LUMA: un desastre para el país

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Un desastre para el país y para la transición necesaria hacia la energía de fuentes renovables ha sido el resultado de la privatización del sistema eléctrico mediante el contrato de LUMA Energy.  “Lejos de los ahorros y eficiencias que el Gobierno aseguraba que este contrato traería, lo que hemos visto es que la tarifa de luz se ha encarecido aun más y que el servicio ha empeorado”, señaló la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, portavoz de la coalición Queremos Sol y presidenta de CAMBIO PR.

Las declaraciones se emitieron en un comunicado de prensa, al cumplirse un año de que esa empresa asumiera el control del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Este es un contrato malo para el país. Desde el inicio alertamos de que LUMA iba a enfrentar grandes problemas a causa de su propia decisión de no contratar la mayoría de la fuerza laboral de la AEE, perdiendo así literalmente décadas de experiencia acumulada con el sistema eléctrico del país”. La ingeniera apuntó también que, a pesar de tener menos empleados y estos contar con poca experiencia, LUMA ha sobrepasado su presupuesto laboral desde que comenzó operaciones, gasto que el pueblo está pagando.

La abogada ambiental Ruth Santiago también denunció que “nunca ha habido transparencia ni fiscalización adecuada sobre el contrato de LUMA y es más que evidente que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AP3) no tiene ni la capacidad ni el peritaje en asuntos energéticos para fiscalizar a LUMA”. Santiago destacó que el Negociado de Energía tampoco ha ejercido sus funciones de fiscalización y que tardó casi un año en rendir un informe sobre el fuego en Monacillos, de junio pasado, sin requerir a LUMA que adoptara cambios operacionales. El Negociado nunca ha rendido un informe en su investigación de la falla de una línea de transmisión que provocó una avería de la planta Costa Sur en agosto pasado.

Por otro lado, la coalición planteó que LUMA ha tardado mucho en acceder a los fondos de FEMA disponibles y que todavía propone utilizar esos fondos para fortalecer el sistema centralizado y basado en la energía de combustibles fósiles. Según los planesde LUMA, la compañía no va a invertir nada de los aproximadamente $14 mil millones de FEMA en energía renovable ni sistemas de almacenamiento. Un estudio de modelaje publicado el año pasado por la organización CAMBIO demostró que Puerto Rico podría alcanzar un nivel de 75 % energía renovable en 15 años y que, de invertirse $9.6 mil millones de los fondos federales para esta transformación, resultaría en una tarifa estable de un aproximado de 15 centavos por kWh.

“Si LUMA sigue en su ruta, vamos a perder la gran oportunidad de los fondos federales para llevarnos a un sistema eléctrico resiliente, asequible y limpio”, puntualizó Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de la organización comunitaria El Puente.

La Coalición advirtió el que la AP3 continúa  con el proceso de la privatización completa de la AEE y que ha indicado que va a seleccionar contratistas para operar las plantas existentes de la AEE a finales de junio. Esto implica que en este momento se están confeccionando los contratos para la privatización de la generación utilizando el mismo modelo leonino del contrato de LUMA, bajo la cual las empresas privadas no van a tener que invertir sus propios fondos en las plantas ni tener que respetar los derechos laborales de los empleados de la AEE.

“Reclamamos a la Asamblea Legislativa que detenga este proceso de privatización de la generación de la AEE. Este proceso va a resultar en más aumentos en la tarifa y retrasos en cumplir con el marco legal para la energía renovable y por introducir nuevos intereses privados que van a seguir operando las plantas de combustibles fósiles”, agregó Adriana González, portavoz del Sierra Club. “El proceso de privatización con LUMA ya ha sido un fracaso, y no podemos seguir repitiendo los mismos errores”.

 

 

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