CLARIDAD
El biólogo estaba inmerso en un proyecto ambiental que contaba con $7.4 millones asignados, pero que generó muchísima oposición del sector agrícola
Nota editorial: Esta es la segunda entrega de una serie de cuatro artículos a partir de la entrevista que hiciera CLARIDAD a Moshayra Vicente Cruz, viuda de Viqueira. Apoya el periódico de la Nación Puertorriqueña suscribiéndote a CLARIDAD.
Anterior a su asesinato, el biólogo Robert Viqueira Ríos estaba inmerso en un proyecto ambicioso de restauración de la Laguna de Guánica para el cual recibió $7.4 millones en fondos federales, pero que el gobierno de Puerto Rico efectivamente bloqueó tras escuchar y evaluar los argumentos de oposición del sector agrícola del Valle de Lajas y áreas limítrofes.
“El proyecto, que le estaba ocupando su energía, era el proyecto propuesto para la restauración de la Laguna de Guánica”, expuso su viuda, Moshayra Vicente Cruz, en conversación con CLARIDAD. Vicente Cruz ha insistido en que se deben investigar todos los ángulos pertinentes al asesinato, sin descartar los políticos ni profesionales. Sin embargo, la jefatura del Departamento de Justicia desistió apelar la determinación judicial de absolver al asesino.
Viqueira Ríos murió baleado por su vecino, Eduardo Meléndez Velázquez, quien buscó un rifle y corrió hasta la entrada de su residencia para dispararle. El juez Ángel Llavona le absolvió del crimen tras haber creído que el acusado actuó en defensa propia, tal como había argumentado la defensa.
La familia del occiso ha mantenido que ese “fallo es una injusticia”, puesto a que no tomó en consideración la provocación del vecino ni lo desproporcionado del acto de ir a buscar su rifle y correr hasta la entrada de la residencia. Los allegados han jurado que no claudicarán en la búsqueda por justicia para su ser amado.
Protectores de Cuencas Inc., la organización sin fines de lucro que Viqueira Ríos dirigió “hasta su último respiro”, había propuesto recuperar un ecosistema de humedales de aproximadamente 1,200 acres que fue drenado en 1955 como parte de un proyecto de desarrollo agrícola en el Valle de Lajas, según información oficial. La Oficina de Administración Oceánica y Atomosférica de Estados Unidos (NOAA) acogió la propuesta y le asignó $7.4 millones para su ejecución.
Como proponentes, la entidad ambiental destacaba los beneficios potenciales, como la creación de un hábitat para la vida silvestre, oportunidades recreativas y de riego, así como su función de filtro natural para la contaminación y control de inundaciones. Un grupo de vecinos también promovía que se restaurara este cuerpo de agua dulce, que fue el más grande de Puerto Rico. Sin embargo, “la propuesta ha desatado agrias controversias, especialmente entre agricultores del Valle de Lajas, quienes aseguran que la inundación de estas tierras podría afectar severamente la producción alimentaria de la región”, recoge el informe final de la Resolución del Senado 246, publicado en enero de este año.
“Se ha reconocido públicamente que la restauración representa unos beneficios ambientales, que atentan contra las compañías que se encuentran en el área aledaña a la laguna”, mencionó Vicente Cruz. El proyecto, de hecho, había sido una iniciativa promovida por los propios residentes del área de la laguna y propuesta en el pasado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Ante la oposición al proyecto —que se hizo sentir en las ramas legislativa y ejecutiva— la gobernadora Jenniffer González nombró en, mayo de 2025, a un comité para que analizara su viabilidad legal, agrícola y ambiental.
“Robert formaba parte [del comité] como proponente… Solo pudo participar de una reunión. Lamentablemente, después del asesinato, el comité continuó reuniéndose como si nada hubiera pasado. Se suponía que iban a emitir un informe a la gobernadora y ella se pronunciara, pero eso no ha pasado, y por eso la NOAA nos tiene en pausa porque no hay una declaración del gobierno de Puerto Rico”, explicó Vicente Cruz a CLARIDAD.
El comité tenía la encomienda de rendir un informe con recomendaciones, en septiembre de 2025, que “incorporara mecanismos de mitigación y protección del sustento agrícola en la zona”. Aunque la gobernadora no se ha expresado, ya el Departamento de Agricultura —cuyo secretario preside el grupo de trabajo— hizo constar su oposición en su ponencia al Senado. “Dar paso a este proyecto de restauración podría afectar miles de cuerdas de empresas agrícolas existentes de semillas, heno, ganadería, vaquerías, cultivos diversos y de forma indirecta otras empresas”, expuso.
Agricultura reveló también que estimaron el impacto económico de inundar los terrenos agrícolas ubicados en la huella de la laguna en una perdida potencial de más de $66.9 millones en la región. Mientras tanto, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) estimó las pérdidas económicas agregadas en $330 millones.
En el área, operan empresas multinacionales como BASF y RiceTec, que desarrollan cultivos de algodón, soya, maíz y arroz. “Su presencia es crucial, ya que aportan, directa e indirectamente, cerca de $88.2 millones a la economía del suroeste de Puerto Rico”, expuso la agencia en su ponencia. Sin embargo, la oposición no se limitaba a estas multinacionales, sino también a pequeñas y medianas empresas agrícolas que alquilan terrenos a la Autoridad de Tierras y producen heno, entre otros productos agrícolas.
Abordada sobre quién asumiría la continuidad de ese proyecto, Vicente Cruz comentó que Miguel Viqueira, el hermano de Robert, es ahora el gerente del proyecto. “Los fondos ya fueron asignados y entregados a Protectores de Cuencas. Solo dependemos de la firma de la gobernadora para poder comenzar los trabajos de la restauración. Estamos a punto de perder esos fondos, cuando el gobierno de Puerto Rico históricamente apoyó ese proyecto”, puntualizó. “Protectores de Cuencas sigue”, añadió.
