Especial para CLARIDAD

El año 2021 cerró y el 2022 se inició al ritmo de nuevas acusaciones – son muchas las viejas – de corrupción. Esto hace pertinente invocar un viejo concepto de la economía, “cacería de rentas”, cuya amplitud permite cobijar bajo el mismo tanto actividades legales como ilegales cuyo denominador común es que son socialmente improductivas o hasta destructivas. La lista de tales actividades es larga: cabildeo por privilegios tributarios, diseño de contratos asimétricos o leoninos, evasión de impuestos, creatividad contable, búsqueda de dominio monopolista o control de acceso al mercado, subastas amañadas, depredación ambiental, conflictos de interés… También cabe incluir en la lista las “irregularidades” en la emisión, intermediación, uso y reestructuración de la deuda pública. En los intersticios o recovecos de la cacería de rentas florece el binomio de la extorsión y el soborno.

Hace más de dos siglos Adam Smith, el economista clásico que suele reconocerse como “padre de la economía capitalista”, se refirió al afán de “querer cosechar sin nunca haber sembrado”. No sería una mala definición de cacería de rentas. Anne Krueger, en un artículo académico de 1974 en el que analizaba el costo de privilegios como licencias y cuotas de importación, la definió como actividad en la que se gana sin producir. Concluye que la cacería de rentas provoca que la economía opere por debajo de sus posibilidades de producción. Por cierto, esta economista es la misma que en el año 2015 encabezó el informe sobre la economía de Puerto Rico – conocido como Informe Krueger – que puede ser considerado como el preámbulo de la ley imperial PROMESA y de la gestión de la Junta que la misma creara. Las paradojas se encuentran por todos lados.

La cacería de rentas, en la que sucumben actores del sector privado y del público, no se reduce a las actividades de humildes rateros y jaibas que, sin duda, abundan. Se remite a entidades corporativas, locales y del exterior, expresamente organizadas para cazar rentas, entre las que durante muchos años se han destacado las contratadas por la Autoridad de Energía Eléctrica y por el Departamento de Educación. También abundan en el campo minado de la salud.

Los informes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos rindiera sobre las operaciones de las empresas que operaban bajo la ya derogada sección 936 – no son pocos los que todavía añoran la desaparecida disposición tributaria — lucen como un abultado catálogo de irregularidades económicas. En ellos abundan las referencias críticas a la falta de correspondencia entre las ventajas fiscales, la creación de empleos y la actividad productiva, a la carencia de eslabonamientos con las empresas locales, al abuso con las transferencias de costos e ingresos entre distintas jurisdicciones, al uso inadecuado de los fondos 936 y a las continuas violaciones de las normas reglamentarias que regían los mismos. Este comportamiento no es accidental.

Las jurisdicciones que utilizan generosas ventajas fiscales para el fomento de la inversión suelen convertirse en plazas atractivas para la cacería de rentas. Sucede lo mismo con las que reciben grandes sumas de ayudas de emergencia. Las crisis son polos de atracción para la gestión inescrupulosamente lucrativa. ¿Acaso no es en medio de las crisis financieras que enseñan sus feas cabezas y ensangrentados picos los fondos buitre? También los desastres naturales y las pandemias atraen a todo tipo de ave de rapiña. Recuérdese el viejo dicho popular: “A río revuelto ganancia de pescadores”.

La cacería de rentas no se debe a meras desviaciones individuales que, claro está, las hay. En el fondo nace de la debilidad e incoherencia del andamiaje institucional: desde el sistema político hasta la administración de la justicia, desde el funcionamiento de los mercados hasta el marco regulativo, desde la gestión gubernamental hasta la empresarial, desde las metas enajenantes que se predican hasta los medios inadecuados que se proveen… Responde a la perversa lógica del sistema en la que el lucro dicta prácticamente todo.

Desde la óptica económica el sistema colonial de Puerto Rico – o territorial o como se le quiera llamar – ha estado y está montado en un trípode institucional que le sostiene. La primera pata del trípode, ahora en estado crítico, es la exención tributaria para promover enclaves de inversión directa externa. Los enclaves siempre se traducen en insuficiencia en la generación de empleo, acompañada de emigración, en debilidad de la base tributaria, lo que suele tornar desmedido al proceso de endeudamiento, y en remisión excesiva de excedentes hacia el exterior – ganancias, dividendos e intereses –, sumiendo al país en constante carencia de fuentes de financiamiento para la inversión. ¿No ha sido este cuadro el sello distintivo de la economía de Puerto Rico?

La segunda pata del trípode, que en parte responde a la inadecuación de la primera para lograr verdadero desarrollo, es la dependencia de las transferencias “especiales” de fondos federales. Por cierto, no se trata de “ayudas” para despejar el camino hacia el desarrollo, lo que eventualmente las tornaría innecesarias, sino de una política de estímulo a la adicción de las mismas. Esto lo resume muy bien la concepción que tiene el Partido Nuevo Progresista (PNP) de la estadidad como el estatus de los pobres, pero no para erradicar la pobreza sino para perpetuarla y justificar la permanencia de la dependencia. Ante el cultivo de semejante adicción no debería tomar por sorpresa la proliferación de actos delictivos – desde arriba hasta abajo: empresarios, políticos, funcionarios, empleados, desempleados y hasta el gato – en el uso y abuso de fondos federales. ¿No es así? ¿No es precisamente esto lo que se acusa en muchos casos de diversas variantes de adicción?

La política desmesurada de exención tributaria y la política torcida vinculada con los fondos federales han configurado la fragua en la que, en gran medida, ha cobrado forma la tercera pata institucional: la cacería de rentas. Sin embargo, la pareja gobernante PNP-PPD continúa insistiendo en las mismas políticas y negando su complicidad, sea por omisión o comisión, con las innumerables versiones de dicho vicio pecuniario. Se cae de la mata que para superar tal estado de cosas es imprescindible comenzar sacando del camino al obstáculo que representa dicha pareja política. Claro está, este paso sería solo el primero en la necesaria ruta reivindicativa del país.

El autor es economista

 CLARIDAD

Hubo un tiempo en que se tildaba de “hispanófilo” al movimiento independentista puertorriqueño, o a parte de él. Para algunos esa tendencia expresaba un esfuerzo genuino y necesario en defensa de nuestra “herencia hispana” frente a la permanente amenaza del nuevo colonialismo anglosajón, mientras que para otros no era más que una expresión retrógrada, una permanencia anquilosada en el pasado.

Parte de esa tendencia del independentismo efectivamente se enclavaba en el pasado y se identificaba con la peor versión del españolismo, aquellos que desde el llamado “movimiento nacional” asolaron a España a partir de 1936. Algunos de estos puertorriqueños habían sido defensores a distancia de la Falange durante los años de la guerra civil y luego se ubicaron en instituciones culturales, para desde allí defender todo lo que nos había dejado la “madre patria”. El nombre más representativo de este grupo es el de Eladio Rodríguez Otero, un empresario que se enriqueció con empresas de construcción, que estuvo vinculado al falangismo en los años ’30 y que posteriormente sería por muchos años presidente del Ateneo. Desde allí promovió la salida del sector más progresista, representado por Nilita Vientós y Manuel Maldonado Denis, tratando de convertir la institución en una expresión pura de su españolismo rancio y su extremo conservadurismo.

Fue este grupo, más que ningún otro, el que, al arbolear la segunda mitad del siglo XX, encendió todas las alarmas cuando se intensificó el proceso de modernización de Puerto Rico y comenzaron a regresar emigrados hablando “espanglish”. La nueva realidad promovía la “asimilación” a Estados Unidos y nos alejaba de la “madre patria”. Por aquellos años, desde el Ateneo que presidía Rodríguez Otero circularon profusamente los escritos del lingüista español Germán de Granda, recogidos en el libro Transculturación e interferencia lingüística en Puerto Rico, que expresaba una visión bastante fatalista del idioma y la hispanidad de los puertorriqueños, ante el supuesto avance de la asimilación cultural.

Aquel grupo esperaba de España un activismo similar al que la Francia de Charles de Gaulle mantuvo ante el proceso independentista de Quebec. El entonces presidente francés no solo actuó a favor de los quebequenses, sino que llegó al extremo de gritar “Viva Quebec libre” durante una visita oficial a Canadá en 1967, provocando una crisis diplomática. Los puertorriqueños españolistas esperaban que la España de entonces, que era la del dictador Francisco Franco, imitara el entusiasmo de Francia con Quebec.

Aquella tendencia del independentismo boricua fue perdiendo su agarre cuando, según avanzó la década del ’60 del siglo XX, el independentismo se fue vinculando a la nueva lucha influenciada por el socialismo y, en particular, al movimiento de liberación de América Latina. El latino americanismo sustituyó el españolismo

José Luis González, en su ensayo El país de cuatro pisos, critica con severidad esa tendencia, la que todavía consideraba importante en la década de 1970. “Yo no creo en reconstruir hacia atrás”, dice González. “hacia el pasado que nos legaron el colonialismo español y la vieja elite irremediablemente condenada por la historia. Creo en reconstruir hacia adelante… hacia un futuro que, apoyándose en la tradición cultural de las masas populares, redescubra y rescate la caribeñidad esencial de nuestra identidad colectiva y comprenda de una vez y por todas que el destino natural de Puerto Rico es el mismo de todos los demás pueblos, insulares y continentales, del Caribe.”

Durante las cruciales décadas de 1960 y 1970, Puerto Rico dejó atrás, bien atrás, aquel españolismo que, con dejos de nostalgia y refugio emocional, estuvo vivo durante toda la primera mitad del nuevo “siglo americano”. De hecho, cuando José Luis González escribía, a finales de los ’70, ya esa visión caribeña y latinoamericana que él proclama estaba arraigada y España era un pasado lejano.

Lógicamente, la sociedad puertorriqueña cambió en medio del nuevo colonialismo que sustituyó al español, pero no hacia la asimilación destructora de la nacionalidad a la que tanto se le temió. Tal vez no nos hemos vinculado al resto del Caribe como debiera ser, pero seguimos siendo un pueblo diferenciado con una nacionalidad única. Hablamos castellano son nuestro particular acento y nuestra mezcla, y porción grande de nuestro pueblo también habla inglés, mientras la identidad boricua se mantiene y se fortalece. Los que tuvimos algún nivel de protagonismo en las luchas de los ’60 y ’70 nos sentimos tranquilos y seguros de cara al futuro porque Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico, o más bien, boricua.

Lo que sucedió en las dos visitas del rey español Felipe VI a nuestro país, en 2016 y 2022, resultó muy revelador. Lo españolistas del pasado hubiesen estado al borde del suicidio al escucharlo hablando en inglés, como hizo en 2016, “porque había llegado a Estados Unidos”. En 2022 también hubiesen estado cerca del infarto, no tanto por lo que hizo o dijo el rey, sino por los boricuas que se atrevieron a derribar la estatua del primer colonizador español en repudio a la visita del monarca.

España nunca tuvo ni tiene compromiso alguno con el futuro de Puerto Rico como nación “hispana”. Ahora mucho menos, porque nuestra lucha le recuerda la que están dando catalanes y vascos. La palabra “separatismo” le es más odiosa ahora que en el siglo XIX. Por eso el rey contemporizó tanto con los anexionistas boricuas y por eso fueron éstos quienes más se regodearon con su visita. Es el mismo grupo que en el siglo XIX se llamaban “incondicionales” y ahora “estadistas”. Por eso Felipe VI se sentía tan a gusto con ellos.