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Como si fuésemos un país rico, Puerto Rico está a la cabeza de 29 jurisdicciones de Estados Unidos y de 92 países del mundo con la mayor proporción de gastos fiscales: $23,271 millones. Una cifra que duplica el presupuesto anual del Fondo General (FG) del país.

El relevante dato de los gastos fiscales o tributarios del gobierno surge de la investigación; Gastos Fiscales en Puerto Rico; desafíos internos y perspectiva mundial,  conducido por el  analista sénior de la organización Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots,  Los resultados del estudio fueron presentados en conferencia de prensa.

Los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. En Puerto Rico hay 463 gastos fiscales, de los cuales solo se reportan datos del 53.7 por ciento de los mismos. En el año 2017, los gastos tributarios representaban $22,517 millones, en el 2022 la cifra ascendió a $23,271 millones y para el 2023 el Departamento de Hacienda (DH) proyecta que alcanzaran $23,669 millones, según sus propios datos.

Para el estudio EA examinó el informe, Puerto Rico Tax Expending Report for Tax Year 2023, presentado el mes pasado  por el DH  junto a los datos de los informes anteriores y en comparación con otras jurisdicciones de EE UU y otros países.

“Casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del ‘presupuesto oculto’ pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce”, indicó Santamaría Ots. La política del gobierno de Puerto Rico de ocultar el costo de los gastos fiscales contrasta con la del gobierno de Estados Unidos que desde el 1974 publica el 100 por ciento de esa información. Desde el 2017 EA ha promovido que se transparente esa partida oculta de gastos y se incorpore dicho análisis al proceso de consideración y aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico.

En entrevista, Santamaría Ots aclaró que para atender este asunto no se necesita una reforma contributiva sino un marco jurídico robusto,  una ley que regule la difusión de los gastos tributarios con las mejores prácticas, a cuánto ascienden, además de evaluar su impacto y su posible o incierto beneficio. Hacia ese objetivo, recordó que el año pasado se discutió el proyecto del Senado PC 206, para el cual EA sometió sus insumos en un memorial explicativo con lo que a su juicio debería contener dicha medida. Aunque  el proyecto fue aprobado en ambos cuerpos, para sorpresa de EA  la medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El gobernador justificó su veto a la medida, alegando que esta  no era compatible con el plan fiscal, que el DH  no contaba con los recursos  para poder elaborar un informe de esas características  y que había una duplicidad con el código de incentivos-  ley número 60 del 2019- que ya se encarga de eso.

El analista de Política Pública de EA rechazó que la medida fuese incompatible con el plan fiscal. Si acaso, expresó que el argumento de mayor peso podría ser el que el DH necesite más recursos.  “Podríamos entenderlo, pero tampoco es correcto que el código de incentivos  lo duplica, puesto que un informe de gastos tributarios no solo recoge los incentivos económicos, sino que recoge también los de educación, vivienda, salud incentivos, que no los contiene el código de incentivos porque no son de desarrollo económico”.

Resaltó que, por  ley, quien debería estar evaluando  esos estatus de  desarrollo económico es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Pero de las 76 leyes que está obligado por ley a evaluar su costo beneficio solo analizó13, según contenido en el más reciente informe de diciembre de 2021.  Las leyes analizadas por el DDEC representan solo $566,6 millones del monto total de los gastos fiscales de $22,085 millones en el 2021 o el 2.6% del total, revela el estudio de EA.

A  la interrogante de qué o quiénes se benefician de esas 76 leyes, y de cómo podrían describirse, si como grandes empresas, o si cómo empresas extranjeras o locales, el investigador detalló que del informe del DH, del total de los gastos tributarios, alrededor de 2/3 partes son atribuibles a corporaciones con tasas preferenciales.

“Si son corporaciones foráneas o locales es muy buena pregunta porque el informe no lo indica y esa es una de nuestras recomendaciones. Establecer cuál es la local y cuál es la foránea porque el informe no hace esa distinción. Por ejemplo, si hay grandes empresas que sean locales o grandes empresas que sean de fuera. Del informe, no se puede hacer ese tipo de distinción”.

Identificar el tipo de empresa sería importante porque si son locales el dinero se queda aquí, y en términos generales, las grandes corporaciones como las que están bajo la ley 154 del arbitrio a las foráneas,  en su totalidad repatrian  concretamente casi $33 mil millones al año a sus  centrales en EEU. En el caso de las empresas locales, en términos generales re invierten sus beneficios en la economía local, pero esa distinción tampoco está publicada.

Mientras, el DDEC publica el nombre de las compañías, pero no publica la cantidad. En el informe del DDEC se puede  ver la corporación que se acogió al incentivo, pero no se ve la cantidad de incentivo que se le otorga. Por su parte, en  DH se ve la cantidad pero no se ve el nombre. Santamaría Ots reparó en que en términos de las mejores prácticas, los estados que lo hacen publican la empresa y la cantidad ya que se trata de dinero público. En Puerto Rico, no se da ese nivel de detalle, lo cual debiera ofrecerse.

Cuestionado sobre si tan elevada cifra de gastp público podría dar la falsa impresión de que Puerto Rico es un país rico Santamaria Ots,  expuso que, puesta en el contexto de otras jurisdicciones del mundo y en proporción al tamaño de nuestra economía, Puerto Rico está  número 1 entre 90 países del mundo y 29 estados  analizados. “Eso te dice mucho. Realmente, aquí hay una pluma abierta con los incentivos, sin explicar  hasta qué punto esos  incentivos nos traen un beneficio y valga la pena seguir gastando. El beneficio debe estar relacionado al retorno de la inversión. Cuando se analiza,  el informe dice que hay 463 incentivos, pero de esos solo se publica el gasto de más o menos la mitad. La otra mitad no está cuantificada. Así que la mitad del gasto de esas 463 leyes son $23 mil millones y no podemos saber cuánto es la otra mitad. Pueden ser menos, pueden ser más. Esa es la punta del iceberg. Lo que decimos es que la otra  mitad debería publicarse y no se está haciendo”.

Sobre eso comentó que en las jurisdicciones que tienen como norma  la publicación de esta información  hay un esfuerzo interagencial coordinado,  por lo que estima que en Puerto Rico cada agencia debería recoger su información y compartirla con el DE ante el reconocimiento de la falta de recursos de Hacienda. Acotó que esto tampoco debe ser la excusa para no hacer pública la información. El hecho de no ser transparente en términos de la  inversión exterior también puede provocar que haya inversionistas que no se sientan cómodos en venir a invertir, porque podrían  entender que no lo tratan igual que a otro. Por eso, reiteró que la falta de  transparencia tiene más costo que el costo de poder dotar a Hacienda de los recursos necesarios para hacer la evaluación. Entre esos costos además está el que el gobierno no sabe hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos, y los costos sociales de esos incentivos  contributivos. Reparó, por ejemplo, que en que esa cuantificación del costo social debería incluirse la ley 22, la cual el gobierno alega que no tiene costo, pero ya hay muchos municipios que  están experimentando la gentrificación y el desplazamiento de sus comunidades más humildes.

Pese a que reconoció que desde el 2019 ha habido un esfuerzo para tener alguna información, subrayó que; “Tiene que haber un esfuerzo de evaluación comprensivo y profundo de cuál es el impacto en la política pública, porque si no sabes, estás actuando unas veces para el norte, o no hay un norte y un sur en la evaluación”.

“Salvemos a Puerto Rico”, ‘para saquearlo luego’. Ese parece haber sido el fin del Comité de Acción Política, Salvemos a Puerto Rico, que hizo campaña en apoyo a la candidatura del ahora gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El sistema de recaudación de fondos del citado súper PAC, conllevó la radicación de cargos contra su presidente Joseph “Joey” Fuentes, por violar la ley electoral de Estados Unidos de la Comisión Federal de Elecciones (CFE). El PAC Salvemos a Puerto Rico fue registrado en mayo del 2020 en la CFE y ya entre junio y diciembre de ese mismo año informó la recaudación de cerca de $822,000. Aunque la ley federal permite que los PAC reciban donativos ilimitados de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos, los donativos no pueden ser anónimos. Fue precisamente eso lo que hizo Fuentes, ocultar a quienes le dieron donativos tras la pantalla de dos organizaciones fantasmas. Luego de registrar Salvemos a Puerto Rico en la CFE, registró en Puerto Rico dos organizaciones: “Foundation for Progress” y Fundación por la Igualdad que operaban solamente como un escudo para los donativos recibidos de individuos y compañías. Fuentes se declaró culpable este 5 de mayo de falsificar, ocultar o encubrir la identidad de los donantes, cuyas contribuciones políticas recibió y las encauzó a través de ambas fundaciones.

El Nuevo Día dio a conocer el detalle de la fiscalía federal de  quiénes fueron los que entregaron el dinero que se le atribuyó a las entidades fantasmas: la National Guard Exchange Military Store ($50,000); Essential Insurance  Services ($200,000); AP Engineering Inc $94,200); JAAP LLC ($75,800); Alejandro Brito Zubierreta ($50,000); BAE FE LLC ($50,000), Northshore Management Corp ($25,000), Little Pictures ($25,000), Arturo Díaz Angueira ($20,000) y LAS Enterprises Inc ($15,000).

En entrevista con Claridad, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Manuel Natal, coincidió con la apreciación de que, desde la perspectiva de crear una organización sin fines de lucro para recaudar fondos a ser utilizados con propósitos electorales, este caso es  similar a la experiencia de ‘Unidos por Puerto Rico’, organizada por allegados del entonces gobernador Ricardo Rosselló luego del paso de los huracanes Irma y María.

“En aquel momento, se creó una estructura mediante una organización supuestamente no partidista y sin fines de lucro, en la cual los miembros de esa junta eran, en su mayoría, personas relacionadas al gobernador Rosselló. A través de esa estructura se recaudaron varios millones que luego fueron utilizados con un fin político electoral”.

Recordó que a través de Unidos por Puerto Rico se recaudaron millones de dólares que luego fueron utilizados para apoyar los objetivos políticos de Rosselló Nevares. En la medida que el esquema de Salvemos a Puerto Rico- cuyo presidente ya se declaró culpable en el foro federal- estaba construido precisamente alrededor de dos organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, esas organizaciones, que se crearon para apoyar la candidatura de Pedro Pierluisi, incluían hacer campaña en contra de sus adversarios.

El coordinador general del MVC y ex candidato a la alcaldía de San Juan,  y quien denuncio el fraude de Unidos por Puerto Rico en su momento, observó que la ley sí contempla algunas formas de hacer donativos políticos pero no pueden ser anónimos, y la persona acusada por Salvemos a Puerto Rico admitió que estaba buscando esconder la identidad de los individuos y las organizaciones que donaban a la entidad, para después poderles dar contratos, los que, en efecto, algunos tienen al día de hoy.  El anonimato en este tipo de donativos sirve para proteger el ciclo del inversionismo político- dar donativos hoy, y mañana me los devuelves en contratos- lo cual es un delito y un paso más allá de lo que permite la ley, señaló.

Natal Arvelo expresó que le gustaría que quienes donaron a esas campañas, sabiendo que el esquema incluía evitar  revelar la identidad y rendir cuentas sobre los donantes,  también sufran alguna  consecuencia. Se reafirmó en que algunas de estas personas hoy son contratistas del gobierno de Pierluisi.

En entrevista por separado, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, indicó que en Puerto Rico los PAC no están prohibidos, y quien atiende su fiscalización es la Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas, que creó la Oficina del Contralor Electoral. A juicio de Aponte Berríos, y por lo que dice que ha podido ver de los detalles del caso,  todavía no se sabe todo. Dijo que,  aunque algunas personas piensan que ese caso ha concluido, considera que es sumamente preocupante lo que ha salido hasta ahora, y que aún queda por conocerse mucha información. Según el comisionado del PIP, uno de los asuntos que preocupan son las propias declaraciones del gobernador,  en el sentido de que no le interesa obtener más información Para Aponte Berríos, esa actitud levanta  mucha sospecha porque parecería que hay personas cercanas al gobernador que, de alguna manera, están vinculadas a este caso.

El comisionado electoral del PIP señaló que esos esquemas no son ajenos a lo que ha pasado por décadas en Puerto Rico. Recordó que en el PNP hubo unas primarias muy contenciosas. Insistió en que en este caso, todavía hay mucho que explicar, ya que no es posible creer que no haya habido una campaña coordinada. Añadió que eso de que se levante un dinero y se utilice sin coordinación con la campaña de un candidato causaría una gran sorpresa, sobre todo si se diera el caso de que comiencen a sonar nombres de personas cercanas al Gobernador.

Por su parte, la senadora por el PIP, licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, quien ha participado en varias campañas electorales, incluyendo una para la gobernación, reaccionó sobre las violaciones a la ley electoral. “La realidad es que las aportaciones privadas son el padre y la madre de la corrupción electoral y mientras eso persista vamos a ver esquemas corporativos fatulos. El modelo del súper PAC es una cosa verdaderamente monstruosa pero todo eso está legitimado por el estado de derecho de Estados Unidos”.

En cuanto a si Fuentes podrá ser procesado también en Puerto Rico, luego de haberse declarado culpable en la esfera federal, indicó que habrá que ver, aunque observó que el departamento de Justicia Federal también puede procesarlo por los delitos locales. Santiago Negrón dijo que habrá que ver qué medidas va a tomar el Contralor Electoral, al cual dijo no le ha escuchado hacer declaraciones.

En esa línea señaló que el hecho de que los federales hayan tenido la información acerca del esquema fraudulento y no el Contralor Electoral demuestra lo inefectiva que es la fiscalización en Puerto Rico,  aun contando con un marco jurídico que algunos piensan que es robusto. “Nosotros que sabemos qué es conseguir dinero. Uno sas, y el que tiene experiencia sabe que conseguir ese dinero es extremadamente difícil. No es algo que uno puede hacer levantando cinco y diez pesos, o peso a peso en los comités”.

Por otra parte, la representante por el MVC,  licenciada Mariana Nogales Molinelli, expresó que los PAC son un elemento que ha afectado la democracia y la participación política, pero que está fuera de nuestro control ya que el caso de “ Citizens United “(Ciudadano Unidos Contra la Comisión de Elecciones Federal) permite la creación de los llamados súper PAC.

“Se trata de una estructura adicional para continuar con el inversionismo político. Vemos como hay donativos de $100 mil y $50 mil. No es el donativo de cinco pesos en la calle”.

Nogales Molinelli dijo hay que mirar lo que está ocurriendo con las acusaciones federales a miembros y personas relacionadas con el Partido Nuevo Progresista (PNP). “Cosas como esta, de seguro ocurrían antes, pero yo creo que la ausencia de Rosa Emilia Rodríguez (la ex jefa interina de la Fiscalía Federal)  es fundamental para que finalmente se haya abierto la “caja de Pandora”. Porque yo creo que la presencia de ella era el freno último que tenía el PNP para que estas situaciones no se descubrieran. Es bueno lo que está ocurriendo, lo traiga quien lo traiga”.