CLARIDAD
La palabra “cartel” tiene muchas acepciones en el diccionario y una de ellas es “organización ilícita dedicada al tráfico de drogas y de armas”. El elemento central de esa definición es “organización ilícita”, que quiere decir estructura, amplitud organizativa y jerarquía de mando para buscar objetivos contrarios a la ley. Los más conocidos son los carteles de la droga, que nacieron en Colombia y desde allí se duplicaron por el mundo, pero los puede haber para otros fines ilícitos. Para encajar en la definición lo importante es que sea una organización amplia, estructurada, orientada a propósitos contrarios a la ley.
En el caso del PNP todos recordamos la afirmación del entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonar: “La corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido: se llama Partido Nuevo Progresista”. Esa acusación se lanzó en el año 2000, el último de la gobernación de Pedro Rosselló, cuando ya la lista de altos funcionarios acusados de actos de corrupción pasaba de 30. En ese momento la administración pública puertorriqueña se comportaba como un enfermo terminal, que cuando se atiende un mal poco después aparece otro peor. Como un Cid Campeador del mal, Rosselló siguió protagonizando batallas después de “muerto” porque días después de concluir su mandato se destapó el robo más grande de fondos públicos de aquellos años, que fue el orquestado por el secretario de Educación, Víctor Fajardo, arrestado en las primeras semanas de 2001 cuando ya no estaba en su cargo.
Muchos de aquellos arrestos estuvieron directamente relacionados con esquemas diseñados y ejecutados para financiar las campañas políticas del PNP, asegurando una participación para el partido en los contratos que se otorgan desde el gobierno. Se trataba, y se trata, de un círculo perfecto. Con el dinero de los contratos que salen del aparato gubernamental financian las campañas políticas que les permiten seguir controlando el mismo aparato que dispensa los contratos. Además de robar para el partido, los funcionarios también lo hacían para ellos.
En las poco más de dos décadas que han transcurrido desde las declaraciones del fiscal Gil el destape de actos de corrupción ha continuado, pero no con la frecuencia y el alto volumen que se destapó entre 1993 y 2001. La explicación para el declive no está en una posible reducción de la vorágine saqueadora, sino en algunas acciones puestas en marchas por la organización corrupta. Apoyados en la experiencia, escondieron mejor sus acciones, mientras que simultáneamente tomaron medidas para controlar las instituciones que podían investigarlos.
Una de las características de los carteles de la droga es la penetración y control de los organismos públicos responsables de la persecución y procesamiento de la actividad criminal. Con el dinero que les sobra controlan policía, fuerzas armadas, el ministerio fiscal y hasta el sistema judicial. Lo mismo hizo el PNP en Puerto Rico. Manipulando legislación, se aseguraron el control de estos organismos aun en los cuatrienios donde no dominan las ramas ejecutiva y legislativa. Desde hace más de diez años, a pesar de que han estado fuera del gobierno en parte de ese tiempo, siempre han conservado el control de la Oficina de Ética, del FEI, de las fiscalías de distrito y los altos mandos de la Policía. Desde 2009, además, también controlan el Tribunal Supremo.
A las instituciones bajo el control político del PNP se sumó por más de una década (entre 2007 y 2019) la propia fiscalía federal en San Juan. Durante esa docena de años nunca hubo un jefe en propiedad de ese organismo y los jueces del Tribunal Federal (la mayoría de ellos patrocinados por el PNP) mantuvieron como interina a Rosa Emilia Rodríguez, muy identificada con el partido. Durante ese largo periodo el procesamiento de funcionarios corruptos se redujo o se reorientó a los que estaban vinculados al PPD, incluyendo la presentación de cargos a Aníbal Acevedo Vilá cuando todavía estaba en funciones como gobernador. Aun cuando Acevedo fue exonerado por un jurado en 2009, la acusación garantizó el regreso del PNP al poder tras las elecciones de 2008, para que la fiesta de contratos siguiera durante los cuatro años de Luis Fortuño.
No es casualidad que dos años después de la salida de Rodríguez de la fiscalía federal, se reiniciara el procesamiento de altos funcionarios del PNP por parte de ese organismo, con el arresto de prominentes alcaldes a finales de 2021 y, previamente, de algunos funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló. Ahora también se anuncia que la exgobernadora Wanda Vázquez, quien apenas estuvo 17 meses en el cargo tras la salida forzada del último Rosselló, está siendo investigada y que el FBI se incautó de su teléfono celular. En el centro de esa nueva investigación está el mismo esquema de siempre: la utilización de contratos de obras públicas para financiar campañas políticas y, de paso, enriquecer a contratistas y funcionarios.
¿Cuándo comenzó a funcionar el PNP como una estructura tipo cartel? En la historia las fronteras son siempre difusas, pero parece claro que el armazón cuajó durante los ocho años de Pedro Rosselló cuando, acumulando mucha deuda pública, se emprendieron obras con gran presupuesto como el súper acueducto, el Coliseo de Puerto Rico y el Tren Urbano. Luego el festín siguió durante el cuatrienio de Luis Fortuño con los llamados fondos ARRA, enviados para paliar la crisis financiera de 2008. Más adelante, cuando esas prácticas llevaron el país a la quiebra, el cartel nunca detuvo su actuación porque, controlando las instituciones que debían investigarlo, se sentían muy seguros.
Nota: La frase que sirve de título a este artículo la tomo del líder catalán Gabriel Rufián, que la utilizó para referirse al Partido Popular español. Esa entidad es muy parecida al PNP puertorriqueño, tanto por su derechismo como por sus prácticas corruptas.
