Especial para CLARIDAD
El camino por el cual transitamos las mujeres para alcanzar la equidad de género ha estado plagado de plantas espinosas, no pocas cargadas de veneno. Con paciencia, sabiduría, buen ánimo, colaboración mutua y abundante resistencia, hemos logrado plantar, mientras avanzamos, algunas Miramelindas caribeñas de hermosos colores. Véamos. El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) tantas veces cuestionado por importantes sectores representativos del Pueblo puertorriqueño, entre éstos las organizaciones feministas, fue finalmente aprobado por la Jueza Laura Taylor Swain. Como es sabido, la filosa espina que constituye esta decisión ha sido clavada a la fuerza trabajadora del sector público y sus sistemas de retiro. La mano de obra en las agencias del gobierno es mayormente femenina. Aunque se destaca el magisterio por su alto número y el importante rol que desempeñan en la formación de la ciudadanía a través de la educación de las niñas, niños y jóvenes, en áreas como la salud y otras vinculadas a las necesidades de la gente, también se ha sentido la amenaza al futuro bienestar de quienes en éstas laboran.
Ante la decisión del Tribunal que maneja todo lo relacionado con la quiebra de Puerto Rico; las actuaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) impulsadas por su lujosa directora ejecutiva, cuyo salario sobrepasa los seiscientos mil dólares al año; el vaivén de las mayorías legislativas en la toma de decisiones de acuerdo a lo que les sea más conveniente para ganar elecciones; las palabras y actuaciones arrogantes del gobernador Pedro Pierluisi, la marejada magisterial tomó las calles. La masiva y entusiasta respuesta a la convocatoria no dependió de sindicatos en particular sino del consenso y justeza de los reclamos, que tuvo el efecto de avivar todas las fuerzas. Sin embargo, es justo reconocer que el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), al que pertenecen la “Federación de Maestros” (FMPR), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) y Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización (EDUCAMOS), ha sido consistente en mantener reclamos y estrategias comunes para lograr mejores resultados. La Asociación de Maestros, representante sindical oficial, no ha estado a la altura de las circunstancias, en mi opinión. Como resistente Miramelinda, las voces y militancias de las mujeres han sobresalido, incluyendo a las lideresas Mercedes Martínez, Liza Fournier y Migdalia Santiago, de FMPR, UNETE y EDUCAMOS, respectivamente. El llamado al activismo y la consigna Justicia Salarial y Retiro Digno han recibido la acogida de trabajadoras y trabajadores del sector público e inclusive de la empresa privada, que también ha visto mermados sus salarios por la crisis económica del país, el impacto de los desastres naturales y la pandemia. El incremento en el costo de la vida y las medidas de austeridad impuestas por la JCF han hecho más pobres a quienes sufrían pobreza y precarizado la vida de personas de la llamada clase media. La lucha librada en las últimas dos semanas rindió algunos frutos al comprometerse el gobernador con aumentos salariales para el Magisterio, algunos grupos de la Salud y los bomberos. No obstante, los reclamos relacionados con el retiro digno siguen vibrantes e inclaudicables.
El trabajo de las mujeres por la equidad de género fue también herido por una espina al desestimarse los cargos contra Juan Manuel López, el boxeador que agredió salvajemente a su pareja, la Sra. Andrea Ojeda Cruz. La razón fue que la víctima no compareció al juicio en el que se ventilarían los cargos por violación a varios artículos de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, en su parte penal. La Fiscalía informó que el testimonio de la Sra. Ojeda era indispensable. Mientras declaraba en una vista previa la víctima mostró su descontento con el proceso judicial, con el trato desconsiderado y re victimizante que recibió de los fiscales, por lo que no quería seguir adelante. Sus señalamientos son similares a los que hemos escuchado de otras sobrevivientes de la violencia machista, así como de las intercesoras que las acompañan y ofrecen apoyo durante las vistas. Esto pone de manifiesto la necesidad de que el sistema de justicia, que incluye a la Policía, Fiscalía y la Judicatura muestre empatía durante la tramitación de los casos, conozcan bien el estatuto y tengan la disposición para implantarlo libres de prejucicios, como corresponde. Por otro lado, corresponde al Departamento de Justicia preparar el caso tomando en cuenta la posibilidad de que no cuente con la víctima para testificar, por las razones que sean; por ejemplo, el uso de fotos, correspondencia cursada, otros testigos.
Tengo la esperanza de que lo ocurrido en este caso no desaliente a las sobrevivientes que deciden presentar cargos criminales contra su agresor, estando informadas, conscientes de que no están obligadas a hacerlo y de que los remedios de protección no requieren de la presentación de denuncias en el ámbito penal.
Espero que López deje de ser tratado como una “gloria” de Puerto Rico. Aparte de estar de capa caída dentro del boxeo, las fotos que publicó la víctima en sus redes sociales con el rostro golpeado, son dramáticas. Él no negó los hechos en las expresiones públicas que hizo e implícitamente adjudicó lo ocurrido al uso excesivo de alcohol. La bebida puede ser el precipitante para un incidente de violencia, pero no es la causa de la violencia de género. Este agresor tuvo situaciones similares con parejas anteriores, por lo que espero equivocarme y que la historia no se repita.
La semana laboral terminó con la sentencia de Héctor O’neill, ex alcalde de Guaynabo, a tres años de libertad condicionada por cargos de acoso y agresión sexual, violaciones a la Ley 54 y a la Ley de Ética Gubernamental. El proceso judicial comenzó cuatro años atrás con muchas más acusaciones que no llegaron a la etapa de juicio, por planteamientos técnicos. Tuvo, además, múltiples posposiciones y procedimientos apelativos intermedios hasta que finalmente hubo una negociación con los funcionarios de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que el político se declarara culpable. Un delito tan grave como la agresión sexual conyugal (3.5) que podría conllevar 99 años de cárcel, fue reclasificado al 3.1, de agresión conyugal. Por supuesto, la sentencia es desproporcionada en relación a las barbaridades que el otrora alcalde y uno de los poderosos líderes del PNP cometió contra la víctima. El FEI consultó con ésta, quien debe haber dado su anuencia y es comprensible que lo hiciera, luego de cuatro años de años de dilación con la angustia que le causaba enfrentarse al otrora cacique de Guaynabo. A la probatoria, se suma el pago de unas multas, la mayor de las cuales asciende a $12,000, nada comparado con la corrupción y la conducta criminal en la que incurrió O’Neill. Por supuesto que las organizaciones de mujeres no podemos estar satisfechas con el saldo de este caso. Sin embargo, entre tanto fango hemos encontrado una Miramelinda en el camino que responde al trabajo realizado. Este hombre fanfarrón, abusador, corrupto tuvo que renunciar a la alcaldía de Guaynabo, debido a la presión ejercida por las organizaciones feministas y sectores aliados. La exigencia se generalizó al pueblo puertorriqueño, luego de las muchas manifestaciones que se hicieron. De no haber sido así, tal vez la víctima hubiera desistido y en vez del hijo, el padre seguiría como alcalde de Guaynabo y quién sabe qué sería de la vida de Ángel Pérez, el otro que tal baila.
