CLARIDAD
Portavoces de diversas organizaciones sindicales, ambientales, sociales, comerciales y de derechos humanos emplazaron a la gobernadora Jenniffer González Colón y a las personas que gestionan el sistema energético a que se sienten con los diversos sectores del país para atender su propuesta de revertir la privatización del sistema eléctrico y regresar a un modelo público bajo una Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reformada y democrática.
Ante un nuevo aumento en la tarifa de la luz, los reclamantes, en conferencia de prensa frente a las oficinas de la AEE —ahora ocupadas por la privatizadora Luma Energy— recalcaron que la privatización mediante los contratos de Luma Energy y Genera PR, fracasó.
“Estos contratos, respaldados por la Junta de Control Fiscal, prometieron tarifas estables, reducir los costos de operaciones y del gasto público y modernizar el sistema para que este fuera más confiable y eficiente. Sin embargo, el costo por kilovatio-hora continúa en aumento, alcanzando los 26 centavos, una de las tarifas más altas en Estados Unidos, muy por encima de los 20 centavos prometidos”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club.
Por su parte, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que el contrato de LUMA asciende a más de $140 millones anuales por cargos de servicios y tiene un presupuesto de $250 millones más alto que el que tenía la AEE. Repasó que el contrato de LUMA ha sido objeto de fuertes críticas por su ineficiencia y apagones frecuentes por falta de conocimiento técnico, en comparación al peritaje y empleados movilizados de la antigua AEE.
Según expuso, la propuesta de una AEE reformada incluye devolver los empleados movilizados, quienes son los que tienen décadas de conocimiento del sistema eléctrico. Insistió en que también hay que incluir a los actuales trabajadores.
En cuanto a la Junta de Gobierno de la AEE, planteó que hay que reformarla para que sea representativa y no responda al interés político partidista, especialmente de los que nos gobiernan. La transformación incluye convertir al Negociado de Energía en un ente fiscalizador y establecer una autoridad reformada que opere bajo el control público con sus mecanismos de fiscalización y con participación ciudadana.
Maritza Maymí, portavoz del grupo, señaló que, según el estudio del economista José Alameda, si la AEE hubiese continuado operando el sistema de transmisión y distribución, el costo proyectado para el período 2023-2037 sería de aproximadamente $1,900 millones de dólares. En cambio, con LUMA, los costos proyectados ascienden a $2,692 millones de dólares, generando un sobrecosto de $792 millones, que será cargado a la tarifa eléctrica.
A preguntas de la prensa, la portavoz reiteró que el modelo privatizador fracasó y que todas las cosas que se prometieron cuando se justificó la privatización, la cual comenzó con una demonización de la gestión pública, ahora es un modelo más costoso, en que existe corrupción en el manejo de esos fondos públicos, dado a que LUMA y Genera operan con fondos públicos y, además, continúan promoviendo que se extraiga dinero de los bolsillos de las personas que pagan el sistema energético.
“Así que queremos un sistema público, renovado, donde haya participación ciudadana, donde haya una democracia, transparencia; que la información de cómo se maneja, cómo se gestiona esa red energética sea por completo pública, que la gente la pueda comentar, que la pueda disputar”. Recalcó que el elemento de transparencia falta en el modelo privado y recordó que ambas compañías en el cuatrienio pasado se rehusaban a dar información pública a la Asamblea Legislativa.
El presidente de la UTIER añadió que en el pasado la AEE “fue mejor que la pesadilla que estamos viviendo en el presente”, y destacó que fue el propio gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF), quienes le amarraron las manos a esa agencia con menos presupuesto y menos fondos federales.
“Lo que estamos proponiendo es que hay que reconocer que la privatización fracasó, que todas las promesas y todas las premisas que se dieron se hicieron sal y agua” Figueroa Jaramillo, indicó que la alternativa es volver al modelo público reconociendo aquellas fallas que se pudo haber tenido a consecuencia de los que nos gobernaron. Agregó que hay que sacar del medio a los que no toman decisiones y hacer una junta distinta, democrática como hay en miles de corporaciones públicas en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, en que haya participación ciudadana mediante diferentes modalidades. Señaló que la Ley 57 (del 2014 del NE) promovía la participación ciudadana mediante reuniones en diferentes lugares, que nunca se realizaron.
Jaramillo denunció que la semana pasada, a espaldas del país, le aumentaron $227 millones en presupuesto a LUMA y a Genera, dinero que no era para pensiones. La petición original de LUMA era de $800 millones e incluso hizo la amenaza soslayada de que si no le daban los $800 eso iba a conllevar que hubiera más apagones.
A la pregunta de si cree que la gente ya está convencida del fracaso de la privatización, Figueroa Jaramillo no dudó en declarar que ya eso la gente lo ha adjudicado, a pesar de que siempre habrá portavoces que no aceptan que se equivocaron. Apuntó a que la gobernadora de cierta manera lo está aceptando, pues el que diga que va a cancelar el contrato de LUMA, ya sea una promesa de campaña o algo político, tiene reconocimiento implícito de que fracasó. “Pero más que eso, es la carta que le envió hace dos semanas el Zar de Energía. Esa carta recoge miles de documentos de incumplimiento del privatizador. Cuando LUMA habla del operador pasado, no dice la Autoridad, dice el operador pasado, otros operadores incluyen la AEE”, comentó.
Entre otros señalamientos, se destacó que se supone que en la Junta de Gobierno de la AEE haya un miembro representante del interés público y hace más de un año que ese puesto está vacante porque la persona que solicitó ocuparla fue bloqueada a través de los tribunales. En este momento, el pueblo de Puerto Rico no tiene a nadie en esa junta que lo represente y fiscalice.
Sobre cuánto tiempo puede tomar una transición hacia un nuevo modelo público, el presidente de la UTIER indicó que una transición puede durar no más de un año desde el momento en que se cancele el contrato. Acotó que en el caso de LUMA, que llegó sin tener nada, estuvo un año en la transición montando un negocio sin tener nada. “Nosotros sabemos lo que es la industria y por lo tanto tenemos esa ventaja por encima de LUMA, y lo que importa es la voluntad”, reclamó.
En cuanto al argumento de algunos, como la JCF, de que no se puede hacer una transición a un nuevo modelo sin que se haya resuelto la negociación de la deuda de la AEE, la licenciada Zoé Negrón, quien es una de las representantes legales de la UTIER en dicho caso, señaló que es un error separar la quiebra de la AEE de lo que está pasando con los contratos de LUMA y Genera.
Negrón explicó que el proceso de quiebra se ha extendido tanto porque no hay los recursos para pagar como ha querido hacer pagar la JCF a los bonistas. Y los bonistas, por su parte, han querido que se les pague más, obviamente. Los aumentos en los costos de operación del sistema a base de los contratos de privatización es parte de la razón de por qué no hay recursos para pagar las pensiones ni para pagar la deuda, por lo que entiende que la restructuración no va a ser posible si se continúa con los aumentos de costos de un sistema que no es eficiente y no genera ingresos.
“Así que una cosa va a la otra. Puede haber un argumento de parte de la JCF de que no podemos hacerlo, pero la realidad del caso es que LUMA y Genera le están costando a la AEE de una manera que no puede restructurarse la deuda”.
Ante el reclamo público de una reunión con la gobernadora, Maritza Maymí dio a conocer que desde que existe Queremos Sol, la organización ha enviado muchísimas cartas a lo largo de todos las incumbencias y cambios de gobernadores. A principios de este año volvieron a enviar cartas a La Fortaleza, pero a la fecha, ninguna ha sido respondida.
