Por Francisco A. Catalá Oliveras/Especial para CLARIDAD
Si el amigo lector visita al Departamento de Hacienda podrá ver que justo en su entrada se encuentra una estatua solitaria. Le rinde merecido honor al Intendente –hoy llamado Secretario de Hacienda– Alejandro Ramírez, funcionario imperial, autodidacta e intuitivamente institucionalista.
Durante muchos años Puerto Rico fue poco más que un puesto militar sostenido eminentemente por transferencias provenientes de México: el Situado Mexicano. Estas transferencias se suspendieron en 1809. La crisis en las finanzas públicas y en el país no se hizo esperar. Para esa época la población no sobrepasaba los 200,000 habitantes. La actividad económica más importante era informal, básicamente contrabando.
En 1813 arribó a Puerto Rico, con su nombramiento de Intendente, Alejandro Ramírez. En un escrito publicado en el Diario Económico describe su primera impresión del país y acusa el daño provocado por la dependencia. En breves palabras resume el problema al referirse a Puerto Rico como: “…un país en que se había descuidado el fomento de la propia riqueza en la confianza de que los Situados llenarían siempre el hueco…”.
¿Qué hizo Alejandro Ramírez ante tal situación? Organizó la Intendencia, alteró el sistema impositivo para hacerlo más efectivo y reestructuró el gasto público para colocarlo en sintonía con las urgencias públicas. La suspensión del Situado obligó a la gestión empresarial. Se catapultó a la industria cañera y luego el café, el tabaco y el comercio. Claro está, a lo largo del siglo se conjugaron muchas y diversas acciones, desde el Grito de Lares, la abolición de la esclavitud y el establecimiento del tren, que le fueron dando forma a la nación.
Cuando los norteamericanos invadieron en 1898 no encontraron un país rico, pero tampoco encontraron una sociedad inactiva ni a un reguerete de gente sin sentido de identidad. Encontraron un país productivo de cerca de un millón de habitantes con sus particulares y distintivas expresiones culturales. De haber continuado la cultura del Situado es muy probable que hubiesen encontrado un enclave militar, con satélites poblacionales sin mayores expresiones de misión o propósito, viviendo sentados sobre recursos extraviados.
Tal experiencia refleja la importancia del andamiaje institucional. Thorstein Veblen, crítico social de principios del siglo 20, reconocido como padre del institucionalismo estadounidense, postulaba que para el desarrollo de una sociedad sana basta contar con mujeres y hombres normales capaces de forjar buenas instituciones. Es cierto. Pero, dicho así parece algo sencillo. No lo es. Ni los seres humanos son tan normales ni el diseño institucional es tan fácil. Lo que sí es fácil es su destrucción.
¿Qué son las instituciones? Son las maneras de ver, organizar y hacer las cosas; son las normas que rigen a las organizaciones sociales –entidades gubernamentales, empresas, sindicatos, partidos políticos, iglesias, universidades, centros culturales, movimientos comunales, familias, etc.– que, a su vez, también suelen ser llamadas instituciones; son las pautas formales e informales que rigen el comportamiento de los miembros de la sociedad; y son las capacidades políticas críticas para orientar el ordenamiento interno de un país y su inserción en la red interactiva que se llama mundo. El idioma, el dinero, las leyes, los sistemas de pesas y medidas y los modales en la mesa son instituciones. La lista, todavía incompleta, sirve al propósito de hacer patente que sin instituciones no es posible la convivencia, no hay sociedad.
Puerto Rico, por su condición colonial, tiene una caja de herramientas institucionales incompleta. Además, para colmo, en estos momentos todas –TODAS– las instituciones con que sí cuenta están en crisis. Baste una muestra: la Universidad de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica, la Autoridad de Energía Eléctrica y los Departamentos de Educación, Salud y Hacienda. En realidad, para ser exhaustivo habría que incluirlo todo.
Por un lado, la corrupción actúa como corrosivo institucional. Lo daña todo. Impide el desarrollo. Para que éste ocurra es preciso movilizar recursos tangibles, como tierra, capital y trabajo, junto a recursos de mérito como confianza, voluntad, integridad y sensibilidad hacia la justicia. ¿Quién puede confiar en el Departamento de Hacienda después de la declaraciones en torno a “mafias” del que fuera su Secretario y también director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OPG ) y principal oficial financiero del gobierno?
Por otro lado, la corrupción ha estado acompañada de una disparatada reforma gubernamental que se ha traducido en desmantelamiento institucional. Por ejemplo, la Junta de Planificación se ha subsumido en el Departamento de Desarrollo Económico en donde desaparecerá. La Compañía de Fomento Industrial, que ya estaba casi muerta, ha sido enterrada. Ahora la promoción industrial está a cargo de “Invest Puerto Rico”, entidad privada sostenida con fondos públicos. Algo parecido sucede con la Compañía de Turismo. El mercadeo lo realiza “Discover Puerto Rico”. La administración de turno está empeñada en poner los cabros a velar las lechugas. Tal parece que no advierte la diferencia entre el interés privado y el público.
El sector privado no puede presumir de inocencia. Hay gestión empresarial productiva, innovadora y legítima. Pero también hay cacería de rentas, evasión tributaria y, simple y llanamente, robo. ¿No es acaso en la contratación de empresas privadas por parte del gobierno donde más escándalos han salido a flote? La extorsión y el soborno son caras de la misma moneda. La codicia y la sensación de impunidad son estimulantes extraordinariamente poderosos para orientarse por el camino de la corrupción.
La capacidad económica de un país se remite a la habilidad de su gente y a la disposición de una red institucional que le permita actuar ante la oportunidad y la adversidad. Puerto Rico necesita un verdadero plan de desarrollo con el instrumental político (poderes) que lo haga viable; necesita lidiar efectivamente con la deuda; necesita reconstruir su base infraestructural y recuperarse de los daños ocasionados por el huracán María. ¿Alguien en su sano juicio cree que el gobernador y su gabinete –los que han estado y los que están– pueden cumplir con tal encomienda? ¿Puede hacerlo la imperial Junta de Supervisión (Control) Fiscal cuyo presidente se pavonea ahora en las actividades de la campaña de Trump? Es evidente que, en todo caso, todos estos personajes y otros tantos a lo único que han contribuido es a la crisis institucional. No puede ser de otra forma cuando las dos formaciones electoralmente dominantes y que han gobernado por más de setenta años se definen, en un caso, por interpretar la subordinación como privilegio y, en el otro, por asumir la emasculación como derecho civil. ¿No es esto fragua de corrupción?
