Dos FEI investigarán al alcalde O’Neill, tras referido de Justicia

La presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, informó que ha desginado a dos fiscales para investigar el caso del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quien podría haber incurrido en 20 violaciones de ley de artículos de la Ley 54, como maltrato psicológico o emocional, restricciones a la libertad y agresión sexual.

Cotto Vives indicó que la OPFEI emitió una resolución que designa a Guillermo Garau y Leticia Pabón, fiscales especiales independientes (FEI), para investigar “a fondo” las actuaciones del alcalde de Guaynabo”.

El pasado 1 de mayo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que, solicitó un FEI para O’Neill, involucrado en un caso de hostigamiento sexual.

La investigación establece que hubo 20 violaciones de ley por parte del alcalde, entre ellas acoso y agresión sexual, restricción de libertad y exposiciones obscenas. El informe, de 53 páginas, incluye entrevistas, documentos, declaraciones juradas de situaciones narradas por dos perjudicadas y el análisis legal. También el alcalde habría violado el Código Penal, por incidentes de acoso sexual y exposiciones obscenas.

Igualmente, O’Neill habría incurrido en aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos y por impedir o persuadir la comparecencia de testigos.

Vázquez Garced afirmó que se cuentan con declaraciones juradas de dos mujeres afecadas.

El pasado 27 de marzo, O’Neill se amparó en la quinta enmienda durante una citación en el Departamento de Justicia, tras el caso de hostigamiento sexual en el que se vio involucrado y que transó con la afectada, una policía municipal. O’Neill ha afrontado manifestaciones en su contra por permanecer en el cargo, pese a la petición de renuncia que le ha hecho el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo municipal se amparó en la quinta enmienda para no autoincriminarse, de acuerdo a expresiones de entonces de su abogado, Joaquín Monserrate Matienzo.

El alcalde, quien transó (por cerca de 300 mil dólares) en un caso de hostigamiento sexual en que la víctima fue una policía municipal, dejó su cargo como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) a petición del gobernador.

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