales, la explosión dejó sin hogar a 22 familias, cuyas viviendas fueron afectadas por su cercanía con el hotel. Para ellas, han dicho las autoridades cubanas, ya se alistan las labores para la construcción de nuevos hogares en La Habana Vieja. Son en total 62 personas que, de momento, han sido reubicadas en varios puntos de la ciudad y a las que el estado ha entregado ayuda para solventar, de manera temporal, la situación en la que se encuentran. Se espera que antes que culmine el mes de junio ya tengan un nuevo hogar.

La tragedia del Hotel Saratoga quedará, sin dudas, en la memoria del pueblo cubano, que recordará siempre a sus víctimas, pero también a las decenas de personas que fueron rescatadas gracias a esa naturaleza de unidad y solidaridad que caracteriza a Cuba en los momentos difíciles,

UN GOLPE A LA HISTORIA DE LA CAPITAL

Construido entre 1879 y 1880, el edificio que hasta hoy albergaba el Hotel Saratoga tiene unos 143 años de vida. La estructura original, sin embargo, no fue concebida como hotel. En sus primeros años contaba solo con tres niveles: en la planta baja funcionaba como almacenes, en el segundo nivel tenías casas y en la parte superior albergaba casas de huéspedes.

No fue hasta 1933 que, impulsado por el fenómeno de modernización que vivía La Habana, se instaló en el edificio el Hotel Saratoga. Apenas dos años después de su apertura, ya era reconocido como uno de los hoteles más importantes de la capital.

A inicios de la década de los 60, el Saratoga perdió su condición de hotel, hasta que en 2005 volvió a ser restaurado y remodelado con un total de seis plantas y 96 habitaciones de lujo. Con una ubicación privilegiada, a solo pasos del Capitolio Nacional de Cuba, el hotel llamaba la atención por su imponente vista de la ciudad capitalina.

Por sus puertas han pasado famosos de la talla de Beyonce, Jay Z, Madonna o el guitarrista Jimmy Page, por mencionar algunos. En 2015, una delegación de legisladores y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se hospedaron en el hotel durante una visita oficial a la isla. De corte neoclásico y con una puntuación de cinco estrellas, entre los cubanos al Saratoga se le solía llamar “el favorito de los americanos”.

Se estima que la explosión causó daños al 80% de su estructura y todavía hoy no está claro si el Hotel Saratoga podrá ser remodelado o deberá ser demolido en su totalidad.

 

Las Islas Vírgenes Británicas y el retroceso al colonialismo

Adrew A. Fahie

 

Especial para Claridad

Recientemente se supo que el parlamento británico contempla la posibilidad de despojar a las Islas Vírgenes Británicas de su gobierno autonómico aduciendo que los niveles de corrupción son demasiado elevados. El pasado mes de abril, un juez británico recomendó en un informe comisionado por el parlamento del Reino Unido la disolución tanto de la Asamblea Legislativa como del gobierno autonómico de las islas por un periodo de dos años, lo cual sería un precedente sin paralelo en el Caribe oriental. Como si fuera poco, se recomienda establecer un nuevo gobierno designado desde Londres y encabezado por John Rankin, con la posibilidad (y solo la posibilidad) de ser asistido por un consejo asesor. Rankin es un diplomático británico de carrera que fue embajador de su país en Nepal, gobernador de Bermudas y ahora gobernador general interino de las Islas Vírgenes Británicas. Lo que se plantea es básicamente una disolución de todos los elementos autonómicos de las islas que tienen el calificativo de territorios británicos de ultramar para disimular en realidad su condición colonial.

El epicentro de esta situación tuvo lugar con el arresto por la DEA del primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Adrew A. Fahie, mientras abordaba un avión privado con destino a Miami. Se le imputaron cargos de narcotráfico y lavado de dinero. En declaraciones a la prensa, el primer ministro imputado denunció que es víctima de una trama confabulada entre los poderes fácticos del Reino Unido y los Estados Unidos para despojarlo de su cargo y del poder político. Las declaraciones de Fahie básicamente establecen, según él, que ha sido víctima de un “Lawfare” y llamó a la población de las islas, de unos 35,000 habitantes, a no dejarse engañar. Desde entonces se han producido manifestaciones frente a la casa de la gobernación general en protesta por los planes británicos en ausencia de consulta alguna con la población isleña a la usanza imperial más notoria.

Tan pronto se supo de los planes en ciernes, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) emitieron la siguiente declaración: “No es aconsejable imponer ahora un gobierno colonial. La historia de tal imposición en el Caribe nunca ha salido bien”. Además dijeron que tal acción representa un retroceso histórico.

Las islas Vírgenes Británicas comprenden unas 50 islas localizadas a penas a unos kilómetros al este de las Islas Vírgenes estadounidenses. Las islas más grandes y mejor conocidas son Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke. En Tórtola está localizada su ciudad capital de nombre Red Town.

La situación política en las Islas Vírgenes Británicas hay que tomarla con mucha seriedad. La propuesta del parlamento británico de despojar las islas de gobierno autonómico pone de relieve los intentos de retroceso a un régimen colonial crudo de carácter decimonónico. Sin dudas, las Islas Vírgenes Británicas aún con su gobierno autonómico continua siendo una colonia, pero la acción en marcha es contraria a lo establecido por el mandato y declaración del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1960.

Corrupción: un terrible mal pero una herramienta también

La situación en las Islas Vírgenes Británicas es muy reveladora tanto por el problema en sí mismo como por la supuesta solución al mismo. La corrupción es un problema muy serio que puede afectar notablemente la salud institucional de cualquier sociedad y por eso amerita ser combatida. Pero no menos cierto es que sabemos que la manera en cómo se enfoca el problema y hacia donde se dirigen las investigaciones en muchas ocasiones denotan que no existe una visión clara para entender la magnitud, el alcance ni las diversas formas en que opera este flagelo en su complejo entramado. Peor aún, es cierto que el tema de la corrupción se ha convertido en algo de tanto valor mediático y político que hay sectores que han sido capaces de utilizarla como una herramienta para neutralizar o aniquilar ya sea a adversarios políticos o a colectividades enteras. Por otro lado, las investigaciones sobre la corrupción en América Latina y el Caribe develan que los niveles de corrupción gubernamentales son en realidad una pequeña parte de los que es la verdadera actividad expoliadora de las arcas públicas: la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Tan solo en América Latina y el Caribe las personas más ricas solo pagaron el 4.8% de sus ingresos en 2019 pero debieron pagar 27%. Esta es una realidad que se repite por todas partes sin embargo las narrativas mediáticas solo se enfocan en la esfera pública como el problema central.

Es por eso que las acusaciones graves que hace el primer ministro de las Islas, Adrew Fahie, no pueden tomarse a la ligera precisamente porque las Islas Vírgenes Británicas son uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. Acusar a Fahie de lavar dinero en uno de los más grandes paraísos fiscales es, cuando menos, sospechoso de selectividad, porque como decimos en Puerto Rico “son muchos los hijos del muerto”. En unas islas de 35,000 habitantes existen más de 400,000 empresas de todo tipo radicadas pero la inmensa mayoría son fantasmas, según afloró en los Pandora Papers. Las 400,000 firmas son suficientes como para una friolera de 18 empresas por habitante. En una extensión de 153 kilómetros cuadrados, las islas están repletas de playas paradisiacas e instalaciones turísticas pero no hay rastro de que las cientos de miles de firmas allí tengan infraestructuras y establecimientos significativos ni mucho menos que traigan bienestar a su atribulada población. De seguro que Fahie no es ningún santo, ni monje de la caridad, pero como él tiene que haber tantos que entonces uno se pregunta ¿cuál es la agenda detrás de esta movida?

En realidad, la situación en las Islas Vírgenes Británicas no está muy lejos de lo que ha ocurrido en Puerto Rico con la ley Promesa utilizando “la corrupción” o las deudas públicas como pretexto para acrecentar el dominio colonial. Eso mientras los grandes mogules lavan dinero a granel y evaden impuestos en sus paraísos fiscales en magnitudes que hacen languidecer cualquier comparación con el tema de la corrupción pública. Sobre esto hay cada vez más investigación científica y datos que lo corroboran.

Preocupa la propuesta británica de volver al colonialismo y la corrupción es simplemente una excusa. Preocupa todo el entramado alrededor de la imposición de la ley PROMESA como una herramienta que agrava la condición colonial del país y crea las condiciones para terminar de imponer un régimen económico neoliberal; y preocupa mucho la agenda conservadora y retrograda que se quiere imponer no ya solamente neoliberal sino regresando a las creencias ideológicas clásicas del liberalismo económico y político que predominó precisamente hasta antes de la Segunda Guerra y del proceso mundial de descolonización.

Quizás el reciente rompimiento de Barbados con la corona británica enarbolando la plena soberanía e independencia (Y parece que Jamaica va por igual camino) tuvo que ver en parte con su sospecha de que tales ideas imperiales continúan vivas y rondando en las mentes de algunos sectores políticos británicos reaccionarios asociados a los poderes fácticos. Su creencia y supuesto es decimonónico articulando la premisa racista de que los primitivos de las islas no se pueden ni tan siquiera gobernar por ellos mismos. Pero eso ocurre precisamente en un país repleto de escándalos de corrupción de todo orden y donde, como si fuera poco, su primer ministro violaba descaradamente las leyes que él mismo impuso con la pandemia celebrando “parties glamorosos” a troche y moche mientras el resto de la población estaba restringida a sus hogares.

¿Quizás sea propio entonces recomendar por dos años en igualdad de condiciones la supresión de la posición de primer ministro en el Reino Unido? El doble rasero y la ley del embudo es ahora la norma en estos tiempo raros que vivimos: de verdad que no es igual con violín que con guitarra como solía decir mi papá.