El derecho a una vivienda digna

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorioc.com

La resistencia del Departamento de la Vivienda (DV) a la constitución oficial de un Comité de Asesoría Ciudadana (CAC)  es la causa principal de que a cinco años de los azotes de los huracanes Irma y María  no se hayan  atendido las necesidades críticas que aún tienen las poblaciones afectadas, denunció el Movimiento Vivienda Digna (MVD).

“Desde hace años, los miembros del MVD y de otros grupos le hemos señalado a Vivienda la necesidad de adoptar una estructura verdaderamente participativa, inclusiva y democrática. Estos procesos no pueden ser pro forma, ya que tienen implicaciones reales en la vida de las personas y las comunidades. Hay demasiado en juego. Es inaceptable cómo Vivienda ha manejado la única instancia de participación que está supuesta a ofrecer transparencia en cantidades de dinero históricas que han sido asignadas a Puerto Rico.” denunció  David Carrasquillo Medrano, Gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario de Hispanic Federation (HF), una de las organizaciones que integran el MVD.

Este se refiere a la asignación por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD, en inglés) de los $20 mil millones de los llamados fondos CDBG-DR y CDBG-MITEl tras el paso de los huracanes.  Carrasquillo Medrano indicó que el Movimiento se conformó a finales del 2019 y que desde ese momento comenzó a tener comunicación con el Departamento de Vivienda.

En carta enviada el15 de mayo  al secretario del Departamento, William Rodríguez Rodríguez, con copia al gobernador, Pedro Pierluisi; a Gretchen Sierra-Zorita, Directora Asociada para Puerto Rico y los Territorios en Casa Blanca; A Rossana Torres Pizarro, Asesora Principal para Puerto Rico de HUD, y a los oficiales del DV que se supone velen por el cumplimiento del uso de los fondos de CDBG-DR,  María del C. Figueroa Correa y Wendolin Urbina Agosto, el Movimiento Vivienda Digna presentó una narración de sus gestiones ante el Departamento de Vivienda para que se constituya el Comité de Asesoría de manera oficial y sobre las acciones del DV que no han permitido su constitución.  Además, en la carta advirtieron de que si el DV no aprueba y adopta en o antes del 31 de mayo 2022 las Guías Operativas para el Comité de Asesoría sometidas el pasado 11 de febrero por el grupo de trabajo del Movimiento, las organizaciones interesadas en participar del CAC van a retirar su participación.

El gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario de HF, indicó a CLARIDAD que la participación de las comunidades en los Planes de Acción de Vivienda tiene implicaciones serias para estas. Dio como  ejemplo que para el programa R3  ese departamento ha publicado 11 guías.  Con la primera guía  hubo miles de solicitudes a las cuales se les negó ayuda, ya que tenían criterios de evaluación que eran absurdos. Luego, con la aprobación de las nuevas guías nunca se ha hecho un esfuerzo por volver a tocarles la puerta a aquellas personas cuyas solicitudes habían sido denegadas. Un  ejemplo de esos  requerimientos fue el de título de propiedad de la vivienda. En el caso del sector agrícola, no se incluyó la convocatoria para los pescadores y cuando posteriormente se les añadió se les hizo imposible presentar los requerimientos de documentación.

En el  2020, HUD publicó un aviso ordenando  la creación del  CAC.  Según describe la notificación, se debía aprobar una guía para que el CAC sirviera de foro continuo de comunicación con el DV. Sin embargo, en el 2021, Vivienda aprobó dos guías que ninguna tiene los requisitos mínimos establecidos por HUD, denunció Carrasquillo Medrano.  Esto se le ha señalado en repetidas ocasiones al DV,  y ante su inacción,  ninguna de las organizaciones ha llenado el registro para pertenecer al CAC porque consideran que sería darle un cheque en blanco al DV y que estarían asumiendo todas esas guías que no cumplen con lo mínimo.

“Entonces, el DV está pasando con ficha con HUD, de que con dos reuniones con el Comité está cumpliendo con la participación ciudadana que tienen que hacer. Y cuando se va a las reuniones, son virtuales, presentaciones en PowerPoint que ya nosotros sabemos. Las preguntas reales de quién escribió esto, quién evaluó, decidió los criterios,  no se responden”.

Otro ejemplo de la necesidad y pertinencia del CAC se puede ver en el Programa de Mitigación. Para el dinero que ha estado otorgando este solo considera proyectos individuales y proyectos comunales, como el restablecer o reparar cunetas.  Otros no son posible debido a cómo se definieron los programas.  “Son cosas que se hubiesen podido resolver con la participación ciudadana antes de preparar las guías y no esperar a que ya se publicaran”.

La resistencia del Departamento de Vivienda a que se constituya de manera formal el Comité provoca cuestionamientos frente al dato de que el 98 % de Puerto Rico fue declarado “zona de oportunidad”, en el 2019. El planificador coincidió con la apreciación de que este factor puede incidir en el Programa R3 en la medida en que el DV atienda el problema de vivienda de manera individual. Reveló que ahora mismo las guías vigentes dicen que cuando una persona recibe un voucher para una reubicación, tiene que entregar la propiedad, lo cual, por regulación federal, es ilegal,  porque eso significa una compra. Insistió en que esa es otra de las cosas que ocurren con la ausencia del CAC. Hasta el momento, en el MVD no han visto para nada que el DV haya atendido la situación de vivienda de manera comunitaria, afirmó.

Falsas reuniones

 El portavoz del Movimiento Vivienda Digna destacó que una de las quejas que tienen es que el Departamento de la Vivienda llevó a cabo dos reuniones como si fuesen del CAC. Una de las reuniones fue en el pueblo de Naguabo y la otra en el sector Caimito, en San Juan. Carrasquillo Medrano aseguró que en estas reuniones el CAC no tuvo ninguna participación y ni siquiera se les comunicó de los criterios para escoger esos dos lugares. Narró que miembros del CAC fueron a la reunión a observar y en ambos eventos las personas se estaban quejando de cómo los programas no funcionaban y de que muchos habían recibido un voucher , pero encontraban a dónde mudarse.

Al respecto añadió que uno de los requisitos de R3 de guías anteriores era que si la persona  vivía en una zona inundable, no  cualificaba para reconstrucción. Eso lo eliminaron en la guía 11. Esto significa que en las 10 guías anteriores se denegaron  miles de casos, pero el DV no está haciendo el ejercicio de reorientar a la persona, y si lo hiciera, ya existe el problema de que se le creó aversión a solicitar fondos.

Observó que no todo el mundo necesita mudarse si se atendiera la situación de manera comunitaria, dado a que  no todas las comunidades tienen las mismas necesidades. En algunas, los problemas son de  falta de infraestructura o de higiene o de seguridad, y en otras, hasta la proliferación de rentas a corto plazo. Otro aspecto  que se ha criticado es que los planes no identifican quiénes son las poblaciones más afectadas.

Carrasquillo Medrano subrayó que el CAC no es solo para el programa CDBR de vivienda. También lo puede haber para el programa de mitigación, sistema eléctrico y los terremotos, por lo que podría haber cuatro comités; pero el DV decidió hacer solo uno. Aun las guías que desarrolló no cumplen con lo mínimo exigido por HUD, y  tampoco las ha seguido.

Tan reciente como el 13 de mayo, miembros del MVD tuvieron una reunión con el secretario de Vivienda,  donde le volvieron a presentar el asunto. La reunión era supuestamente para discutir cuáles deberían ser las prioridades del plan de mitigación Nuevamente, Rodríguez Rodríguez volvió a enmarcar la reunión como si fuese una del CAC conformado. “Nosotros llevamos en esta cantaleta desde diciembre”. Carrasquillo puntualizó que para empezar a redactar estas guías operativas, que requieren de un tipo de insumo que es sumamente técnico, se debería saber de antemano cuál es la agenda de la reunión para llegar preparados.

“Nosotros genuinamente le hemos metido el alma y el cuerpo para que estos planes incluyan política pública real y que incluyan a las comunidades que más se afectaron. No estamos pidiendo más nada, que se siga la ley”.

 

 

Artículo anteriorPierluisi rescata AES
Artículo siguienteCrucigrama: Graciany Miranda Archilla