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El Gobierno debe defender al magisterio

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febrero 1, 2022

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) le exigió tanto a la Legislatura como al primer Ejecutivo que tengan columna vertebral para defender el magisterio frente a la Junta de Control Fiscal (JCF) y aprueben los proyectos que les garantice un retiro digno, el aumento de sueldo y el pago de la carrera magisterial.

Los proyectos respaldados por el Frente son el PS 873, que garantiza el pago de la Carrera Magisterial a todos los maestros de Puerto Rico; el P de la C 513, que eleva el salario base a $2,700 para todos los maestros de Puerto Rico, y el P de la C 1136 para condicionar la emisión de bonos en el Plan de Ajuste de la Deuda a que se garantice cero recortes y cero congelación a pensiones presentes y futuras.

El Frente está integrado por las organizaciones sindicales Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), UNETE y EDUCAMOS. El reclamo fue lanzado en medio de una caravana realizada el pasado viernes, que partió desde la vieja sede del Departamento de Educación, pasó por el Sistema de Retiro de Maestros, el Tribunal Federal y concluyó en el Capitolio.Una vez en el Capitolio, los portavoces del Frente solo fueron recibidos en las oficinas de los senadores María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quienes están a favor de los proyectos, confirmó a CLARIDAD Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR. El Frente estaría cabildeando entre el resto de los legisladores durante esta semana.

“La legislatura y el gobernador han definido claramente del lado de quién están, y no es al lado del pueblo trabajador. Tuvieron en sus manos la ficha de tranque ante la Junta mediante el PC 1003, luego aprobado en la Ley 53, y no lo supieron aprovechar. Gracias a su determinación, permitieron la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, que significará la miseria para el pueblo de Puerto Rico y, en el caso del magisterio, implica recortes draconianos a las pensiones de los docentes. Es por ello, que más allá de palabras vacías, exigimos compromiso de su parte en la aprobación de los proyectos mencionados y la columna vertebral para defenderlos ante la Junta Dictatorial. El magisterio está atento, se está organizando y hará lo que tenga que hacer para defender su retiro”, indicaron las dirigentes del FADEP, integrado por además de Mercedes Martínez, por Liza Fournier, de UNETE, y Migdalia Santiago, de EDUCAMOS.

Del Capitolio pasaron a La Fortaleza, en donde fueron recibidos por los asesores de desarrollo económico del gobernador, los licenciados Yamil Ayala y Yolanda Rodríguez. Los asesores se comprometieron a que este lunes (31 de enero) se comunicarían para dejarles saber la determinación de Fortaleza sobre los tres proyectos. Además, se comprometieron a coordinarles una reunión, para el miércoles 3 de febrero, con el director de la Junta de Retiro del Gobierno, licenciado Luis Collazo Rodríguez, para hablar sobre el caso particular de los maestros, reveló Mercedes Martínez.

Además de esperar por cuál es la respuesta del gobernador, las portavoces le pidieron que hablaran con el gobernador para solicitarle “una reunión sin intermediarios, con alguien que pudiera tomar decisión, en este caso, el gobernador. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir acumulando esfuerzos desde la calle con los maestros y maestras de este país”.

En tanto, Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS, subrayó: “Es hora de que se le haga justicia a un sector tan maltratado y marginado por todas las administraciones que han gobernado la isla. Cumpliremos 14 años en febrero sin aumento salarial a la escala base, y ahora, por encima, nos atropellan con una pensión de indigencia. Esto no lo vamos a aceptar, por lo que nos vamos a defender con todos los medios que tengamos a nuestro alcance”.

La presidenta de UNETE, manifestó; “Esto es vergonzoso, indignante y es por ello que estaremos dando la batalla desde todos los frentes: la Legislatura, el Ejecutivo, el tribunal federal, incluyendo la trinchera más importante aún: la calle”.

Las líderes magisteriales señalaron que su batalla no terminaba con la caravana y que estaban organizando al magisterio, escuela por escuela, en asambleas, consultas y actividades cercanas que estarían anunciando prontamente.

Los proyectos que reclama el Frente no deben confundirse con el anuncio de la Junta de Control de que concedió un aumento condicionado al magisterio. Martínez indicó que el Departamento de Educación (DE) le pidió a la Junta un aumento de mil dólares, para lo cual identificó los fondos. La Junta recortó esta cifra a menos de la mitad. Ese es el aumento anunciado por la Junta, de $470 mensuales.

Este aumento también fue rechazado por el representante sindical de la Asociación de Maestros (AMPR) reconocido por el DE. En comunicado de prensa, el presidente de la Asociación, Víctor M. Bonilla Sánchez, dijo sentirse decepcionado y aseguró que esto constituye una “migaja” en comparación con lo que perderán los maestros activos tras la entrada en vigor del Plan de Ajuste de la Deuda.

“Nosotros nos reunimos con la Junta y les indicamos que, como mínimo, ese aumento debería llevar el salario base de los maestros a los $3,500 para de alguna forma compensar lo que perderán nuestros educadores con la congelación de sus beneficios de retiro. Hoy nos sorprenden con este propuesto aumento, que es muy poco, y, para colmo, llega con unas condiciones que nos parecen absurdas”, expresó Bonilla Sánchez.

La Asociación indicó que la propuesta de la JCF elevaría el salario base del maestro a $2,220 mensual. Pero la propuesta fracciona la entrada en vigor del aumento a los maestros a dos fases. La primera fase se otorgaría en julio de este año y la segunda, en enero de 2023, condicionado a que se cumpla de manera colectiva con un 90 % de registro de asistencia digital del docente y de los estudiantes. El presidente de la AMPR indicó que con el aumento propuesto de la Junta ni siquiera se equipara los esfuerzos que se realizan en la Legislatura para llevar el salario base del magisterio a $2,700. Bonilla Sánchez insistió en que la Junta y el Gobierno deben identificar los fondos para hacerle una verdadera justicia salarial a los educadores.

Del españolismo a la caribeñidad

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manuel-de-j-gonzalez

febrero 1, 2022

CLARIDAD

Hubo un tiempo en que se tildaba de “hispanófilo” al movimiento independentista puertorriqueño, o a parte de él. Para algunos esa tendencia expresaba un esfuerzo genuino y necesario en defensa de nuestra “herencia hispana” frente a la permanente amenaza del nuevo colonialismo anglosajón, mientras que para otros no era más que una expresión retrógrada, una permanencia anquilosada en el pasado.

Parte de esa tendencia del independentismo efectivamente se enclavaba en el pasado y se identificaba con la peor versión del españolismo, aquellos que desde el llamado “movimiento nacional” asolaron a España a partir de 1936. Algunos de estos puertorriqueños habían sido defensores a distancia de la Falange durante los años de la guerra civil y luego se ubicaron en instituciones culturales, para desde allí defender todo lo que nos había dejado la “madre patria”. El nombre más representativo de este grupo es el de Eladio Rodríguez Otero, un empresario que se enriqueció con empresas de construcción, que estuvo vinculado al falangismo en los años ’30 y que posteriormente sería por muchos años presidente del Ateneo. Desde allí promovió la salida del sector más progresista, representado por Nilita Vientós y Manuel Maldonado Denis, tratando de convertir la institución en una expresión pura de su españolismo rancio y su extremo conservadurismo.

Fue este grupo, más que ningún otro, el que, al arbolear la segunda mitad del siglo XX, encendió todas las alarmas cuando se intensificó el proceso de modernización de Puerto Rico y comenzaron a regresar emigrados hablando “espanglish”. La nueva realidad promovía la “asimilación” a Estados Unidos y nos alejaba de la “madre patria”. Por aquellos años, desde el Ateneo que presidía Rodríguez Otero circularon profusamente los escritos del lingüista español Germán de Granda, recogidos en el libro Transculturación e interferencia lingüística en Puerto Rico, que expresaba una visión bastante fatalista del idioma y la hispanidad de los puertorriqueños, ante el supuesto avance de la asimilación cultural.

Aquel grupo esperaba de España un activismo similar al que la Francia de Charles de Gaulle mantuvo ante el proceso independentista de Quebec. El entonces presidente francés no solo actuó a favor de los quebequenses, sino que llegó al extremo de gritar “Viva Quebec libre” durante una visita oficial a Canadá en 1967, provocando una crisis diplomática. Los puertorriqueños españolistas esperaban que la España de entonces, que era la del dictador Francisco Franco, imitara el entusiasmo de Francia con Quebec.

Aquella tendencia del independentismo boricua fue perdiendo su agarre cuando, según avanzó la década del ’60 del siglo XX, el independentismo se fue vinculando a la nueva lucha influenciada por el socialismo y, en particular, al movimiento de liberación de América Latina. El latino americanismo sustituyó el españolismo

José Luis González, en su ensayo El país de cuatro pisos, critica con severidad esa tendencia, la que todavía consideraba importante en la década de 1970. “Yo no creo en reconstruir hacia atrás”, dice González. “hacia el pasado que nos legaron el colonialismo español y la vieja elite irremediablemente condenada por la historia. Creo en reconstruir hacia adelante… hacia un futuro que, apoyándose en la tradición cultural de las masas populares, redescubra y rescate la caribeñidad esencial de nuestra identidad colectiva y comprenda de una vez y por todas que el destino natural de Puerto Rico es el mismo de todos los demás pueblos, insulares y continentales, del Caribe.”

Durante las cruciales décadas de 1960 y 1970, Puerto Rico dejó atrás, bien atrás, aquel españolismo que, con dejos de nostalgia y refugio emocional, estuvo vivo durante toda la primera mitad del nuevo “siglo americano”. De hecho, cuando José Luis González escribía, a finales de los ’70, ya esa visión caribeña y latinoamericana que él proclama estaba arraigada y España era un pasado lejano.

Lógicamente, la sociedad puertorriqueña cambió en medio del nuevo colonialismo que sustituyó al español, pero no hacia la asimilación destructora de la nacionalidad a la que tanto se le temió. Tal vez no nos hemos vinculado al resto del Caribe como debiera ser, pero seguimos siendo un pueblo diferenciado con una nacionalidad única. Hablamos castellano son nuestro particular acento y nuestra mezcla, y porción grande de nuestro pueblo también habla inglés, mientras la identidad boricua se mantiene y se fortalece. Los que tuvimos algún nivel de protagonismo en las luchas de los ’60 y ’70 nos sentimos tranquilos y seguros de cara al futuro porque Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico, o más bien, boricua.

Lo que sucedió en las dos visitas del rey español Felipe VI a nuestro país, en 2016 y 2022, resultó muy revelador. Lo españolistas del pasado hubiesen estado al borde del suicidio al escucharlo hablando en inglés, como hizo en 2016, “porque había llegado a Estados Unidos”. En 2022 también hubiesen estado cerca del infarto, no tanto por lo que hizo o dijo el rey, sino por los boricuas que se atrevieron a derribar la estatua del primer colonizador español en repudio a la visita del monarca.

España nunca tuvo ni tiene compromiso alguno con el futuro de Puerto Rico como nación “hispana”. Ahora mucho menos, porque nuestra lucha le recuerda la que están dando catalanes y vascos. La palabra “separatismo” le es más odiosa ahora que en el siglo XIX. Por eso el rey contemporizó tanto con los anexionistas boricuas y por eso fueron éstos quienes más se regodearon con su visita. Es el mismo grupo que en el siglo XIX se llamaban “incondicionales” y ahora “estadistas”. Por eso Felipe VI se sentía tan a gusto con ellos.

Impuesto al sol: ilegal e inconstitucional

Por

candida-cotto

febrero 1, 2022

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El impuesto al sol es tanto ilegal como inconstitucional. Pero en contra de lo que se estableció en la Ley 17 del 2019, Ley de Política Pública Energética, y el Código Civil, aprobado en el 2020, a la Junta de Control Fiscal (JCF) no parece importarle En ambos se prohíbe un impuesto al sol.

Una vez más, la Junta hace ostentación de sus poderes omnímodos y pretende incluir en su acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica un impuesto al sol, como garantía de pago. Este sería un impuesto adicional al llamado “cargo de transición”, que comenzaría en 2.768 centavos por Kwh e incrementaría hasta a 4.552 centavos para el 2044.

Para la experta en Derecho Ambiental, profesora Erika Fontánez, el impuesto al sol es toda una contradicción porque la tendencia, por ejemplo, en España, fue eliminar el impuesto al sol. “En todo caso, la tendencia debe ser facilitar las circunstancias para que la ciudadanía pueda acceder a una transición a la energía renovable”, indicó a CLARIDAD.

Destacó que, más allá de eso, en términos legales, el nuevo Código Civil aprobado en el 2020 ya previó una prohibición de impuesto al sol y aprobó unas disposiciones que previenen que se le imponga ese tributo. Expuso que en el Código se entiende que el sol o la energía solar es un bien común y que en tanto es un bien común se puede usar meramente en lo que se llama “derechos reales por ocupación”. Eso quiere decir que tanto el aire como el sol se pueden usar para hacer energía y no son un bien del Estado. Por lo tanto, el Estado no lo puede tratar como si fuese un bien patrimonial, sino que el sol se entiende como un bien de uso colectivo. Por no estar en el tráfico jurídico, no procede en términos legales que se le imponga un impuesto.

Fontánez recalcó que la prohibición del impuesto al sol establecido en el Código Civil y el reconocimiento del sol como un bien común es precisamente por su naturaleza: “Cualquier ciudadano puede acceder al sol. Claro, se paga por la administración, por el equipo; pero no se supone que el Estado, ni mucho menos un particular, trate la energía solar y el sol como un bien patrimonial. Es la misma analogía de que las aguas pluviales son bienes comunes. La persona puede recoger el agua de lluvia para su uso y no puede ser penalizado ni cobrársele por ello”. Aclaró que en el caso del recurso del agua, el Estado lo que hace es administrar el recurso. El impuesto al sol sería el equivalente a tratarlo como si fuese un bien del Estado con el cual puede traficar, es decir, hacer negocio.

En entrevista por separado, la activista ambiental y miembro de la Coalición Queremos Sol, Myrna Conty, de entrada denunció la postura de la JCF. “Es evidente que la Junta no tiene los mejores intereses del país. Ahora pretende ponerle un impuesto al sol, que es gratis, para pagar una deuda que ni siquiera ha auditado. Vamos a cometer el mismo error que con el plan de ajuste de deuda. Entiendo que la Legislatura no debe volver a caer y dejarse presionar por la Junta. Que piense en el país. Los rojos y los azules tienen —¡tienen!— la responsabilidad legal de pensar primero en el país”.

La alianza Queremos Sol promueve la instalación de paneles solares en los techos de las casas. Conty hizo un llamado enfático a la Legislatura a que permita la participación y escuche al pueblo en esta discusión.

En tanto, el oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) Javier Rúa Jovet, en vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, advirtió de que la Ley 17 del 2019 dice que: “No se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía renovable por los consumidores”. De acuerdo con la Resolución del Senado 270, la Comisión se encuentra evaluando los mecanismos para el repago de la deuda de la AEE.

El licenciado Rúa Jovet plantea que se debe rechazar el acuerdo actual y buscar soluciones a la deuda de la AEE que estén alineadas con la masiva cantidad de energía solar y eficiencia energética requerida por la Ley 17-2019, que aún se encuentra en sus frágiles etapas iniciales de implementación.

Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), en declaraciones escritas también denunció que sin duda alguna el impuesto al sol, además de buscar garantizar los pagos a los bonistas de la AEE, representaría un golpe mortal al bolsillo del consumidor puertorriqueño. “Más aun, este cargo atentaría contra la industria solar y amenaza con dejar rezagado el mercado de placas solares, baterías para el almacenamiento de energía, carros eléctricos, etc.”

Igual destacó como importante en la discusión que para implementar el “mal llamado cargo de transición” habría que enmendar la Ley de Política Pública Energética y otras leyes. “Quiero ser meridianamente claro: no prestaré mi voto para aprobar un impuesto al sol. Este impuesto sería nefasto para la gente, para la economía y para los esfuerzos de movernos cada más a fuentes de energía renovable”.

El plan de ajuste de los cobitos

Por

beatriz-llenin-figueroa

febrero 1, 2022

Especial para En Rojo

Las personas puente son multitudes de minúsculos cobitos. Entre millares de granos erosionados, emergiendo y encuevando, labran vínculos, toda vez que en sus espaldas cargan la espiral, forma-casa de la vida, enrevesada, paradójica. Los cobitos, quienes juntos y desaforados en el litoral desovan al cobijo de cíclicas noches anuales, saben lo más íntimo de las arenas, huellas de lo remoto, a un tiempo ahuecado por aguas pasadas y rebosante de aguas por venir. También se saben —no pueden por menos— al continuo borde de la muerte bajo el pisotón de las personas muro que, por omisión o voluntad, no les ven.

A este cúmulo de islas y aguas que llamamos país le sobran cobitos, nuestras personas puente. Son movimientos aparecidos y desaparecidos; activistas a toda hora y de toda procedencia, quienes ponen sus talentos, trabajos, voluntades al servicio de las mayorías (casi del todo) aplastadas; artistas que responden sólo a la vocación de su pasión; gestores que convocan, enlazan y crean. Son quienes escriben, investigan, analizan y fiscalizan con la mira más vigorosa puesta por encima y hacia arriba, no para los lados y hacia abajo. Aquellas que, desde el compromiso con-por otra vida, se arriesgan asumiendo portavocías públicas, quienes lideran desde el horizonte y se saben tan efímeras como un nombre trazado en la arena y tan resistentes como esa misma, mutable, honda, superficie. Son los juntes que convocan y acompañan en la protesta, en la defensa, en la denuncia. Quienes siembran, cosechan, alimentan. Quienes entre sí sanan, ríen y nutren, rescatando escuelas, calles y cuerpos. Quienes se comprometen con el amor y con la lentitud, fortaleza y anonimato de sus efectos. Quienes aún insisten en la dignidad. Quienes señalan desde la ternura, a sabiendas de que ya ha corrido tanta sangre, y de que todo apunta a que seguirá corriendo, a pesar de nuestras mejores intenciones.

Hoy, aquí, en esta modesta escritura de desesperanza esperanzada, reconozco y agradezco a una porción particular de nuestras multitudes minúsculas, nuestras personas puente, cobitos incansables. Se trata de los cuerpos, ímpetus y destrezas, entregas, pasiones e inteligencias, convocadas bajo el nombre de Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, coalición creada –recordemos– en el nefasto 2016 de PROMESA para apoyar, difundir y concienciar al respecto de los trabajos de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Esta última, que fuera disuelta por la administración Rosselló-PNP en el 2017 a pesar de que el Frente, entre otros esfuerzos, levantó evidencia de 140,000 personas en apoyo y defensa del carácter imprescindible de la Comisión, había sido habilitada por la ley 97 de 2015. Sin embargo, la propia administración García Padilla-PPD de aquel momento, que reconociera públicamente la imposibilidad de pagar la deuda, se encargó de ralentizar y entorpecer su trabajo. La Comisión, de todas formas, llegó a preparar y divulgar dos informes advirtiendo que buena parte de la alucinante suma de la deuda de Puerto Rico pudo haberse emitido de manera ilegal, y, por tanto, podría ser anulable. El Frente se suscita entonces, compuesto por personas de múltiples sectores profesionales, comunitarios, ambientales, estudiantiles, cooperativistas, sindicales, artísticos, entre otros, para encarnar la dignidad de todo un país que, como tantos otros del Sur Global, se ve exprimido hasta el asfixie por “la deuda” como truco que multiplica riquezas para unos pocos y desposesión para les muches. ¡Quienes “no tienen para pagar” (los endeudados), no hacen más que dar!

Mi memoria sobre todo lo anterior me la refresca la licenciada Eva Prados Rodríguez, una de las guerreras más admirables del Puerto Rico contemporáneo. Toda vez que insiste en mantener nuestra conciencia internacional, recordándome que el Frente forma parte del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), Eva me explica que a la coalición le interesó desde el inicio girar la conversación pública sobre “la crisis” y “la deuda.” La pregunta debía ser, señala Eva, si debemos pagar, y no cuánto. A la impugnación de la legitimidad de “la deuda,” así como al engorroso proceso de probarlo, había que añadir que, de todas formas, sin que mediara previo proceso alguno en justa representación del pueblo, ya habíamos estado pagándola (¡y con creces!). Las medidas draconianas de “austeridad” que se remontaban a la administración Fortuño-PNP habían inaugurado el patrón: para las mayorías del país, desahucio, mientras que, para las minorías, abultamiento. Para las mayorías, monumental atropello a los derechos humanos más básicos, mientras que, para las minorías, descomunal tumbe en pos de la más obscena opulencia.

Como miles de cobitos en las arenas, desde aquel momento hasta hoy, el Frente no ha hecho otra cosa que laborar, crear y movilizar. Tras la disolución rossellista de la Comisión, el Frente gestó la creación de una comisión alternativa, ciudadana, para la autoría integral del crédito público. No ha cesado de enlazar voluntades, movimientos y organizaciones en pos de generar acciones y palabras colectivas que contrarresten la línea hegemónica del poder, que responsabiliza al pueblo de aquello que lo mata. No ha amainado su ventolera investigativa, de denuncia, protesta, movilización, reclamo y defensa de todo lo vivo en Puerto Rico, en todos los foros posibles.

Como me recuerda Eva, la mismísima Junta de Control Fiscal reconoció en el tribunal la emisión ilegal de buena parte de la deuda de Puerto Rico. Aun así, es artífice, con la complicidad de la impresentable legislatura local y de la rama judicial de los EEUU, de un “acuerdo de pago,” “como si nada.” De hecho, si involucrarse de manera directa en el Frente le ha permitido a Eva ver algo, es “el esquema de explotación económica que tiene el mercado financiero estadounidense sobre Puerto Rico. Es totalmente antiético y deshumanizante. El interés de lucro está por encima de la vida de todo un pueblo.” En resumidas cuentas, como en cualquier serie de intrigas político-capitalistas, pero peor, porque nosotres somos de carne y hueso, el “plan de ajuste” se empujó con la violencia y celeridad que se hizo para evitar procesar judicialmente a bancos e intermediarios involucrados.

Y precisamente por ello, insiste Eva, seguimos y seguiremos. “Yo llegué al junte [se refiere al Frente] en representación del Movimiento Amplio de Mujeres y hoy me ocupa completamente porque al final, trabajas en la defensa de los derechos humanos de todes.” El Frente encamina ahora el análisis minucioso –y la organización necesaria para impugnar y detener– los modos en que se pretende desembolsar a bonistas buitres según el nuevo modelo de pago bajo el “plan de ajuste” aprobado en el foro ilegítimo presidido por la Jueza Swain. El Frente se prepara, así, para lo que Eva describe como “una nueva etapa de crisis,” que, desde arriba, se pretende encarar con aun mayores sacrificios de las mayorías, como es el caso de las pensiones saqueadas, la destrucción de la UPR, el ataque a los municipios, el “plan de ajuste” de la AEE que se avecina, el desplazamiento explícito y sutil, todas las violencias intrínsecas a lo anterior, y la creciente imposibilidad de imaginar y sostener la vida aquí, ahora.

Sin aire, pero de pie, reitero, reiteramos: gracias a todes quienes han forjado el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, así como otros esfuerzos y llamas vinculadas, tales como la campaña Construyamos Otro Acuerdo y el junte de voluntades de Defend Puerto Rico, para acompañarnos y defendernos —y para continuar haciéndolo— en el deliberadamente obtuso e inaccesible mundo de “la crisis” y “la deuda.” Gracias por su incansable labor. Gracias por sostenernos de pies y de manos. Gracias por recordarnos que las personas muro caen y caerán. Gracias por conseguir mucho, muchísimo, con tanto, tantísimo, apostando en su contra. Gracias por hacer para nosotres el gigantesco trabajo de traducción de mundos y lenguajes —“la economía,” “la deuda,” “el plan,” “la ley”— que son inaccesibles adrede. Su mira, su perspectiva, su hilar, han estado siempre en lo esencial: la lucha por otra vida, en pos de la que han sacrificado, intuyo, hasta lo inconcebible. Con ustedes emergemos y nos encuevamos, confiadas en el plan de ajuste de los cobitos: desovar en la arena, abrazar la memoria de aguas pasadas y anticipar, anhelantes, las que vendrán, liberadas.

La invasión en los espacios públicos: Nuevas propuestas de apreciación artística para la (re)interpretación de símbolos en la cultura

Por

arelis valentin

febrero 1, 2022

Especial para En Rojo

Nombres como los de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León son parte de la sociedad colonial puertorriqueña. Nombres con los que se han identificado –invadido–, desde el poder, diversos espacios públicos y con los que interaccionamos a diario. Nombres con los que hemos tenido que convivir sin conocer el por qué en la mayoría de las ocasiones. Y ello nos toca muy de cerca en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pues la avenida que nos da la bienvenida –y una de las principales del entorno capitalino– lleva por nombre justamente Juan Ponce de León. Y el mismo conjunto de palabras nos acompaña en nuestro peregrinar por las librerías de Río Piedras, o hasta las entrañas del mismo pueblo. Cabe señalar que Cristóbal Colón y Juan Ponce de León coincidieron en el segundo viaje colombino. Desde entonces, en las postrimerías del siglo XV, ambos personajes pasarían a formar parte de una región dominada por la violencia del crimen de la conquista y colonización europea. Y, en efecto, esta violencia sería parte de ambos personajes. Ellos vendrían a representar la violencia misma como “encomienda” sagrada. En el presente, dicha representación permanece. Y desde el presente, ¿cómo interpretar la caída reciente de Juan Ponce de León desde su pedestal en la Plaza de San José a poca distancia del vendido –un [verdadero] acto violento en la colonia– Seminario Conciliar –un [verdadero] patrimonio histórico-cultural– en el Viejo San Juan?

Interpretación e historia están relacionadas. Las interpretaciones y significados que se le han dado a hombres y mujeres a través de los años son expresiones de un tiempo y espacio determinado. Dichas interpretaciones y significados por su relación con lo temporal siempre estarán sujetas a transformaciones. «El acceso a la temporalidad, a su vez, no puede entenderse como otra cosa que una entrada en los signos y en la forma de manipular o trabajar con los signos y las figuras de significación que ellos permiten construir» (Córdova Iturregui 2018). La misma figura de Cristóbal Colón pasó por sus transformaciones; por diversos significados desde el imaginario imperial mismo. A finales del siglo XIX, España promueve una figura de Colón como símbolo –de triunfo(s) o de progreso(s)– de su historia nacional; y de las “historias coloniales” que eran parte de esa misma historia nacional e imperial española que ellos querían destacar. Colón fue exaltado a “figura nacional” que unificaba y armonizaba historias y territorios. Por ello hoy, la Plaza Mayor de la ciudad de Guayama lleva por nombre Cristóbal Colón, en conmemoración de los cuatrocientos años del primer y segundo viaje de esta antagónica figura. ¿Por qué no se le identificó con otro nombre a este espacio público en aquella década del 1890? El nombre escogido para la Plaza de Guayama, podríamos decir, es la declaración e imposición de un significado que se le dio a esta figura de la historia desde la metrópoli misma. ¿Qué relación tenía con el pueblo [caribeño] de Guayama de aquella época? Un pueblo negro en su esencia. Fue justo en esta Plaza donde asesinaron a los negros esclavos: Francisco Cubelo y Juan Bautista Texidor, a finales de septiembre de 1822 por el deseo de libertad que es inherente a la existencia humana. Asimismo, desde la década del 1890, una de las plazas de nuestra ciudad amurallada portaría el nombre de Cristóbal Colón respondiendo a esa ideología que quería promover la Corona española. «La lucha ideológica habita en la vida interna de los signos», en palabras de Félix Córdova Iturregui.

Ciertamente, en los nombres o símbolos que se promueven desde el poder hay una ideología, o varias, que se quieren imponer sin permitirle al pueblo espacios para reflexiones, cuestionamientos o refutaciones. Es por ello por lo que quieren destruir nuestra educación y nuestras escuelas especializadas. Es desde la educación, desde el conocimiento, que podemos cuestionar y refutar; y, sin duda alguna, hacerle frente a la violencia de un gobierno colonial con el sentimiento de solidaridad y de comunidad que se gesta en los espacios de conocimiento. Un verdadero conocimiento histórico, conocer de nuestras luchas y capacidades como pueblo, nos permitirá ser más solidarios con todo lo que está al otro lado del poder, es decir, con nuestra misma gente, con los que no están en pedestales o en espacios privilegiados.

La literatura histórica de Puerto Rico denota una incesante lucha por la definición de símbolos patrios. ¿Acaso Juan Ponce de León o Cristóbal Colón son parte de los símbolos culturales con los que se identifican la sociedad puertorriqueña colonial del presente? ¿Qué representaban ambos para el pueblo trabajador de la sociedad puertorriqueña decimonónica? La lucha por identificar y definir símbolos que verdaderamente representen nuestra identidad como pueblo, distinto a la metrópoli, no surge en el vacío. Se origina desde la violencia ya expuesta en el inicio del presente escrito. También tiene sus orígenes en las decisiones y acciones arbitrarias por parte de la metrópoli española al dejar fuera a los puertorriqueños y puertorriqueñas en los asuntos de vital importancia referentes a su porvenir como país. Así como desde la metrópoli española se impulsaban nombres y acontecimientos particulares –lo mismo ocurre hoy en Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos–, así también intelectuales puertorriqueños, escritores de la historia en la segunda mitad del siglo XIX, iniciaron una búsqueda de símbolos propiamente “regionales”. José Campeche fue uno de estos símbolos. En la década de 1840, José Julián de Acosta y Calbo escribió acerca de este pintor hijo de un esclavo coartado. En este escrito, el autor “levanta su voz” para que sus coetáneos le escuchen: <<¿Y dejaremos nosotros dormir en el silencio del olvido un insigne artista, una de las glorias del país?>> (Acosta, 1846). Asimismo, Tapia nos legó de las primeras escrituras biográficas de nuestro pintor. Por otro lado, los indios también se convirtieron en símbolos regionales, o nacionales, a mediados del siglo XIX. Es por ello por lo que existen en nuestra literatura nacional: La palma del cacique (1852) de Tapia y Los dos indios (1855 o [1857]) –escrita originalmente en francés– de Betances. También La peregrinación de Bayoán (1863) de Hostos.

Así como varios de los intelectuales puertorriqueños –quienes estudiaron en España, es decir, conocían de la vida en la metrópoli– sintieron la necesidad de identificar y significar símbolos en su región –no peninsular–, de igual manera las siguientes generaciones han sentido – y sentirán– la necesidad de (re)interpretar y (re)definir personajes, símbolos, acontecimientos de la historia [en la colonia]. Es en esta “apertura” donde precisamente se puede entender la “caída”, del 24 de enero de 2022, de esta figura en “tres dimensiones” ubicada en una de las plazas –que, por cierto, ha cambiado de nombre en varias ocasiones también– del Viejo San Juan. ¿Por qué condenar una imagen rota –ello es otra versión, y subversiva– de esta figura inerte y “sagrada” que ha sido parte de la versión oficial de la historia en la colonia? Una figura que lleva gran parte del peso de la violencia de la conquista no es posible defenderla de alguna actitud iconoclasta, ni de privarla de esta más reciente “propuesta” de “apreciación artística” que la ubica fuera de su cómodo pedestal.

Por último, es menester tener presente que en una colonia como Puerto Rico los inicios de su historiografía se encuentran en fuentes históricas que han sido legado de la misma conquista. Los intelectuales de esa época eran conscientes de ello, y es por tal razón que se fundó en el 1851, en Madrid, la Sociedad Recolectora de documentos históricos de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Para iniciar con la escritura de la historia regional, o nacional, era preciso investigar en los archivos españoles. Leer lo que otros, los que representaban el poder, habían escrito acerca de nosotros. Había que iniciar la interpretación de las fuentes y textos. Era necesaria ya una historia escrita por los propios puertorriqueños. Esta misma necesidad permanece. Continuemos con la (re)interpretación de las fuentes históricas, discursos, narrativas e imágenes culturales. Continuemos con el diálogo y la escritura. Es en esa “apertura” que nos permite el estudio y el conocimiento donde podemos (re)encontrarnos la humanidad y aspirar a algo más…

La autora es estudiante de doctorado en Historia, UPR-Río Piedras.Es presidenta – Museo de Historia y Arte de Guayama