CLARIDAD
Frente al hecho de que en la juramentación de la gobernadora, Jenniffer González, solo hablaron líderes religiosos y a que su primera reunión como gobernadora haya sido con líderes religiosos de orientación fundamentalista, no debe sorprender que el primer proyecto (PS 1 2025) presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sea dizque para “establecer la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en PuertoRico».
“El proyecto abre la puerta no solo para las comunidades LGBTQ. Ejemplo, yo soy una persona de la comunidad LGBTQ y negra, ¿Qué pasa entonces con ese proyecto que abre la puerta a otros grupos que han sido marginados? ¿Qué pasa cuando la persona por alguna razón es de una religión que entiende que la del otro no es la religión correcta, que tiene una manera de vivir, que tiene una forma de vestir que representa su identidad de género o unas características particulares? Esto abre la puerta, es un cheque en blanco, un libro abierto para la discriminación. Es mucho más allá de «la identidad de género y la identidad sexual”, manifestó a CLARIDAD la joven Olga Chapman Rivera.
Chapman es una de las portavoces de un frente amplio de más de 70 organizaciones LGBTQ+ que, en conferencia de prensa este lunes frente al Capitolio, día en que ambas ramas legislativas iniciaron sus trabajos del cuatrienio, denunciaron la existencia de la medida que la Legislatura pretende aprobar sin someter a vistas públicas.
Las organizaciones censuraron que el senador Rivera Schatz utilice como excusa la libertad religiosa, libertad que no necesita ser legislada porque ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico.
Chapman Rivera confirmó que durante la conferencia ningún legislador se acercó a ellos para interesarse en sus denuncias. Aunque informó que ya han enviado cartas a algunos legisladores con enmiendas al proyecto, sostuvo que están en contra de la medida.
A preguntas de este medio, comentó que el director de Hispanic Federation, Frankie Miranda, ha observado que en varias jurisdicciones de Estados Unidos, en particular en donde predomina la visión republicana, se han aprobado proyectos de este tipo que abren la puerta, no solo para la discriminación, sino para una mirada hegemónica que da permiso a grupos de múltiples supremacías a que su visión sea la avalada por el Estado, lo que levanta preocupación por lo que se está viendo igual en Puerto Rico.
“¿En dónde está la supuesta democracia que vivimos en que hay libertad de credo, hay libertad religiosa? ¿Qué democracia vamos a tener con proyectos como este donde una visión particular, que en este caso es compartida por el Estado, se quiere imponer sobre el resto de la población?”, cuestionó Chapman Rivera.
Sobre ese particular, Miranda defendió en la conferencia de prensa que: “Los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Esta medida es contraria a la igual protección de las leyes, al privilegiar a unos sobre otros. El Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de todos por igual y asegurar el acceso justo a los servicios esenciales que está obligado a brindar. Es por eso que estamos unidos en pedir vistas públicas para elevar los peligros que representa este proyecto de ley y lograr que la Legislatura haga lo correcto”.
En entrevista por separado, Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y portavoz del grupo, describió que el alcance de la medida es muy amplio, muy vago y muy peligroso. “La creencia religiosa no puede cuestionarse, así que cualquier persona puede inventarse una creencia religiosa y no puede ser cuestionada”.
El proyecto le da inmunidad a profesiones reguladas por el Estado de poder levantar la bandera de libertad religiosa. Por ejemplo, si es un médico, puede dejar morir a alguien; si es un psicólogo, puede dejarlo en depresión; si es enfermero, no atenderlo. La medida tiene otros alcances en términos de que si un supervisor de gobierno obliga a un empleado público a violentar, según ellos, su creencia religiosa, ese supervisor puede ser demandado civilmente y tendría que pagar de su propio pecunio cualquier remedio que entienda la corte.
Entre otros ejemplos de discriminación que podría conllevar la medida está el que si alguna persona LGBTQ+ acude al Registro Demográfico para pedir una licencia matrimonial para una pareja del mismo sexo o para atemperar el encasillado de sexo del certificado de nacimiento de una persona trans, el servidor público pudiera negarse a otorgar cualquiera de los documentos. En un cuartel, un policía podría negarse a tomar una querella por violencia doméstica. Todas estas acciones, ya de por sí, son inconstitucionales.
Al igual que Chapman, Serrano reiteró que aunque les sometieron enmiendas al proyecto a algunos legisladores, se oponen al proyecto.
“La libertad religiosa está por encima de la identidad de género porque en Puerto Rico la única prohibición que existe es en el empleo para las personas LGBTP. En todas las demás áreas de nuestra vida nos pueden discriminar legalmente; sin embargo, la libertad religiosa tiene una protección constitucional que está por encima de cualquier ley”,
El presidente de Federación LGBTQ+ de Puerto Rico destacó que la medida es una electorera para el Partido Nuevo Progresista agenciarse los votos fundamentalistas que se fueron del PNP al Proyecto Dignidad.