El DE bajo la égida de contratistas privados

La transferencia de fondos privados al Departamento de Educación (DE), a través de una entidad sin fines de lucro llamada Puerto Rico Education Foundation (PREF), debe levantar suspicacia y atraer más detenidamente la atención del País. Porque aun cuando la nueva Ley de Reforma Educativa permite los donativos de entidades privadas al DE, la nefasta historia de corrupción con fondos públicos y privados en dicha agencia obliga a la cautela.

También levanta bandera la insistencia de la secretaria del DE, Julia Keleher, en montar una estructura gerencial paralela a la que ya existe en la agencia. Estamos hablando de un DE que corre 1,113 escuelas, con 345,000 estudiantes y 31mil maestros, y la plantilla gerencial y administrativa más grande de todo el gobierno de Puerto Rico. El batatal político del PNP y el PPD en el DE es legendario. De repartir puestos como prebendas en las agencias del Gobierno se han beneficiado electoralmente por 50 años. 

¿Para qué hacen falta, entonces-y ahora precisamente- los siete (7) llamados consultores que recién se incorporaron al DE con funciones cuasi gerenciales a nivel de las regiones educativas, y cuyos contratos por un total a $2.1 millones al año serán pagados por la PREF? Estos nombramientos siguen el mismo patrón que el de la ayudante ejecutiva de Keleher, nombrada a principios de este año con un contrato pagado por la PREF de monto no revelado, y sobre quien se ha denunciado que ejerce poderes delegados que la colocan por encima de los directores de departamentos y oficinas en el DE. ¿Para qué quiere Keleher más burocracia? ¿Será que quiere tener su propia guardia pretoriana, porque no confía en el personal gerencial y administrativo actual del DE? 

Estos contratados, y los que lleguen porque se dice que serán catorce (14), son personas ajenas al DE. No conocen el departamento, ni sus sistemas, ni su gente, ni a los puertorriqueños y nuestra idiosincrasia. Además, no serían empleados de la agencia sino contratistas pagados por la PREF, lo cual podría influenciar la forma y manera en que tratan y se conducen ante los nuestros. 

Aparentemente de esos codiciados fondos de fundaciones privadas –y muy ricas– quiso beneficiarse también la secretaria Keleher, de quien se dice que llegó a solicitar que la PREF le extendiera un contrato adicional que duplicara su actual ingreso de $250,000 anuales pagados por el pueblo de Puerto Rico. 

Es evidente el conflicto abierto que presenta esta situación de utilizar fondos de fundaciones privadas para crear una capa adicional de burocracia privilegiada en el DE. Estas personas no tendrían que responderle nunca directamente al pueblo de Puerto Rico, ni a los directores, maestros, estudiantes y padres del sistema, sino únicamente a la secretaria Keleher y a los grandes donantes de las fundaciones privadas. 

Además, destapa el problema de un DE totalmente dirigido por contratistas privados, empezando por la Secretaria que también trabaja bajo contrato, su principal ayudante- también contratista de la PREF- así como todos estos nuevos contratados que serían destacados en las altas esferas de las regiones educativas, y cuyos contratos también serían pagados por la PREF.

Mientras tanto, las carencias en la base del sistema se siguen multiplicando y ni la secretaria Keleher ni su ejército de contratistas tienen soluciones para las mismas. La desconfianza cunde de “arriba abajo” en el sistema, porque la injusticia genera desconfianza y es demasiado injusta la situación en que se encuentran los maestros y maestras, padres y estudiantes que cada día se enfrentan a más recortes en salarios y beneficios, y a la falta de recursos hasta para los servicios más básicos. Esto contrasta con la “generosidad” de los contratos con fondos privados, que auspician la PREF y su red de fundaciones. 

En esta edición, CLARIDAD publica un análisis donde se presenta “el otro lado de la moneda en el DE”, así como las reacciones de los líderes de los gremios magisteriales y otros expertos que evalúan esta nueva estrategia de acojinar al DE con contratistas pagados con fondos privados. Todos coinciden en que dicha decisión responde a la política pública de la administración de Ricardo Rosselló y el PNP de impulsar la privatización del sistema de educación pública, mediante el establecimiento de las llamadas “escuelas chárter” , el programa de los “vales educativos”, y ahora también, mediante estos alegados “contratos bona fide” de la PREF. En su opinión, todo un conglomerado de estrategias para justificar la intervención directa de la empresa privada en la educación pública del País.  

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