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La solicitud de la agencia acreditadora Commision on Higher Education al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico para que presente evidencia de que cumple con el estándar VI de Planificación, Recursos y Mejoramiento Institucional no se refiere solo al presupuesto de este año, sino al presupuesto de los próximos cinco años.

Así lo aclaró la presidenta del capítulo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) de ese recinto, la doctora Ida Orta.  “Es una certificación del Gobierno. Eso quiere decir que la Junta de Control Fiscal  tiene que firmar la carta, el gobernador tiene que firmar esa carta y la Legislatura tiene que aprobar esa carta para que la agencia acreditadora nos crea que sí ese dinero va a venir”. De lo contrario, el recinto se enfrenta a perder su acreditación.

Mientras el RCM por sí solo necesita $116 millones como mínimo para funcionar y cumplir con los requisitos de la Middle States, el presupuesto asignado en el Plan de Ajuste de Deuda para todo el sistema de la UPR es de apenas $500 millones. De los $116 millones que requiere Ciencias Médicas, le recortaron $17 millones. El recorte de fondos ya tuvo como consecuencia la pérdida de la acreditación del Programa de Neurociencia en el 2019. Ese año, los 11 recintos de la UPR fueron advertidos de que podían perder la acreditación por  recursos insuficientes.

La doctora Orta responsabilizó por la situación, tanto de su recinto como el de toda la UPR, a la Junta de Gobierno de la UPR. “La Universidad de Puerto Rico no necesita una capitana, necesita una Junta de Gobierno que debe estar compuesta por personas que tengan unos intereses específicos en común: el desarrollo y mantenimiento de nuestra única y primera institución de educación universitaria”, declaró en clara alusión a la actual presidenta, doctora Ilka Ríos Reyes, y al resto de los miembros de la JG.

Orta denunció que en la presidencia de la UPR no ha habido la cabeza que le dé seguimiento a los señalamientos de la agencia acreditadora ni hay una estructura de seguimiento por la continua contratación de personas que “caen de paracaídas en el recinto y en todos los recintos, que no tienen ninguna idea de lo que es la UPR y llegan  por motivos políticos partidistas”. También censuró tanto la gestión de la actual presidenta de la JG y la de su antecesor, Jorge Haddock, quien en un principio sostenía que los recortes a la UPR eran manejables.

“Nuestra presidenta interina se quedó corta en la energía que tenía que meterle para exigir el presupuesto. Ninguna de las dos se preocupó porque no hay forma de que ese presupuesto se pueda balancear. Aquí la matemática básica de  nuestros legisladores se fue a juste”, expresó Orta en referencia a la presidenta interina de la UPR Mayra Olavarría Cruz y a Ríos Reyes.

La doctora Orta describió la situación tanto de Ciencias Médicas como el de toda la UPR como una muy fuerte, a la cual de manera indirecta se está exprimiendo para beneficio de las universidades privadas. “Aquí el espacio de acceso de la UPR lo han ido haciendo imposible, lo han eliminado como una alternativa viable para asegurarse que las privadas tengan su porción. Creo que es una visión equivocada del Gobierno”.

Aunque hizo la salvedad de que no quería pensar en la pérdida de la acreditación, comentó que en caso de que sucediera, el RCM tendría que garantizar a los estudiantes activos el traslado a otra institución para que terminen su preparación. El Recinto tendría que pagarle la matrícula a ese estudiante al costo de la institución que lo reciba. Trajo como ejemplo que el programa del cual es profesora,  Ciencias de Higiene Industrial, es el único en Puerto Rico y en todo el Caribe y que de perderse la acreditación, el lugar más próximo que ofrece esa especialidad es la universidad pública en Tampa, Florida. Añadió que ahora mismo a los seis residentes del Programa de Neurocirugía,  el RCM tiene que pagarles la matrícula y el salario en cada uno de los hospitales de las universidades en los que fueron admitidos, lo que asciende a tres y cuatro veces que lo que costaba en Puerto Rico.

La profesora Orta no dudó en afirmar que la situación que atraviesa la UPR es una intencional, ya que su presupuesto representa una vía de acceso más fácil para obtener el dinero para pagar a los bonistas.

Por su parte, la APPU también responsabilizó a la JG de la UPR, al Gobierno de Puerto Rico, tanto  la Rama Ejecutiva como la Legislativa, y a la Junta de Control Fiscal de ser  responsables directos de la posible pérdida de acreditación del RCM.

“El empeño abusivo e irrespetuoso en recortar fondos de manera indiscriminada por parte de la Junta de Control Fiscal a la UPR nos ha llevado a esta situación de crisis en nuestro Recinto de Ciencias Médicas. Ante ese ataque de la JCF, el Gobierno central en todas sus ramas no ha tenido la valentía ni el coraje de defender la UPR como servicio esencial en nuestro país. La Junta de Gobierno de la UPR y la alta gerencia de la institución han seguido tratando de insistir en la viabilidad de la Universidad ante una situación presupuestaria que es claramente insostenible” dijo Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la APPU.

El presidente indicó que le enviarían una comunicación al Gobernador Pierluisi, a la Legislatura y a la JCF solicitando reuniones para discutir la situación fiscal de la institución y buscar alternativas. “Le dejamos saber a todos los cuerpos rectores que han ido desmantelando la Universidad que necesitamos reunirnos con urgencia. Estamos en toda la disposición de sentarnos a discutir la defensa de nuestro recinto de enseñanza superior y su importancia como servicio esencial. Esperamos su pronta respuesta. La Universidad y el País lo necesita” expresó Rodríguez.

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Cuando la invasión a Ucrania llevaba algunos días escribí este breve texto vía Twitter: “Putin pensaba que la invasión sería como Praga ’68, pero se está pareciendo a Afganistán ‘79”. Ahora, cuando la guerra está a punto de cumplir un mes y todo indica que durará más tiempo, el mensaje del tuit adquiere mayor pertinencia.

¿Por qué las referencias “Praga ‘68” y “Afganistán ’79”? En 1968 las tropas de la Unión Soviética, bajo el manto del Pacto de Varsovia (la alianza militar que conformaban los estados del campo socialista del este de Europa) invadió Checoslovaquia para poner fin a un movimiento político que la prensa occidental había bautizado como la “Primavera de Praga”. Los tanques rodaron por las calles de la capital checa y el gobierno reformista de Alexander Dubcek cayó en cuestión de horas.

La experiencia en Afganistán fue muy distinta. En 1979 el ejército soviético intervino en ese país (entonces fronterizo) para apoyar un gobierno amigo que enfrentaba una fuerte oposición de inspiración islamista, armada y estimulada por Estados Unidos y Europa. El gobierno afgano se mantuvo tras la intervención, pero la oposición no fue derrotada. En cambio, la URSS se sumergió en una guerra de desgaste que duró una década, que es considerada como una de las causas del derrumbe que se concretó en 1991.

Cada experiencia histórica es distinta, pero lo que está sucediendo en Ucrania tiene parecidos a lo que ocurrió en Afganistán. El diseño que los rusos hicieron de su “operación militar” ha resultado muy diferente en la realidad. Tanto ellos como muchos observadores de afuera, esperaban que su superioridad armada se impusiera con rapidez y que en poco tiempo ocuparan en país, imponiendo un cambio de gobierno en Kiev. De ahí en adelante comenzaría un nuevo ciclo de “amistad ruso-ucraniana” que poco a poco sería aceptado por “Occidente”.

En lugar de ese “paseo”, parecido al de los tanques rodando por Praga, lo que se está desarrollando es la típica de guerra de “frentes” y “posiciones”, que avanza con lentitud dejando un costo terrible en vidas humanas, y multiplicando los efectos nocivos sobre la población civil. El ejército ucraniano ha resultado ser mucho más efectivo de lo esperado, desluciendo la superioridad que todos le daban a las fuerzas armadas rusas, y facilitando que la ayuda militar que ha recibido desde el oeste le permita alargar la guerra.

Ese desarrollo apunta hacia un escenario muy problemático para Rusia y también para Europa. En lugar de un proceso poco cruento, tras el cual era menos difícil “reconstruir la amistad”, Rusia se enfrenta a un conflicto costoso en vidas y recursos, tanto para ellos como para los ucranianos. Si eventualmente se impone, lo que seguirá será la típica ocupación militar de un país hostil, con millones de ciudadanos desplazados y una economía en ruinas, administrado por burócratas impuestos por el invasor. Ante ese cuadro, el reputado académico estadounidense Noam Chomsky decía el otro día que, ante una eventual ocupación de Ucrania por parte de Rusia, la experiencia afgana parecería “un picnic en el parque”.

La guerra larga también multiplica los peligros para el mundo. Al volverse más lenta la invasión, otros países Europa cercanos a Ucrania se han sentido obligados a intervenir, mientras la Unión Europea y Estados Unidos incrementan el envío de armamento, internacionalizando aún más el conflicto. Lo mismo hace China en el lado ruso. Desde Ucrania, el presidente Selenski continúa clamando por la intervención directa de las potencias occidentales, creando una “zona de exclusión aérea” que, en efecto, desencadenaría una tercera guerra mundial. Hasta ahora, Estados Unidos y Europa afortunadamente no le han hecho caso.

Mientras tanto, las sanciones económicas contra Rusia se intensifican y todo indica que a mediano plazo, si se mantienen, el efecto sería significativo. Mientras China hace tímidos intentos por auxiliar al amigo ruso (sin arriesgar mucho su mercado con Estados Unidos) otros países se unen a las sanciones. Ahora mismo se anunció que Australia prohibió la exportación de alúmina y otros minerales a Rusia, quitándole poco más de una quinta parte de las importaciones de esta materia prima.

Otras medidas, aparentemente inocuas, también tendrán su efecto. Por ejemplo, el fallo de la Corte Penal Internacional determinando que Rusia conduce una “agresión militar no provocada”, aunque no tiene efectos reales en el campo de batalla, sirve de justificación legal a las sanciones económicas, específicamente a la confiscación de activos rusos en bancos occidentales. Ahora los bancos de Londres y Suiza tienen un marco legal al cual referirse.

La prolongación del conflicto, además, alimenta posibilidades de “victoria” en uno u otro lado, alejando una salida negociada. La posibilidad de llegar a un acuerdo teniendo como centro una Ucrania neutral, al estilo de Austria, aún está sobre la mesa a pesar de que la UE y Estados Unidos, y la propia Ucrania, lo rechazaron previo a que se desatara la invasión. Al menos en este momento, nada indica que se pueda llegar a un acuerdo sobre esas bases.

Volviendo al parecido con Afganistán que apuntaba al inicio, hay, sin embargo, una gran diferencia dictada por la geografía que hace la situación más volátil y peligrosa. Aquella guerra se libró en las fronteras de Asia, mientras que la actual está casi en el centro de Europa. El otro día los misiles rusos sonaron con fuerza en la frontera con Polonia, un país de la UE que ha estado muy activo enviando armas a Ucrania. La posibilidad de una escalada sigue cerca.

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Para el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), José Luis Rivera Rivera, con el inicio del pago de la deuda (PAD) pública, el escenario financiero y social del país no está para celebraciones.

El 15 de marzo entró en vigor el PAD por el cual se tendrá que pagar $7,400 millones durante los próximos 40 años. A esto hay que añadirle el pago de unos $10,200 millones en efectivo que el 15 de marzo emitió el Gobierno a tenedores de bonos del Gobierno central, a deudas de participantes del Sistema de Retiro ($1,491 millones ) y a suplidores ($260 millones).

Rivera Rivera explicó a este semanario que el pago es una decisión que se está tomando; pero no es la solución para el país. Este considera que todavía hay mucho trabajo que queda por hacer. “Ahora es que nos estamos metiendo de lleno”, dijo en referencia a las consecuencias que acarrea.

Sobre el PAD le preocupa el contexto dentro del cual se adoptan las medidas austeras, que afectan  las partidas presupuestarias del Gobierno central para servicios sociales y el desarrollo económico. Este considera que tanto los servicios sociales como el desarrollo económico se van a ver mucho más comprometidos a un pago de una deuda que ya es controvertible.

Rivera Rivera trajo a la atención que, junto a la contracción económica en los últimos 15 años y otras situaciones sociales, el país también ha tenido una despoblación que podría agudizarse con las medidas de austeridad. “Nuestra  juventud se sigue yendo, no estamos invirtiendo en ella. Y por otro lado, los adultos mayores que tenían la expectativa de una mejor calidad de vida también están en un contexto no muy favorable para dar esta noticia como victoria. Son medidas que se toman; pero no es solución a largo plazo”. El presidente de la Asociación de Economistas apuntó que es necesario un plan social y económico para el futuro, que evidentemente no hay.

A la pregunta de qué le parecían las declaraciones del gobernador, de que tras entrar en vigor el PAD ahora el país está en una mejor posición que muchos estados y países como Costa Rica, Panamá y República Dominicana, Rivera Rivera comentó que no tenía esos datos a la mano, “pero sí puedo decir que cualquier país o jurisdicción que tuviese que lidiar con el nivel de deuda y quiebre general como está Puerto Rico no está en una situación favorable. No tiene sentido cantar victoria en esta parte del proceso, es una irresponsabilidad de parte nuestra que demuestra la incapacidad de gerencia que tiene el país.  Históricamente, no creo que todavía estemos en una posición para compararnos y reclamar que estemos en situación más favorable que otros lugares”.

El economista afirmó que el PAD es una reacción hacia una situación que el país ha estado confrontado por casi ya de dos décadas, de deuda sobre deuda y mala gerencia en la administración. “Ahora hacia el futuro, qué vamos hacer con nuestros recursos y calidad de vida. Para eso es necesario definir una estrategia clara que vaya en realidad a sacarnos del hoyo social, económico y financiero en que estamos. Para eso hace falta una buena gerencia y buenas políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida”, concluyó.

Expresó aun cuando podría sonar retórico, al hablar de desarrollo económico se está buscando mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en todos los niveles. Para ello hay que tener una dimensión clara de la importancia de la universidad pública del país y tener los recursos necesarios para rendir los servicios médicos a toda la población, así como los otros servicios generales. “Eso, al momento, no lo hay”.

El economista reclama que debe haber un llamado general para un esfuerzo conjunto no sectorial para la elaboración de un plan de desarrollo de país. “No puede ser un esfuerzo solo del Gobierno, de los industriales ni puede ser uno solo del ciudadano individual. Tiene que ser un esfuerzo multisectorial en conjunto”. Para él, siendo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) el pilar que se supone establece la política económica del país, este debe ser el catalizador, la base central para facilitar esos esfuerzos, pero sin duda, se necesita participación ciudadana de diferentes sectores a través de la isla.

A estos efectos, dio a conocer que la Asociación de Economistas se reunió con el secretario del DDEC, Manuel Cidre. Relató que en la reunión hubo un buen diálogo y que de parte del secretario hubo un reconocimiento de que no hay un plan de desarrollo económico, sino que lo que hay son unas  estrategias y prioridades que se han estado estableciendo. La organización fue bastante puntual en exponerle que Puerto Rico tiene una necesidad de visión clara, de que haya un esfuerzo multisectorial —no solo de ciertos sectores—, para que haya una agenda y unos esfuerzos cohesivos que dirijan certeramente el camino que debe emprender el país.

La AEPR además ha presentado memoriales explicativos ante el Senado, en los que han expuesto la necesidad de, como mínimo, reformar las llamadas leyes 20 y 22. También ha sido enfática en mostrar la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico. “Son dos conceptos muy distintos. Usted puede tener crecimiento económico sin tocar la calidad de vida, que es muy distinto a tener una estrategia clara entre ambas cosas”.

En torno a los esfuerzos de la Asociación, Rivera Rivera expresó: “Hemos estado en comunicación con distintos sectores económicos del país. Viendo el vacío de un plan de desarrollo económico, tenemos la intención de tomar el asunto en nuestras manos y trabajar desarrollando propuestas para llenar ese espacio”.