Como si fuésemos un país rico, Puerto Rico está a la cabeza de 29 jurisdicciones de Estados Unidos y de 92 países del mundo con la mayor proporción de gastos fiscales: $23,271 millones. Una cifra que duplica el presupuesto anual del Fondo General (FG) del país.

El relevante dato de los gastos fiscales o tributarios del gobierno surge de la investigación; Gastos Fiscales en Puerto Rico; desafíos internos y perspectiva mundial,  conducido por el  analista sénior de la organización Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots,  Los resultados del estudio fueron presentados en conferencia de prensa.

Los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. En Puerto Rico hay 463 gastos fiscales, de los cuales solo se reportan datos del 53.7 por ciento de los mismos. En el año 2017, los gastos tributarios representaban $22,517 millones, en el 2022 la cifra ascendió a $23,271 millones y para el 2023 el Departamento de Hacienda (DH) proyecta que alcanzaran $23,669 millones, según sus propios datos.

Para el estudio EA examinó el informe, Puerto Rico Tax Expending Report for Tax Year 2023, presentado el mes pasado  por el DH  junto a los datos de los informes anteriores y en comparación con otras jurisdicciones de EE UU y otros países.

“Casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del ‘presupuesto oculto’ pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce”, indicó Santamaría Ots. La política del gobierno de Puerto Rico de ocultar el costo de los gastos fiscales contrasta con la del gobierno de Estados Unidos que desde el 1974 publica el 100 por ciento de esa información. Desde el 2017 EA ha promovido que se transparente esa partida oculta de gastos y se incorpore dicho análisis al proceso de consideración y aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico.

En entrevista, Santamaría Ots aclaró que para atender este asunto no se necesita una reforma contributiva sino un marco jurídico robusto,  una ley que regule la difusión de los gastos tributarios con las mejores prácticas, a cuánto ascienden, además de evaluar su impacto y su posible o incierto beneficio. Hacia ese objetivo, recordó que el año pasado se discutió el proyecto del Senado PC 206, para el cual EA sometió sus insumos en un memorial explicativo con lo que a su juicio debería contener dicha medida. Aunque  el proyecto fue aprobado en ambos cuerpos, para sorpresa de EA  la medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El gobernador justificó su veto a la medida, alegando que esta  no era compatible con el plan fiscal, que el DH  no contaba con los recursos  para poder elaborar un informe de esas características  y que había una duplicidad con el código de incentivos-  ley número 60 del 2019- que ya se encarga de eso.

El analista de Política Pública de EA rechazó que la medida fuese incompatible con el plan fiscal. Si acaso, expresó que el argumento de mayor peso podría ser el que el DH necesite más recursos.  “Podríamos entenderlo, pero tampoco es correcto que el código de incentivos  lo duplica, puesto que un informe de gastos tributarios no solo recoge los incentivos económicos, sino que recoge también los de educación, vivienda, salud incentivos, que no los contiene el código de incentivos porque no son de desarrollo económico”.

Resaltó que, por  ley, quien debería estar evaluando  esos estatus de  desarrollo económico es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Pero de las 76 leyes que está obligado por ley a evaluar su costo beneficio solo analizó13, según contenido en el más reciente informe de diciembre de 2021.  Las leyes analizadas por el DDEC representan solo $566,6 millones del monto total de los gastos fiscales de $22,085 millones en el 2021 o el 2.6% del total, revela el estudio de EA.

A  la interrogante de qué o quiénes se benefician de esas 76 leyes, y de cómo podrían describirse, si como grandes empresas, o si cómo empresas extranjeras o locales, el investigador detalló que del informe del DH, del total de los gastos tributarios, alrededor de 2/3 partes son atribuibles a corporaciones con tasas preferenciales.

“Si son corporaciones foráneas o locales es muy buena pregunta porque el informe no lo indica y esa es una de nuestras recomendaciones. Establecer cuál es la local y cuál es la foránea porque el informe no hace esa distinción. Por ejemplo, si hay grandes empresas que sean locales o grandes empresas que sean de fuera. Del informe, no se puede hacer ese tipo de distinción”.

Identificar el tipo de empresa sería importante porque si son locales el dinero se queda aquí, y en términos generales, las grandes corporaciones como las que están bajo la ley 154 del arbitrio a las foráneas,  en su totalidad repatrian  concretamente casi $33 mil millones al año a sus  centrales en EEU. En el caso de las empresas locales, en términos generales re invierten sus beneficios en la economía local, pero esa distinción tampoco está publicada.

Mientras, el DDEC publica el nombre de las compañías, pero no publica la cantidad. En el informe del DDEC se puede  ver la corporación que se acogió al incentivo, pero no se ve la cantidad de incentivo que se le otorga. Por su parte, en  DH se ve la cantidad pero no se ve el nombre. Santamaría Ots reparó en que en términos de las mejores prácticas, los estados que lo hacen publican la empresa y la cantidad ya que se trata de dinero público. En Puerto Rico, no se da ese nivel de detalle, lo cual debiera ofrecerse.

Cuestionado sobre si tan elevada cifra de gastp público podría dar la falsa impresión de que Puerto Rico es un país rico Santamaria Ots,  expuso que, puesta en el contexto de otras jurisdicciones del mundo y en proporción al tamaño de nuestra economía, Puerto Rico está  número 1 entre 90 países del mundo y 29 estados  analizados. “Eso te dice mucho. Realmente, aquí hay una pluma abierta con los incentivos, sin explicar  hasta qué punto esos  incentivos nos traen un beneficio y valga la pena seguir gastando. El beneficio debe estar relacionado al retorno de la inversión. Cuando se analiza,  el informe dice que hay 463 incentivos, pero de esos solo se publica el gasto de más o menos la mitad. La otra mitad no está cuantificada. Así que la mitad del gasto de esas 463 leyes son $23 mil millones y no podemos saber cuánto es la otra mitad. Pueden ser menos, pueden ser más. Esa es la punta del iceberg. Lo que decimos es que la otra  mitad debería publicarse y no se está haciendo”.

Sobre eso comentó que en las jurisdicciones que tienen como norma  la publicación de esta información  hay un esfuerzo interagencial coordinado,  por lo que estima que en Puerto Rico cada agencia debería recoger su información y compartirla con el DE ante el reconocimiento de la falta de recursos de Hacienda. Acotó que esto tampoco debe ser la excusa para no hacer pública la información. El hecho de no ser transparente en términos de la  inversión exterior también puede provocar que haya inversionistas que no se sientan cómodos en venir a invertir, porque podrían  entender que no lo tratan igual que a otro. Por eso, reiteró que la falta de  transparencia tiene más costo que el costo de poder dotar a Hacienda de los recursos necesarios para hacer la evaluación. Entre esos costos además está el que el gobierno no sabe hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos, y los costos sociales de esos incentivos  contributivos. Reparó, por ejemplo, que en que esa cuantificación del costo social debería incluirse la ley 22, la cual el gobierno alega que no tiene costo, pero ya hay muchos municipios que  están experimentando la gentrificación y el desplazamiento de sus comunidades más humildes.

Pese a que reconoció que desde el 2019 ha habido un esfuerzo para tener alguna información, subrayó que; “Tiene que haber un esfuerzo de evaluación comprensivo y profundo de cuál es el impacto en la política pública, porque si no sabes, estás actuando  unas veces para el norte, o no hay un norte y un sur en la evaluación”.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, denunció como la “lumatización de los servicios públicos”, las intenciones anunciadas del gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia de privatizar todas las autopistas de Puerto Rico con el supuesto objetivo de repagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT).

En comunicado de prensa la legisladora expuso que la iniciativa anunciada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3) es sólo la próxima etapa de lo que llama la “lumatización” de los servicios públicos, la cual degrada su calidad y resulta más cara que la alternativa. “Hace meses que he estado señalando que la P3 no representa los mejores intereses del País. Ha sido la proponente de los contratos de privatización más absurdos y legalmente insostenibles que hemos visto recientemente, orquestados por Omar Marrero y otros, incluyendo los del transporte marítimo a las islas municipio y el de LUMA. Son acuerdos que se leen más como esquemas de fraude y extorsión, que como alianzas supuestamente beneficiosas para el público”.

Censuró  el argumento del gobierno de que  la privatización es necesaria para poder repagar la deuda,  pero no explica en qué se gastó tanto dinero cuando las carreteras siguen destruidas. “Esa misma agencia, que le paga millones a asesores que tienen intereses al otro lado de la ecuación, es la que ahora pretende vender nuestras carreteras, diciendo de entrada que esas transacciones van a tener como condición aumentos periódicos en los peajes”, reclamó.

Nogales Molinelli resaltó que los conductores y las conductoras ya están enfrentando un aumento vertiginoso e insostenible en los costos asociados a la transportación debido a las alzas en el precio del combustible, los peajes, las multas de tránsito, el marbete y las reparaciones de vehículos. “Estamos pagando demasiado sin ver mejora alguna. Hay que investigar en qué se está gastando el dinero y hay que aliviar el bolsillo de la gente que ya vivía una situación económica precaria”.

La representante por el MVC solicitó a la Legislatura que atienda con urgencia las medidas que ha presentado, como el PC 1042 para reducir las multas de tránsito que el pasado cuatrienio se aumentaron para pagar la deuda pública de manera injustificada  y sin discusión, y la RCC 328 para promover el uso de la transportación pública eliminando temporalmente las tarifas de la AMA y el Tren Urbano. Además de que se  apruebe la RCC 318 del representante Fourquet Cordero para eliminar cualquier deuda por peaje o por multas incurridas mientras el sistema de Autoexpreso ha estado averiado, así como ordenar que se cancele el contrato de esa compañía que tantos problemas le ha dado a los usuarios y usuarias, aún antes del ataque cibernético,  señaló.