Ante otro proyecto de estatus

 

CLARIDAD

Cuando se observa la discusión pública que ha generado en Puerto Rico el nuevo proyecto de estatus, lo primero que viene a la mente es la ironía de Betances hacia aquellos puertorriqueños que celebraban una libertad que no tenían y bailaban sin música. Porque algunos parecen estar celebrando el fin del colonialismo que cuando pase este nuevo escarceo quedará intacto. Sin embargo, sin olvidar la advertencia betancina, con la moraleja de que las libertades nunca llegan sin lucha, vale la pena comentar el nuevo desarrollo tratando de aquilatar qué, si algo, puede quedar en el sustrato cuando pasen los nuevos vientos.

¿Qué realmente ha ocurrido y por qué se habla de un proyecto “por consenso”? Lo nuevo es que, ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con jurisdicción sobre los “territorios”, se ha presentado un proyecto de ley que establece un mecanismo para atender (noten que no digo “solucionar”) el futuro político de Puerto Rico. Cuando se dice que el proyecto es de “consenso” no quiere decir que ya los miembros de ese comité lo adoptaron ni que mucho menos la Cámara lo aprobó, sino que la medida armoniza el que había promovido el PNP por conducto de la comisionada Jennifer González -para que nos admitieran como estado- con el que promovían las congresistas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio para crear un proceso de libre determinación. De modo que el único “consenso” es entre los promotores de uno u otro proyecto.

La medida resultante propone otro plebiscito, en esta ocasión autorizado por el Congreso, donde se votaría por la independencia, la anexión formal vía la “estadidad” y la libre asociación. Se excluye el llamado “ela”, por considerarlo el problema a ser atendido y, en cuanto a la libre asociación, se añade la “garantía” de permanencia de la ciudadanía estadounidense. La admisión como estado no sería automática y habría un periodo de tiempo donde Puerto Rico permanecería como “territorio no incorporado”, evadiendo así la “incorporación” que siempre ha antecedido a la estadidad.

¿Cuál es la historia de otros proyectos y qué tiene este de nuevo? Desconozco si algún historiador se ha dado a la tarea de enumerar y comentar los proyectos presentados en el Congreso para atender nuestro estatus desde que comenzó el nuevo colonialismo en 1898. La lista es bien larga y tras repetidas y cansinas discusiones, los únicos que han prosperado son los que remachaban el colonialismo -como los que culminaron en la Ley Foraker de 1900 y la Jones de 1917- o los que lo modernizaban un poco, como el de 1950. Todos los demás, particularmente los presentados a lo largo de los últimos 70 años, generan discusiones, casi exclusivamente en Puerto Rico, y luego mueren en el pantanoso proceso congresional.

A diferencia de los otros, el nuevo proyecto está impulsado por dos congresistas puertorriqueñas muy respetadas dentro del Partido Demócrata que, al menos hasta el próximo 31 de diciembre, controla la Cámara de Representantes. Fue el liderato de ellas lo que condujo a excluir la colonia como alternativa, y a definir e incluir la libre asociación, que es apoyada por un sector importante de nuestro espectro político.

¿Qué le espera al nuevo proyecto? El liderato de Velázquez y Ocasio-Cortés, junto al apoyo anunciado por el congresista Raúl Grijalva, hará posible su aprobación en el Comité que preside este último. De ahí en adelante el futuro es incierto en la Cámara y nada de incierto en el Senado.

A la actual Cámara de Representantes, que los Demócratas controlan por un margen pequeño, apenas le quedan seis meses de vida. Durante ese corto tiempo, toda la atención estará puesta en las elecciones de medio término a celebrarse el próximo 2 de noviembre, por lo que la acción del cuerpo estará centrada en medidas que puedan impactar la inminente votación, donde el cargo de todos los representantes estará en disputa. El caso puertorriqueño no es uno de esos asuntos de interés, más bien lo contrario.

Además del tema electoral, que condiciona las prioridades, para que el proyecto avance necesita el apoyo de algún sector del Partido Republicano, algo muy poco probable. Aun cuando la comisionada González se identifica con ese partido, y está en récord apoyando a Donald Trump en el pasado, el control que este ejerce en la actualidad sobre esa colectividad, moviéndola hacia la extrema derecha, impide cualquier atención positiva al tema puertorriqueño. Nada que pueda trastocar el exclusivismo racial y étnico que promulgan los Republicanos, tiene alguna probabilidad de apoyo en los cuerpos que controla ese partido, por mínima que sea.

Y si superando la agenda electoral de noviembre, y gracias a un masivo apoyo Demócrata, el proyecto supera la gran barrera de la Cámara, hasta ahí llegará. La probabilidad de que el Senado lo acoja es absolutamente nula, aun si, contrario a lo que indican las encuestas, los Demócratas logran el control del cuerpo en las elecciones de noviembre.

Como bien ha apuntado Rubén Berríos, lo que impide que el Congreso termine aprobando algún proceso de libre determinación para los puertorriqueños es que, entre las fórmulas a escoger, está la anexión formal como estado. Si antes era difícil imaginar que una mayoría de la legislatura estadounidense acepte la inclusión de un estado nacionalmente diferenciado, el giro producido en la política de ese país tras la irrupción de Trump aleja esa posibilidad al infinito. Mientras esa alternativa esté sobre la mesa ningún proceso de libre determinación caminará.

No está de más que se discuta el nuevo proyecto y resulta positivo que se excluya la colonia como alternativa (la que Trump y su gente tratará de incluir), pero hasta ahí llegarán las alegrías.

 

 

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