Si algún consenso amplio de opinión pública existe en Puerto Rico es la insatisfacción general con el estado de la educación pública, y con el liderazgo y el funcionamiento del Departamento de Educación. Lo que una vez fue una escuela pública competente y decorosa, que sacó a decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas del analfabetismo y la ignorancia, hoy se ha convertido en un laberinto de incompetencia, politiquería y partidismo que es indispensable reconstruir.
A pesar de la importancia que tiene la educación para el desarrollo económico, cultural y social del país, y de las promesas de los políticos sobre cuánto se proponen hacer para mejorar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, la educación pública en Puerto Rico está en caída libre desde hace tiempo hasta la crisis en que se encuentra ahora, luego de que cientos de miles de alumnos lleven cerca de un año sin instrucción presencial en las salas de clase, ni que se hayan realizado esfuerzos medibles o existan resultados constatables del aprendizaje obtenido.
Desde enero del 2020, y a raíz de los terremotos en el suroeste de Puerto Rico, miles de estudiantes de escuelas públicas de dicha región no asisten a clases presenciales, y muchos de ellos tampoco han tomado con regularidad los cursos en línea que se les hayan podido ofrecer. Desde marzo de 2020- y a raíz de la pandemia del COVID-19, ningún niño o joven en Puerto Rico, de escuelas públicas o privadas, ha ido a la escuela. Solo han tenido la opción de cursos virtuales y a distancia para educarse. Entre estos, miles no se han conectado nunca. Esto, porque- o no tienen el equipo (computadoras o tabletas) para poder conectarse o el acceso a Internet es limitado o inexistente en su área del país, entre otras muchísimas razones para que la educación en línea represente un reto monumental para poder realizarse con éxito en Puerto Rico.
Entre otros factores para la crisis en la educación pública están los repetidos fracasos y escándalos que han sacudido al Departamento de Educación durante las últimas décadas. Desde hace tiempo, no se vislumbra que haya una intención real desde los distintos gobiernos de profundizar en los problemas de la educación en Puerto Rico, y mucho menos realizar la reforma radical que se requiere. Por el contrario, el Departamento de Educación ha ido crecientemente convirtiéndose en un refugio de patronazgo político, para que el partido que gana las elecciones coloniales coloque a sus activistas y allegados. Esto ha creado unas castas políticas inamovibles, empeñadas principalmente en garantizar su supervivencia y en controlar política y financieramente la operación de esa agencia gigantesca en beneficio de los partidos que los colocaron allí.
Examinemos solamente lo ocurrido durante los últimos doce años- cuatrienios de 2008-2020. Durante ese tiempo, solamente un secretario de Educación, Rafael Román- bajo el gobierno de Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático (2012-2016)- tiene el mérito de haber ocupado la silla por el término completo para el cual fue nombrado.
Del 2008 al 2012, el gobierno PNP de Luis Fortuño fue un desastre. Hubo cuatro secretarios de Educación consecutivos- algunos por solo meses en el cargo: Carlos Chardón, Odette Piñeiro, Jesús Rivera Sánchez y Edward Moreno, algunos de los cuales salieron del cargo marcados por el escándalo. El cuatrienio de Fortuño demostró la decadencia en la cúpula del Departamento de Educación, a pesar de haber él mismo proclamado que su gobierno impulsaría “la década de la educación del siglo XXI”.
Durante el cuatrienio del 2016-2020- que concluirá con la juramentación de Pedro Pierluisi el próximo, 2 de enero- la gestión del Departamento de Educación simplemente colapsó, bajo la incumbencia del gobernador Ricardo Rosselló del PNP, y de la secretaria Julia Keleher, imputada por la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico de múltiples delitos de corrupción pública, y quien aún aguarda por ser enjuiciada en el Tribunal de Distrito Federal. Keleher tuvo que renunciar a su cargo, y su jefe Rosselló también tuvo que renunciar al suyo. Así se desintegró lo que quedaba de las operaciones del gobierno colonial, convirtiéndose el Departamento de Educación en metáfora de la profundidad de la crisis institucional que nos arropa desde entonces. Su último Secretario, Eligio Hernández, fue prácticamente invisible durante este pasado año.
Con Pedro Pierluisi, también del PNP, no se espera un giro sorprendente hacia el mejoramiento de la educación pública. Su mayor prioridad será adelantar su anunciada agenda anexionista. Quizá por eso, se ha movido a agradar a la American Federation of Teachers (AFT),nombrando a su recién electa vicepresidenta, Elba Aponte Santos, como nueva secretaria de Educación de Puerto Rico. Como vicepresidenta de AFT, Aponte Santos ostenta un cargo de confianza y alta jerarquía en el más poderoso sindicato de maestros en Estados Unidos, con estrechos vínculos al Partido Demócrata, y altos oficiales del gobierno de Joe Biden, muy importantes en los planes para la llamada “estadidad”.
Ya puede vislumbrarse que, por el perverso juego político colonial, quedará nuevamente sacrificada la educación pública en Puerto Rico.
