El Junte Multisectorial contra los Aumentos en la Factura de la luz, advirtió de las consecuencias nefastaspor la determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito (TA), de que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tengan derecho a cobrar su deuda sobre el gravamen de los bonos.
En comunicado de prensa, el Junte, compuesto de titulares de condominios, organizaciones comerciales, religiosas, cooperativistas, sindicales, ambientales, comunitarias, educativas, culturales, profesionales, de trabajadores y pensionados hizo énfasis en que el pueblo no puede costear más aumentos a la luz para pagarles a los bonistas dado las condiciones actuales de la economía del país y las condiciones del sistema eléctrico.
«La jueza recibió cientos de testimonios de ciudadanos, personas jubiladas, personas cuya salud depende de equipo médico, trabajadores, comerciantes y muchos otros, que coinciden en que no es posible soportar más aumentos en la tarifa de un sistema eléctrico que no sirve,” planteó la licenciada. Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.
Añadió que la decisión del tribunal es preocupante porque no toma en consideración la situación actual de la AEE, y al no hacerlo, abre la puerta a comprometer a todos los consumidores a un pago a los bonistas que resulte insostenible y mayor aún del que propuso la Junta de Control Fiscal (JCF).
Se explicó que la decisión del TA apoyó de forma parcial el argumento de un grupo de bonistas de la AEE, quienes plantearon que tienen un reclamo de $8.5 mil millones de la AEE, no solo los $2.388 mil millones que la jueza determinó el año pasado. No obstante, el tribunal también dijo que los bonistas no necesariamente van a recibir esa cantidad, sino que solo tienen derecho a los ingresos netos futuros de la AEE, y dejó en manos de la jueza Swain estimar la magnitud de esta cantidad. El Junte advirtió que aunque la AEE puede generar ingresos nuevos aumentando la tarifa, no puede hacer esto sin límite porque los nuevos aumentos también provocarán menos ventas de electricidad a través del cierre de negocios, migración fuera de la isla o instalaciones de sistemas fotovoltaicos.
“Ahora está en las manos de la jueza Swain determinar si es viable para el sistema eléctrico generar ingresos adicionales, a través de más aumentos en la tarifa, para pagarle a los bonistas,” explicó Edna Díaz, vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas. “No es viable para nosotros costear más aumentos en la factura para pagarle a los bonistas mientras el sistema eléctrico sigue empeorando. Ya nuestros pequeños comerciantes estamos sufriendo los apagones constantes y las pérdidas económicas que conllevan,” insistió.
Por su parte, Juan Rosario, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, planteó que cada dólar que se paga a los bonistas es un dólar que no se está invirtiendo en la rehabilitación del sistema eléctrico. “No va a haber dinero que sobre si tomamos en consideración las inversiones urgentemente necesarias para restablecer una red eléctrica confiable. Los bonistas que están insistiendo en que se les paguen $8.5 mil millones están completamente desvinculados de la realidad diaria del pueblo de Puerto Rico”, destacó Rosario.
La presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, licenciada Marimar Pérez-Riera señaló sobre el impacto de más aumentos a la luz al sector de residentes de condominios: “Los titulares de condominios son quienes van a sufrir el doble impacto de esta decisión, pagando no solamente un aumento para su consumo individual, sino también uno para los gastos operacionales del condominio. Además, lamentablemente, muy pocos de los titulares tienen la opción de instalar sistemas fotovoltaicos para mitigar el impacto de aumentos a la luz, así quedando secuestrados al costo impuesto por LUMA,” puntualizó.
Las declaraciones se producen a días de que la jueza Swain programara una conferencia judicial para el 10 de julio, en donde las partes van a conversar sobre las implicaciones de la decisión para el Plan de Ajuste de la Deuda AEE que está actualmente frente a su consideración. Este plan de ajuste propone aumentar la tarifa durante los próximos 35 años para pagar $2.5 mil millones de deuda de la corporación pública.
