El caso contra los estudiantes

Luego de tres años les declararon No causa. Foto: Víctor Birriel

 El mismo día en que el Departamento de Justicia (DJ) dio a conocer que no radicaría  cargos a ninguna de las personas relacionadas con la fallida compra de las pruebas de coronavirus (COVID-19), acudió al Tribunal  Apelativo (TA) en contra de los cinco estudiantes acusados de interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en el verano del 2017. Justicia no divulgó la apelación contra los estudiantes.

 La licenciada María Soledad Sáez, su defensora, confirmó a CLARIDAD la apelación de Justicia contra los estudiantes. Los cargos habían sido desestimados el 31 de agosto por la jueza del Tribunal Superior, Eloína Torres Cancel, por violación al debido proceso de ley. Los  abogados  llevaban más de un año   tratando de preparase y el Tribunal seguía extendiendo los términos, entre otros argumentos, debido a la  pandemia. El día de la vista en la cual se desestimaron los cargos estaba señalado como el último día  de los cinco términos extendidos solicitados por fiscalía.

 La fiscalía, encabezada por el fiscal Ángel García, pidió reconsideración en dos ocasiones, la primera en sala, a las cuales la juez dio no ha lugar. La licenciada Sáez explicó que el recurso de certiorari presentado por Justicia es discrecional y el Tribunal de Apelaciones puede decidir no atenderlo. La información que tiene es que el Apelativo le concedió a la defensa un término corto para que muestre causa para justificar su posición de que el pedido de fiscalía no debe ser expedido.

 La licenciada Sáez describió la tónica que ha tenido el fiscal para con este caso desde sus inicios. Lo primero que hizo fue radicar órdenes de arresto, las cuales se cayeron, y fue en alzada. Además, ha entorpecido el  proceso de petición de descubrimiento de prueba, al punto de haber acudido al Apelativo y al Tribunal Supremo (TSPR)  con relación a unos memos al Departamento de Justicia.

 

“Esa  es la tónica que el DJ ha establecido en el manejo de este caso lamentable, de un interés enorme. Y uno dice ese es el mismo Departamento de Justicia que le otorga una impunidad grandísima a todas las personas relacionadas con el partido de Gobierno. En casos como las pruebas del COVID, en cuanto a eso, no hay problema, esa gente no tiene que ser procesada. Pero estos cinco estudiantes sí”.

 

Agregó que aunque el caso se ha ido depurando, el DJ  insiste en procesar a los estudiantes  por cargos criminales de naturaleza grave. Otro aspecto que llama la atención sobre el proceder del DJ para con este caso es haber expedido una orden de allanamiento contra tres medios universitarios, del material de todos los usuarios en la red, sus comentarios, incluyendo los borrados. A tres años, fiscalía no ha dicho cómo los jóvenes acusados fueron identificados, cuando en la manifestación había más de 50 personas.

 

“Para  mí es obvio: es un caso por razones políticas. Lo veo claro, y mientras más pasa el tiempo, si alguna duda podía tener, se me solidifica. Yo nunca había visto el mantener tanto interés en un caso donde ni siquiera se ha cometido un delito.  Una interrupción a una reunión es un delito menos grave,   no los otros delitos que pretende la fiscalía, de escalamiento, daños a la propiedad”.

 

Los jóvenes acusados, tres varones y una mujer, son militantes de diversas organizaciones de izquierda.

 

Artículo anteriorChile, la construcción de una constitución creada desde abajo
Artículo siguienteEditorial: Elecciones y lecciones