Catalunya: de la “estadidad” a la independencia

La relación de Catalunya con el gobierno central de España es muy similar a la que tienen los estados de Estados Unidos con el gobierno federal, por lo que podemos decir que ese territorio vive lo que en Puerto Rico llamamos la “estadidad”.

Igual que los estados federados estadounidenses, Catalunya tiene representación en el Congreso de Diputados español. También tiene representación en el Senado, aunque este cuerpo, distinto al de Estados Unidos, tiene muy poco poder. Casi todo el poder político de España se concentra en el Congreso donde en la actualidad hay 47 diputados electos de entre los catalanes. De todas las regiones o comunidades que conforman el estado español, Catalunya tiene la segunda representación más grande en el Congreso. Sólo Andalucía la supera.

También igual que los estados de EU, Catalunya tiene autonomía en muchos asuntos internos y cuenta con su propia legislatura. El Parlamento o Parlament tiene poderes que surgen de la constitución española y de un “Estatuto de Autonomía” que, además de establecer las competencias del gobierno catalán (“Generalitat”), define su relación con el central. Esas competencias o esferas de poder de la Generalitat catalana también se parecen mucho a las de los estados de EU, adentrándose a áreas como la tributación, la seguridad interna, el sistema educativo y el judicial. En este último renglón, como ocurre en Estados Unidos, existe superioridad del poder judicial central que, en el caso de España se divide en dos foros: el Tribunal Constitucional y el Supremo.

Catalunya, por tanto, no es una “colonia” de España. Distinto a Puerto Rico, cuando el Congreso español aprueba legislación que afecta a los catalanes, una nutrida representación de éstos participa en el proceso legislativo y en la votación final. No se trata, como el caso nuestro, de un cuerpo externo con poderes omnímodos en cuyos procesos sólo podemos participar cuando nos invitan a opinar como ponentes de una vista de comisión. Todo lo contrario, entre los 350 diputados que debaten y deciden hay 47 catalanes opinando y votando. Esa representación excluye cualquier calificativo de “colonial” a la relación que en la actualidad existe entre Catalunya y España. Como decíamos antes, Catalunya vive eso que en Puerto Rico llamamos “estadidad” y que se refiere a la relación que desde 1787 existe entre los estados que componen Estados Unidos y el gobierno federal creado en la constitución adoptada ese año.

A pesar de vivir la “estadidad” en Catalunya existe un fuerte movimiento independentista y un aún más fuerte reclamo de que se les reconozca el derecho a la libre determinación o, como allí lo llaman, el “derecho a decidir” si continúan formando parte de España o advienen a ser una nación independiente. Según las últimas encuestas, el 78 por ciento de los catalanes favorecen que se celebre un referéndum de independencia cuyos resultados sean vinculantes para el gobierno central de Madrid y la comunidad europea. Las encuestas señalan que poco más del 45 por ciento se expresa abiertamente por la independencia, mientras otro grupo también grande aceptaría una nueva relación donde se reconozca a Catalunya como “nación” y se amplíen los poderes y competencias del gobierno autonómico.

Estos reclamos persisten a pesar de que la vinculación entre Catalunya y España comenzó hace muchos siglos, desde que por virtud de los matrimonios reales catalanes y aragoneses se vincularon en un mismo reino y posteriormente se juntaron las coronas de Castilla y Aragón. El tiempo transcurre, pero la unidad no se solidifica y los reclamos diferenciadores se mantienen.

La explicación para ese fenómeno político se llama “nacionalidad”. Aunque Catalunya está integrada al reino de España de forma similar a como los estados se integran a Estados Unidos, distinta a éstos, es una nacionalidad muy definida y diferenciada. Todos los elementos sociológicos e históricos que explican la existencia de una “nación” están presentes en el caso catalán. Hay un “territorio” demarcado y definido, en el que habita una población que comparte una historia muy rica, se expresa en un idioma distinto, exhibe rasgos culturales diferenciados y, lo más importante, proclama y defiende su propia identidad.

Es esa nacionalidad – que se manifiesta, sobre todo, por el sentido de pertenencia a un pueblo – lo que explica que el reclamo independentista persista en Catalunya a pesar de su virtual integración a España a lo largo de siglos. La “estadidad” que le dieron o le impusieron no ha mermado esa diferenciación nacional.

La lucha de los catalanes porque se les reconozca su derecho a la libre determinación ha sido noticia de impacto mundial durante los últimos años y lo será aún más dentro de algunos meses. Ante la continuada negativa del estado español, el parlamento catalán ha optado por convocar un referéndum de independencia para el próximo 1 de octubre. A diferencia de esfuerzos anteriores, la consulta es producto de una ley autonómica votada tras intenso debate en el Parlamento. De obtener el voto mayoritario a favor de la independencia, ésta será proclamada inmediatamente.

Frente a ese esfuerzo por “autodeterminarse”, se mantiene la negativa del estado central para permitirlo. El referéndum convocado es tachado de “ilegal” y se barajan opciones que van desde la estrangulación económica hasta el encarcelamiento del liderato catalán y la intervención militar.

Los próximos meses, por tanto, desde la península Ibérica llegarán noticias que, entre otros lugares, llegarán hasta Washington. Allí – en medio de la vorágine surrealista que todos los días crea un presidente que parece de ficción – algunos verán en el caso catalán una verdad que siempre ha sido corroborada por la historia. Es una verdad muy sencilla: que cuando una federación incorpora como “estado” a otra nación, el germen de la secesión viene con ella.

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