Especial para En Rojo
“Asesinato” llama el Presidente del Senado José Luis Dalmau a las terminaciones de embarazo en su ideológica defensa al Proyecto 693, “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad”, que pretende limitar el derecho de las puertorriqueñas al aborto. De “Asesinas” tilda sin empacho a las mujeres que deciden asumir su derecho constitucional y humano a la autonomía del cuerpo y la intimidad. Lo cito: “¿Tenemos que velar si la mujer decida si va a matar a una persona o no? (…) Eso es asesinato”. Ante tales expresiones del presidente senatorial, no es difícil pensar que nos encontramos nuevamente frente a la cíclica cacería de brujas por parte de un sector del Estado.
El proyecto 693, producto de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, y de coautoría del portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz y la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, recuerda el reciente Proyecto 950 del Senado de PR Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida que fue vetado por el Ejecutivo en el 2019. La cercanía de los proyectos, así como la insistente participación de algunos de sus autores en la regulación del derecho al aborto, como Rivera Shatz, apunta a una agenda clara de restringir y violar los derechos de las mujeres puertorriqueñas. Incluso, si subrayamos la forma en que se intentó tramitar el Proyecto originalmente, sin vistas públicas, se hace evidente la constante persecución de un sector del Estado a las mujeres.
Sepan que no nos engañan. A pesar del título del proyecto y el de la comisión, la calidad de la vida de las mujeres les importa muy poco. La inconstitucional medida legislativa sería adversa a la salud física, mental y psicológica de las mujeres y las personas gestantes; lo ha evidenciado con contundencia el sector médico del país, según expresiones del Departamento de Salud, El Colegio de Médicos Cirujanos y la organización ProGyn, entre otros. De lo que se trata aquí es de controlar férreamente a ciertas sujetos sociales. Esto, sin entrar en los elementos inconstitucionales de la medida, también ampliamente debatidos por importantes constitucionalistas.
Sabemos que el cuerpo es para las mujeres el principal terreno de explotación y resistencia, por eso el intento de un sector de la legislatura de apropiárselo, de “velarlo”. Esta guerra contra las mujeres, como la llama Syvia Federici, se lleva como una cacería de brujas porque se criminaliza (demoniza) una decisión que cuestiona la lógica del útero como máquina de producción. Ya en su clásico libro Calibán y la bruja, Federici nos alerta de que la feminidad es una función-trabajo que “oculta la producción de la fuerza de trabajo bajo la cobertura de un destino biológico”. Por eso, las actividades asociadas a la reproducción siguen siendo terreno de lucha fundamental para las mujeres.
“Asesina” es otra forma de llamar a la bruja. Léase el signo bruja como aquello que desafía el repertorio patriarcal de lo femenino: la hereje, la curandera, la prostituta, la lesbiana, la promiscua, la esposa desobediente, la partera, la autosuficiente, la libertina, la rebelde, la lengua zafá, la perreadora, la insubordinada, la que practica la sexualidad fuera del matrimonio y la procreación.
La maternidad no es un hecho de la naturaleza, es una actividad histórica atravesada por intereses ideológicos, económicos, religiosos y políticos. ¡No somos un bien común!
La maternidad debe ser voluntaria o no debe ser.
Verticales
En tanto, la licenciada Mayte Bayolo, de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, una de las primeras organizaciones en dar la voz de alerta sobre la medida, trajo a la atención que el derecho al aborto es uno constitucional y fundamental, amparado en el derecho a la intimidad, el cual en Puerto Rico es más sólido y amplio que el derecho bajo la Constitución de Estados Unidos. Al igual que sus compañeras, repudió la medida y la conducta del presidente del Senado y emplazó a la Cámara de Representante a que se distancie de las acciones del Senado y “respete la vida y poder decisional de las personas con útero en la isla y los procesos democráticos”.
