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Aumenta el peligro para las familias de perder su hogar

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), licenciada Adriana Godreau Aubert,califica de nefasto y redundante  el proyecto PS 760 presentado por la senadora del Partido Nuevo Progresista Nitza Morán Trinidad, que pretende “aclarar” que el término para apelar una sentencia de desahucio es cinco días, una vez sea final y firme.

La medida de la senadora se presenta en momentos en que Ayuda Legal —organización sin fines de lucro—  saca a la luz datos sobre la situación de desahucios en el país, como el que el 90 % de las personas que son demandadas por desahucio no tienen representación legal. Del 2021 al presente ALPR informó que  ha atendido 455 peticiones de personas solicitando  apoyo en temas de alquileres.

De manera constante la mayoría de estas personas informan no saber negociar un contrato de alquiler, no tener contratos escritos, que las rentas son irrazonables y que sufren violaciones de derecho a su intimidad y a no ser desalojados a la fuerza. Además, en el 2021 se presentaron 700 nuevas demandas de desahucio por impago, aun cuando se supone que exista una moratoria y asistencia por parte del Programa de Asistencia de Alquiler del Departamento de  Vivienda Pública. La mediana  de la renta de alquiler en el país es de $482.00 y el 45 % de las personas que alquilan invierten en renta más del 35 % de sus ingresos.

La licenciada Godreau Aubert denunció que mientras esta es la realidad, desde el 2011 las leyes de desahucio se han estado enmendando consecutivamente para hacer el proceso más expedito y más sumario. Eso lo que hace es que restringe el derecho de las personas a defenderse. Indicó que el proyecto presentado toma conocimiento de unos datos que no existen. En su exposición de motivos se dice que en muchos casos el arrendador ejerce una causa de acción luego de varios meses de no recibir el canon mensual, viéndose seriamente afectado porque no recibe ni el canon ni la hipoteca. “¿Dónde están esos datos, cuál es la base legal? ¿O aquí estamos legislado por intereses personales y de algunos grupos?”, cuestionó.

A  la luz de la situación sobre los desahucios, el  proyecto presentado por Morán Trinidad es nefasto además de redundante, considera Ayuda Legal. Godreau Aubert expresó que no está claro en la medida si se está hablando de la apelación o si lo que está diciendo es cinco días y se solicita la orden de lanzamiento ahí mismo, que es lo que le parece. Advirtió que hay otra disposición del Código de Procedimiento Civil que establece que el término del lanzamiento es de 20 días después de que la sentencia es final y firme. Agregó que los cinco días choca con otra legislación que, por ejemplo, activa al Departamento de la Vivienda y al Departamento de la Familia cuando hay menores. Más aun, es nefasto en términos de política pública.

Iniciativas de apoyo familiar

Para atender a estas familias, Ayuda Legal dio a conocer  el lanzamiento de dos nuevas herramientas para garantizar los alquileres dignos. Una, el Centro Digital para la Autodefensa (CDA), en la cual las personas que no puedan costear una representación legal podrán tomar documentos útiles para ejercer y defender sus derechos dentro y fuera de los tribunales. En esencia es una plataforma digital, accesible por teléfono celular o computadora, que permite a las familias identificar el tipo de problema legal que enfrentan, educarse y aprender a defenderse por sí mismas, al tiempo en que toman conciencia de que la crisis de vivienda es una colectiva. La herramienta está accesible en:

www.ayudalegalpuertorico.org/cda.

La otra es la creación del Panel en Defensa de Alquileres Dignos, dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago. Este panel, formado por profesionales licenciados en abogacía, ofrece acompañamiento legal sin costo para las personas que cualifiquen. Se dará prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia, inmigrantes y sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Aquellas personas que estén en un proceso de desahucio de su vivienda por impago pueden solicitar la asistencia legal del Panel llamando al 787-957-3106.

La licenciada Inamaris Kuilan anunció que formará parte del panel de asesoramiento legal junto a Godreau Aubert y Pamela Bernard Boigues. También que contarán con otros abogados que  ofrecerán su tiempo a través de una tarifa fija reducida o de la convalidación de horas pro bono. Ayuda Legal estima que se atenderán 200 familias de toda la isla durante el año, aunque los datos  indican que la regiones con más casos son, San Juan, Carolina y Bayamón.  Invitó a que los abogados interesados en participar escriban a probono@ayudalegalpr.org

La licenciada Kuilan comentó que, por lo regular, las familias desahuciadas se enfrentan a que no hay facilidad para encontrar otra vivienda. “Ahora mismo, esa es una de las situaciones graves que hay en el país, que no hay casas para vivir. No es solo el problema económico de que no pueden pagar sino que no pueden mudarse porque no hay propiedades para vivir. Los  arrendadores se están enfocando en alquileres a corto plazo, corporativos o que simplemente las viviendas no están accesibles en términos de precio. La gente no está encontrando casas para vivir”.

Dónde está el dinero para asistencia de alquiler

Y mientras aumenta el número de familias en peligro de perder su hogar, el Programa de Asistencia de Alquiler del Departamento de la Vivienda Pública solo ha gastado el 33 % de los $325 millones disponibles para ayudar a inquilinos con necesidades económicas debido a la pandemia, dio a conocer Ayuda Legal. La organización  hizo un llamado a la Administración a ampliar la campaña educativa sobre el programa, que cubre hasta 15 meses de renta y utilidades, así como a una ampliación del apoyo que priorice a grupos históricamente vulnerables, como adultos mayores, inmigrantes y personas con diversidad funcional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honor y gratitud a una patriota consecuente 

La compañera Gloria Gerena, madre del patriota Víctor Gerena, y consecuente luchadora por la independencia y los derechos plenos del pueblo puertorriqueño, falleció recientemente en Hartford, Connecticut.
La vida de Gloria fue un ejemplo de lucha y patriotismo desinteresado y solidario. Con compromiso y amor genuino acogió y protegió a muchas víctimas de la persecución política y la injusticia. Su casa fue centro de distribución de nuestro periódico CLARIDAD, en Hartford y pueblos vecinos, donde la diáspora boricua se organizó para luchar por sus derechos y la independencia de nuestra patria.
Desde la Junta Directiva y el Colectivo de CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, expresamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados en Puerto Rico y la diáspora, y reconocemos y agradecemos el respaldo incondicional que siempre le dio a nuestro periódico y su ejemplo de vida con propósito.
¡Hasta siempre compañera!

El perfume de las adelfas

 

 

 

Un hombre robusto en guayabera de lino abre la puerta. No me cede el paso. Por lo contrario, me mira fijamente y pregunta.

¿Y usted quién es?

–Tengo un asunto por despachar con el licenciado. Me citó a las nueve.

–Faltan quince minutos.

–¿Eso es un reproche o un elogio?

–Siéntese cómodo. El licenciado tiene que despachar conmigo primero.

Me indica una esquina del sofá.  Se deja caer en la opuesta. Escucho voces provenientes de una dependencia a la que se accede por un portal con medio punto y dos puertas de cantina.

En un tono mas extendido me pregunta de que trata mi asunto con el licenciado.

–Le entregué un carro hace dos semanas para que lo probara. Vine a recoger las llaves o, en el mejor de los casos, firmar la compraventa.

–No creo que el licenciado este interesado en probar automóviles por buen tiempo. Creo que le espera un barca con remero, si acaso.

–¿Lo asesinaron?

Me mira atentamente y se endereza en su esquina.

¿Qué le hace pensar semejante barbaridad?

–Usted tiene en la mano un azimuto y una libreta cuadriculada.

–¿Fue policía?

–En el Ejército, en Alemania. Sargento primero del CID con la unidad del preboste.

–Y ahora vende automóviles…

–Gano igual que cuatro policías al mes.

Alguien, desde la cocina, dispara una foto con flash.

–Igual puede estar posando para una retrato de familia, añade.

Me explica en voz baja que el médico de cabecera esta allí finiquitando el tramite

–Tenía el corazón débil, hidropesía, que es una enfermedad fatal. La mujer no se ve muy atribulada. Dice que el difunto tenía dispepsia y ella tenía por costumbre servirle un vaso de sal de uvas Picot. A la media hora se tomaba una malta danesa Tuborg con un huevo crudo batido y turbinado.

Recorrí la sala con la vista. Cerca de un barcalounger en una mesita con ruedas ví dos botellas de Teacher´s, una sin desensetar y la otra a la mitad. No había surtidor de seltzer por ninguna parte. Parece que al difunto le gustaba beber sin condón, neat como dicen los americanos.

–El fiscal ya firmo la orden del levantamiento pero hay algo que no me cuadra. El arma de fuego en la escena que, según la señora, se disparó cuando sufrió el infarto, usted sabe en el paroxismo de la muerte. El solía limpiarla, el arma, se entiende, en la mesa de la cocina lo cual es una porquería. Figúrese, donde uno desayuna…

¿pero esta descargada?

–Alineó cinco balas en la mesa para calmarla porque siempre que limpiaba el arma se ponía nerviosa.

–Por la pulcritud no será. Aquí hay capas de polvo acumuladas desde el año pasado. Mire esas ventanas y el tope de la radio.

Hace silencio por un lapso breve. Da un manotazo y se incorpora.

–Venga voy a hablar con ella a ver si da con las llaves.

Lo sigo,  maletín en mano. Me detengo a la entrada de la cocina, él adelanta y ella le sigue.

–Usted es el del Chevrolet, vino a buscarlo.

–Si señora, si tiene la bondad y me consigue las llaves.

–Vengo ahora, voy a su despacho.

La mujer da la vuelta y camina corredor abajo. Es una casa larga con una dependencia soleada al fondo por donde entra la brisa hecha ventolera hoy.

¿Satisfecho?

El sargento asiente.

–O no se conocen o ella es mejor actriz que Dolores del Rio. Que tiene el chassis para eso, y la carita.

–El baúl también.

–Respete a la viuda.

–No me joda, sargento. Oiga, y el difunto ¿dejó mucho?

–Sospecho que lo dejó todo.

–En la vida todo falta y el la muerte todo sobra…

–Eso es de la Biblia.

–Quevedo. Mejor y mas claro.

–Ese fue el de las ´cuatro blancas nalgas ví…

–Ese mismo, contesté.

Me cayó bien el sargento. Suele pasar entre policías. Brotan unas simpatías no importa de cual latitud procedan los concitados. Un policía es eso, alguien que aclara extremos turbios y busca la verdad, en Japón, Berlín, Moscú y la Habana. Cambia el pito y el idioma y el largo de la macana pero en el fondo son la misma cosa.

Los foto técnicos se marcharon. El más viejo le dijo al sargento que el difunto, en tren de muerte, hizo el disparo desde el piso. Tenia residuos de pólvora en el batín pero no en la mano. Explicó que ese tipo de revolver sellaba la recámara con el canon impidiendo la salida de gases y residuos de pólvora hacia el brazo. Ella nunca tocó el arma.

–De esta dejo de tomar sal de uvas Picot, dijo Gaetán.

Llegó a la casa un tal Chago, el chofer de la ambulancia. Se conocían el sargento y él. Venía con un ayudante.

¿Qué tienes Gaetán?

–Un difunto. Ahí está el doctor.

–Pues lo siento, Gaetán pero la ambulancia es para los vivos. No transporto muertos y tu lo sabes.

–Si se me permite terciar, dijo el doctor.

–…sería deseable que este señor saliera de su casa con la dignidad que merece.

–Llamen a la fúnebre. Es violar la ley. La ambulancia no es una carretilla. Vámonos, flaco.

–Qué hombrecito temerario, dijo el médico,

El fiscal no terció en la discusión. Se notaba aburrido y fumaba un cigarrillo usando un platillo como cenicero.

Había yo permanecido a la entrada de la cocina. Vi la escena e imaginé el postrer pataleo del difunto. Estaba tumbado de costado a una pared, la norte, de la casa, culo al fregadero en la pared opuesta. El sargento estaba recostado de una ventana cerca de la nevera. Tomaba apuntes en una libreta. Entonces me fijé hacia el revólver, un Nagant soviético, seguramente un souvenir de la guerra, que descansaba en la mano derecha del muerto, índice sobre gatillo.

El fiscal se aproximó, se puso en cuclillas y ensayó removerlo. Mire hacia la mesa y vi las cinco balas. El medico guardaba el estetoscopio en su maletín. La mano del fiscal adelantaba hacia el arma.

Alcé la voz hacia el sargento que estaba en la línea de fuego.

–Cuidado sargento, está cargado.

El fiscal reparó en mí. Gaetán contestó.

–Ya disparó la sexta bala, no hay que temer, dijo un poco confundido, cambiando el foco de su mirada hacia mi persona.

–Es que ese es un modelo ruso que carga siete balas. Falta una.

–El siempre dejaba un hueco vacío, dijo el fiscal en un susurro que se oyó claramente ante el silencio de los presentes por la nueva tensión añadida. Inexplicablemente, haló hacia atrás el percutor para sacar el dedo del difunto de sobre el gatillo.

Cuando trató de retornar el martillo a su posición el percutor éste se zafó del agarre del pulgar y cayó sobre la última bala. La detonación retumbo en la cocina.

Gaetán cayo muerto de un balazo en el ojo derecho.

Oi pasos ligeros alejándose por el pasillo. Era la señora alejándose de cualquier nuevo peligro.

El medico sufrió un sobresalto. Dejó caer su maletín y de dos zancadas examino la herida. Crispó los labios por la cólera. Balazo fatal.

–Usted es un imbécil. Mire lo que ha hecho, gritó fuera de sus casillas.

Al disparo, el camillero y el flaco regresaron a las prisas. Vieron a Gaetán, yacente.

–Coño, en esta casa se muere la gente seguidito. Fiscal, llame al municipal para que envíen el fúnebre de dos plazas.

––So mequetrefe. No me dé órdenes, le gritó el fiscal.

Caminó hasta el teléfono arma en mano.  Llamó a homicidios y le comunicaron con el teniente. Regresó a la cocina y el médico pasó a la sala. La señora  regreso a la sala un poco más compuesta, se había lavado la cara. Ninguno de los tres pronunciamos palabra.

Aguardamos en un estrujante compás de espera.

El fiscal regresó a la sala desarmado. De pie, se dirigió a nosotros.

–Usted no estaba en la cocina cuando esto pasó, se había retirado. Es decir eso o la acuso de matar a su marido por envenenamiento.

–¿Con sal de Uvas Picot?

–Algo encontrarán en Forense que no debe estar ahí.

–Whiskey, que parece que le daba duro. Comenté.

–Usted, a ver ¿Qué trae en ese maletín?

–Nada que le importe a usted.

–Puede ser un pago a la señora por matar al licenciado.

–¿Pero que pasa aquí? preguntó el médico. Esto que hace es totalmente inaceptable.

–Cállese que tiene dos abortos en las costillas. Se puede abrir una pequisa. Esto es para orientar la línea de lo que van a decir en los interrogatorios.

–Esto es ilegal y usted no tiene la autoridad para hacerlo, le dije.

–Yo soy el fiscal y eso es lo que hago, interrogar.

–Dejó el cargo cuando mató a Gaetán .

–Fue un accidente y eso todos lo saben. Pero, a ver, abra el maletín.

–El  maletin…necesita una orden del juez para eso. Y probar que es material al caso del difunto licenciado. Me parece que está usted buscando dinero.

–Tengo un juez en el bolsillo, dijo y mostró una pistola calibre .45.

–No empeore más las cosas. Esperemos al teniente.

La voz le temblaba. Sabía que había dinero, modo de apropiárselo y chantaje para obligar al silencio. Había premura también, Arreciaba el Aguacero aunque era cerca de las once y no se esperaba la tormenta hasta entrada la noche.

Regreso a la cocina y trajo en frasco de Sal de Uvas. Había perdido la cordura. En la diestra traía la pistola. Los dos que estaban sentados a mis extremos se recogieron hacia la esquina, temiendo que abriera fuego.

Tan pronto había entrado a la cocina extraje precavidamente mi Colt Bodyguard y lo oculté detras el maletín en mi falda. El fiscal cometió la torpeza de hacerme señas, de conminarle a que le entregara el maletín con la mano que portaba la pistola.

Cuando la bajó a un ángulo de  45 grados en la relación con el piso, le metí el balazo entre los ojos. El salteado de sesos cayó sobre el mantelito de battemberg que cubría la radio.

Atónitos, los presentes me miraron.

–Qué fatalidad, qué lío, balbuceó el médico.

–Esto se jodió, musitó la señora.

Inmediatamente llego el teniente con los dos agentes y los de fotos y huellas que habían estado anteriormente se desataron poderosas manifestaciones de tribulación y duelo. El teniente ordenó a un agente a tomar fotos y cuadricular la escena. Al segundo lo dejo custodiando al médico y a la señora.

Tres muertos entre sala y cocina en el lapso de una mañana tormentosa le da jaquecas a cualquiera y más con una tormenta que se avecinaba. Corroborado todo el teniente llamó al otro fiscal de turno. Nadie menciono al funcionario yacente en el contexto luctuoso. El teniente me interrogó en privado y le conté todo incluyendo el ensayo del fiscal de pretender orientar nuestras respuestas. Aguarde en los que corroboraba privadamente con los dos restantes.

Llegó el cargamuertos del municipal y se llevaron a Gaetán y al fiscal. El teniente le dijo a la señora que llamase a una funeraria para que dispusiera de los restos del licenciado. Me pidió que la acompañara de no ser que tuviera algo más importante que hacer.

Dije que sí, hay caridades a las que uno no puede negarse.

 Editorial: Mano de obra barata nunca más 

Protesta de meseros por un mejor salario. Foto: Axel Torres

 

Tanto en el gobierno como en la empresa privada, las y los trabajadores puertorriqueños han sido vistos y tratados siempre como «mano de obra barata». De hecho, el concepto de que en Puerto Rico lo hacemos mejor por menor paga ha sido un prolongado mantra de los gobiernos coloniales, como anzuelo para estimular la inversión privada en la economía y crear empleos en el minúsculo espacio que les permite nuestra subordinación colonial a la metrópolis estadounidense.

En el siglo pasado, luego de la explotación brutal de los trabajadores agrícolas y su emigración forzada a Estados Unidos en los tiempos muertos, y de que el proyecto de la industria de la aguja convirtiera a nuestras mujeres en jornaleras durante 12 horas cada día, la enorme lucha desarrollada por ellas y ellos por mejorar sus salarios y condiciones laborales obligó a los entonces gobernadores norteamericanos y luego a los gobiernos coloniales del patio a buscar alternativas con qué contrarrestar la aguerrida militancia de nuestros obreros y obreras.

Fueron los tiempos álgidos de las huelgas cañeras de las décadas de los años 30 y 40, y de la creación y desarrollo de la Federación Libre del Trabajo, que agrupaba a las más de 100,000 mujeres que en la década de los años 30 laboraban como costureras y bordadoras en las fábricas y desde sus casas. Fueron los años de la Confederación General de Trabajadores, la gran sombrilla sindical que nació en el 1940 y se convirtió en una gran fuerza de lucha por los derechos de las trabajadoras y  trabajadores puertorriqueños.

Con el inicio de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, nuestros trabajadores y trabajadoras sufrieron nuevos cambios en el paradigma laboral en Puerto Rico, esta vez anclado en la estrategia diseñada en el Congreso de Estados Unidos para promover que grandes corporaciones estadounidenses operaran en Puerto Rico, a cambio de un generoso incentivo contributivo en Estados Unidos. Esta fue la llamada Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, a través de la cual se montó una plataforma industrial que requirió de mucha mano de obra puertorriqueña, altamente educada y adiestrada y con salarios más altos que en el pasado, aunque siempre ganando menos que lo que ganarían trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo.

Esta etapa terminó en 1996, cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó dicha sección, con el aval entusiasta del gobierno colonial de turno de Pedro Rossello y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Aunque las industrias bajo la 936 crearon una cantidad considerable de empleos, esa sola estrategia no fue suficiente para las necesidades y demanda por trabajo en Puerto Rico.

Así se comenzó a inflar la nómina en las ramas y agencias del Gobierno de Puerto Rico, convirtiéndose este en el principal empleador del País, generador de los monstruos que ahora son, el Departamento de Educación, el de Salud, el de la Familia y los de Seguridad Pública, entre muchas otras dependencias gubernamentales.

En 2005, cuando el periodo de transición de la 936 expiró, ni el Congreso de Estados Unidos ni el gobierno de Puerto Rico tenían un plan de desarrollo económico alternativo para Puerto Rico.

De ahí en adelante, nuestro país y nuestra clase trabajadora, tanto en el gobierno como en la empresa privada, han estado a la deriva, percibiendo salarios muy por debajo de los deberes que se les requiere, perdiendo derechos y beneficios adquiridos, sus organizaciones sindicales y uniones atacadas desde diversos flancos y debilitadas, hasta llegar nuestra clase trabajadora  a la situación precaria y empobrecida en que se encuentra hoy.

La crisis de la quiebra y la deuda del Gobierno de Puerto Rico, la sucesión de desastres naturales y la pandemia del Covid- 19, junto a la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal por el Gobierno de Estados Unidos, y las políticas inhumanas y anti trabajador del capitalismo salvaje que arropa al mundo, han disparado la emigración de jóvenes en edad productiva hacia Estados Unidos,  y han hecho estragos en el nivel y calidad de vida, en la autoestima y la motivación de los trabajadores y trabajadoras que se han quedado cumpliendo con su deber en el  gobierno y la empresa privada. En Puerto Rico, el salario mínimo por ley no llega  aún a $10, los salarios en el empleo público no aumentan hace más de una década, el pago de la deuda los ha dejado sin un retiro digno, y muchos deben tener dos trabajos para poder sostener a sus familias. A los trabajadores de la empresa privada se les despojó por ley de casi todos sus beneficios. Esto, junto al galopante aumento en el costo de vida, que se ha disparado tras la pandemia, conforma el cóctel explosivo que ha obligado a nuestros trabajadores y trabajadoras a tomar las calles y exigir respeto, trato digno y justicia salarial y laboral.

Enfurece, sobre todo, que mientras nuestros trabajadores y trabajadoras de primera línea reciben este trato indigno, hay miles de atornillados de «confianza», «batatas» y contratistas de todo tipo desbordando las agencias públicas y cobrando jugosos salarios y contratos millonarios por su cercanía y contribuciones a los candidatos de los partidos políticos Nuevo Progresista (PNP) y Popular ( PPD), que se han turnado el gobierno en Puerto Rico durante más de 60 años. Otro ejemplo es el engendro del Congreso, la Junta de Control Fiscal, que acabará por costarle a nuestro pueblo $1mil millones, al cabo de su término en nuestro país.

Los trabajadores verdaderos, los que dispensan los servicios públicos esenciales al pueblo de Puerto Rico, o los que, desde la empresa privada, hacen las labores que sus jefes o dueños nunca harían, son quienes sostienen el andamiaje de lo que queda de buen servicio en el gobierno y la empresa privada en Puerto Rico. Por eso, es indispensable que todo nuestro pueblo respalde sus reclamos de justicia laboral y que nunca más se permita que se les trate como «mano de obra barata.»

 

 

La batalla por nuestras playas

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Ni los presidentes legislativos ni el gobernador han reaccionado a la carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, en la que les ponen  al tanto de las barreras sobre terrenos de dominio público erigidas por la empresa Dorado Beach que prohíbe e impide el paso al público a las playas de Dorado Beach.

En la carta enviada el 8 de febrero al presidente del Senado, José L Dalmau Santiago, al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, se informa a los tres funcionarios sobre una visita al sector (el 1 de febrero) en la cual tuvieron que trepar por rocas y meterse en el mar para poder  llegar al área de la playa.  En el intento de su incursión el jefe de seguridad de Dorado Beach, Pedro Rosario les impidió el paso y les dijo que si no eran huéspedes o propietarios no podían estar en la playa.  La situación fue denunciada en primera instancia por el grupo Brigada Legal Socialista junto a ACLU.

Este sábado 12 de febrero cientos de puertorriqueños en reclamo de hacer valer que las playas son públicas se movilizó a la playa y confrontaron los mismos impedimentos de la presencia de guardias privados armados y las barreras físicas levantas por el Dorado Beach. El Director Legal de ACLU, licenciado Fermín Arraiza Navas, confirmó a CLARIDAD que además de haber guardias privados en el área, el hotel Dorado Beach estaba resguardado por un contingente de la Policía Estatal.

De acuerdo con Arraiza Navas, la gerencia de Dorado Beach es la responsable de crear una servidumbre de paso para que el público pueda tener acceso al área de la playa. Aunque hasta el momento no se ha radicado ninguna acción legal, considera que el caso está maduro para presentar una tanto contra el privatizador como contra la agencia de gobierno concerniente.

En la carta de ACLU al Ejecutivo y a los presidentes Legislativos se advierte de que: “las barreras creadas por la gerencia del hotel  sobre bienes de dominio público y zona marítimo terrestre(ZMT) ha contado por décadas con el consentimiento tácito y/o expreso del Gobierno de Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La ACLU reclama al Ejecutivo y al Legislativo que ha llegado el momento de tomar acción contra estas prácticas, las cuales califica de indeseables. Exhorta además a que haya inspección ocular del lugar, a delimitar la ZMT, que permita una servidumbre de acceso para el pueblo a las playas, que son públicas, y a decretar la nulidad de cualquier permiso otorgado a la entidad privada. “Una acción dirigida en esta dirección evitará reclamaciones judiciales con los altos costos y peritaje que una acción como esta conlleva”.

La misiva de ACLU está firmada por Arraiza Navas, por el director ejecutivo William Ramírez Hernández y por la abogada de Asuntos Legislativos, Mayte Bayolo Alonso.