Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo
Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el Hogar se traslada a lo que una vez fue el Centro de Tratamiento Social y de Clasificación, donde ubicaban a menores de edad hasta el 2019.
Los cierres en el DCR responden a una medida de austeridad requerida por la Junta de Control Fiscal a Corrección para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020 y así consta en el Plan Fiscal certificado.
Según Escobar Pabón, la Junta “requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación hacer un análisis de la planta física, las estructuras, los recursos humanos, la misión de cada institución, y cuán efectivo o no ha resultado lo que estábamos haciendo al momento”, y así establecer un plan de optimización.
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El cierre del Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en Puerta de Tierra representará un ahorro anual de sólo $70,000, tomando en cuenta los gastos del 2021. Al Hogar no se le asigna presupuesto directamente, sino que se realizan compras a nivel regional y se atienden sus necesidades con los recursos ya existentes en la agencia, dijo al CPI la oficial de comunicaciones del DCR, Yvonne Guadalupe.
Desde 1996 esta institución funciona como hogar de transición para mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años de edad que no cuentan con familiares para su cuidado, de modo que los infantes pueden convivir con ellas. Su nivel de custodia es de mínima seguridad, pueden salir a buscar empleo o a trabajar, utilizando transporte público, y allí reciben servicios integrales de consejería, terapia contra la adicción y el alcoholismo, servicios médicos, psicológicos, educativos y recreativos. Cada una tiene un plan individual de tratamiento que les provee estrategias de reinserción a la comunidad.
Para la fundadora del programa del Hogar Intermedio, Carmen Peña Rivera, con este cierre “no solamente pierden las mujeres, que tienen tan poco, sino la sociedad, que pierde una segunda oportunidad de enseñarle a estas personas cómo se puede vivir en un mundo tan cambiante”.
Escobar Pabón planteó que la agencia analiza sus proyectos y programas ya que su finalidad se ha modificado con el tiempo. “Desde 2018 no tenemos una sola participante en el programa embarazada o con niños menores de tres años. Lo que significa que desde el 2018 hemos estado tratando de modificar el programa para que puedan participar aquellas confinadas que aunque no tienen hijos dentro de esas edades, tienen unas necesidades de tratamiento adicional y pueden compartir en comunidad el proceso de reintegración”, sostuvo.
Según el Perfil de la Población Confinada en Puerto Rico de 2019, el 8% de las mujeres tenía hijos de 1 a 3 años; un 10% tenía niños de 4 a 5 años; y 26% de las mujeres privadas de la libertad tenían hijos entre 6 a 10 años. De las 10 mujeres residiendo en el Hogar Intermedio de Mujeres, nueve son madres, pero el DCR no pudo precisar las edades de sus hijos.
En cinco años, el promedio anual de mujeres en el Hogar Intermedio se redujo de 29 a 13 mujeres, pero Peña Rivera recalcó que su propósito va más allá de la mujer embarazada y que es responsabilidad de Corrección identificar quiénes pueden beneficiarse de este programa de adaptación.
“Si ustedes [DCR] no las traen de la institución, pues no van a haber [más participantes]. Tiene que ver con los servicios para la mujer. En el Hogar Intermedio el propósito es también que la mujer, independientemente de que tuviese el niño allí o fuera, se le enseña a ser una madre nutridora, una mujer con unos valores, y antes de que regrese a la casa, también se le ayuda a que consiga empleo, o si no ha terminado la escuela [se le ayuda a continuar estudios]. Se le ayuda en todas las esferas, es bien amplio. Es un proyecto donde la familia se integra, a los oficiales se les da un adiestramiento para que manejen la situación de una manera más humana”, abundó Peña Rivera.
La Secretaria achacó el bajo número de participantes en el Hogar a los requisitos que deben cumplir las confinadas para ser referidas. “El primer requisito es que tiene que tener un nivel de custodia mínima y haber cumplido parte de su sentencia. Nosotros solamente tenemos al día de hoy 230 confinadas, y en custodia mínima no pasan de 75”, precisó.
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Otros requisitos incluyen no tener querellas disciplinarias en los últimos dos años, mantener un plan de salida viable, no tener padecimientos de salud que le requieran atención médica constante, haber completado los talleres “Aprendiendo a vivir sin violencia”, y que resten uno a tres años y medio para extinguir sus sentencias.
Las mujeres representan el 3% de la población confinada del país. De esa población, la mitad cumple sentencias de uno a nueve años, y apenas un 30% se ha beneficiado de programas de rehabilitación en comunidad, según se desprende del último Perfil del Confinado.
Mudanza a Bayamón
El Hogar Intermedio de Mujeres fue la Antigua Cárcel Municipal, un edificio construido en 1938 en la avenida Fernández Juncos de Puerta de Tierra. Según dijo la Secretaria de Corrección a El Vocero, mantener estructuras que tienen más de 20 años no es costo-efectivo. El edificio del Hogar pertenece al Municipio de San Juan, que cobraba al DCR un alquiler anual de $53,363.
Escobar Pabón argumentó que el cierre de esta instalación “no significa que se elimina el programa. Lo que estamos haciendo es transfiriendo a otra facilidad (sic) correccional frente al Complejo de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón”.
Peña Rivera coincide con que las condiciones precarias del edificio pudieron motivar el traslado de las 10 mujeres al Complejo Correccional de Bayamón, la única institución que queda en el DCR para mujeres, pero tiene dudas respecto a cómo la agencia va a replicar el programa que tenía el Hogar con cabida para 38 mujeres. Además, destacó tres aspectos en los que se verían afectadas con la mudanza: accesibilidad al transporte colectivo, personal adiestrado para atender a reclusas de mínima seguridad y el proceso de adaptación a la libre comunidad de estas féminas.
“Es importante que tengan acceso a la transportación, quiero que se monten en la guagua de nuevo ellas por su cuenta, que aprendan, para ellas poder conseguir trabajo, ir a las escuelas, ir a hacer todos sus trámites. Que sea urbano, que no sea una institución que esté muy retirada”, dijo Peña Rivera.
Del último Perfil del Confinado se desprende que apenas el 36% de las mujeres encarceladas tenía diploma de escuela superior, pero 8% estaba estudiando antes de ingresar al sistema correccional, y otro 8% trabajaba y estudiaba a la vez. No obstante, un 38% no participaba en la fuerza laboral antes de su ingreso a la cárcel, 18% estaba empleada a tiempo parcial y sólo 27% estaba empleada a tiempo completo.
El coordinador designado para el traslado de la población del Hogar a Bayamón, el inspector Juan Rosario, aseguró que cuentan con transportación para que las participantes puedan salir a trabajar o hacer sus diligencias.
“La idea de la ubicación [en Bayamón] es que tenemos toda una zona industrial donde ellas pueden beneficiarse de buscar empleo. Inclusive los empleos que se otorgan en esta zona son de distintos horarios y jornadas, que es parte de lo que la Secretaria ha estado trabajando en términos de ampliar las posibilidades, que no se concentren en un solo horario, sino que tengan distintas oportunidades para que puedan maximizar sus capacidades y destrezas laborales”, dijo.
Sin embargo, Peña Rivera advirtió que los empleados de la institución en Bayamón deben estar adiestrados “porque no vas a ver con la misma vara una transgresión dentro del Hogar Intermedio que dentro de la institución”, es decir, una mujer en clasificación de mínima seguridad no será amonestada con la misma severidad que una clasificada en máxima. También tuvo reparos con que las mujeres del Hogar regresen a convivir con aquellas de otros niveles de custodia, en un entorno más restrictivo y punitivo.
Rosario indicó que el personal que trabaja en el Hogar “está involucrado en la identificación y movilización [a Bayamón] de este programa y van a continuar trabajando en el programa”.
“Si les voy a enseñar nuevas conductas, nuevos modales, y se van a meter allí dentro, ¿en qué área las van a ubicar? Porque no deben de estar nuevamente en contacto con ese mundo”, insistió Peña Rivera, pues se espera más bien “que empiecen a ver cómo funcionar fuera de esa área tan restrictiva que es la institución cerrada”. El propósito es “regresar a la libertad”, por lo que estas 10 mujeres deben tener “su propia entrada y salida”.
No obstante, Rosario afirmó que el programa es independiente del Complejo de Mujeres, “aislado de la población regular”. Para la Secretaria, “todo sigue igual, lo único es que lo van a hacer ahora desde Bayamón en vez de San Juan”.
¿Fin de la misión de Rehabilitación y Tratamiento?
El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha cerrado en los pasados cinco años varias instituciones como el Centro Agrícola de la Montaña, conocido como La Pica, que tenía un programa de rehabilitación y tratamiento para confinados, en Jayuya; y la Institución para Jóvenes Adultos en el Anexo 304 de Ponce. La población fue reubicada en el Complejo de Sabana Hoyos de Arecibo. El mismo destino le espera a cerca de 60 confinados en el Centro de Tratamiento Residencial de Arecibo y el Instituto Educativo Correccional de Bayamón.
De manera parcial, el DCR también ha cerrado las instituciones Guayama 945 y el Anexo 246 de Ponce.
De acuerdo a datos ofrecidos por Corrección, 5,359 confinados se benefician de programas de rehabilitación y tratamiento. Otros 6,320 individuos participan de programas alternos al confinamiento (con o sin supervisión electrónica), programas residenciales y comunitarios, o los servicios con antelación a juicio.
No obstante, Escobar Pabón destacó que “cerca de 20 a 25% de la población, tienen sentencias de 99 años o más”, por lo que no cualifican para estas alternativas. Además, el Reglamento de Penas Alternas establece varios delitos que excluyen el participar de programas alternativos al confinamiento.
Peña teme que estos cierres sean una antesala al fin de los programas de transición para varones. “Están cerrando el último que quedaba, que era [el Centro Nuevas Oportunidades de] Arecibo, así que no van a tener ningún lugar [para terminar sus sentencias]. Ese es un periodo donde la persona se va adaptando en los últimos años para regresar a la libre comunidad”, dijo.
Corrección tiene dos programas en Arecibo, el Centro de Tratamiento Residencial y Redes. El primero es un programa residencial y provee tratamiento contra la adicción a sustancias a varones adultos en custodia mínima. Una vez cumplen con todas las fases del tratamiento, cualifican para salidas familiares y de gestiones de empleo. Para Escobar Pabón, Redes funciona como un programa de reintegración a la comunidad, y manifestó la intención de desarrollar un programa igual para mujeres.
“Tenemos también contrato para Hogares Crea, Hogar Nueva Vida, Teen Challenge, Upens, que son entidades privadas que le ofrecen servicios de tratamiento a la población”, añadió la Secretaria.
Ninguna de estas entidades se especializa en salud aunque fueron contratadas para brindar “servicios relacionados a la salud”. Las cuatro organizaciones de base religiosa contratadas por Corrección han obtenido casi $19,000,000 desde el 2012.
Organizaciones como estas podrían beneficiarse de la aprobación del Proyecto del Senado 54, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, y crearía la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”.
La medida que se encuentra desde mayo de 2021 ante la consideración de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, define comunidad terapéutica como un programa de rehabilitación para el tratamiento contra la adicción a drogas que “utiliza la influencia de compañeros y compañeras, mediada a través de una variedad de procesos de grupo para ayudar a cada persona a aprender y asimilar normas sociales y desarrollar habilidades sociales eficaces”.
Para la catedrática de la Escuela Graduada de la Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Carmen Albizu García, la comunidad terapéutica es un modelo de servicios residenciales de larga duración cuyo único tratamiento deseable es la abstinencia, “ignorando la importancia de individualizar el tratamiento a las necesidades de la persona luego de una evaluación clínica multidimensional por profesionales de la salud”. Criticó el PS 54 ya que su acercamiento “asume erróneamente que una talla le sirve a todo el mundo”.
Albizu García destacó los altos costos de mantener a alguien en una institución penal en vez de invertir en “tratamiento efectivo en comunidad para evitar que vayan presos”.
“Dado el perfil de la población penal hay personas que necesitan intervenciones más allá de un ambiente terapéutico dentro del penal, de residir en un programa donde estén conviviendo bajo ciertas reglas terapéuticas. Necesitan intervenciones psiquiátricas o psicológicas y médicas, y sobre todo, las personas con trastorno de uso de opioides lo que deben usar son medicamentos para tratar su condición”, detalló.
Corrección no presentó objeción a este proyecto pero destacó ante el Senado que ya ofrece múltiples programas de rehabilitación que, aunque no constituyen exactamente una comunidad terapéutica, van dirigidos a atender los problemas de uso de sustancias. Por su parte, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) señaló que la medida no especifica cuál es la entidad reguladora que fiscalizaría el cumplimiento del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas ni con qué presupuesto funcionará, al tiempo que sugirió que la potestad de seleccionar un programa debe ser del Secretario del DCR, en vez de imponerle un modelo particular.
Hogar Crea, por su parte, recomendó al Senado que sean las organizaciones sin fines de lucro las que brinden los servicios de comunidad terapéutica asignándoles presupuesto y que se aumente el envío de confinados a estos programas.
Aunque ASSMCA es la agencia encargada del licenciamiento y acreditación de servicios y proveedores de salud mental y uso problemático de drogas en Puerto Rico, “dicha supervisión mayormente se limita a procesos burocráticos para revisar que los documentos fiscales y legales de dichas organizaciones estén al día. Aunque se supone que hagan visitas a los proveedores… la mayoría de las veces no ocurren o sólo se hace una inspección superficial”, establece un estudio de 2015 de la organización Intercambios Puerto Rico, que se opone al Proyecto del Senado 54.
Para la entidad, “el Estado no puede continuar financiando programas que no rinden informes sobre los éxitos logrados”.
