El desastre de LUMA a dos años de su llegada

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

A un año de haber asumido la administración del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica y el servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hay razones más que suficientes para que el Gobierno de Puerto Rico haya prescindido del contrato de privatización de LUMA Energy, coincidieron dos entrevistados por CLARIDAD.

“En realidad, este es el segundo año de LUMA, porque el primero fue el de la transición, por el que cobraron $160  millones por aprender hacer lo que se supone que supiesen hacer ya”, apuntó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez. Este primer año es una confirmación muy dolorosa de los vicios que se anticipó padece el contrato, por ser uno leonino, que le permite a LUMA tomar todas las decisiones, aun sabiendo que LUMA solo está motivada por sus fines de lucro, afirmó.

En esa línea, enumeró los hechos ya descubiertos de que LUMA entró a dar el servicio sin la cantidad de empleados celadores que eran necesarios y que los ingenieros no tienen la licencia necesaria para practicar en Puerto Rico, lo que confirma que LUMA se ha sentido con la libertad de hacer lo que le dé la gana porque el contrato se lo permite y porque no hay supervisión. “Esto es un abandono total de los deberes de protección que tienen los funcionarios públicos, en particular Fontanés, de no estar protegiendo   los derechos y necesidades del pueblo de Puerto Rico. Él ha sido totalmente irresponsable por firmar un contrato que iba a terminar en esto, porque no había manera de que se pudiera controlar los intereses de LUMA”.  El director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), Fermín Fontanés, es uno de los principales negociadores del contrato.

El licenciado Emmanuelli Jiménez manifestó que a la luz de lo revelado en las vistas públicas que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Económico, que presidió el representante Luis Raúl Torres, hace mucho tiempo que hay la suficiente evidencia para que el Gobierno haya cancelado el contrato.

Además recordó que hay la controversia sobre cómo se aprobó el contrato, en donde las organizaciones comunitarias interesadas en el proceso no tuvieron participación y en que el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, participó como miembro del comité de la selección de LUMA. Esto denota que el proceso estuvo viciado desde el principio. A su juicio, cuando se lee el contrato, se ve que tiene el problema de que contradice la política pública de la ley 120, que se supone proteja los derechos de los empleados de la AEE.

Por si no fuera suficiente, recalcó que todas las cláusulas del contrato a quien beneficia es a LUMA y que en la práctica ninguna beneficia a la AEE o al Gobierno de Puerto Rico, lo que hace que el contrato sea uno leonino, por lo cual también es nulo. “Desde el inicio de la lectura seria del contrato había suficientes motivos para su cancelación. Ahora la ejecución ha sido realmente terrible y se conoce suficiente para anular ese contrato”.

Ante el desempeño de LUMA, este deduce que ha habido presión de parte de sectores importantes e interesados para que se prescinda del contrato. Hasta ahora, los únicos que han salido a defender el contrato han sido el gobernador Pierluisi, Fermín Fontanés y la delegación del PNP en la Legislatura. “Ellos son los únicos, el resto, todo el mundo, está consciente de la gravedad de la situación del sistema eléctrico y de que LUMA lo ha ido complicando más”.

Un año desastroso y de la legalización de la corrupción

 Por su parte, el presidente de la UTIER (Unión Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo, catalogó el desempeño de LUMA no solo de desastroso, sino también de un fiasco.  Considera que se han legalizado la corrupción y las omisiones del Gobierno frente a los señalamientos que se han hecho sobre LUMA mediante un contrato.

En primer plano, trajo a la atención que era la primera vez en que un presidente de una compañía tiene una orden de arresto por negarse a cumplir con las leyes del país. Sin embargo, con eso el Gobierno fue muy leniente. Wayne Stensby se negó a cumplir con una orden de una Comisión de la Cámara y con una orden del tribunal para que entregara información sobre su operación. Esta acción del presidente de LUMA, era suficiente razón para anular el contrato; pero el Gobierno de Puerto Rico no fue claro ni categórico frente a ese evento, denunció Figueroa Jaramillo.

Lo segundo es que a raíz de las vistas públicas se descubrió un esquema en que LUMA había contratado dos compañías en Puerto Rico, incorporadas por su presidente y vicepresidente.

Lo tercero es la situación de sus ingenieros. “Cuando uno viene a mirar, se da cuenta de cómo se intenta legalizar la corrupción, porque el Gobierno de Puerto Rico permite, se mantiene callado y hasta apoya la gestión de LUMA”.

El presidente de la UTIER subrayó que sin lugar a dudas las vistas públicas produjeron suficiente evidencia para que el Gobierno hubiera prescindido del contrato. “El hecho de que se haya negado a entregar documentos a un cuerpo constitucional y de que haya tenido una orden de arresto son razones suficientes para que se haya anulado el contrato”, reiteró.

También recordó que LUMA tuvo un sobregiro en su presupuesto de $32 millones en su primer año, aun cuando se le entregaron todas las facilidades y equipo de la AEE. Esa compañía no empezó de cero y no se hizo un inventario del equipo que se le transfirió. Hasta ahora, nadie le ha pedido cuentas de esas propiedades públicas.

Figueroa Jaramillo expresó que no solo la UTIER, sino del pueblo entero, todos coinciden en un rechazo a LUMA. “Por parte del Gobierno  y de LUMA apostaban a que esto se iba a caer, que a nadie le iba a interesar el que haya habido manifestaciones en más de seis lugares, que el alcalde de Juana Díaz haya dado un discurso en Ponce en contra de LUMA. El hecho de que los sondeos de opinión,  todos, arrojaran una opinión en contra de LUMA demuestra que el país sí está atento a esto y,  lamentable, en ese enredo  está la Legislatura del PNP”.

El primero de junio, fecha en que se oficializó el control de la transmisión y distribución del servicio de energía por LUMA Energy hubo seis manifestaciones simultáneas frente a varias instalaciones de la AEE, hoy LUMA, y en otros lugares.

La deuda de la AEE y LUMA

 El Gobierno, que respalda la privatización, se encuentra en una situación en la que parece no tener mucho de dónde escoger con respecto a la negociación del pago de la deuda de la AEE, debido a que   el contrato de LUMA está atado a la negociación de la deuda. En él se dispone que el plan de ajuste de la deuda tiene que ser del agrado de LUMA. Pactado el plan de deuda, hay un periodo de 18 meses que se puede extender por voluntad de las partes para que LUMA  lo adopte.

Según el licenciado Emmanuelli Jiménez, podría haber problemas cuando se imponga el plan del pago de la deuda y LUMA diga que no puede cumplir con ello. Esto podría usarse como excusa para abandonar el contrato. Aunque hasta el momento a LUMA se le ha complacido en todo, hay varios escenarios. Uno, que según de favorable para LUMA sea el acuerdo de la reestructuración, la privatizadora decida quedarse. Dos, en caso de que el ajuste sea oneroso para los abonados de la AEE y LUMA decida quedarse, tendría que estar acudiendo al Negociado de Energía a solicitar aumento en la tarifa, cosa que tiene un límite. Los aumentos, a su vez, pueden provocar que las personas continúen desconectándose del sistema, lo que haría bajar los ingresos. Entonces, LUMA no podría cumplir con el contrato.

Estos escenarios deberían llevar a que la Junta de Control Fiscal haga los esfuerzos máximos por que la obligación de pago con los bonitas no afecte el flujo de efectivo de la AEE, de manera LUMA pueda cumplir con el contrato.

Figueroa Jaramillo denunció que LUMA tiene el mejor contrato del mundo entero. “Aquí el Gobierno y la Legislatura tienen que ser proactivos y el país reclamar que se haga una negociación que sea beneficiosa para el país. No podemos estar pendientes de si LUMA se debe ir o no si esa negociación termina beneficiando al país. Si LUMA se quiere ir que se vaya”.

Este agregó que favorece el proyecto PC 1383, presentado por presidente de la Cámara Rafael Hernández, que plantea las condiciones en que debe estar enmarcada una reestructuración de la deuda de la AEE. Entre las condiciones están un recorte de un 75 % a la deuda de los bonistas, una prioridad de pago al sistema de retiro de los empleados de la AEE, a las aportaciones patronales y a que haya una tarifa menor a los 20 centavos por kilovatio/hora por el servicio de electricidad.

 

 

 

 

 

Artículo anteriorMirada al País: Una sola cosa
Artículo siguienteAnte otro proyecto de estatus