Vetar rima con abusar

 

CLARIDAD

“Vetar” viene del latín vetare que significa prohibir. Cuando alguien veta, prohíbe. En castellano es un verbo con mucho peso o, más bien, mucho poder, que casi siempre se ejerce al final de un proceso. Alguna gente actúa, hace o dice, y al final viene otro y, de golpe y porrazo, elimina lo hecho. Ese otro u otra, de ordinario está investido con el poder de imponer su voluntad por encima de todos los demás. Tanto poder tiene que ni siquiera está obligado a explicar el por qué de su acto.

Ese poder para vetar nació de las sociedades patriarcales y en los gobiernos existe desde los tiempos de la monarquía absoluta. En Estados Unidos, a pesar de que es una república, el poder forma parte de las prerrogativas presidenciales. Luego de que un proyecto de ley pasa por el largo y muchas veces difícil proceso legislativo, en el que intervienen cientos de personas electas por los ciudadanos, se hacen vistas públicas y se debate en comisiones, el presidente, sin estar obligado a consultar con nadie ni dar explicaciones, impide que el proyecto se convierta en ley. Puede detenerlo diciendo explícitamente que lo veta o puede sencillamente dejar que se ponga viejo sin firmarlo. De un plumazo, o sin necesidad de darlo, hace que toda la tinta derramada y saliva gastada, se pierda.

El poder del veto llegó a Puerto Rico desde Estados Unidos donde la joven república, cuando adoptó su constitución a finales del siglo XVIII, lo incorporó como una reminiscencia del absolutismo monárquico. Es fácil entender que aquel nuevo gobierno republicano incorporara elementos de la monarquía que era entonces el régimen dominante en el mundo. De hecho, en la convención constitucional se consideró un presidente vitalicio, y parte del liderato independentista favorecía una nueva monarquía americana. Lo grave es que esa reminiscencia monárquica todavía persista y si acepte como la cosa más normal más de dos siglos después.

No sólo existe en el sistema federal estadounidense, sino que desde allí se extendió a sus estados y colonias. En otros países, mayormente los que tienen sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo nace del Legislativo, no se le da ese poder extraordinario del jefe del gobierno. Allí lo que sale del trabajoso proceso legislativo se

Muy pocas veces el ejercicio de ese enorme poder resulta positivo. Lo común es que el veto se utilice para el abuso de poder, para que el ejecutivo, como el monarca absoluto, actúe en beneficio de algún grupo y en contra de la mayoría. De ordinario ese grupo que mueve la mano del gobernante, o la detiene para dejar que la legislación muera lentamente, tiene mucho poder económico, que siempre se traduce en control político. Para complacer ese sector se lanza al zafacón el esfuerzo de muchos.

En Puerto Rico vivimos esa experiencia hace unos días cuando el gobernador Pedro Pierluisi vetó un proyecto aprobado con amplia mayoría en Cámara y Senado que establecía una moratoria en desahucios y ejecuciones de hipotecas cuando se declare un estado de emergencia. Nótese que el proyecto no se dirigía a atender cualquier situación, sino que para que entrara en vigor la moratoria, tenía que haber antes una declaración de estado de emergencia por parte del gobierno. Esa declaración pública supone una situación de grave perjuicio social, la que de ordinario se produce luego de un huracán de gran poder, de un terremoto o de una pandemia de gran impacto humano. Además, la moratoria que declaraba la ley es por sólo 90 días, para que el lanzamiento a la calle no se produzca en medio del evento y la gente tenga un periodo mínimo para tomar medidas.

El proyecto de ley fue una iniciativa de Ayuda Legal Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que, en los años luego del huracán María, ha tenido contacto directo con los sufrimientos de quienes se enfrentan a perder el techo que los protege. Esa experiencia los motivó a peticionar la legislación y a invertir un enorme esfuerzo hasta lograr su aprobación en Cámara y Senado.

No fue un proceso fácil porque los prestamistas, particularmente los bancos y hasta algunas cooperativas, cabildearon con fuerza en contra de la medida. El Banco Popular, el más grande de Puerto Rico, fue uno de los más activos. Al filo de la sesión legislativa donde se consideró la medida, para poder aprobarla se le incorporaron los pedidos del banco, pero, aun con estas limitaciones, lo aprobado daba protección a la ciudadanía. La terrible angustia que se siente luego de un desastre natural quedaba reducida porque la gente tendría un respiro de 90 días durante los cuales no podían ser lanzados de sus viviendas.

El alivio duró poco. Al emitir su decreto de muerte Pierluisi dijo que el proyecto “altera derechos de los acreedores” y, además, que “pudiera ser confiscatorio”. Tal parece que ni siquiera se ocupó de leerlo. Nada de lo que allí se dice afecta la acreencia del prestamista, ni mucho menos altera el contrato de préstamo suscrito entre las partes. Tan solo se prorrogan los términos por 90 días, al cabo de los cuales el acreedor tiene sus acciones disponibles sin que su acreencia sufra menoscabo alguno.

Los prestamistas y usureros están de plácemes porque el individuo que ayudaron a poner en Fortaleza les está siendo fiel.

 

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