Distintos sectores y organizaciones montaron sus carpas en una actividad convocada por el colectivo Dignidad para dialogar con la comunidad universitaria sobre los distintos temas en que las decisiones de la Junta de Control Fiscal [JCF] tiene injerencia y los daños que éstas implican.
Entre las organizaciones participantes del Bombazo y controversia contra la Junta estuvo Vamos Puerto Rico, Comedores Sociales de Puerto Rico, Auditoría Ya, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios [APPU], y varios grupos ambientales, entre otros.
Quienes visitaron la carpa de Auditoría Ya pudieron conocer más sobre la pertinencia de una auditoría integral de la deuda y el reciente informe de Hedge Clippers, organización que ha estado realizando investigaciones sobre la participación de muchos de los miembros de la JCF en la crisis financiera del país.
Eva Prados, abogada y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, dijo a este medio “tuvimos una mesa de información y estuvimos hablando sobre nuestra campaña para la auditoría de la deuda. También pudimos hablar con quienes nos visitaron sobre el informe de Hedge Clippers, especialmente el más reciente que señala los conflictos de intereses de José Carrión III”.
Dicho informe revela que Carrión tenía personas que trabajaban en su oficina ocupando puestos en la Junta de Directores en el Banco Gubernamental de Fomento. Entidad que estuvo detrás de las emisiones de bono que hoy el país no puede pagar.
“También hablamos sobre Cofina, cuestionando el acuerdo al que la Junta llegó con los acreedores donde se pone al pueblo a pagar por una deuda que no ha sido auditada y además a pagar el doble de lo que se pidió prestado. Lo que tendría un impacto atroz en nuestra economía por los próximos 40 años.
A lo que muchos economistas locales han manifestado que es muy probable que caigamos en otro impago porque este acuerdo no proyecta de manera real y segura que se pueda con tales compromisos.
“[Con el acuerdo] de los 11.5 recaudados con el IVU, los primeros 5.5, un poquito mas de la mitad, va para los acreedores. Antes del acuerdo el 5.5 recaudado del IVU iba para los acreedores. Ahora se redujo a que 40% de eso recaudos pueden ir al gobierno y en ese sentido sí hay un beneficio. El único problema es que en este acuerdo se proyecta pagar con los recaudos que no es posible que los tengamos”, explicó Prados.
“Le estamos diciendo a los acreedores a través de ese 5.5, del cual se van llevar aproximadamente un 50%, de aquí a 40 años vamos a haber recaudando cierta cantidad de millones”, añadió.
Si el Gobierno no logra recaudar la cifra prometida según las proyecciones y solo logra obtener una parte, ese déficit se añade a la deuda.
“Eso es algo nuevo que trajo la JCF… para seguir dándoles garantías a los acreedores. Pero como las proyecciones no garantizan nada la JCF le dice «si no puedo recaudarlos no te preocupes que eso lo añado a la deuda y te lo pago otro año» y así sigue creciendo la deuda” dijo la licenciada.
Como parte de las actividades realizadas por el Frente Ciudadano, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas –una red internacional constituída de miembros y de comités locales basados en distintos países y que actúa en coordinación con otras organizaciones y movimientos– estará por primera vez en Puerto Rico del 2 al 8 de diciembre del año en curso.
