CLARIDAD
En un ángulo poco discutido, el proyecto de la Cámara de Representantes PC 406, que contempla sacar al cuerpo de la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, propone otorgar la facultad al Gobernador (a) de confirmar previamente los nombramientos de oficiales con rango de inspector, comandante, teniente coronel y coronel en la Policía de Puerto Rico.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, denunció que permitir que el Primer Ejecutivo influya directamente en la línea de mando de la Policía en la distribución de poder es contrario a la Reforma Policial.
A preguntas de CLARIDAD, la abogada de Política Pública de la ACLU, Lolimar Escudero Rodríguez, confirmó que esto no es lo usual en los cuerpos policíacos, porque son un cuerpo paramilitar. Aunque dijo que es entendible que el nombramiento del superintendente sea con el consejo y consentimiento del Senado, el que los nombramientos de rango de alta jerarquía dentro de la Policía que nombre el superintendente tengan que ser previamente confirmados por el gobernador o la gobernadora de turno “de verdad que nos parece improcedente porque atenta contra la meritocracia y lo que está establecido incluso por la Reforma de la Policía”. Acotó que dicho proceder se aparta de la reglamentación y del expertise de la Policía.
“Las necesidades de seguridad que tenemos no pueden ser al arbitrio y juego político, como a todas luces ocurre cuando hay nombramientos que tienen que ser aprobados por el gobernador de turno precisamente”, denunció.
Destacó que desde de la óptica de ACLU lo propuesto raya no solo contra los derechos civiles, sino con los mismos criterios de méritos de los miembros de la Policía. Se supone que los nombramientos de mando los hace el capitán, los nombra tanto por unos exámenes como por sus méritos de desempeño.
“Lo que se pensaría y esperaría, la expectativa, es que esta legislación propiciara y buscara cómo profesionalizar ese proceso de selección en el servicio público, que garantice la integridad, la transparencia, de instituciones públicas, y más en el cuerpo policiaco, con toda la autoridad y poder que tiene. Que responda realmente a las necesidades de seguridad pública y no que responda a los intereses marcados por conexiones de intereses partidistas, como suele ocurrir cuando estos nombramientos tengan que ser confirmados y aprobados previamente por el gobernador”, manifestó.
A preguntas de CLARIDAD, la licenciada Escudero Rodríguez aseguró que ACLU no ha sido invitada a deponer en las vistas públicas del proyecto. Incluso expuso que hace varios meses que no reciben solicitudes de ponencias o invitaciones a vistas públicas sobre ningún tema. “Parece que es algo generalizado, porque hace poco el Centro de Periodismo Investigativo celebró una vistas públicas sobre algunos proyectos de ley y varias de las organizaciones que fueron a deponer hicieron la misma expresión”.
Preguntamos si ante el hecho de que fue la ACLU Puerto Rico quien originó el proceso de sindicatura de la Policía y si en efecto se aprueba el proyecto con dicha disposición considerarían intervenir otra vez. Escudero Rodríguez reconoció que eso se tendría que discutir.
“Pero ciertamente estamos denunciando cualquier intento que sea contrario a La Reforma. Independiente de lo que se pueda hacer, judicial o no, tenemos que denunciar el peligro de que este proceso de selección y nombramiento de altos rangos esté sujeto a vaivenes políticos”. Para ella es imperativo que el proceso responda a las necesidades de transparencia, integridad y seguridad de nuestro pueblo, así como a los méritos y profesionalización de la Policía.
Por su parte, la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, resaltó que el proyecto evidencia que el gobierno de turno no está dispuesto a renunciar a sus prácticas históricas en la Policía de Puerto Rico de control del poder sobre la ciudadanía. Kilómetro Cero es una organización de monitoreo civil de la Policía.
“En un país que históricamente ha gobernado por administraciones corruptas, por el nepotismo y el clientelismo político partidista, en el que se otorgan puestos y contratos sin el debido mérito, la Legislatura aprueba un proyecto que otorga autoridad al Superintendente de la Policía para nombrar policías de alto mando que respondan a la agenda partidista de turno y no a los intereses del país ni a estructuras democráticas internas en la Uniformada”.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado.