CLARIDAD
“Nosotras estábamos bien conscientes de que había una posibilidad de 50 % de que perdiéramos; pero también sabíamos que fuimos a jugar a la casa del trompo. Estábamos bien conscientes de que la realidad política del país nos ponía en una posición de más del 50 % de perder, así que cuando llega la decisión —no quita que te aprieta el corazón—, te duele; pero no nos cogió de sorpresa”.
Lo anterior es la reacción a CLARIDAD de la presidenta del grupo sindical Educamos, Migdalia Santiago, sobre la determinación del panel de jueces del Tribunaldel Primer Circuito de Boston, que avaló la orden de la jueza Laura Taylor Swain de confirmar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF). Los grupos magisteriales EDUCAMOS, Federación de Maestros y UNETE, constituidos en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), estaban objetando, entre otros, que los cambios al sistema de retiro del magisterio público introducidos por la JCF en el PAD no contó con una ley habilitadora de la Legislatura de Puerto Rico. Los cambios convierten el plan de pensiones en uno de contribuciones definidas, en vez de beneficios definidos, y también deja fuera los aumentos por inflación.
Santiago defendió que el argumento de las y los maestros sigue siendo válido. A su juicio, lo que hicieron los jueces fue irse por las ramas. Indicó que en la decisión estos dicen que en el “país ideal se tenía que hacer lo que ellos dicen”, pero no se hizo. A base de ese mismo argumento las organizaciones tienen la posibilidad de pedir una reconsideración al tribunal debido a que quienes tomaron la decisión fueron solo tres jueces, apuntó. Al momento de la entrevista, aún las organizaciones no habían decidido cuál será el próximo paso. Reconoció que las organizaciones que constituyen el Frente son las más pobres del magisterio y que llevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos puede costar cerca de $200 mil dólares.
“En realidad, siempre estamos conscientes de que estamos litigando ante el tribunal del imperio. El imperio reside en todas las ramas de gobierno, no solo en las ramas políticas, el Congreso y Ejecutivo, sino también los tribunales.”, expresó en entrevista por separado el abogado del Frente, Rolando Emmanuelli Jiménez.
A la luz de la decisión, lo raro no es los intereses que hay detrás de todo lo que tiene que ver con la deuda de Puerto Rico, sino que en este caso lo que es sorprendente es la intensidad con la cual el asunto de los casos insulares, la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, interfiere con la aplicación del derecho, manifestó.
En esa línea, explicó que la opinión está fundada en términos generales en el principio de que el fin justifica los medios. Esto es así debido a que el proceso que llevó la JCF requería la aplicación de la doctrina del campo ocupado, que es la doctrina que establece la supremacía de la Constitución federal y de las leyes del Congreso sobre las leyes de los estados. Pero para que eso se dé, se tiene que aplicar una serie de requisitos y tiene que hacerse un balance jurídico. En este caso, desafortunadamente, el fundamento principal del tribunal para imponer el PAD y enmendar las leyes de retiro de las y los maestros es que el Congreso dispuso que PROMESA tenía que ajustar la deuda de Puerto Rico, y como ese era el objetivo, había que facilitar todo lo posible el proceso de llegar a ese resultado. “Y por eso los jueces no hacen un análisis riguroso de derecho sobre cuáles son los requisitos que tienen que darse para que aplique la doctrina de campo ocupado”.
Emmanuelli Jiménez explicó que, por ejemplo, el campo ocupado se da cuando el Congreso legisla sobre un tema y esa legislación conflige con la legislación de un estado porque ambas legislaciones aseguran lo mismo. “Aquí la ley Promesa no es una ley de pensiones, y ellos extienden la ley PROMESA para cubrir el campo de las pensiones con el PAD”.
En ese particular, denunció que la Junta lo que tiene es un bosquejo de lo que entiende debió ser la ley que aprobara Legislatura. Lo que hizo el tribunal fue validar el que la JCF haya legislado mediante un mero documento anejo al PAD. “Eso no es lo que estaba programado por PROMESA porque la ley PROMESA lo que dice es que la Legislatura es la que tiene que aprobar toda la ley habilitadora”, reclamó. El cambio a un nuevo sistema de retiro a base de un mero bosquejo, sin que nunca se haya aprobado una ley es incompatible con el poquito poder que le dio el Congreso con la ley PROMESA a la Legislatura de Puerto Rico, argumentó.
“El poco poder que tenía la Legislatura de hacer la ley habilitadora la Junta se lo arrebató. Ahí es que yo digo que el único fundamento por que el tribunal subsilenció (que no está expreso) es los poderes absolutos que le da los casos insulares al Congreso respecto a los territorios, porque no hay otro argumento jurídico. El Tribunal Apelativo, de golpe y porrazo, eliminó la constitución del ELA y las leyes de retiro de las y los maestras. Además de eso, las modificó como si fuera la Legislatura”.
Un vez más, insistió en que entiende que la decisión de Boston no es conforme a Derecho y que lo único que podía justificarlo es la imposición de cómo los Casos Insulares le permiten al Congreso hacer lo que quiera con Puerto Rico pues hay unas guías diferentes de campo ocupado.
El experto en casos de quiebra y la ley PROMESA comentó que en otros casos de deuda municipales en EE. UU. se han tocado los sistemas de pensiones, pero se ha hecho la ley habilitadora.
El licenciado Emmanuelli Jiménez recalcó que a su juicio lo único que puede justificar esa diferencia en el análisis del Tribunal son los Casos Insulares y las leyes omnímodas en el caso reciente de Vaello Madero. En ese sentido, en caso de apelación, uno de los planteamientos que se haría sería que la justificación de la decisión es incorrecta porque está fundada en el efecto de los Casos Insulares.
