Por Juraima Almeida
Justo en el momento en que la popularidad del ultraderechista Jair Bolsonaro se desploma a velocidad vertiginosa y a pesar de los servicios prestados al golpismo, el expresidente de facto Michel Temer fue arrestado, junto a Welligton Moreira Franco, ex ministro de Minas y Energía, como forma de fortalecer el autoritarismo de la investigación Lava Jato.
Por otra parte, Sérgio Moro, el “juez justiciero” del Lava Jato se envalentonó después de los contactos que estableció con el FBI y la CIA durante la visita oficial de Bolsonaro a Donald Trump, y buscó que la Cámara de Diputados le dé prioridad a su paquete anticrimen que incluye toda una serie de aberraciones. Pero el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, desoyó el pedido de Moro y reafirmó que la prioridad en el Congreso es la nefasta reforma de la previsión social.
Las detenciones concentraron todas las atenciones del país, quitando el eje en los problemas prioritarios del país, con un Moro desgastado. Pero Temer fue puesto en libertad tras pasar cuatro noches en prisión preventiva bajo la acusación de ser el “líder” de una organización criminal que incurrió en delitos de corrupción no solo durante su presidencia de facto, sino durante los últimos 40 años.
Temer, de 78 años, se vio favorecido por la inesperada decisión unilateral del juez de segunda instancia Antonio Ivan Athié, quien alegó que la prisión preventiva decretada se basó en “suposiciones de hechos antiguos, apoyadas en afirmaciones” de la Fiscalía.
Athié concedió la libertad al Moreira Franco, un importante aliado de Temer en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como a otros cinco detenidos en el mismo operativo en el que fue capturado, entre ellos el coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, amigo personal del expresidente y su principal testaferro.
“Aunque se admita que existen indicios que pueden incriminar a los implicados, estos no sirven para justificar la prisión preventiva” porque son “antiguos” y además “no está demostrado” que los sospechosos “atenten contra el orden público”, “oculten pruebas”, u “obstaculicen” las investigaciones, aseguró el juez.
Obviamente, no es la misma línea de análisis y acción que la operación Lava Jato, el entonces juez Moro y el Supremo Tribunal Federal tomaron en la causa contra el expresidente Lula da Silva, a quien apresaron, condenaron y lo inhabilitaron para ser candidato presidencial.
La orden de detención de Temer está relacionada con datos obtenidos de la delación de un ejecutivo de la contratista Engevix, que implicaría el pago de coimas para la campaña electoral de Temer en 2013. Bolsonaro esperó que caducaran sus fueros institucionales, y las denuncias que estaban archivadas en su contra fueron enviadas a la primera instancia de la Justicia Federal.
El abogado Patrick Mariano, miembro de la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares (Renap), había cuestionado la legalidad de las órdenes de detención: “No cabe duda de que había indicios muy claros de su implicación en actividades ilícitas y eso no es de hoy, es de hace algunos años. Entonces, ¿por qué esto ahora? Justamente ahora que la Lava Jato está siendo muy cuestionada por el Supremo y por los medios de comunicación”, afirmó.
Temer debe responder por varias causas. Cinco de ellos se encontraban en el Supremo Tribunal Federal (STF), ya que fueron abiertas en la época en que era presidente de la República y recién fueron enviadas a los juzgados de primera instancia después de que abandonó el cargo. Otras cinco fueron autorizadas por el juez Luís Roberto Barroso este año, cuando Temer ya no tenía más fueron ni privilegios, y también se enviaron al juzgado de primera instancia.
Nadie duda que tanto Temer como la cúpula de su partido, el MDB, están ligados a lo más corrupto de la política. Basta recordar que encabezó un gobierno golpista fruto de un proceso de juicio político amañado y fraudulento contra la entonces presidenta constitucional Dilma Rousseff, para terminar con el “virus” de los gobiernos de centroizquierda del Partido de los Trabajadores (PT). Para ello contaron con el apoyo del capital extranjero y sus repetidores de las elites brasileñas, para posibilitar ajustes más duros que los que ya venía aplicando Dilma.
Las pruebas van de grabaciones de audio a imágenes que no dejan lugar a dudas, como la de su entonces asesor especial, Rodrigo Rocha Loures, corriendo por la calle arrastrando una valija en cuyo interior reposaban unos 200 mil dólares, la cota semanal del esquema destinada al entonces presidente Michel Temer.
El Lava Jato (investigación de sobornos de las grandes empresas) a políticos y funcionarios). Liderado por el entonces juez Sergio Moro (hoy premiado con el Ministerio de Justicia) fue principal protagonista del golpe institucional de 2016. Junto al Supremo Tribunal Federal (con el que hoy Moro tiene graves diferencias), llevó a este al Palacio del Planalto junto a Bolsonaro, tras la manipulación fraudulenta de las elecciones a partir de la prisión arbitraria del expresidente Lula da Silva y el veto su participación electoral.
La prisión de Temer se basa en la necesidad de quienes motorizan la operación Lava Jato de recuperar la iniciativa política ante los recientes reveses ante el Tribunal Supremo: el veto a la Fundación Lava Jato, que querían poner en pie los aliados de Sergio Moro junto a Petrobras y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que hubiese canalizado recursos por 2.500 millones de reales provenientes de Petrobras y la decisión del TSF que quitó a la operación Lava Jato los casos de corrupción y lavado de dinero vinculados a crímenes electorales.
En un claro embate a los miembros de la Corte Suprema, el juez de primera instancia de Río, Marcelo Bretas, estableció en su orden de prisión y allanamiento que se trata de un crimen común, de corrupción activa, sin vínculo alguno con procedimientos de campaña. La fiscalía, en su pedido de prisión acatado por Bretas, clasifica a Temer como “jefe de organización criminal”
Bretas, al igual que lo hiciera Moro, busca encarnar la imagen del justiciero, con sentencias que incluyen pasajes de la Biblia. Su mensaje es claro: la ‘Lava Jato’ sigue.
Hoy, las relaciones del gobierno de Bolsonaro con el Congreso son crispantes y la ruidosa prisión de Temer y Moreira Franco sirvió para elevar aún más el precio que cada diputado trata de cobrar para apoyar la reforma del sistema de jubilaciones propuesto por Bolsonaro, que pretende capitalizar los beneficios de la prisión de Temer junto a la opinión pública, retomando su discurso de romper con el pasado ‘de un sistema podrido’, señala el analista Eric Nepomuceno.
Ante estos reveses es que Sérgio Moro y la operación Lava Jato buscaron recuperar la iniciativa que habían sabido tener como parte del autoritarismo judicial. La operación que aceleró la detención de Temer tiene el objetivo de encarcelar a personajes odiados por la población para lavarle la cara al propio proyecto de Lava Jato y el paquete anti-crimen de Moro que busca autorizar prácticas de tortura contra los investigados, darle a la policía licencia para matar, utiliza la prisión preventiva y la delación premiada como métodos coercitivos, entre otras aberraciones similares (muchas de las cuales ya se utilizan contra la población pobre y en las favelas).
Lava Jato es una operación proimperialista, con mil y un lazos con las multinacionales extranjeras (especialmente estadounidenses), que no tiene nada que ver con el “combate a la impunidad y a la corrupción”: busca sólo sustituir un esquema de corrupción por otro más servil a las potencias extranjeras.
Por eso, sin defender ni un milímetro a Temer y su banda de golpistas, es necesario repudiar el autoritarismo judicial, que tiene su base en la Lava Jato, señalan los analistas. Ninguna decisión emanada de la operación Lava Jato puede favorecer a los trabajadores y al pueblo pobre. No podemos dejarnos engañar y festejar (como hacen algunas figuras del PT y del PSOL) la acción de un actor político absolutamente autoritario, opuesto a las libertades democráticas y ligado a los principales enemigos del pueblo pobre y trabajador.
La operación Lava Jato fue parte fundamental del golpe institucional, que abrió el camino para el triunfo de Bolsonaro, manteniendo a Lula preso. No existe la posibilidad de un “Lava Jato de izquierda”. Esa ilusión no puede más que llevarnos a la derrota total. Tenemos que batallar contra el régimen golpista, del cual el autoritarismo judicial -y la Lava Jato- son parte indisociable.
En última instancia, Lava Jato actúa para llevar adelante el plan del golpe institucional, hoy continuado en Bolsonaro cuya meta fundamental es la de avanzar en la reforma previsional.
La autora es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico