» Nadie sabe y nadie supo» por qué en 1984, bajo el gobierno del Republicano Ronald Reagan, con un Senado de mayoría republicana y una Cámara de Representantes de mayoría demócrata, el 98vo. Congreso de Estados Unidos decidió sigilosamente enmendar la Ley de Quiebras Federal y excluir a Puerto Rico de la protección de dicho estatuto, bajo el cual estuvo cobijado- como todos los «Estados»- desde el año 1938. Ni siquiera el entonces Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, el celebrado jurista Jaime Fuster Berlingeri, advirtió el cambio. Si lo hizo y lo informó al entonces Gobernador, Rafael Hernández Colón, igual mutismo practicó este y todos los gobiernos de Puerto Rico hasta 2014, cuando, para subsanar tan grave omisión, se aprobó en Puerto Rico la fallida Ley de Quiebra Criolla, que el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston desestimó de un plumazo como inaplicable, porque la ley federal de 1984 prevalecía sobre ella.
Por eso, cuando en 2015 la deuda pública de Puerto Rico, que en ese momento ya alcanzaba la inimaginable cifra de $73 mil millones, se hizo insostenible e impagable, Alejandro García Padilla, entonces Gobernador de Puerto Rico, y Pedro Pierluisi, Comisionado Residente acudieron en dupla a Washington a pedirle al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al Congreso que aprobaran una ley especial de quiebra para Puerto Rico
Así nació la Ley PROMESA, de claro corte colonial, y se nombró, también por el Congreso y el Presidente metropolitanos, la primera Junta de Control Fiscal (JCF). Desde entonces, han transcurrido ya diez largos años, y tres Juntas de composición diferente, todas igualmente enajenadas de nuestro pueblo, atornilladas en su burbuja, engordando una creciente burocracia interna y una corte interminable de asesores y contratistas- la mayoría extranjeros- que viven y facturan como si Puerto Rico, en vez de un país pobre y en quiebra, fuera dueño de los ríos de dinero de los casinos de Las Vegas o Montecarlo.
En el año 2025, la entidad de análisis económico Espacios Abiertos publicó un informe que colocaba los gastos de la JCF, hasta fines de 2024, en $2, 200 millones, principalmente en pagos a abogados, asesores y contratistas. Ese dinero ha salido de los menguados recursos de Puerto Rico.
Cuando el Congreso aprobó PROMESA, estimó que la JCF estaría en Puerto Rico por un término aproximado de cinco o seis años y que sus gastos totales por dicho término no serían mayores de $370 millones. Por lo cual, el Congreso, el Presidente de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico -por servil e incondicional que sea- deberían cuestionar cómo es posible haberse equivocado tanto en las proyecciones originales de tiempo de estadía y costos de PROMESA y la JCF. Hasta donde se sabe públicamente- porque la secretividad y falta de transparencia es otro de sus defectos- ese cuestionamento no ha ocurrido y la JCF sigue gastando el dinero de Puerto Rico como si no hubiese mañana.
Es imposible ignorar, además, la incompetencia, la desidia y la indiferencia ante las carencias del pueblo demostradas por la JCF. La mayoría de sus supuestas medidas correctivas han sido dirigidas a penalizar a los sectores trabajadores y a los más vulnerables. Repasemos solamente algunas de las más evidentes:
– Pensiones: recortes masivos a las pensiones de los empleados públicos y eliminación de beneficios laborales.
– Salud: recortes en fondos destinados a hospitales, incluyendo Centro Médico y el Hospital Pediátrico Universitario.
– Educación: cierre de cientos de escuelas públicas y reducción de presupuesto operacional.
– Servicios públicos: consolidación de agencias y eliminación de puestos de trabajo regulares. Aumento de puestos de confianza, que son nombramientos políticos y responden principalmente al gobierno de turno.
– Transporte- reducción en las rutas y aumento en las tarifas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses
– Universidad de Puerto Rico: reducción del 48% de fondos del Fondo General entre 2017 y 2024, lo que ha provocado aumentos en costos de matrícula y servicios a estudiantes, eliminación de puestos de trabajo docentes y no docentes, y deterioro de la infraestructura en los recintos del sistema de educación superior público.
Estas medidas de austeridad y recortes de servicios impuestas por la JCF, junto a la ausencia de iniciativas de revitalización económica para el país, han tenido el efecto de estimular la emigración reciente de cientos de miles de profesionales puertorriqueños, educados y diestros, que se van del país en búsqueda de las oportunidades que aquí se les niegan.
Pero, la peor nota en el récord de la JCF ha sido su caótica gestión de la crisis de energía en Puerto Rico y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE), cuya resolución es todavía incierta después de 10 años, y cuyos efectos nefastos afectarán el desarrollo económico de Puerto Rico por años y décadas. La JCF ha sido responsable de impulsar la privatización de nuestro sistema eléctrico, en un proceso atropellado y poco transparente, y de haber aprobado la contratación de engendros como LUMA y GeneraPR, que apenas pueden mantener el sistema eléctrico operando. La JCF también es reponsable de haber avalado el rescate financiero de la empresa privada AES, que quema carbón para producir energía. También aprobó el contrato de siete años otorgado a New Fortress Energy, la empresa gasífera en riesgo de bancarrota que tiene el monopolio de la importación y distribución de gas metano a las unidades de generación en manos de su subsidiaria, GeneraPR. La otra cara de la moneda la representa una ciudadanía puertorriqueña que vive de apagón en apagón, y que es rehén de empresas energéticas mediocres en capacidad y servicios, que priorizan sus ganancias sobre el compromiso con sus abonados.
La aprobación de PROMESA y la JCF, y su toma de control de las finanzas públicas de Puerto Rico, ha sido una de las expresiones más cínicas, arrogantes y prepotentes del colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Es más humillante aún que las leyes Foraker y Jones que la precedieron, porque ha develado, de golpe y porrazo, la farsa del gobierno propio y del supuesto «pacto bilateral» que representó la creación del llamado Estado Libre Asociado (ELA).
Puerto Rico, bajo la Junta de Control Fiscal, es un país más empobrecido, maltratado y desgobernado que diez años atrás. Aquí los principales beneficiados han sido los bonistas, los buitres, McKinsey & Company, Alvarez & Marsal, Proskauer Rose, y toda la caravana de contratistas y asesores que acompañan, nutren, adulan y deciden a nombre de la JCF. Esa es la realidad de nuestro país a diez años de PROMESA y la Junta. Diez años que pesan como si fueran siglos.
