El 25 de julio es una fecha ignominiosa en la historia de Puerto Rico. Marca el momento en que, por medio de una invasión militar, el gobierno imperial de Estados Unidos, impuso su poder absoluto sobre el pueblo puertorriqueño en 1898, iniciando un nuevo ciclo de subordinación colonial para nuestro país que dura hasta el presente.
Por eso, es un ejercicio inútil intentar encontrar y explicar diversos significados de esta fecha para el pueblo puertorriqueño. No sería así si Puerto Rico hubiera alcanzado su independencia un 25 de julio. Porque el día del nacimiento de una nación no necesita explicación, como tampoco la necesita el día del cumpleaños de una persona. Si la mera alusión al 25 de julio aún levanta ronchas entre nosotros es precisamente porque la fecha resalta lo obvio: la naturaleza colonial y subordinada de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos de América, subordinación que nos tiene aún dándole vueltas a la noria colonial después de 127 años.
No ha habido un solo momento en nuestra historia en que Puerto Rico haya gozado de soberanía política. Lo más cercano fue la Carta Autonómica y el Gabinete Autonómico de 1897, autorizados tardíamente por el gobierno de España cuando ya se advertían los cañonazos de la Marina de Guerra de Estados Unidos en El Caribe.
La firma del Tratado de París para poner fin a la Guerra entre España y Estados Unidos, y la cesión y ocupación de Puerto Rico por las milicias estadounidenses, dieron al traste con el sueño soberanista. A partir de entonces, Estados Unidos ha retenido para sí la soberanía de Puerto Rico, bajo la Cláusula Territorial de su Congreso, y cualquier asunto relativo a la relación de Estados Unidos y Puerto Rico corresponde al sub comité de Asuntos Indígenas y Territoriales del Comité de Recursos Naturales del Congreso. Desde allí se legisló para Puerto Rico las Leyes Foraker y Jones, bajo las cuales se ordenó el gobierno colonial de la Isla durante la primera mitad del siglo veinte, y se nos impuso la ciudadanía estadounidense y el servicio militar en las Fuerzas Armadas imperiales.
En 1952, y bajo presión de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos se sintió obligado a dar un nuevo paso en su relación con Puerto Rico. Ahí vino el engaño de la Ley 600 y la llamada Constitución del Estado Libre Asociado ( ELA) con una apariencia de «gobierno propio» que le permitió a Estados Unidos zafarse de su obligación de someter informes sobre sus colonias/ territorios a la ONU.
En su libro, La farsa del Estado Libre Asociado, el procurador general de Puerto Rico de 1949 a 1951, bajo el primer gobierno del Partido Popular, y uno de los más prominentes juristas de su época, Vicente Geigel Polanco, denunció la naturaleza colonial de la Ley 600:
» La Ley 600 del Congreso no reconoce ni confiere soberanía al pueblo de Puerto Rico para hacer su constitución. El Congreso conserva la plena soberanía sobre Puerto Rico que adquirió en virtud del Tratado de París; mantiene el status de posesión territorial que tiene la Isla bajo la sección 1 de la Ley Jones- que quedará subsistente en la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico- y lo único que hace la Ley 600 es delegar facultad en el pueblo de Puerto Rico para redactar un proyecto de gobierno interno, de régimen local, dentro del mismo marco orgánico de la vigente Ley Jones, sujeto ese proyecto a la aprobación final del Congreso de Estados Unidos , que es donde reside la verdadera soberanía sobre Puerto Rico».
Por eso, lejos de morir tras la inauguración del ELA aquel 25 de julio de 1952, la lucha y el debate en torno al estatus político de Puerto Rico, así como las posturas de los electores y los partidos políticos respecto a las distintas opciones de estatus – Independencia, Estadidad o ELA- han sido un punto principal de contención y división en el pueblo puertorriqueño. Precisamente, la polarización en torno al estatus político fue el caldo de cultivo para los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, a manos de policías de Puerto Rico transformados en esbirros aquel infame 25 de julio de 1978.
A pesar de decenas de consultas, plebiscitos y comisiones de estatus, la resolución del destino político final de Puerto Rico está tan detenida y estéril hoy como lo ha estado desde 1898. El Congreso y los gobiernos de Estados Unidos no han tenido la voluntad política para moverse a resolver de forma permanente el estatus de Puerto Rico, y los partidos coloniales que se han turnado el gobierno en Puerto Rico desde la segunda mitad del siglo veinte hacia acá, están cada vez más cuestionados y desprestigiados como interlocutores ante el Congreso.
La denuncia del embeleco de la Ley 600 y el ELA le costó el puesto y muchas angustias a Vicente Geigel Polanco. Sin embargo, su verdad prevaleció y se comprobó, más allá de toda duda y análisis, tras la aprobación de la Ley PROMESA y todas las instancias recientes en que el Congreso y los Tribunales de Estados Unidos han reiterado la relación de subordinación política de Puerto Rico a la Cláusula Territorial del Congreso de Estados Unidos. Una subordinación política que ha amarrado las manos y el espíritu del pueblo puertorriqueño y lo ha hecho vivir de crisis en crisis, y cada vez más sumido en la pobreza y la dependencia.
Las elecciones de 2024 demostraron que la mitad de nuestro pueblo elector quiere cambios profundos en nuestra relación con Estados Unidos, no para anexarnos ni seguir en el limbo colonial, sino para explorar un camino nuevo de amistad con un Puerto Rico soberano y verdaderamente democrático, y en cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y el mundo.
En Puerto Rico la colonia ha fracasado. No funciona para las mayorías de nuestro pueblo. Tras 127 años no es opción seguir dándole vueltas a la noria de la colonia perpetua, ya sea por miedo o por ventajería electorera o personal.
