Tal parece que el “cambia cambia” entre personajes que se colocan hoy aquí y mañana allá, para impulsar sus agendas hacia Puerto Rico, continúa a todo vapor. En estos días, el país se ha enterado de que Bill Cooper, cuyo nombre sonó insistentemente para ser director ejecutivo y representante permanente de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, ya tiene un nuevo escenario de operaciones. Este “especialista” en asuntos energéticos y principal redactor de la Ley PROMESA se ha convertido en socio administrador de la oficina de Washington de la firma de abogados corporativos de San Juan McConnell Valdés. Esto, tras moverse desde de su puesto como asesor principal en política pública del representante a la Cámara Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales, organismo congresional que tiene la jurisdicción sobre los territorios, colonias o posesiones del gobierno de Estados Unidos, y bajo cuya égida se gestó PROMESA.
El cambio de Cooper desde el Congreso hacia McConnell no es casual. Parece ser una movida destinada a fortalecer el interés de ciertas empresas privadas en los recursos energéticos de Puerto Rico. La misma podría tener lógica cuando se examina la trayectoria de este personaje y sus vínculos con la industria energética.
De hecho, en la redacción final de PROMESA quedó consignada una provisión para que todo proyecto futuro de generación eléctrica en Puerto Rico tenga que ser de inversión privada. Y así se dejó establecido claramente también durante la discusión del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la más reciente reunión de la Junta de Control Fiscal.
Ahí es que la figura de Bill Cooper cobra relevancia. El año pasado, en un artículo publicado en CLARIDAD a raíz de la aprobación de la ley PROMESA y de los rumores insistentes de que Cooper sería nombrado como director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, ya habíamos pasado revista a su largo historial como abogado, representante y cabildero de los conglomerados energéticos de Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Cooper se inició como abogado y cabildero de la industria energética desde que era socio de la firma Hunton& Williams, un poderoso bufete reconocido por sus intensas gestiones a favor de la industria energética y contra las leyes de protección ambiental. Según el diario cibernético Watch Freedom Works, Hunton&Williams tenía entre su lista de clientes a muchos de los principales conglomerados energéticos y financieros del mundo como Exxon Mobil Corporation, cuyo más reciente principal oficial ejecutivo, Rex Tillerson, es ahora el Secretario de Estado bajo la administración de Donald Trump. La firma representaba también a Occidental Petroleum Corporation, International Coal Group, el American Petroleum Institute y las Industrias Koch, de los notorios hermanos Charles y David Koch, quienes con sus donativos multimillonarios mueven las ruedas de la política conservadora y de derechas en Estados Unidos y tienen en sus bolsillos a los principales senadores, congresistas y políticos del Partido Republicano en dicho país.
De Hunton&Williams, Bill Cooper pasó a presidir por quince años el Centro de gas natural licuado, un gremio de productores, transportistas, operadores de terminales, desarrollistas y grupos de comercio energético relacionados a dicho combustible. También fungió como negociador para la industria de gas natural previo a la aprobación de la Ley para el Mejoramiento de la Seguridad de las Líneas de Gas en 2002. De ahí pasó a trabajar en la oficina del congresista Bishop desde donde salió la Ley PROMESA, que fue básicamente redactada por él.
El maridaje Cooper/McConnell Valdés podría resultar muy beneficioso para ambas partes y, sobre todo, para la industria energética que el primero tan celosamente ha defendido durante toda su larga trayectoria profesional. Para McConnell Valdés la incorporación de Cooper a la firma puede ser crucial para lograr acceso a los grandes conglomerados energéticos con interés de explorar oportunidades en Puerto Rico.
Como bufete principal bajo la administración de Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP), McConnell Valdés participó en la creación de la plataforma legal del malogrado proyecto del Gasoducto del Norte. Por sus vínculos con Fortuño, y también ahora con la Comisionada Residente Jennifer González, ambos miembros reconocidos y activos del Partido Republicano de Estados Unidos, y con la presencia de Cooper al frente de su oficina en Washington, McConnell Valdés aspira a colocarse a las puertas de la bonanza millonaria con que sueñan todos los que apuestan a la privatización energética de Puerto Rico.