Especial para CLARIDAD
El año 2021 cerró y el 2022 se inició al ritmo de nuevas acusaciones – son muchas las viejas – de corrupción. Esto hace pertinente invocar un viejo concepto de la economía, “cacería de rentas”, cuya amplitud permite cobijar bajo el mismo tanto actividades legales como ilegales cuyo denominador común es que son socialmente improductivas o hasta destructivas. La lista de tales actividades es larga: cabildeo por privilegios tributarios, diseño de contratos asimétricos o leoninos, evasión de impuestos, creatividad contable, búsqueda de dominio monopolista o control de acceso al mercado, subastas amañadas, depredación ambiental, conflictos de interés… También cabe incluir en la lista las “irregularidades” en la emisión, intermediación, uso y reestructuración de la deuda pública. En los intersticios o recovecos de la cacería de rentas florece el binomio de la extorsión y el soborno.
Hace más de dos siglos Adam Smith, el economista clásico que suele reconocerse como “padre de la economía capitalista”, se refirió al afán de “querer cosechar sin nunca haber sembrado”. No sería una mala definición de cacería de rentas. Anne Krueger, en un artículo académico de 1974 en el que analizaba el costo de privilegios como licencias y cuotas de importación, la definió como actividad en la que se gana sin producir. Concluye que la cacería de rentas provoca que la economía opere por debajo de sus posibilidades de producción. Por cierto, esta economista es la misma que en el año 2015 encabezó el informe sobre la economía de Puerto Rico – conocido como Informe Krueger – que puede ser considerado como el preámbulo de la ley imperial PROMESA y de la gestión de la Junta que la misma creara. Las paradojas se encuentran por todos lados.
La cacería de rentas, en la que sucumben actores del sector privado y del público, no se reduce a las actividades de humildes rateros y jaibas que, sin duda, abundan. Se remite a entidades corporativas, locales y del exterior, expresamente organizadas para cazar rentas, entre las que durante muchos años se han destacado las contratadas por la Autoridad de Energía Eléctrica y por el Departamento de Educación. También abundan en el campo minado de la salud.
Los informes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos rindiera sobre las operaciones de las empresas que operaban bajo la ya derogada sección 936 – no son pocos los que todavía añoran la desaparecida disposición tributaria — lucen como un abultado catálogo de irregularidades económicas. En ellos abundan las referencias críticas a la falta de correspondencia entre las ventajas fiscales, la creación de empleos y la actividad productiva, a la carencia de eslabonamientos con las empresas locales, al abuso con las transferencias de costos e ingresos entre distintas jurisdicciones, al uso inadecuado de los fondos 936 y a las continuas violaciones de las normas reglamentarias que regían los mismos. Este comportamiento no es accidental.
Las jurisdicciones que utilizan generosas ventajas fiscales para el fomento de la inversión suelen convertirse en plazas atractivas para la cacería de rentas. Sucede lo mismo con las que reciben grandes sumas de ayudas de emergencia. Las crisis son polos de atracción para la gestión inescrupulosamente lucrativa. ¿Acaso no es en medio de las crisis financieras que enseñan sus feas cabezas y ensangrentados picos los fondos buitre? También los desastres naturales y las pandemias atraen a todo tipo de ave de rapiña. Recuérdese el viejo dicho popular: “A río revuelto ganancia de pescadores”.
La cacería de rentas no se debe a meras desviaciones individuales que, claro está, las hay. En el fondo nace de la debilidad e incoherencia del andamiaje institucional: desde el sistema político hasta la administración de la justicia, desde el funcionamiento de los mercados hasta el marco regulativo, desde la gestión gubernamental hasta la empresarial, desde las metas enajenantes que se predican hasta los medios inadecuados que se proveen… Responde a la perversa lógica del sistema en la que el lucro dicta prácticamente todo.
Desde la óptica económica el sistema colonial de Puerto Rico – o territorial o como se le quiera llamar – ha estado y está montado en un trípode institucional que le sostiene. La primera pata del trípode, ahora en estado crítico, es la exención tributaria para promover enclaves de inversión directa externa. Los enclaves siempre se traducen en insuficiencia en la generación de empleo, acompañada de emigración, en debilidad de la base tributaria, lo que suele tornar desmedido al proceso de endeudamiento, y en remisión excesiva de excedentes hacia el exterior – ganancias, dividendos e intereses –, sumiendo al país en constante carencia de fuentes de financiamiento para la inversión. ¿No ha sido este cuadro el sello distintivo de la economía de Puerto Rico?
La segunda pata del trípode, que en parte responde a la inadecuación de la primera para lograr verdadero desarrollo, es la dependencia de las transferencias “especiales” de fondos federales. Por cierto, no se trata de “ayudas” para despejar el camino hacia el desarrollo, lo que eventualmente las tornaría innecesarias, sino de una política de estímulo a la adicción de las mismas. Esto lo resume muy bien la concepción que tiene el Partido Nuevo Progresista (PNP) de la estadidad como el estatus de los pobres, pero no para erradicar la pobreza sino para perpetuarla y justificar la permanencia de la dependencia. Ante el cultivo de semejante adicción no debería tomar por sorpresa la proliferación de actos delictivos – desde arriba hasta abajo: empresarios, políticos, funcionarios, empleados, desempleados y hasta el gato – en el uso y abuso de fondos federales. ¿No es así? ¿No es precisamente esto lo que se acusa en muchos casos de diversas variantes de adicción?
La política desmesurada de exención tributaria y la política torcida vinculada con los fondos federales han configurado la fragua en la que, en gran medida, ha cobrado forma la tercera pata institucional: la cacería de rentas. Sin embargo, la pareja gobernante PNP-PPD continúa insistiendo en las mismas políticas y negando su complicidad, sea por omisión o comisión, con las innumerables versiones de dicho vicio pecuniario. Se cae de la mata que para superar tal estado de cosas es imprescindible comenzar sacando del camino al obstáculo que representa dicha pareja política. Claro está, este paso sería solo el primero en la necesaria ruta reivindicativa del país.
El autor es economista
