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Las trabajadoras y los trabajadores de la Corporación de Servicios Legales (CSL) se encuentran en su cuarta semana de  paro por la  intransigencia del patrono de sentarse a negociar después de levantarse de la mesa de negociación tras alegaciones de amenazas.

En entrevista con este semanario, la presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UAASL), licenciada Lorimir Couret Fuentes, dio a conocer que el  martes, 7de marzo, estuvieron cerca de llegar  a una estipulación que les  permitiera regresar a sus labores. No obstante,  cuando estaban  a punto de completar la negociación, el portavoz patronal, licenciado Pedro Buzó García, a través del mediador,  les indicó que se iban a levantar de la mesa de negociación porque  supuestamente hubo un acto de amenaza contra uno de los miembros del comité negociador del patrono.

El representante del patrono se negó informarle de qué se trataba la amenaza, ni cuándo ni cómo ocurrió. Simplemente, dijo que había pasado, y se levantaron de la mesa. La presidenta de la UAASL y portavoz del Comité Negociador describió la conducta de los abogados  patronales como “cosa que es totalmente improcedente; primero, porque uno nunca abandona la mesa de negociación; segundo, porque la realidad es que esas son unas acusaciones que carecen de base, no son especificas. Es más, en algún momento expresaron que ni siquiera radicaron una querella en la Policía. ¿De qué estamos hablando si es algo que amerita que te tengas que levantar de la mesa? Tiene que ser una razón de peso y tienes que poder autenticar”. El otro abogado patronal es Carlos Padilla Vélez.

Agregó que, por tanto, continúan en la calle y no saben cuándo se van a retomar las negociaciones. Al igual, los dos grupos de trabajadores, que acogen secretarias, mantenimiento y otros de la Unión Independiente de Servicios Legales (UITSL), se encuentran en huelga ya hace cuatro semanas.

Couret Fuentes relató que cuando se inició la negociación, hace cuatro años, la solicitud de la Unión fue que no hubiese cambios en el convenio, incluso en las cláusulas económicas, pero el patrono lo rechazó de plano y les indicó que quería  negociar todo desde cero como si no hubiese un convenio ni condiciones de trabajo ya negociadas. “Así que el primer escollo que encontramos fue que el patrono ni siquiera quería firmar el artículo uno, que es el reconocimiento de la unión, y no lo firmaron hasta tres años más tarde”.

Según alega Servicios Legales, el convenio le impide administrar y tiene demasiados derechos que hay que eliminar a nombre de la “agilidad y eficiencia”. “Eso de que es un impedimento para administrar es incorrecto porque Servicios Legales ha funcionado muy bien, existe hace 40 años y siempre ha tenido unión”.

La presidenta de la UAASL calificó de penoso el cambio de actitud de la gerencia de la Corporación. El director de la Junta de Directores es el licenciado Heriberto Quiñones Echevarría, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), y la directora  ejecutiva, la licenciada Hadassa Santini Colberg. Esta ha trabajado toda la vida en Servicios Legales y cuando asumió las riendas de la Corporación hubo un cambio radical en la forma en que se maneja la organización. De hecho, cuando Santini asumió la administración, inició con una cesantía de 32  trabajadores de personal de apoyo y estuvieron en riesgo ocho abogados, los cuales se lograron retener por concesiones de salarios. Además, las políticas institucionales son de eliminar secretarias, personal de apoyo muy importante para los abogados. Sin embargo, básicamente, ya no quedan. En el caso de los y las abogadas, de 93, hoy hay 65.

La presidenta de la UAASL expresó que la administración de Santini Colberg ha provocado que la situación laboral “se haya vuelto insostenible. No solo es el hecho de que no hay convenio, es que las condiciones y estilos dictatoriales de administración han creado un ambiente de trabajo hostil; han aumentado las tareas administrativas a los abogados —contestar teléfonos, archivar documentos—, lo que redunda en que se afecte el servicio al cliente”.

A Servicios Legales se le conoce como el “Bufete de los pobres”, ya que su fin es dar servicios a personas de bajos y escasos recursos. Couret Fuentes contó que a  raíz de los huracanes, los terremotos y la pandemia la gama de clientes se ha ampliado y personas que antes no hubiesen clasificado para servicios han advenido a niveles de pobreza, lo que ha hecho que sus servicios sean más importantes que nunca. “Realmente,  la base de nuestra clientela se ha ampliado, pero la plantilla de abogados se ha reducido. Eso implica más casos y más cantidad de trabajo con menos recursos. Vemos casi toda la gama de asuntos civiles, familia, desahucios, ejecuciones de hipotecas, alimentos, divorcio, maltrato de menores, laborales, etc. Nuestras prioridades se han ido expandiendo”.

Las  14 oficinas de la corporación alrededor de  la isla, se encuentran en paro, tanto los trabajadores legales como los de oficina.

A juicio de Couret Fuentes, la postura del patrono de pretender negociar desde cero un convenio considerado de avanzada representa un contrasentido ante lo que otros sectores de trabajadores piden, que sea la reforma laboral. En esa línea señaló que el patrono pretende bajar los días de vacaciones de 30 a 15, reducir los días por enfermedad, con una paga mínima, eliminar la cláusula que establece que en un estado de emergencia en que haya un cierre decretado por el gobierno no reciban salario.

Abundó que la gerencia no ha querido revelar información respecto al presupuesto; pero de la información que han podido obtener de la Legal Service Corporation, agencia federal que asigna los fondos a las oficinas estatales una vez el Congreso de Estados Unidos asigna los fondos, saben que a partir del 2016 las asignaciones han sido mayores, incluso han recibido fondos por la pandemia.

“Así que la corporación está relativamente estable. De hecho, una de las razones que da el patrono para no proveer ninguna información financiera es que no existe ningún tipo de problema presupuestario; por lo tanto, para la negociación no tienen que revelar la información económica, cosa que no había ocurrido antes porque siempre en las negociaciones se presentaba el presupuesto e incluso las uniones participaban de su proceso de aprobación. Ahora es totalmente confidencial y no se nos da acceso a las reuniones de la Junta de Directores, a pesar de que por reglamento, tanto federal como por la propia junta de directores, se supone que sean públicas”.

A la interrogante de si esa actitud patronal podría deberse a alguna intervención política, la licenciada Couret Fuentes expresó que sería especular, pero que sí podía decir que Servicios Legales, como  muchas otras organizaciones sin fines de lucro, se ha convertido en fuente para que ciertas personas se beneficien de altos salarios y de los fondos que ellos administran, y en el camino dejan de cumplir el propósito para el que fue fundado.

“Ahora mismo, Servicios Legales tiene una plantilla de gerenciales que sigue en aumento, plantilla que no da servicios directos. Los que damos servicios directos somos los unionados. La oficina central sigue engordando, contratando personal que no litiga, y ese es parte del problema. El enfoque es uno de administrar fondos más que realmente de dar servicio directo y hacer justicia a los que dan el servicio, que es la razón de ser de Servicios Legales”.