CLARIDAD
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Mientras las organizaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas (las llamadas PYMES) se concentran en rechazar y criticar la recién aprobada reforma laboral que restituye varios derechos a las y los trabajadores, la Cámara de Representantes aprueba por unanimidad cambios a la Ley 47 de 2021 (Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs y la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico), la cual representa un alivio directo a los gastos operacionales, en específico, a los gastos de salarios.
Los proyectos en cuestión, el PC 1081 y PC 1100, fueron atendidos en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología que preside Jessie Cortés Ramos. El representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Bernardo Márquez Reyes, en entrevista afirmó que cuando se trabajaron ambos proyectos se vislumbró que estos ayudarían a los patronos con la llamada reforma laboral.
Aunque indicó que el programa es uno que existe desde el 2014, aclaró que lo que se aprobó en esta sesión fue actualizar la legislación y mejorarla. El programa está dirigido a proveer un apoyo económico a pequeñas y medianas empresas en tres circunstancias específicas: que la PYMES sea nueva, esté en expansión o tenga dificultades económicas. “Así que la lógica, precisamente, es que por las aportaciones que hacen las PYMES a la economía y a la creación de empleos, el Gobierno se quiere asegurar de que tienen las herramientas para seguir operando y que en esos escenarios específicos el Gobierno se ve motivado dar ese tipo de apoyo”.
Los cambios fueron dirigidos a adaptar la ley al nuevo salario mínimo debido a que el apoyo que se le da al patrono es un reembolso de la mitad del salario y se extendió la elegibilidad a empresas que hayan sido creadas después de enero de 2014.
Márquez Reyes destacó que en el trámite de la medida lo más importante que se descubrió es que este programa que ya existe tenía entre cinco y seis millones de dólares disponibles anualmente para apoyar a las PYMES; pero no se estaba utilizando.
“Es decir, en los últimos cinco años se perdieron $29 millones destinados para este programa porque lo más que se utilizó en un año fue 11 % del fondo, en por otro año fue 6 % y como en tres años fue 0 %. Así que en los momentos donde uno pudiera pensar que más necesitadas estaban las PYMES de estas ayudas no ocurrió la coordinación, educación y promoción necesaria para la utilización de estos fondos entre el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)”.
Precisó que quien tiene los fondos es el DTRH; pero se supone que quien promueva, ofrezca y establezca los acuerdos con las empresas es el DDEC, y es aquí donde dijo están las dificultades.
CLARIDAD cuestionó si el dinero que no se usó se perdió y, si no, en dónde está. Márquez Reyes expresó que ante esa misma pregunta, de si el dinero se estaba acumulando ($29 millones) y eso quería decir que ese dinero se convierte en una especie de pote que puede utilizarse a futuro o simplemente ya no está disponible, la respuesta que dieron ambas agencias es que el dinero regresa al Fondo General.
Aclaró, además, que este no es un dinero público, sino de un seguro que pagan las mismas empresas.
Ante las críticas de que la reforma laboral representa una amenaza y un riesgo para las medianas y pequeñas empresas, reparó en que en todo momento su posición y la de varias delegaciones políticas es que no se tiene que poner a competir el desarrollo de las PYMES con la reforma laboral, sino que se pueden armonizar ambos intereses.“Me da la impresión de que a veces se pueda estar utilizando a ese sector como excusa para frenar legislación que beneficia a las familias y al ciudadano promedio, que es el asalariado”.
Márquez explicó que hay desconocimiento del programa en general y que incluso en el portal del DDEC no hay información. En su ponencia original, Desarrollo Económico dijo que tenía incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos, mientras el Departamento del Trabajo decía que no, que los fondos estaban, que lo que había era dificultad de Desarrollo Económico en llevar a cabo los acuerdos colaborativos. “Así que hubo como una papa caliente de dónde era que estaba la ineficiencia en la promoción del programa”. El fondo aporta el 50 % del salario mínimo de uno hasta 10 empleados, dependiendo de la categoría, por lo que son varios miles lo que una empresa puede estar recibiendo de reembolso mensualmente.
Aun cuando dijo que veía difícil que la medida se apruebe en el Senado en la presente sesión —que de hecho ya terminó— espera que se pueda aprobar en la sesión que comienza en agosto.
“El sector privado no puede decir que no lo están atendiendo. Pienso que debería de haber un esfuerzo igualmente vocal y proactivo de parte de esas organizaciones empresariales en que esas pequeñas y medianas empresas conozcan y utilicen esta herramienta. Que si bien hay una responsabilidad de parte del Gobierno en la sub utilización en los pasados cinco años de este programa, creo que también hay una responsabilidad de ese liderato empresarial en que pudieron haber estado promoviendo y exigiendo el acceso a estas ayudas dispuesta en la ley. En ese sentido la responsabilidad es compartida”.
