CLARIDAD
La falta de transparencia en los procesos de permisos y aprobación de proyectos por parte de las agencias del gobierno se extiende hasta los ensalzados proyectos de fincas solares o los llamados parques fotovoltaicos llevados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Una coalición de organizaciones agrícolas, ambientales y expertos llamó la atención sobre lo que describieron como la errada política pública de aprobar —violentando procesos de participación ciudadana— decenas de proyectos industriales de energía, en lugar de impulsar la energía solar en los techos y áreas previamente impactadas.
“Hemos dado la voz de alerta sobre los impactos adversos que esta incorrecta política pública tendría para la seguridad alimentaria y para la ecología. Los funcionarios han optado por ignorar nuestras comunicaciones negándonos el debido proceso de participación pública”. Hoy elevamos nuestro reclamo al gobernador: llame a capítulo a los jefes de agencia, aquí hay que sentarse a estudiar los impactos porque se trata de terrenos incluso protegidos por leyes y reglamentos, y el daño sería irreversible”, manifestó Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas, una de las entidades que participa en la Coalición.
El portavoz del Frente indicó que se supone que los terrenos agrícolas están protegidos por el Plan de Uso de Terrenos (PUT), aprobado en noviembre del 2015, acorde con la Ley 550 del 2004, que ordenó clasificar todos los suelos en Puerto Rico. Luego esa ley fue enmendada para exigirle a la Junta de Planificación (JP) que clasificara un mínimo de 600 mil cuerdas de valor agrícola como una reserva agrícola nacional. A fin de cuentas, la JP identificó alrededor de 636 mil cuerdas de terrenos en el PUT como suelos rústicos especialmente protegidos de valor agrícola. La ley establece de manera clara que los terrenos con esta clasificación son para uso agrícola.
Además, se establece explícitamente que los 11 terrenos declarados por ley como reservas agrícolas son para su protección y desarrollo agrícola. Vivoni reparó en que, en algunos casos, la JP ya ha hecho todos los trabajos suficientes como para llevar a vista pública la propuesta de delimitación de otras reservas agrícolas; pero eso se ha detenido después de aprobarse el PUT.
Vivoni, quien trabajó en el Servicio de Extensión Agrícola en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, expresó que la Coalición entiende que los procesos para los proyectos de energía industriales deben requerir vistas públicas; todavía más, cuando se está llevando a cabo una actividad no agrícola en terrenos protegidos. “Se supone que se respete el PUT y las leyes de reservas agrícolas, y estos individuos no están haciendo eso. Ellos no lo están respetando. Como que no entra dentro de sus discursos, ni del secretario del Departamento de Agricultura. Básicamente este está entregado a eso y está endosando esos proyectos”.
La Coalición advirtió de que hace unas semanas el NEPR autorizó 18 proyectos industriales de energía solar de los que nada se conoce. Pero que hay más de 60 proyectos propuestos que han podido documentar, a pesar de la falta de transparencia de las agencias. El área estimada de terrenos de valor agrícola que eliminarían si se cumplen las metas del NEPR sería de más de 14,000 cuerdas.
Según la Coalición, hay cuatro proyectos industriales de mayor preocupación que el Gobierno impulsa: Ciro ONE, en Salinas, que potencialmente ocuparía 542 cuerdas de terreno; Xzerta-Tec Solar, en Hatillo, con 203 cuerdas; Montalva Solar Farm, en Guánica y Lajas, con 2,800 cuerdas de terreno, y el más reciente, Cabo Rojo Solar Farm, que ocuparía 128 cuerdas de terreno. Estos proyectos, denunciaron, se han aprobado sin participación ciudadana, sin Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o con una DIA que data de más de diez años. El NEPR no ha divulgado la ubicación de los 18 proyectos recién aprobados.
Vivoni presentó el ejemplo del Valle de Lajas para donde hay un proyecto que si el NEPR logra su propósito estaría ubicado justamente entre la frontera de Guánica y Lajas. El Valle de Lajas se constituye con terrenos de cinco municipios, desde Yauco, Guánica, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo. En la frontera entre Lajas y Guánica hay una propuesta para establecer lo que podría ser el proyecto a escala industrial más grande de placas fotovoltaicas, ubicado en terrenos de valor agrícola y algunos de ellos dentro de la delimitación agrícola del Valle de Lajas.
Atribuyó esto a que las agencias lo están haciendo por medio del truco del Reglamento Conjunto, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo a finales de enero, tanto el RC del 2019 como el del 2020. Censuró que en ambos reglamentos a todas las reservas agrícolas se les aplica la calificación de ‘terreno agrícola productivo’ para permitir su uso en proyectos de energía renovable.
“El reglamento no va por encima de una ley, las leyes van por encima de un reglamento. Es decir, la Junta de Planificación está jugando con esto, está tratando de buscar. Y en algunos de los documentos que hemos conseguido aparece que los que están impulsando los proyectos hacen referencia a lo que el Reglamento Conjunto permite para curarse en salud. Es una herramienta retórica”.
Mientras, en el proceso del NEPR no hay hasta ahora ninguna participación comunitaria. “El proceso que han establecido el Negociado y la Autoridad de Energía está arropado por un manto de confidencialidad y dicen que hasta que no se concreticen los contratos no tienen por qué dar a conocer los pormenores. Es parte de jugar sucio, de tratar de prohibir cualquier tipo de resistencia y protesta. Es una cosa espantosa”.
La Coalición, integrada además de por el Frente del Valle de Lajas, está integrada por El Puente, Enlace Latino de Acción Climática; la Organización de Agricultura Ecológica Boricuá; el Comité Diálogo Ambiental; la abogada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Climática de la Casa Blanca, y por David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del RUM.
Vivoni resaltó que hace tres meses enviaron una carta al secretario de Agricultura, Ramón González, y al presidente de la JP, Manuel Hidalgo, y la contestación ha sido silencio absoluto, no hay ningún interés de dialogar. También han intentado presentar la situación al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, José Alfredo Rivera Segarra, por medio del director ejecutivo de la Comisión, Ernesto Irrizary, pero les ha dejado plantados en tres ocasiones.
La más reciente acción fue una carta dirigida al gobernador, Pedro Pierluisi, este 15 de febrero. Al momento de la entrevista con este semanario tampoco habían recibido ninguna comunicación de parte del Ejecutivo. La Coalición respalda la propuesta de Queremos Sol —de la instalación de placas fotovoltaicas en los techos—, la cual, de acuerdo a un estudio de la organización Cambio, para el 2035 Puerto Rico puede lograr el 75 % de la integración de energía renovable.
