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 La mujer y la brecha salarial en Puerto Rico

CLARIDAD

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Para atender la brecha salarial por sexo que existe en el país hay que comenzar por desarrollar el currículo con perspectiva de género, implantar leyes equitativas para la mujer y el hombre en cuanto a la maternidad,  leyes que obliguen a los patronos, y más mujeres economistas. Aun teniendo un mismo nivel de educación —siendo el grado más alto alcanzado una maestría, un grado profesional o un doctorado— en Puerto Rico los hombres ganan en promedio $12 mil dólares más que las mujeres.

En entrevista, la economista Lorena Franco Meléndez, de la firma Estudios Técnicos (ET), compartió los resultados de su estudio, Mejoras limitadas en la brecha salarial, por sexo. Esta manifestó que, para empezar, se supone que la diferencia salarial entre un hombre y una mujer por el mismo trabajo esté prohibida por ley. Sin embargo, otros estudiosos y otras investigaciones sobre este tema también han encontrado que sigue habiendo discriminación por sexo, por raza y por género.

“En este artículo nos enfocamos en la diferencia por sexo, basado en los datos del censo del 2020 estimados para Puerto Rico. En este caso nos enfocamos en la educación obtenida y en ocupación”.

Franco Meléndez observó que  cuando se considera la pobreza por familia, la mayoría de las mujeres madres solteras y negras son las personas de mayor pobreza en Puerto Rico. Sobre la diferencia de salario, expuso que responde a una situación social en que se considera que en la misma posición el hombre tiene unas cualidades que se estiman socialmente, “unas destrezas más efectivas”. “Vemos como la socialización ha jugado un rol en esto”.

Llama la atención que el estudio revela que entre las cinco ocupaciones en que la brecha salarial favorece a la mujer están el acarreo de materiales, agricultura  y pesca. La economista explicó que la diferencia responde a que en ocasiones se les paga lo que se conoce como una “premia” a las  mujeres para que entren en este tipo de ocupación donde tradicionalmente prevalecen los hombres. Aunque en los citados campos prevalecen los hombres, la brecha salarial en acarreo es de $22,200 las mujeres y $17,482 los hombres;  en agricultura y pesca, $16,935,  las mujeres y $13,952 los hombres, y en mantenimiento y reparación, las mujeres ganan $42,512 y los hombres $40,795.

Los otros dos campos en que las mujeres ganan más, según el estudio, es en arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación. En el primer campo, la mujer gana en promedio $36,128  y los hombres ganan $27,333. En las ocupaciones de Ciencias Sociales la diferencia es de $42,512 las mujeres y $40,795 los hombres.

La profesión con la brecha más grande en salario entre ambos géneros, aun teniendo el mismo nivel educativo, es la profesión legal.  Aquí los hombres ganan un promedio de $64,009 y las mujeres $49,307. Le siguen las ocupaciones técnicas: hombres, $42,904, mujeres $31,964; computadoras y matemáticas: hombres $43,904, mujeres $35,433; arquitectura e ingeniería: hombres $50,158; mujeres 42,945,en instrucción educativa y ocupaciones bibliotecarias: hombres $31,451, mujeres $24,994.

Lo anterior ilustra que cuando se mira la educación obtenida,  a medida que el nivel educativo avanza, en cada renglón el hombre gana más que la mujer. “Notamos que mientras va avanzando la educación, el salto entre lo que gana un hombre es mayor para los hombres que para las mujeres. En estudios postsecundarios o grados asociados hacia el bachillerato, el salto del hombre es de  un promedio de $10,230 y el de las mujeres es de $7,535.

La brecha mayor por nivel educativo se ve en niveles graduados, con una brecha casi de $12 mil dólares. Mientras el salto de  bachillerato a estudios graduados es de $14,850 para un hombre, es de $8 mil para la mujer.

La economista comentó que aun en los campos de trabajo donde predominan las mujeres, como las posiciones de apoyo a la salud,  magisterio y servicios sociales, sigue habiendo una brecha en la mayoría, salvo en el trabajo social. En el magisterio, la brecha es aproximadamente de $6,500 y en salud, de $6,200, explicó.

 

“Cuando vemos donde los hombres son mayoría, la brecha no se compara ni en magnitud ni frecuencia. Se puede percibir el discriminen”. La economista expresó que será interesante ver en los datos del 2022  el impacto que ha tenido el COVID en la  en la brecha salarial.

La economista reconoció que además de su estudio y otros que han hecho los profesores José Caraballo Cueto y Arlene Segarra, en el país hace falta más investigación acerca del tema, no tan solo a nivel laboral, sino a nivel social, debido a que  estos patrones de comportamiento están muy anclados en la sociedad. Agregó que el  Instituto de Estadísticas podría recoger estas estadísticas debido a que aquí hace falta mejorar la recolección de data puntual.

Uno de los factores que explica esta brecha es que a nivel social las mujeres tienden a  cargar un trabajo no remunerado, como es el del hogar, y el trabajo fuera en ocasiones se ve afectado por estas tareas familiares, lo que se traduce en menos horas de trabajo pagado. Cuando se compara con que  los hombres no cargan con las mismas responsabilidades, se provoca una brecha.

En términos de recomendaciones, presentó el ejemplo de Islandia. En el 2018, ese país implementó para todas las compañías de más de 25 personas el que tienen que sacar una certificación que pruebe que hombres y mujeres en una misma colocación ganan  lo mismo. Si la empresa no lo hace, le multan. Este es el primer país en  adoptar una política pública de esa naturaleza. Aunque es reciente, todavía se están estudiando los resultados.“Ese es el tipo de política pública que deberíamos comenzar a  contemplar y a implementar. La política pública debe ser tanto a nivel laboral como educativo”.

Franco Meléndez, reconoció el señalamiento de que hay muy pocas mujeres economistas en Puerto Rico. “Es verdad, y muchas veces es porque es un campo tan matemático, dominado por hombres; lo mismo con ingeniería  Por eso es que también hay que hacer un trabajo con perspectiva de género, de proveer mayores posibilidades o las mismas posibilidades educativas desde la niñez”.

Agregó que precisamente en el campo de la economía, más allá de lo económico, hay trabajo por hacer.  Ese es un campo donde se hacen recomendaciones de política pública, por lo que es importante hacer recomendaciones holísticas, que tengan la perspectiva de la mujer. Una de las recomendaciones de política pública es la de maternidad equitativa, para que el hombre asuma mayor responsabilidad.

La economista compartió su experiencia de que  lleva tres años trabajando en ET y que se formó y trabajó en Estados Unidos. Destacó que otras mujeres en otros campos también  mencionan que  mientras predominen los hombres en la política pública, la van a hacer desde su óptica de invisibilizar a las mujeres. En eso coincide, anotó, la doctora Alba Brugueras, expresidenta de la Asociación de Economistas, quien escribió un artículo sobre la necesidad de visualizar el trabajo de la mujer economista en los medios y sus respectivos campos.

Franco Meléndez concluyó nuestra entrevista recalcando la “necesidad de educar y de un mayor esfuerzo por atender esto. Muchas de estas prácticas se atienen a costumbres tradicionales. El tiempo avanza y hay que ponernos al día”.

 

 

 

 

 

Mariana Nogales: “Esto es parte de lo que uno puede esperar, y estoy dispuesta”.

Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

 

CLARIDAD

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Para la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Mariana Nogales Molinelli, el referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) es la más reciente estrategia del Partido Nuevo Progresistas (PNP)  para minar su credibilidad ante las denuncias de situaciones de violaciones ambientales y por confrontar directamente a los jefes de las agencias concernidas.

Esta denunció que ambos partidos, el PNP y PPD,  han tenido la misma intención, como ocurre con el referido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, la cual le impuso una multa  y una reprimenda pública por omitir información sobre su participación en corporaciones y entidades sin fines de lucro. Este último, el referido al OPFEI,  es uno dirigido  por Thomas Rivera Schazt y Gregorio Matías, ambos del PNP.

“Este referido del Departamento de Justicia al PFEI viene por unas querellas que estos y el director de la OGPe hicieron, todos claramente identificados con el PNP. Por supuesto, los ataques más fuertes que yo he hecho han estado dirigidos en contra del PNP. Por ejemplo, en las vistas públicas,  los legisladores que no comparecen a las vistas en su mayoría son del PNP”.

La representante censuró que en ocasiones tampoco van los del  PPD y que en ambos casos llegan al Hemiciclo a hacer preguntas sobre las cuales no tuvieran dudas de haber asistido a las vistas. “Y yo se los digo en la cara. Creo que eso les molesta”.

Nogales Molinelli admitió que ha habido un choque directo y constante de su parte con ciertas personas vinculadas a la administración. Aparte del ahora exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Machargo, con funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y con Omar Marreo. Sobre  este último, expresó: “Le  he estado fiscalizando de cerca, es un pulpo con tentáculos, fue parte de la dirección de la negociación de la deuda”.

El licenciado Marrero es secretario de Estado y director de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (AAFAF) y llevó la dirección por parte del Ejecutivo en la negociación de la deuda del Gobierno, así como las otras negociaciones pendientes.

La representante del MVC dio a entender que  no podía haber una reacción tímida por parte de los legisladores del PNP porque “la mía ha sido una de frente y fuerte. Vemos que ellos han querido seguir estirando el chicle por un error clerical de haber marcado mal un encasillado, que para nada cambiaba la situación económica que está informada desde el principio. Lo han querido seguir alargando”.

Señalo que, el PFEI tiene 90 días para hacer una evaluación, por lo que asignaron a  un fiscal que está cobrando $195 la hora y  puede extender su investigación a 90 días más y seguir facturando.  “Así que ellos van a querer seguir estirando el chicle, sobre todo, para tratar de que las denuncias  que yo hago, que son denuncias efectivas, pierdan efectividad. Pero nada, en cuanto a eso vuelvo y reitero: yo no he cometido ningún acto ilegal. Esto es parte de lo que uno puede esperar, y estoy dispuesta, expresó Nogales sobre el propósito de los referidos.

 

 

Editorial: Corrupción en Puerto Rico: una larga historia bipartidista

 

La corrupción con fondos públicos en Puerto Rico tiene una larga historia que lamentablemente ha ido en aumento durante las ultimas décadas. Dichos actos corruptos han sido teñidos por los colores rojo y azul de los dos partidos que se han turnado el gobierno en Puerto Rico a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Partido Popular Democrático ( PPD) y el Partido Nuevo Progresista ( PNP).

La lista de investigados, imputados y convictos es imposible de reproducir completa, sobre todo porque ha habido cuatrienios, como los del gobierno de Pedro Rossello, del PNP, donde se contaron por decenas los funcionarios públicos imputados y convictos por actos de corrupción con fondos del pueblo.

También a nivel municipal- o sea, en la llamada «política chiquita» o local- la corrupción ha marcado una huella imborrable, sobre todo entre alcaldes de ambos partidos, cuyo acceso a cuantiosos fondos de Puerto Rico y federales para obras y servicios municipales, les ha ido aumentando la codicia a niveles cada vez más escandalosos.

Estos esquemas de corrupción tienen varias vertientes. De un lado los fondos abundantes con que cuentan los municipios, y del otro empresarios y funcionarios públicos inescrupulosos que se ponen de acuerdo para desviar ciertas cantidades de dichos fondos  para su beneficio personal. En la mayoría de los casos, el servicio se ofrece y la obra se construye, pero se pagan a sobreprecio porque el empresario debe obtener grandes ganancias y así poder compartirlas con el alcalde o funcionario con el cual han pactado.

Por eso, cada vez que hay un cambio de gobierno entre el PNP y el PPD, surgen las » nuevas» empresas que se desplazan entre las agencias públicas y los municipios a la caza de contratos jugosos. Es la forma que tienen dichos nuevos o reciclados empresarios de recobrar la » inversión» que hicieron en los candidatos y partido vencedores  de la contienda electoral, ya sea a nivel del gobierno central, o del municipio o municipios con los que va a contratar.

Los alcaldes son un grupo muy fértil para estos esquemas sofisticados de los inversionistas políticos. Como el foco de atención del público y los medios de prensa casi siempre se concentra en los altos funcionarios del Gabinete, y las agencias del gobierno central, las acciones corruptas  de los alcaldes en los municipios muchas veces pasan por debajo del radar, hasta que cualquier desliz, indiscreción o confidencia los saca a la luz pública.

Durante las últimas décadas, principalmente desde el año 2000 hacia acá, se han multiplicado las instancias de alcaldes corruptos de ambos partidos, cegados por el brillo de los millones en fondos federales a los que tienen acceso para servicios públicos tales como la construcción o arreglo de carreteras, y los programas de recogido de basura, escombros y reciclaje.

También les abren oportunidades a la corrupción las emergencias climáticas,  como lluvias copiosas e inundaciones, huracanes y, más recientemente, terremotos, desastres que ocurren cada vez con mayor frecuencia, y que provocan las dramáticas «declaraciones de emergencia», que siempre significan nuevos fondos disponibles.

Una mirada somera a las primeras décadas de este siglo, da muchas claves sobre cómo funcionan estos esquemas municipales. En 1999, el arresto y convicción del alcalde de Toa Alta, Ángel «Buzo» Rodríguez, del PNP, en un esquema de extorsión por $2.5 millones de fondos federales para el recogido de basura y escombros tras el paso del huracán Georges, fue una revelación de cómo funciona la corrupción pública a nivel de los municipios, situación que se ha seguido acelerando cada vez más.

Una lista parcial de los alcaldes del PPD y el PNP imputados y convictos durante estas primeras décadas del siglo XXI,  es la elocuente evidencia de cómo ha crecido la corrupción en los municipios de Puerto Rico: 2002, Francisco Rivera Toro (PPD), ex alcalde de Hormigueros, 12 años de prisión por corrupción pública a raíz del huracán Georges; 2002, Juan Manuel «Mane» Cruzado (PPD), ex alcalde de Vega Alta, 5 años de prisión por extorsión a contratistas y lavado de dinero; 2004, Wilson Soto (PNP) alcalde de Cataño, acusado por soborno en el recogido de escombros, a raíz de tormenta Jeanne; 2005, Bernardo Negron (PNP), ex alcalde de Villalba, acusado de corrupción por venta de solares propiedad del municipio; 2011, Edgar Santana (PNP), ex alcalde de Vega Baja, 18 años de prisión por sobornar a 18 contratistas municipales; 2012, Sol Luis Fontanes (PPD), alcalde de Barceloneta, acusado de recibir sobornos de contratistas municipales; 2014, Edwin Rivera (PPD), alcalde de Río Grande, imputado por soborno e intento de extorsión a contratistas municipales.

Todo este cúmulo de experiencias nefasras no han provocado introspección ni han servido de lección en las cúpulas del PNP y el PPD, a la luz de la racha de arrestos recientes de prominentes  alcaldes de ambos partidos por corrupción pública con fondos federales destinados a servicios municipales esenciales, como el recogido de basura y el asfaltado de las vías públicas.

En su columna de esta edición de CLARIDAD, el compañero Manuel de J. González examina los casos de los alcaldes de Cataño y Guaynabo, ambos del PNP, y de Guayama y Trujillo Alto, del PPD, que han vuelto a poner de manifiesto cuán profunda es la  podredumbre moral hacia el interior de ambas colectividades políticas.

Se dice también que, además de los ya imputados, hay investigaciones federales en curso sobre situaciones similares en los municipios de Yauco, Humacao, Sabana Grande y Naguabo.

No se trata ya de excepciones a la regla, ni de algunas «manzanas podridas» , como suelen referirse los partidos a estos casos para intentar no salir salpicados. Si algo reafirma este patrón de corrupción generalizada es que las prácticas corruptas están enquistadas en el mismo «corazón del rollo» del binomio partidista colonial que nos ha gobernado mal durante los pasados 60 años, prácticas nocivas a la salud financiera y moral colectivas que el pueblo puertorriqueño no puede seguir permitiendo. Romper con el largo historial de corrupción pública de los partidos que nos han gobernado debe ser parte de nuestra agenda urgente como país.

 

 

 

Las playas son nuestras y son públicas

Entrevista a Mariana Nogales

CLARIDAD

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El interés por la protección y preservación de los recursos naturales no es algo que le haya surgido al ingresar a la política. Los programas televisivos sobre la naturaleza, el mundo de los animales y los campamentos de verano de ciencias fueron sus entretenimientos durante su niñez. Tanto, que al entrar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el 1991, ingresó al Programa de Ciencias Ambientales.

“Y por supuesto, a la influencia de tío Pepe”, reconoce la representante Mariana Nogales Molinelli. El tío Pepe, es el reconocido   geomorfólogo, José Molinelli. Durante su adolescencia  asistió a los seminarios de geografía que este  daba a los maestros en los veranos. Aunque el estudio de  las Ciencias Ambientales se interrumpió cuando se topó con el cálculo, la física, la química orgánica y otras circunstancias personales, ya mucho de los conocimientos y el amor estaban dados. Luego optó por terminar un bachillerato en sicología y, más tarde, en Derecho Ambiental.

“En el verano del 92 y 93, gracias a una beca, trabajé en el Departamento de Recursos Naturales  en Isla de Mona, en la Reserva de Piñones y en Caja de Muerto con el Proyecto de Aves Acuáticas.  Le decíamos “El proyecto de los patos” para molestar a los biólogos. Fue un privilegio tener esas experiencias”.

A la luz de esa experiencia y las actuales continuas denuncias sobre la ejecutoria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nogales Molinelli afirmó a CLARIDAD que ha podido ver dos departamentos. En las denuncias sobre las violaciones ambientales —ya reconocido como un crimen ambiental— de la destrucción  de la Reserva Estuario e Investigación, Bahía de Jobos, en Salinas y en el caso de alto interés público, de la pretendida construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre en  Rincón, se ha denunciado la gestión del DRNA y de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

CLARIDAD quiso enfocarse primero en la apreciación de Nogales Molinelli sobre la actuación de la OGPe, dado que se supone que esta agencia es la que otorga todo tipo de permisos de construcción en el país.

“En la vista del 18 de abril, de los primeros que va es la OGPe. Le he tenido el guante en la cara, ya que está fuera Machargo, aunque eso no resuelve el problema. De hecho,  la campaña que está ya en las redes sociales es “OGP es destrucción”.

Esta campaña  es en reacción a que la OGPe dice “OGPe es desarrollo”. Se supone que la  OGPe esté citada para comparecer este lunes (18 de abril) a las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre la situación en Bahía de Jobos.

“Sin duda la OGPe  es un espacio de corrupción, es parte de lo que otros han llamado el cartel de los permisos, y que yo cada vez estoy más convencida de que sí existe. Y es un espacio que por la manera en que está diseñada esa oficina y el sistema de permisos, que todo está fundamentado en que el proponente sea el que lleve todos los documentos y donde hay unos profesionales de permisos que ellos certifican, es lo que ha provocado que no haya fiscalización. Todo es una confianza ciega, y eso  no es casualidad, es parte del diseño para desproteger los recursos naturales, permitir la construcción en lugares donde no se debe”.

Los  desastres ambientales,  ¿parte de un desorden gubernamental o de una política pensada?

“Es parte del plan, lo he dicho en otras ocasiones, de este gobierno. Quizás lleva décadas pasando, pero ahora es más patente que nunca que este gobierno ve al país como un tablero de monopolio y está vendiendo al país canto a canto. En aras de vender al país canto a canto, un espacio fundamental es desproteger, y eso se hace a través de la falta de fiscalización y también se hace a través de la preservación de instrumentos como lo es el Reglamento Conjunto”.

Nogales trajo a colación que debido a los comentarios de que ya hay un nuevo reglamento, le envió una carta a la Junta de Planificación (JP)  para que le certifique si el borrador de RC que está circulando es uno oficial de la JP.

“Hay mucha duda de cómo se filtró, e incluso personas que trabajan en la Junta, en la División de Planificación Física, no sabían de la existencia del borrador. Así que ese borrador viene de otro lado. Otro comentario es que el borrador fue consultado con inversionistas de la Ley 60. No me estañaría que provenga de la Oficina del Gobernador, por lo que eso es parte de lo que se tiene que averiguar. Pero eso viene de todo este entramado de gente que quiere facilitar la venta y la destrucción de los recursos”.

De regreso al tema de la OGPe, narró que durante la vista ocular en Bahía de Jobos, el secretario auxiliar estuvo bastante callado. Esta aprovechó para preguntarle por qué se habían retirado del acceso público los documentos complementarios de los permisos.“Se cortó bastante y dijo que había un reglamento. Nos hemos matado buscando un reglamento que tenga el propósito de eliminar que esos documentos estén públicos. Eso afecta la participación ciudadana y la libertad de prensa”.

Al no encontrarlos, Nogales Molinelli le envió una  comunicación exigiéndole que los documentos que estaban públicos vuelvan a ser públicos. Subrayó que eso no le cuesta nada al Gobierno,  es como la página del contralor que se sube un archivo en PDF.   Eso es parte de la manera en que se puede hacer la investigación sobre los procesos de permisos.

Trajo como ejemplo de otra irregularidad en la que está envuelta la OGPe, que se supone que en Bahía de Jobos no se vendan terrenos, sin embargo se solicitó un permiso para instalar el servicio de energía en Aibonito y se instaló en Salinas.

“Ahí es que se ve que cómo es posible que OGPe supervise que ese permiso solicitado para Aibonito se instale ahí y aparece luego en Salinas. Eso se identificó con un llamado documento complementario”.

El Departamento de Recursos Naturales y la renuncia del secretario

La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) coincidió con nuestra apreciación de que la renuncia del exsecretario del DRNA, Rafael Machargo, respondió a la presión pública.

“En términos del ojo público, no había manera de salvarlo. Es un descaro pretender que continúe como asesor en La Fortaleza. Es lo mismo que hicieron con Volkers. Eso quiere decir que los funcionarios, aunque actúen mal, conservan la impunidad”.

Sobre  la secretaria interina del DRNA, licenciada Anís Rodríguez Vega, Nogales expresó: “No creo que tenga la preparación para dirigir el Departamento, no creo que conozca sobre los recursos naturales. Voy a pedir en la vista pública que nos dé su curriculum vitae para ver qué estudios tiene. El derecho ambiental es un campo bien especializado”.

CLARIDAD ha consultado a varios activistas ambientales y abogados y todos han coincidido en afirmar que no conocen que la designada  tenga o haya tenido alguna relación con los asuntos ambientales.

A pesar de que las vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales sobre la situación en Bahia de Jobos continúan, preguntamos dónde están otros proyectos como el de la moratoria en las costas.

“Me senté hace un tiempo con el personal de la Comisión de Recursos Naturales y sacamos un tracto de dónde estamos.  La moratoria de costas es fundamental. Hay otro proyecto sobre el desperdicio de plásticos de un solo uso. Ninguno de esos proyectos es mío, pero entiendo que hay que moverlos, que son fundamentales porque afectan el medio ambiente. También he solicitado que la Comisión se reúna con el Comité de Cambio Climático que solo han tenido una reunión, y tampoco se ha dado.”

Indicó que se supone que hay una Comisión Conjunta de Cámara y Senado, de Cambio Climático, presidida por el representante Edgardo Feliciano y del que ella es la secretaria en propiedad de esa comisión. La Comisión solo se ha reunido una vez con el Comité. En la reunión, básicamente, se abordaron los temas de desperdicios sólidos, reciclaje y neumáticos.

La representante también tiene en la mirilla otro tema relacionado con crímenes ambientales, de la destrucción y desprotección ambiental: el recurso agua.

“Por  ejemplo, sabemos cómo AES (la incineradora de carbón en Guayama) ha contaminado el acuífero del sur, que es fundamental para el agua potable y agrícola; pero en términos generales es algo que voy a entrar a investigar a profundidad.

La situación de daños o desastres ambientales en la isla

“Las situaciones de desastre o daños ambientales se dan por toda la isla, el mapa es gigante. Por secciones, en el oeste, hay un problema de construcciones ilegales y de deforestación en Rincón, Aguadilla Isabela y Cabo Rojo. Esa área está al garete. La gente no está pidiendo permisos y está haciendo lo que le da la gana. Nos hemos matado sometiendo querellas y estamos formando un grupo de voluntarios que nos ayude a presentar las querellas que nos  llegan todos los días.

El norte, que incluye Arecibo, Dorado, Manatí y Ciales, hay un problema de deforestación incluso en Isabela, que tiene una parte de la zona cársica.

En el este, todo lo que es Luquillo Humacao, Loíza y Fajardo, el problema con las áreas dentro y cercanas del CEN (Corredor Ecológico del Noreste), en toda esa área, hay un problema terrible de deforestación”.

La situación, expresó, es una generalizada, incluida la zona de la montaña en pueblos como Adjuntas, Jayuya y Utuado. “Hay mucho movimiento de tierra sin permisos y  nadie está fiscalizando. Eso es a propósito”.

No obstante, resaltó que por parte de las comunidades hay una conciencia ambiental muy grande.

“Yo creo que también tiene que ver con un movimiento masivo, que era Playas pal pueblo, que ahora vuelve a tomar relevancia por todo el cierre de acceso a las playas públicas y por una campaña deshonesta de corredores de bienes raíces que están vendiendo propiedades con playas privadas. Es algo que voy atender próximamente”. Nogales Molinelli denunció  que hay anuncios por Facebook de venta de terrenos con “Private beach”.

“Hay que trabajar con una información de lo correcto, de que en Puerto Rico las playas todas, ¡todas!,  son públicas y de que existen unas limitaciones de lo que usted puede hacer con su propiedad”.

 

 

 

 

 

 

Con ventaja el PPD sobre el PNP

 

CLARIDAD

Ahora mismo, el Partido Popular domina 3 a 2 al PNP y, a juzgar por las informaciones que circulan, todo indica que esa “ventaja” del PPD se ampliará en las próximas semanas. Aunque, a decir verdad, nadie puede afirmar a ciencia cierta cuál de los dos partidos estará al frente en los próximos meses porque quienes conocen todo el cuadro no sueltan prenda.

La “ventaja” a que me refiero no surge de una encuesta de preferencias políticas, sino de algo parecido a aquel “box score del crimen” que antes se publicaba en la prensa. Según ese cuadro informativo, desde principios de 2021 los moradores de cinco alcaldías han sido objeto de acusaciones criminales por extorsión o robo de fondos públicos. De estas, tres están en manos del PPD y dos del PNP.

Como se recordará, el PNP arrancó al frente porque los primeros acusados fueron los acaldes de Cataño y Guaynabo. Tras esos arrestos, el PPD estaba gozando. El muy mediático Félix Delgado cayó primero, pero la noticia no causó sorpresa. Desde hacía meses, tal vez años, se rumoraba el desenlace porque el tal “Cano” se pasaba de pasarela en pasarela exhibiendo el producto de su saqueo.

Lo que sí causó sorpresa fue el que vino después porque cuando se supo lo de Cano, el presidente de la federación de Municipios, el también mediático Ángel Pérez, compareció ante los medios de prensa a lamentar la noticia y a decir lo que dicen todos: “el que le falle al pueblo, que responda”. A los pocos días el que debió responder fue él y, a diferencia de Cano, que corrió a declararse culpable para evitar el drama público del arresto, Pérez tuvo que desfilar por la calle Chardón, compungido, luego de la vista de fianza.

La alegría a los Populares tras esos dos arrestos duró poco porque enseguida superaron al PNP. La nueva redada comenzó en Trujillo Alto donde detuvieron al vicealcalde y luego se extendió a Aguas Buenas, donde cayó el exalcalde, ya retirado, Luis Arroyo Chiqués.

En esa etapa el juego estaba empatado, dos a dos. El desempate llegó hace unas semanas cuando se supo que el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, había llegado a preacuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable a cambio de una condena de 48 meses de cárcel. Simultáneamente se supo que el todavía en funciones alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, cuyo vicealcalde ya está acusado, está “desaparecido”. Seguramente reaparecerá en los próximos días haciendo alegación de culpa ante un magistrado.

Como ya hemos visto, la última moda de los alcaldes corruptos es negociar un acuerdo de culpabilidad antes del arresto. Así evitan el revolú frente a su casa en la madrugada, el desfile con manos esposadas por la Chardón y la salida con cara de amanecido tras la vista de fianza. De la última avalancha de imputados el único que desfiló con aires de desamparado, luego del arresto, fue Ángel Pérez, a pesar de que, contrario a los otros, contaba con asesoramiento legal casero, ya que su esposa es abogada y exjuez. Sin embargo, no quiso o no lo dejaron declararse culpable de antemano y no tuvo más remedio que recorrer la pasarela dolorosa de la calle Chardón.

Después de todo, si como norma general los acusados de corrupción por la fiscalía federal siempre terminan declarándose culpables, porque la evidencia siempre es abrumadora y la aceptación reduce condena, es un buen negocio aceptar la culpabilidad de entrada. Así la reducción en la condena sería mayor y, más importante aún, esa negociación temprana les facilita conservar parte de lo robado.

Eduardo Cintrón Suárez, el popular de Guayama que rompió el empate con el PNP, montó un esquema corrupto muy novedoso y hasta creativo, que tal vez había ideado desde los tiempos en que fungió como “asesor de asuntos municipales” de Aníbal Acevedo Vilá. Como los municipios siempre deben emplear mucho dinero asfaltando carreteras, le exigió al contratista un “reintegro” igual a un dólar por cada metro cuadrado de asfalto. Nótese que este ladrón siempre pensó “lo mejor para el pueblo”, porque su beneficio estaba atado al asfalto utilizado. Como mientras más carreteras arreglaba más ganaba, puede afirmar que el pueblo se beneficiaba.

Como decía antes, la proporción 3 a 2 a favor del PPD puede que no dure mucho. Según se conoció cuando se destapó lo del alcalde de Cataño, los “empresarios” que comían y salpicaban –el abogado Oscar Santamaría y el contratista Mario Villegas- tenía contratos con decenas de municipios. El modus operandi de estos dos era sobarle la mano a quien le daba de comer por lo que ahora mismo debe haber unos cuantos abogados negociando preacuerdos.

El “score”, por tanto, va a estar cambiando entre el PNP y el PPD. Como sucede en los juegos peleados, durante los próximos meses la ventaja cambiará de manos más de una vez. En última instancia poco importa cómo se altera el resultado del juego porque, como dice el poema de Guillén: “si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo”.