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La guerra de Ucrania ya ha comenzado en el periodismo

 

Por Pascual Serrano

 

Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, una frase atribuida al senador estadounidense Hiram Johnson en 1917, pero hace mucho que ya sabemos que no hace falta empezar una guerra para que la verdad termine sacrificada.

Eso sí, cuando suenan los tambores, la desinformación sube en decibelios. Ya lo vimos en anteriores conflictos: Afganistán para buscar a un Bin Laden que no estaba en ese país, Iraq y armas de destrucción masiva que no existían, “rebeldes y libertadores” en Siria y Libia que resultaron ser terroristas islámicos, serbios a los que se les bombardeó por el delito de “invadir” su propio país…

Ahora toca Ucrania y Rusia. Desde Occidente se suele recurrir con frecuencia a denunciar la censura que existe en Rusia, a sus campañas de desinformación, a las mentiras constantes de su gobierno. La pregunta sería si de verdad desde este lado podemos estar seguros de disponer de todas las versiones, todas las fuentes, de contar con la suficiente pluralidad. Si todo lo que dicen los gobernantes occidentales es cierto y si se nos puede privar de la versión rusa, independientemente de que pueda ser veraz o no.

Uno de los formatos de desinformación es aceptar como válida la información oficial de una de las partes. El constante discurso de desautorización de la credibilidad del otro, Rusia, va acompañado de la imposición de que el de esta parte es obligatoriamente veraz. Veamos un ejemplo.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, acusó el pasado 3 de febrero en una rueda de prensa a Rusia de estar preparando videos de ataques falsos de Ucrania, con falsas explosiones y cadáveres, actores que se hacen pasar por heridos, con imágenes de equipamientos e infraestructuras destruidas que serían solo decorados. Todo ello, según él, estaría elaborado por la inteligencia rusa.

La mayoría de los periodistas se limitaron a tomar nota con la intención de dar por válidas esas acusaciones. Pero el periodista de Associated Press Matt Lee le preguntó qué pruebas tenía de que Rusia estaba preparando eso. La respuesta que recibió es que se trataba de información de inteligencia desclasificada que tenía el gobierno estadounidense. El periodista le insistía en que dónde estaba esa información, y el portavoz dijo que la información eran sus declaraciones.

Curiosamente lo que supuestamente iba a hacer la inteligencia rusa era montar una mentira con un video falso (que no había aparecido todavía) y lo que hacía la inteligencia estadounidense era contar una verdad sobre algo que no habían hecho todavía los rusos. Los periodistas debían mostrar un acto de fe considerando mentiroso al gobierno ruso porque manipulaba con sus agentes de inteligencia, y veraz al gobierno de Estados Unidos porque, contrariamente, se remitía a sus agentes estadounidenses como prueba de verdades.

The US government is no longer using the word ‘imminent’ in its narrative around the alleged Russian ‘invasion’ of Ukraine, White House spokeswoman Jen Psaki told reporters, on Wednesday, explaining that it was sending an unintended message.https://t.co/KLMz1mMN3o

— Bryan MacDonald (@27khv) February 2, 2022

Veamos otro caso en el que se acepta sin rechistar el discurso estadounidense. A finales de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, difundía la noticia de que la invasión de Ucrania por Rusia era “inminente”, sin aportar ningún dato o prueba que justificara esa información. Los medios se limitaban a replicar acríticamente sus palabras. Días antes lo habían afirmado también los conservadores del Reino Unido.

Ucrania pidió calma y protestó por lo negativo sobre su economía que suponía ese alarmismo. Entonces, la propia Psaki, el 2 de febrero, dijo que ya no era “inminente”. De modo que la mayoría de los medios de comunicación pasaron de “informar” de una invasión “inminente” a “no inminente” utilizando como único elemento lo que decía la Casa Blanca.

Por supuesto, las constantes afirmaciones del gobierno de Rusia de que no tenía intención de invadir Ucrania son ignoradas. Los medios seguían insistiendo en que Rusia va a invadir un país de cuarenta millones de habitantes, tan extenso como toda la península ibérica (España y Portugal) y con una economía arruinada.

El machaque mediático de que Rusia invade lleva dos meses y medio. El 3 de diciembre, el periódico alemán Bild informaba con detalle de la supuesta invasión. “Así es como Putin podría destruir Ucrania”, titulaban. Y para sus sumarios: “Bild ha conocido los  detalles sobre los planes de invasión a través de información procedente de la OTAN y los círculos de inteligencia”, “175 000 soldados rusos podrían invadir”. Comenzaba así el reportaje, donde se incluía toda una cronología y mapas de acciones militares, según los cuáles la invasión en estas fechas ya debería estar en marcha:

“Según la investigación de BILD, los ‘planes máximos’ de Rusia para una guerra contra Ucrania se conocen desde mediados de octubre. El servicio de inteligencia exterior de EE. UU., la CIA, los interceptó de las comunicaciones militares rusas y primero informó a su propio gobierno, que informó a la OTAN en noviembre”.

Como en febrero nada de lo que había anunciado que sucedería en enero era realidad, volvieron a repetirlo: “Pseudo-parlamento y campos de internamiento. El plan golpista de Putin para Ucrania” (5 de febrero).

¡Detalles explosivos sobre la planeada invasión rusa de Ucrania!

El ataque ruso a Ucrania aún no ha comenzado, pero los servicios secretos ya tienen información sobre el tiempo posterior a la gran guerra y el cruel régimen títere que el Kremlin quiere establecer en Ucrania.

Un servicio de inteligencia extranjero ha recopilado detalles de los “planes de posguerra” rusos en Ucrania, que actualmente se están discutiendo en los círculos militares rusos. Se creó un informe secreto a partir del conocimiento adquirido por el servicio de inteligencia. ¡BILD lo conoce!

Solo había una forma de llegar más lejos que anunciar una inminente invasión, y era decir que ya se había invadido. El 4 de febrero el portal estadounidense de noticias financieras Bloomberg, directamente publicaba el titular “Rusia invade Ucrania”. Lo retiraron a los 30 minutos y al día siguiente dijeron que fue un error.

“Preparamos titulares para muchos escenarios y el titular “Rusia invade Ucrania” fue publicado inadvertidamente alrededor de las 4 de la tarde (hora del este) de hoy en nuestro sitio web”, afirmaron.

De nada sirve manipular y mentir desde una parte del conflicto si no logras silenciar al otro para que solo quede tu versión. Es decir, había que silenciar la voz rusa. El 2 de febrero la autoridad de radiodifusión alemana anunciaba que prohibía la misión en alemán de la cadena estatal Rusia Today (RT DE) argumentando que carecía de la licencia correspondiente y que su contenido era propaganda del Kremlin.

El conflicto venía de antes. El canal RT DE fue lanzado el 16 de diciembre pasado, pero el mismo día YouTube ya lo bloqueó. Al día siguiente el regulador de medios de comunicación de Alemania (MABB) anunció el inicio de una investigación contra el canal, con el argumento de que había empezado a operar sin licencia. A finales de diciembre, el MABB obligó al operador del satélite de telecomunicaciones europeo Eutelsat 9B a cancelar la señal de RT, según denunció la televisión rusa.

Como represalia, el 3 de febrero Moscú cierra la corresponsalía de Deutsche Welle, la radiotelevisión pública alemana, además se prohíbe la transmisión por satélite y de otro tipo de esta compañía de radio y televisión en su territorio. El Ministerio de Exteriores ruso también anuló la acreditación de todos los empleados de la oficina rusa de Deutsche Welle. Todo ello, según el gobierno ruso como respuesta a las “acciones poco amistosas de Alemania de prohibir la transmisión por satélite y de otro tipo de la cadena en alemán del canal RT DE”.

No es este el único obstáculo que se le está poniendo a la versión rusa del conflicto.

El 2 de febrero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, imponía sanciones a varias cadenas de televisión de su país (112.Ukraina, NewsOne y ZIK) por su línea crítica contra el gobierno.

También a inicios de febrero YouTube cerraba los canales de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania y afines a Rusia. Entre los canales afectados se encontraba el del Ministerio de Información de la República Popular de Donetsk, así como el de la agencia oficial de las autoridades de Lugansk, Luganskinformtsentr, su ente público de radiodifusión GTRK, y el servicio de prensa de la administración de sus fuerzas armadas.

El editor jefe de la agencia oficial de Lugansk, Sergei Meshkovi, denunció la suspensión de estos canales “sin avisos o notificaciones previas”. Para los periodistas de GTRK, según recogía Europa Press, el bloqueo es una “provocación y un intento de los servicios de inteligencia ucranianos, británicos y estadounidenses de silenciar la voz en (la región de) Donbás ante el ataque de gobiernos armados occidentales y entrenados por instructores de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y grupos de mercenarios extranjeros”.

Curiosamente ese cierre se producía menos de 24 horas después de que Estados Unidos afirmara, como he dicho al principio, que Rusia pretendía difundir un video falsificado con un montaje sobre un ataque ucraniano. No solamente no apareció nunca ese falso video ruso, sino que se prohibieron la difusión en Youtube de todos los videos pro rusos de Ucrania del Este.

Probablemente los ciudadanos rusos no dispongan de suficiente pluralidad informativa en su país, lo que es evidente es que ni los gobiernos occidentales de esta parte ni los ciudadanos estamos en condiciones de afirmar que tenemos acceso a la necesaria pluralidad para poder conocer todos los puntos de vista ni todos los hechos.

Eso supone que nuestros gobiernos, y muchos de los medios occidentales, han perdido toda legitimidad para denunciar la censura y la desinformación del gobierno ruso si aquí no se está garantizando la libertad de expresión, una libertad de expresión que debe incluir conocer la versión rusa del conflicto.

Reproducido de www.cubadebate.cu

 

 

Mirada al País: El legado de Natalie Jaresko

 

Especial para CLARIDAD

Ahora que la despedida de Natalie Jaresko tiene fecha, es buen momento para pasar revista sobre su desempeño en esta maltratada tierra. Hay que decir que, juzgada a partir de sus objetivos, su gestión ha sido un éxito. Recordemos que, a diferencia de las ilusiones de algunos, la Junta de Control Fiscal no vino a “enderezar” o “limpiar” el gobierno ni a eliminar la corrupción ni a poner a Puerto Rico en el camino de la recuperación social y económica. Vino a reestructurar la deuda de Puerto Rico en términos tan favorables a los bonistas como se pudiera. Y Jaresko puede decir con orgullo que ha servido bien a los bonistas, aunque algunos de ellos (su voracidad no tiene límite) todavía se quejen.

Recordemos que el único estudio de sostenibilidad de la deuda, realizado por tres economistas encabezados por Joseph E. Stiglitz, determinó que para que el gobierno Puerto Rico pudiera cumplir con el deber de proveer servicios esenciales y recuperar el crecimiento económico, su deuda de $72 mil millones debía reducirse en 80% a cerca de $14.4 mil millones. Los pagos anuales no debían ser más de $600 millones. Este estimado se realizó antes del impacto del huracán María, de los terremotos del sur y de la pandemia del COVID-19. ¿Qué se debió hacer entonces? Se debió auditar la deuda y anulado la parte ilegal, inconstitucional o corrupta. Lo que quedara se hubiese tenido que renegociar hasta que se redujera a un nivel sostenible. Pero esto no fue lo que se hizo: la Junta y su directora ejecutiva vinieron precisamente a evitar que eso o algo de eso se hiciera.

Primero vino la renegociación de la deuda de COFINA. En ese caso, la Junta y Jaresko negociaron una reducción de la deuda de $17.6 mil millones a $12 mil millones, es decir, una reducción de 32%. Incluso algunos de los diseñadores de PROMESA, como Antonio Weiss criticaron el acuerdo como inadecuado. Los $12 mil millones ya casi cubrían los $14 mil millones que Stiglitz y sus colaboradores consideraban como el máximo que Puerto Rico podía pagar.

Al acuerdo de COFINA en 2019 se sumó, en 2021, el acuerdo de ajuste de los $35 mil millones de deuda de obligaciones generales. En este caso, la deuda se reduce a $17.9 mil millones ($7 mil millones de pago inmediato, $7 mil millones de nuevos bonos y $3 mil millones de valor contingente), o una reducción de 49%, que de nuevo no se acerca ni de lejos al 80% sugerido por el estudio de Stiglitz. La suma de la deuda de COFINA y obligaciones generales se reduce en menos de 45%.

Pero hay más tesoros en el legado de Jaresko. La Junta también ha renegociado un acuerdo de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (el llamado Restructuring Support Agreement o RSA). En este caso se pretende pagar más del 70% de la deuda de $9 mil millones. Es bueno recordar que esta es deuda no garantizada, que no tiene una fuente designada de repago y que legalmente la AEE puede no pagar, hasta tanto haya cumplido con sus gastos operacionales y otras obligaciones (como las aportaciones a los planes de pensiones). Ahora, además de pagarse más de 70 % de la deuda, se comprometería parte del cobro de la electricidad al pago de la deuda (una cantidad que aumentaría escalonadamente desde 2.5 a 4.5 centavos por kilovatio/hora). Es decir, deuda no garantizada se convertiría en deuda garantizada. Para pagarla la AEE tendría o que aumentar la cuenta de la luz o que ver reducidos sus ingresos y su capacidad de proveer los servicios que el país necesita. Para colmo también se incluye un pago que harán quienes generan su propia energía renovable, el llamado impuesto al sol. Es decir, la deuda se reduce de manera insuficiente, se convierte deuda no garantizada en deuda garantizada, se paga a costa de aumentos en el costo de la electricidad y de más obstáculos a la transición a la energía renovable. Es un atraco por dondequiera que se le mire. Los cerca de $61 mil millones de deuda de COFINA, obligaciones generales y AEE se reducirían en cerca de 40% o alrededor de $36 mil millones, más del doble de lo que el estudio de Stiglitz y sus colegas consideraba sostenible.

No es raro que las proyecciones de la misma Junta estimen que el gobierno puede caer en un nuevo impago para el 2036. Los defensores del acuerdo han dicho que Puerto Rico tiene el deber y la oportunidad de hacer los ajustes necesarios para evitarlo. Con esto ya anuncian las nuevas medidas de austeridad que se tratarán de imponer. Y ya vemos el chantaje a que nos van a someter: tenemos que aceptar más recortes de presupuesto, si no queremos caer en un nuevo impago, tenemos que aceptar más sacrificios, si no queremos que Jaresko o la Junta vuelvan. El cuco de un nuevo impago será la amenaza que se usará para tratar de doblegarnos. La misma prensa y caravana de analistas que defendieron el plan de ajuste de la deuda serán los ideólogos de ese chantaje. No podemos permitirlo. Nuestra consigna en esta nueva etapa sigue siendo la misma: el pueblo antes que la deuda y si el precio de defender al pueblo es un nuevo impago ¡que venga el impago! Ya hemos indicado que ese acuerdo es insostenible y no será el pueblo quien pague por la irresponsabilidad de la Junta.

En lo inmediato debemos movilizarnos contra el acuerdo de ajuste de la deuda de la AEE. Debemos exigir que la legislatura lo rechace. De igual forma, debemos hacer lo posible por evitar la aprobación del pago acelerado a los bonistas (Proyecto de la Cámara 208), batalla que probablemente estaremos dando en la legislatura en las horas previas a la publicación de este artículo. Por otro lado, debemos apoyar el proyecto de la Cámara 1136 que enmienda la ley 53. que dio paso al plan de ajuste de la deuda de obligaciones generales. El proyecto 1136 prohíbe la emisión de nuevos bonos para el pago de $6 mil millones de deuda que la misma Junta de Control impugnó en los tribunales. También garantiza la protección no solo de las pensiones de las personas retiradas, sino también de las personas activas, y, en particular, de los maestros y maestras. Jaresko se va, pero su legado destructivo se queda. Solo la organización, la movilización y la persistencia nos permitirán ir desmontando ese legado pieza por pieza. Las movilizaciones recientes del magisterio en defensa de sus salarios, sus pensiones y la educación pública y de cientos de personas en defensa de las playas como bienes públicos y comunes ante los intentos de privatización demuestran que hay disposición de lucha en amplios sectores del país. Coordinemos esa resistencia unitariamente, acordemos un programa mínimo de exigencias compartidas y construyamos la alternativa política a los dos partidos cuyas mayorías han sido y siguen siendo cómplices de la Junta.

 

 

 

Presidente de la Cámara “Se ha vendido por $50 millones y ha traicionado los intereses del pueblo de Puerto Rico  por esa miseria.»

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Como un acto de total imprudencia. Así calificó el experto en la Ley PROMESA, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el que la Legislatura llegue a aprobar la resolución Concurrente de la Cámara RC 278 que autorizaría un pago adelantado a los bonistas de $10,800 millones del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del Gobierno  de Puerto Rico.

Aun cuando la RC 278 fue derrotada el pasado viernes 11 de febrero en la Cámara de Representantes, con 25 votos a favor y 21 en contra —se requieren 26 votos para su aprobación—, el presidente del cuerpo, Rafael Hernández Montañez, insiste en su aprobación. La medida volvería a votación este martes 15 de febrero (fue aplazada) bajo el argumento de que el vicepresidente de la Cámara, José Varela, no estuvo presente en la sesión pasada por compromisos previos. Este sería el voto de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que haría falta para su aprobación. La medida fue también derrotada en el Senado.

Emmanuelli, representante legal de los grupos magisteriales, en entrevista este lunes en WPAB, denunció que la insistencia del presidente de la Cámara de Representantes de que se apruebe la resolución se debe a querer complacer a la Junta de Control fiscal (JCF), dado a que la Legislatura se ha pasado complaciendo a la Junta en las cosas cruciales. Un ejemplo es la ley 53, la cual destruyó el sistema de  retiro de los maestros y jueces.

Emmanuelli Jiménez, quien compareció la semana pasada a una vista pública sobre la RC 278, contó que tuvo que enfrentarse en varias ocasiones al presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y a Hernández Montañez  porque tenían una actitud  beligerante en su contra. Aun así les expresó que  la resolución es malísima, ya que en caso de ser aprobada  tiene  la consecuencia de eliminar el derecho apelativo,  porque podría provocar que la apelación fuese académica. Los grupos magisteriales Federación de Maestros, Educamos y Unete, conformados en el Frente Amplio en Defensa de la educación Pública (FADEP), han apelado el PAD.

Agregó que no  solo es complacer a la Junta en acelerar el pago, sino que hace que las apelaciones se hagan académicas. Pero más aun, atribuyó al presidente de la Cámara también querer un barril de tocino de $50 millones. “Se ha vendido por $50 millones y ha traicionado los intereses del pueblo de Puerto Rico  por esa miseria”.

Insistió en que es  una barbaridad que la Legislatura esté autorizando el pago de $10,800 millones sin que haya  una sentencia final y firme. “Eso nunca se ha visto, que el gobierno, sin que se hayan agotado todos los mecanismos apelativos, decida pagar, y eso pone en riesgo de que se pague ese dinero y venga el Tribunal de Apelaciones y modifique la sentencia”.

Otra posibilidad, prosiguió, es que el Tribunal de Apelaciones diga que los maestros tienen razón y, de el Gobierno haber desembolsado ese dinero a los acreedores, no va a poder recobrarlo porque son miles de acreedores y dispersos por todo el planeta. “Así que en ese sentido es un acto de total imprudencia aprobar esa resolución cuando la sentencia de la jueza Taylor Swain todavía no es final y firme”. Precisó que, de hecho, todavía hay tiempo para apelar, por lo que podrían salir otras apelaciones en el  proceso. Reiteró que  la postura de la Cámara de querer acelerar ese trámite,  “demuestra  del lado de quién están. Están a favor de la Junta, a favor de que los bonistas reciban prematuramente ese dinero y en contra de las maestras y maestros, que han apelado con mucho sacrificio, porque ese plan de ajuste los condena a la miseria”. Recalcó que con la resolución se estaría ya  ejecutando el  PAD, por lo que  el Apelativo podría determinar que la apelación es académica debido a que ya se consumó la transacción.  “Eso es lo que está pretendiendo ese señor”, señaló de Hernández Montañez.

Sobre las expresiones del presidente de la Cámara acusando a las líderes magisteriales de oponerse al PAD por motivos ideológicos independentistas, el  representante legal defendió que cuando a estas personas se les acaban los argumentos se van a lo personal y lo que hacen es exacerbar miedo. “Nada más lejos de la verdad. Lo que hacen es luchar por los derechos de los maestros y las maestras. Es evidente que es una lucha por unas condiciones de trabajo, de vida y, ahora, de un  retiro digno. Acusarles de un prejuicio ideológico es tratar de menoscabar, menospreciar un mensaje y unas actividades que son justas”.

Respecto a la suerte de una segunda votación, Emmanuelli Jiménez comentó que la Junta usa la Legislatura dependiendo de la coyuntura.  “En este caso, son 50 millones que ellos van a repartir para politiquear por todo el país. En este asunto la Junta juega sus cartas estratégicamente. Cuando tiene que impresionar al gobernador, lo hace, y cuando tiene que ir a la Legislatura, lo hace”. Afirmó que  nadie puede negar que el proyecto viene de la JCF, ya que está redactado en un inglés impecable, no como el inglés de la Ley 53. “Es evidente que es un proyecto que preparó la Junta. Y el presidente de la Cámara es el abogado de la Junta en ese proyecto”.

Emanuelli reparó en que aun cuando el proyecto sea aprobado en la Cámara, todavía  habría que aprobarlo en el Senado, y ahí la delegación PNP también ya votó en contra. Reveló que  hay mensajes de que el gobernador no estaría de acuerdo con esa votación, por lo que habrá  que ver cómo se desenvuelve la resolución en el Senado y con el gobernador.

Mientras, dio a conocer que el martes 15 de febrero los y las maestras presentarán su réplica a los argumentos de la JCF para que la jueza no paralice la implementación del plan. La junta y otros acreedores le han solicitado a la jueza Swain que se le imponga una fianza a los grupos magisteriales de $1,500 millones si paraliza la implementación del plan.

Emmanuelli Jiménez manifestó en tono crítico que con la petición de fianza la Junta lo que está diciendo es “mira, caramba, a pesar de todo el sufrimiento, toda la desgracia y de la condena a una miseria permanente de los maestros y maestras, al momento de su retiro eso no vale nada frente a los daños que le va a ocasionar a los acreedores de este caso”. Las consecuencias de esta fianza serían que se va a  tener que desembolsar $10,800 millones.

El experto en la Ley PROMESA y casos de quiebra puntualizó que la JCF se equivoca en ese planteamiento porque este no es cualquier caso de quiebras de un acreedor. Esto, debido a que los maestros y maestras no son cualquier acreedor. En el proceso de quiebra, cuando se quiere parar ese plan de ajuste, la jueza o juez tiene discreción para no poner una fianza porque se estima que los planteamientos son razonables, son meritorios y porque de no permitirse la apelación se estaría causando un daño irreparable.

En esa dirección planteó que cuando se mira todo el contexto de la Ley PROMESA que se impone a Puerto Rico bajo la Clausula Territorial y los Casos Insulares que destruyó la pequeña gobernanza democrática que tenía Puerto Rico, se le impide al Gobierno influenciar sobre las decisiones de la Junta. Insistió en que no hay manera de que el Gobierno de Puerto Rico revise las decisiones de la Junta porque ni el Congreso ni el presidente las revisa. La única pequeña ventana que existe en este andamiaje colonial es apelar a un tribunal superior. Si a eso se le impone una fianza de $1,500 millones, lo que se está diciendo con eso es que no existe derecho a apelar, no se tiene derecho político ni derechos democráticos. “Tu Legislatura no vale dos chavos porque yo puedo anular tus leyes”. De paso, denunció que el Gobierno de Puerto Rico ha guardado silencio respecto a esta acción de la Junta.

“Fíjate hasta dónde llega el coloniaje, hasta dónde llega la insensibilidad de la Junta de Control Fiscal, la  papa caliente que tiene la jueza. Por un lado, todo este menoscabo terrible de los derechos a tener una vida digna luego del retiro, luego de haber dado 30 y más años. Hay  circunstancias en la que los maestros tendrían que trabajar más tiempo. ‘Resulta que no te vamos a dejar apelar porque es mi discreción de voy a poner una fianza que no pueden pagar’. Nadie podría pagar esa fianza, ni siquiera el Gobierno de Puerto Rico. Esa es la situación que tenemos”.

Emmanuelli recalcó que reconocía que según el derecho vigente la jueza tiene la opción de poner una fianza, pero no puede ser para privar del derecho a poder apelar. Además, la fianza no puede ser para castigar.

Por parte del magisterio, la réplica a la acción de la JCF va a denunciar todo ese andamiaje colonial, la destrucción de los derechos democráticos, de derechos humanos por falta de acceso a la justicia y a recalcar los daños terribles que sufre el magisterio con el PAD, el cual se supone entre en vigor este 15 de marzo. Apuntó que la jueza  tiene que hacer un balance de  intereses y permitirle al magisterio  que continúe  su trámite apelativo sin la imposición de una fianza. “La jueza tiene la discreción, vamos a ver cómo la ejercita”.

Según el representante legal del magisterio los jueces y juezas tiraron la toalla y retiraron su  apelación. No sabe, dice,  si fue porque vieron la moción de la Junta. Considera una pena que no hayan continuado  con el trámite. En caso de que la jueza impusiera una fianza se puede acudir al Tribunal Apelativo para solicitar que se elimine y pedir que se maneje el caso de manera expedita. Aclaró que la Sección 106 D de la Ley PROMESA dice que los casos en el Circuito Apelativo y en el Supremo de EE. UU. tienen que tramitarse de manera expedita, y si el Circuito lo acepta y establece un itinerario acelerado, el caso se podría  resolver antes de que haya un pago del PAD.

El licenciado Emmanuelli Jiménez fue enfático al indicar que el caso no acaba con una determinación de la jueza de imponer una fianza y reafirmó que el caso iba a seguir debido a que hay  planteamientos que tienen méritos para el TS de EE. UU. Uno de ellos es que PROMESA permite que la JCF legisle mediante el PAD, cuando la sección 314 dice que eso es asunto de la Legislatura.

Ante la crisis humanitaria que va a provocar el PAD la Junta está tratando de irse del País lo antes posible, dijo. “Ya  saltó del barco Natalie Jaresko, y ya hay varios miembros que quieren irse a la carrera porque saben las consecuencias de las cosas que están haciendo en términos de  sufrimiento humano que sus determinaciones van a ocasionar. Y quieren estar lo más lejos posible cuando esas cosas se empiecen a manifestar”.

 

 

 

 

 

 

Mirada al País: No despierten al león porque no está dormido.          

Mirada Cooperativista          

Especial para CLARIDAD

mildredkairo@gmail.com

El año nuevo comenzó para los cooperativistas con la noticia de la radicación en el Senado de un proyecto de administración: el PS 715. Este proyecto fue producido por la rama ejecutiva y aparece presentado por la delegación novoprogresista del Senado.  El eje principal gira en torno a cambios en la regulación de las cooperativas no financieras, conocidas como Cooperativas de Tipos Diversos. Aquí se ubican las de trabajo asociado, agrícolas, de servicios, vivienda, de producción, industriales, entre otras. Estas cooperativas en la actualidad son reguladas por la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, COSSEC. Esa regulación lejos de propiciar su desarrollo y procesos de crecimiento y acompañamiento está ceñida a la regulación estricta y rigurosa del sector financiero cooperativo. Hace años que los líderes cooperativistas vienen abogando por el establecimiento de procesos que fomenten el fortalecimiento y crecimiento de estas cooperativas. Sus reclamos no han sido escuchados y los que optan por organizar una cooperativa de tipo diverso suelen enfrentar métodos de supervisión que desalientan y dificultan el desarrollo vigoroso del modelo que tanto necesita el país. Tanto que miran para el norte y en Estados Unidos estas cooperativas no tienen un ente gubernamental que las supervise directamente. Dependiendo su naturaleza son reguladas por las distintas agencias con las cuales interactúan.  Además de lo anterior, el proyecto contiene asuntos que afectan al sector de ahorro y crédito y al organismo representativo del cooperativismo puertorriqueño, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

 

Además, el PS 715 propone entre otros aspectos:

  • Enmendar el marco legal vigente en específico la Ley General de Sociedades Cooperativas (Ley 239-2004) y a las leyes habilitadoras de COSSEC (Ley 114-2002) y CDCOOP (Ley 247-2008) 114-2001; 247-2008 y 239-004
  • Transfiere la regulación de las Cooperativas de Tipos Diversos a CDCOOP. Para hacerlo dispone de recursos económicos del sistema cooperativo para ser allegados CDCOOP para el ejercicio de la función delegada. Establece una fórmula para el pago anual muy parecida a la que las cooperativas utilizan para la aportación a la Liga de Cooperativas.
  • Los fondos pasarían a una entidad pública (CDCOOP)que no rinde cuentas al sistema cooperativo, ni está regida por los procesos democráticos y transparentes que se desarrollan al interior del movimiento. Descarta la obligación de las cooperativas de contribuir al sostenimiento de la Liga de Cooperativas y dispone la misma cuota compulsoria a pagarse a la agencia pública, CDCOOP . Pretende así debilitar una organización que está próxima a cumplir 74 años de existencia en la defensa y promoción del modelo cooperativo. Para los cooperativistas esto representa un ataque directo a la institución que se ha destacado por la protección del modelo y sobre todo por denunciar las agendas políticas a través de los años. Desde sus orígenes la Liga de Cooperativas fue creada y sostenida por el movimiento cooperativo sin necesidad de imposiciones legales. No obstante, en el Estado, en reconocimiento a su importancia dispuso la aportación legal a esta.  Al hacerlo, el Estado le asignó nuevos deberes que ha logrado desarrollar con efectividad para beneficio del movimiento y la sociedad puertorriqueña.
  • Autoriza a CDCOOP a imponer multas y a cobrar a las cooperativas el costo de los gastos de exámenes e investigaciones. Estos serian procesos más punitivos cuando la agencia tiene un mandato legal desde el 2008 (Ley 247) que no ha logrado implantar de suscitar “un rol cada vez más protagónico del propio Movimiento Cooperativo, reduciendo la dependencia en las acciones gubernamentales, con miras a que eventualmente el propio Movimiento Cooperativo asuma pleno control de su desarrollo.”
  • En una acción en contra de la transparencia que debe regir dispone la adopción de políticas de confidencialidad de información.
  • En un lenguaje ambiguo destaca de 5 ciclos contables para que COSSEC se adhiera en un plazo de 5 ciclos a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). La confusión se presta a eventualmente impactar a las cooperativas de ahorro y crédito que han rechazado ese término para el cambio por el efecto lesivo al sistema.
  • Elimina las facultades de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo para revisar acciones de COSSEC, mecanismo impulsado por el sistema cooperativo para de alguna manera garantizar políticas públicas cónsonas con el modelo y la despolitización de las entidades gubernamentales.

No obstante, desde el mes de diciembre y mucho de antes del proyecto 715 los cooperativistas impulsaron el Proyecto del Senado 644. Esta pieza fue presentada por las senadoras García Montes y González Arroyo. El proyecto recogió prácticamente el insumo del trabajo realizado por la Liga de Cooperativas a partir de primer Plan Fiscal (2017) que impactó a las cooperativas. Lo anterior incluye los resultados de reuniones con el liderato y el trabajo de análisis desarrollado junto a profesionales y técnicos conocedores del sistema. Este será el tema de nuestra próxima columna. Por el momento destacamos la importancia de rechazar el PS 715. Es un nuevo agravio a un sistema al cual pertenecen más de un millón de socios y socias y que, sin lugar a dudas, no se quedarán de brazos cruzados.

No despierten al león porque no está dormido.

La autora es líder cooperativista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad con las Uniones de Servicios Legales

Foto sumininistrada

 

Especial para CLARIDAD

 La semana pasada el pueblo puertorriqueño siguió con sumo interés el activismo del magisterio para hacer valer con valentía y dignidad su exigencia de “un salario justo y un retiro digno”, así como condiciones de trabajo apropiadas a la importante misión que llevan a cabo de educar a nuestra niñez y juventud, para que hagan de la sociedad puertorriqueña una por la cual sintamos orgullo.  Otros sectores de la clase trabajadora, como el cuerpo de bomberos, de emergencias médicas y del Departamento de la Familia, también levantaron sus voces y se lanzaron a la calle, destacando sus coincidencias, pero también sus particularidades.  Creo no equivocarme al señalar que amplios sectores de la población les respaldaron.

Pero, no solo en el sector público había protestas y justas demandas. También Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) fue objeto de un paro laboral por los dos sindicatos que agrupan a su empleomanía.  Durante cuatro años la Unión Independiente de Empleados de Servicios Legales y la Unión de Abogados y Abogadas del programa que le ofrece representación legal en casos civiles a las personas de escasos recursos económicos, han enfrentado la intransigencia de la Lcda. Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de la corporación y su cuerpo de administradores.  De la mano de dos abogados contratados en un costoso bufete patronal, Santini Colberg se ha distanciado dramáticamente de la justicia que, a través del equipo que allí labora, SLPR reclama en los foros legales para la clientela empobrecida y socialmente vulnerable que representan.  Han arrastrado los pies en las negociaciones y de paso, la Lcda. Santini ha asumido posturas muy parecidas a las del gobierno que con la cínicamente llamada “reforma laboral”, menoscabó derechos alcanzados por quienes trabajan en el sector público.  Ejemplo de los que la directora ha intentado menoscabar son las cláusulas relacionadas con días por enfermedad y vacaciones, traslados, el procedimiento de querellas, la reducción del bono de Navidad a $600.00, mínimo que establece la Ley y de otros bonos negociados.  La administración de SLPR está empeñada también en aumentar el salario de reclutamiento para las abogadas y abogados que comenzarán en la corporación, pero el aumento que ha ofrecido en la mesa de negociación para las compañeras y compañeros que tienen a cargo los trámites legales, entre quienes se encuentran personas con largos años dando lo mejor de sí por la clientela, no excede los $400.00.  Aunque en SLPR no existe, y no ha sido reclamada por la gerencia, una crisis o quiebra económica como la que utiliza la Junta de Control Fiscal que está rigiendo en Puerto Rico, la dirección ejecutiva y su comité negociador emulan a ese repudiado organismo al pisotear los derechos de gente que está organizada sindicalmente hace más de cuatro décadas.

Lo que escribo no me lo ha contado nadie.  Mi jubilación es muy reciente, después de 44 años de servicio en SLPR.  Cuando comencé, se estaba negociando el primer convenio colectivo, el cual se ha caracterizado por ser muy progresista y haber servido de referencia para las negociaciones de otras uniones y también para reivindicar derechos en el sector público, especialmente en las cláusulas para promover la equidad de género.  Conozco por experiencia propia los desmanes de la gerencia en SLPR durante estos cuatro años de negociación colectiva y los atropellos que ha cometido, no solo para hacer justicia salarial, sino por las condiciones opresivas de trabajo.  Las abogadas y abogados, así como el personal paralegal, tienen una sobrecarga de casos, múltiples requisitos para documentar el trabajo que realizan, al mismo tiempo que, como en el sector gubernamental, la gerencia recurre a la contratación de secretarias y técnicos a través de agencias privadas que les pagan una miseria, especialmente a las primeras, pero se llevan una gran tajada de dinero de SLPR.  Con estas contrataciones  debilitan a la Unión Independiente de Empleados de SLPR porque las personas contradas no forman parte de la unidad apropiada.  Mientras tanto, la Junta de Directores que preside el Lic. Heriberto Quiñones, parece mantenerse al margen de toda la controversia, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores que sostienen al Programa con su labor y también de la clientela, que sin duda se afecta con el ambiente de tensión y la falta de una solución al conflicto laboral existente durante tanto tiempo.

El paro laboral en Servicios Legales continúa esta semana.  La Ave. Ponce de León, Esquina Sagrado Corazón, a la altura de la Parada 26 de Santurce, donde ubica la oficina central de la corporación, será el escenario en el que los dos sindicatos que exigen justicia para las matrículas, manifestarán su activismo para lograr la firma de los convenios colectivos.  Contarán con mi solidaridad y participación.  Espero que también con la de la gente que lee CLARIDAD.