Especial para CLARIDAD
En la colonia todo está diseñado para favorecer la corrupción, porque la colonia es corrupción. La condición colonial de Puerto Rico configura un terreno fértil para la corrupción sistémica, entendida no como simple conducta individual desviada, sino como un mecanismo funcional al orden político y económico impuesto. La corrupción en Puerto Rico no es una disfunción del sistema, sino un síntoma de su colonialidad estructural, que combina subordinación política, dependencia económica y captura institucional. Si Estados Unidos desea conocer lo que le cuesta la colonia de Puerto Rico, puede estudiar la corrupción en Puerto Rico y considerar sus costos asociados como un perjuicio para los ellos, dado que Puerto Rico es la colonia estadounidense. Puerto Rico recibe anualmente miles de millones de dólares en fondos federales. Por tanto, El Congreso puede solicitarle formalmente a la Oficina de Contabilidad General de EE.UU. (General Accounting Office, o GAO) un estudio específico sobre la corrupción o el mal uso de fondos públicos en Puerto Rico. La GAO puede investigar el uso de los fondos federales y puede evaluar cómo la corrupción en la isla afecta la economía y las finanzas del gobierno estadounidense, y por ende en la isla, documentando los impactos negativos en programas y servicios federales.
La GAO ha investigado en el pasado la corrupción y la mala administración de fondos públicos en diferentes territorios y estados de EE. UU., sentando un precedente para investigar situaciones similares en Puerto Rico. La GAO puede estudiar la corrupción en Puerto Rico y considerar sus costos asociados como un perjuicio para los Estados Unidos.
Pero primero, debemos entender la premisa de que la corrupción es la colonia. La colonialidad del poder y la arquitectura institucional se fueron creando desde 1898. La colonialidad persiste en las relaciones de dominación y discriminación impuestas por el colonialismo que no es solo un vestigio del pasado, sino una matriz de poder continua que moldea las dinámicas sociales contemporáneas. Es por esto que desde que Puerto Rico ha estado bajo la soberanía de los EE.UU. la relación asimétrica crea una arquitectura institucional híbrida y ambigua que fomenta la corrupción. El gobierno local posee apariencia de autogobierno, pero está limitado por el Congreso estadounidense (Cláusula Territorial) y ahora por la Junta de Control Fiscal por los que esta ambigüedad facilita la ausencia de rendición de cuentas horizontal y vertical, porque el poder último reside fuera de la esfera política local. En los mismos, se genera un vacío de responsabilidad política, en el que los actores locales se subordinan a intereses federales o corporativos sin tener que responder directamente a la ciudadanía.
A eso le unimos la dependencia económica y el clientelismo fomentado por el modelo económico de Puerto Rico que ha sido por décadas dependiente de transferencias federales, subsidios y capital externo. Esta dependencia ha fomentado un sistema político clientelista, donde el acceso a recursos públicos se convierte en mecanismo de control partidista y dependencia. El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
El Estado colonial opera como intermediario de fondos externos, lo que incentiva redes de favoritismo, nepotismo y contratismo. Y surge la lógica de acumulación basada en la captación de rentas y no en la producción endógena que refuerza estas prácticas, premiando la lealtad política sobre la eficiencia. La «captación de rentas» o búsquedas de rentas se refiere a un proceso económico donde una persona o entidad obtiene riqueza sin crear valor para la sociedad, sino manipulando políticas públicas, regulaciones o las condiciones del mercado. Implica actividades como el cabildeo para obtener privilegios que benefician a un grupo específico a costa de otros, generando una mala asignación de recursos y perjudicando la productividad general. Se contratan cabilderos para que identifiquen fondos disponibles para el uso en Puerto Rico, aunque no exista esa necesidad, para la captación de rentas y vivir de fondos federales. Te convencen que son fondos para los pobres, pero la realidad es que los que viven de estos fondos es la élite política, tecnocráticas y empresariales puertorriqueña. Entiende la trama de esta actividad de individuos o grupos que invierten recursos (tiempo, dinero) para influir en decisiones políticas y económicas para buscar obtener beneficios (rentas) sin producir riqueza nueva, esos son parte del problema colonial.
Desde la década de 1990, el capitalismo colonialismo adoptó una forma neoliberal con privatizaciones masivas, desregulación y más endeudamiento público. Estas políticas crearon oportunidades para la corrupción de élites políticas, tecnocráticas y empresariales, quienes capturaron agencias y recursos públicos. El mismo se ha agudizado con la imposición de la Ley PROMESA (2016) y la Junta de Control Fiscal, sin legitimidad democrática, que profundizó el desmantelamiento del Estado local, consolidando un régimen de excepción que debilita controles institucionales y habilita la discrecionalidad administrativa, caldo de cultivo para la corrupción. La captura de agencias (también conocida como captura regulatoria) y la captura del Estado son términos que describen cómo el poder privado influye indebidamente en el gobierno para servir intereses específicos en lugar del bien público. La captura de agencias se enfoca en cómo una agencia gubernamental es cooptada por la industria que debe regular, mientras que la captura del Estado se refiere a una influencia más amplia que afecta las leyes, políticas, reglamentos e instituciones estatales en general. Entiende la otra trama, la captura de agencias que ocurre cuando una agencia regulatoria, creada para proteger el interés público, es dominada por las industrias que se supone que debe supervisar. La captura del Estado es un tipo de corrupción política que ocurre cuando individuos o corporaciones poderosas influyen en la formulación de leyes, políticas y regulaciones estatales para su propio beneficio.
En este marco, la corrupción no es solo el acto ilegal de individuos y corporaciones, sino parte del andamiaje colonial de dominación y dependencia. Funciona como mecanismo de mediación entre el poder imperial y las élites locales, garantizando la reproducción de la subordinación. Permite las prácticas corruptas que se normalizan como estrategias de supervivencia dentro de un sistema percibido como ajeno e impuesto. Y la falta de soberanía impide construir instituciones fuertes, legítimas y responsables ante la ciudadanía, perpetuando el círculo vicioso. Así que la corrupción es un síntoma de la colonialidad.
Estados Unidos ha fomentado todo esto, por el control político y económico que ejerce, pero puede ayudar a combatirlo investigando si de verdad le interesa luchar contra la corrupción. La misión de la GAO incluye investigar la eficiencia y la efectividad de los programas federales y el uso del dinero de los contribuyentes, lo que implica una vigilancia sobre cómo la corrupción en Puerto Rico puede desviar fondos destinados a programas federales o afectar su implementación, aumentando los costos. La GAO puede investigar el uso de los fondos federales y puede evaluar cómo la corrupción en la isla afecta la economía y las finanzas del gobierno estadounidense, documentando los impactos negativos en programas y servicios federales.
La corrupción en Puerto Rico puede tener repercusiones económicas y financieras en los Estados Unidos continentales, incluyendo efectos en la inversión, el comercio y la integridad de los servicios federales. Además de las pérdidas financieras asociadas a fraude, despilfarro y abuso en programas federales en Puerto Rico. Analizar las deficiencias en la administración pública local que elevan el riesgo de corrupción ayuda a entender el problema y estimar cómo la corrupción afecta la inversión federal y el desarrollo económico local. El afán por el militarismo es para encubrir desde la colonia, la corrupción en uso de fondos.
La corrupción en Puerto Rico debe analizarse como producto de su condición colonial, no meramente como fallas éticas individuales. Mientras persista la subordinación política y la dependencia económica estructural, los incentivos para la corrupción permanecerán integrados al funcionamiento del sistema. La lucha contra la corrupción requiere, por tanto, un proyecto de descolonización democrática que devuelva el poder real a la ciudadanía y reconstruya el Estado sobre bases de la independencia, la soberanía, la justicia social y la plena participación pública.
La GAO tiene la autoridad y las herramientas para investigar y reportar sobre la corrupción en Puerto Rico, analizando sus costos para los Estados Unidos. Si de verdad quieren combatir la corrupción en Puerto Rico el Congreso puede solicitarle formalmente a la GAO un estudio específico sobre la corrupción o el mal uso de fondos públicos en Puerto Rico. También, los comités del Congreso (como el de Recursos Naturales o el de Supervisión y Reforma) pueden pedir investigaciones o análisis sobre la corrupción y su impacto fiscal o económico en la isla.
La GAO es un organismo independiente del Congreso de Estados Unidos, encargado de auditar, evaluar y emitir informes sobre el uso de fondos públicos federales y la eficacia de las políticas gubernamentales. Su misión principal es ayudar al Congreso a cumplir con su función de supervisión (“oversight”).
Nosotros no podemos solicitarlo por ser colonia, esto expone la dependencia política de Puerto Rico como las limitaciones estructurales para enfrentar la corrupción desde un marco de soberanía propia. Un estudio de este tipo podría aportar datos clave para entender cómo la corrupción erosiona el desarrollo, pero también pondría de relieve el vínculo entre corrupción y colonialismo como obstáculos al bienestar colectivo y al desarrollo de Puerto Rico. El control externo sobre la fiscalización evidencia que la lucha contra la corrupción está condicionada por relaciones coloniales de poder. Pero desde aquí podemos comenzar a investigar si seguimos la metodología para analizar la captura del Estado que el doctor Iyari Ríos que se publicó en el libro “En la Independencia estaremos Mejor: Seremos Libre” (2025). Con esta metodología podemos identificar las personas implicadas, para denunciar y proponer procesar casos de corrupción y estimar el daño social o político completo. A lo que esperamos por EE.UU. podemos nosotros hacer nuestra parte como pueblo: Investigar y denunciar la corrupción como un mal colonial.
