En un editorial publicado a principios del mes de mayo, y a raíz de que se filtrara ante medios y público un polémico documento de un Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEEUU) sobre el derecho al aborto y la posible derogación de Roe v Wade, en CLARIDAD anticipamos la decisión que dicho tribunal tomó el pasado 24 de junio. Fue una decisión ampliamente mayoritaria, y suscrita por los seis jueces conservadores de dicha corte, la que le dio el puntillazo final a la ley federal de 1973 que le dio al derecho al aborto respaldo constitucional en dicha nación. Por nuestra condición colonial, dicha ley se extendió a Puerto Rico en 1974.
Aunque inmensamente chocante e injusta, la decisión del TSEEUU de abandonar el precedente de los pasados 50 años y despojar a las mujeres de un derecho fundamental no debe sorprender a nadie. Después de todo, ese fue el propósito principal tras la selección de los dos jueces y la jueza que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró para el Tribunal Supremo y que el Senado de mayoría Republicana confirmó. Desde que Roe se convirtió en “ley de la nación”, el objetivo de las fuerzas conservadoras en Estados Unidos fue lograr revertir aquella decisión histórica. No tuvieron el poder para hacerlo hasta ahora que controlan el Tribunal Supremo por mayoría abrumadora.
Con su determinación de que no existe el derecho constitucional al aborto, el TSEEUU ha dado la espalda a las mujeres de su país. Estas, de ahora en adelante, vivirán el menoscabo injustificado e innecesario de un derecho fundamental, lo que las victimiza aún más, y coloca en riesgo la salud, la integridad y hasta la vida de decenas de miles de ellas, especialmente aquellas muy jóvenes y vulnerables, en pobreza, aislamiento social y afectadas por condiciones de salud mental.
La decisión judicial de derogar Roe v Wade fue el corolario del caso Dobbs v.Jackson´s Health Organization, que desafió una ley recién aprobada en el estado de Mississippi que prohíbe el aborto luego de las 15 semanas de gestación. El TSEEUU determinó reafirmar la prohibición estatal y, de paso, dejar sin efecto a Roe v Wade, delegando las decisiones sobre el acceso a servicios de aborto y reproductivos a los estados y otras jurisdicciones. Al presente, hay cerca de 30 estados que tienen en vigor o contemplan prohibiciones y limitaciones de distinto tipo al derecho al aborto, con el consabido impacto sobre decenas de miles de mujeres.
Con esta decisión, los jueces y jueza conservadores del TSEEUU, violentan la tradición establecida por dicho tribunal, la cual por los pasados 50 años había afirmado de forma repetida y consistente que el aborto es un derecho protegido por la constitución de Estados Unidos. Violentan también la preferencia de la mayoría de la población estadounidense que, encuesta tras encuesta, ha expresado que la decisión sobre el aborto, incluyendo las posibles razones y situaciones que lo impulsan, deben ser tomadas por los individuos involucrados, y no reglamentadas por leyes y estatutos. El aborto, igual que otros asuntos, pertenece al ámbito de la intimidad personal y no es una decisión ideológica ni política. Tampoco es una decisión que deba estar sujeta a juicios morales que estigmaticen a las niñas y mujeres que, por las razones que sean, determinen interrumpir un embarazo.
Como era de esperarse, la derogación de Roe v Wade ha vuelto a echar leña al fuego del debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres, levantando una masiva ola de protestas a través de todos los Estados Unidos. La profunda división que existía sobre ese tema se ha exacerbado, y además del menoscabo a los derechos constitucionales de las mujeres, la derogación de Roe profundizará el malestar y la división en Estados Unidos.
En Puerto Rico, el aborto o terminación voluntaria de un embarazo es una práctica de salud pública legal, controlada y supervisada por el Departamento de Salud. Las cifras de abortos han ido en descenso progresivo durante las últimas décadas y años, esto en la medida en que ha avanzado la educación y concienciación entre las mujeres sobre su salud reproductiva e integral. Las y los expertos consultados por CLARIDAD insisten en que el tema del acceso al aborto y a los servicios de salud reproductiva debe ser atendido como cualquier otro tema de salud pública y derechos humanos, razón por la cual el marco legal y salubrista hacia esos fines en Puerto Rico no requiere legislación adicional, ni limitaciones.
En su opinión minoritaria, dos juezas y un juez del TSEEUU expresaron su disenso con la decisión mayoritaria del tribunal: “A partir de hoy, las mujeres jóvenes crecerán con menos derechos que sus madres y sus abuelas. La mayoría (de este tribunal) logra ese resultado sin siquiera considerar cuánto las mujeres han dependido de su derecho a escoger ni lo que significa despojarlas de ese derecho.”
La derogación de Roe v Wade no solo despoja a las mujeres estadounidenses de un derecho ejercido por 50 años, sino que hace añicos la promesa de extender equitativamente la libertad, la justicia, la democracia y los derechos civiles y humanos a todos los habitantes de ese país. Es un retroceso en la larga lucha y conquistas de las mujeres- blancas y negras, indígenas e inmigrantes- en Estados Unidos por ser consideradas dignas de participar, en equidad, de los derechos civiles y humanos que les corresponden.
