CLARIDAD
El impuesto al sol es tanto ilegal como inconstitucional. Pero en contra de lo que se estableció en la Ley 17 del 2019, Ley de Política Pública Energética, y el Código Civil, aprobado en el 2020, a la Junta de Control Fiscal (JCF) no parece importarle En ambos se prohíbe un impuesto al sol.
Una vez más, la Junta hace ostentación de sus poderes omnímodos y pretende incluir en su acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica un impuesto al sol, como garantía de pago. Este sería un impuesto adicional al llamado “cargo de transición”, que comenzaría en 2.768 centavos por Kwh e incrementaría hasta a 4.552 centavos para el 2044.
Para la experta en Derecho Ambiental, profesora Erika Fontánez, el impuesto al sol es toda una contradicción porque la tendencia, por ejemplo, en España, fue eliminar el impuesto al sol. “En todo caso, la tendencia debe ser facilitar las circunstancias para que la ciudadanía pueda acceder a una transición a la energía renovable”, indicó a CLARIDAD.
Destacó que, más allá de eso, en términos legales, el nuevo Código Civil aprobado en el 2020 ya previó una prohibición de impuesto al sol y aprobó unas disposiciones que previenen que se le imponga ese tributo. Expuso que en el Código se entiende que el sol o la energía solar es un bien común y que en tanto es un bien común se puede usar meramente en lo que se llama “derechos reales por ocupación”. Eso quiere decir que tanto el aire como el sol se pueden usar para hacer energía y no son un bien del Estado. Por lo tanto, el Estado no lo puede tratar como si fuese un bien patrimonial, sino que el sol se entiende como un bien de uso colectivo. Por no estar en el tráfico jurídico, no procede en términos legales que se le imponga un impuesto.
Fontánez recalcó que la prohibición del impuesto al sol establecido en el Código Civil y el reconocimiento del sol como un bien común es precisamente por su naturaleza: “Cualquier ciudadano puede acceder al sol. Claro, se paga por la administración, por el equipo; pero no se supone que el Estado, ni mucho menos un particular, trate la energía solar y el sol como un bien patrimonial. Es la misma analogía de que las aguas pluviales son bienes comunes. La persona puede recoger el agua de lluvia para su uso y no puede ser penalizado ni cobrársele por ello”. Aclaró que en el caso del recurso del agua, el Estado lo que hace es administrar el recurso. El impuesto al sol sería el equivalente a tratarlo como si fuese un bien del Estado con el cual puede traficar, es decir, hacer negocio.
En entrevista por separado, la activista ambiental y miembro de la Coalición Queremos Sol, Myrna Conty, de entrada denunció la postura de la JCF. “Es evidente que la Junta no tiene los mejores intereses del país. Ahora pretende ponerle un impuesto al sol, que es gratis, para pagar una deuda que ni siquiera ha auditado. Vamos a cometer el mismo error que con el plan de ajuste de deuda. Entiendo que la Legislatura no debe volver a caer y dejarse presionar por la Junta. Que piense en el país. Los rojos y los azules tienen —¡tienen!— la responsabilidad legal de pensar primero en el país”.
La alianza Queremos Sol promueve la instalación de paneles solares en los techos de las casas. Conty hizo un llamado enfático a la Legislatura a que permita la participación y escuche al pueblo en esta discusión.
En tanto, el oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) Javier Rúa Jovet, en vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, advirtió de que la Ley 17 del 2019 dice que: “No se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía renovable por los consumidores”. De acuerdo con la Resolución del Senado 270, la Comisión se encuentra evaluando los mecanismos para el repago de la deuda de la AEE.
El licenciado Rúa Jovet plantea que se debe rechazar el acuerdo actual y buscar soluciones a la deuda de la AEE que estén alineadas con la masiva cantidad de energía solar y eficiencia energética requerida por la Ley 17-2019, que aún se encuentra en sus frágiles etapas iniciales de implementación.
Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), en declaraciones escritas también denunció que sin duda alguna el impuesto al sol, además de buscar garantizar los pagos a los bonistas de la AEE, representaría un golpe mortal al bolsillo del consumidor puertorriqueño. “Más aun, este cargo atentaría contra la industria solar y amenaza con dejar rezagado el mercado de placas solares, baterías para el almacenamiento de energía, carros eléctricos, etc.”
Igual destacó como importante en la discusión que para implementar el “mal llamado cargo de transición” habría que enmendar la Ley de Política Pública Energética y otras leyes. “Quiero ser meridianamente claro: no prestaré mi voto para aprobar un impuesto al sol. Este impuesto sería nefasto para la gente, para la economía y para los esfuerzos de movernos cada más a fuentes de energía renovable”.
