Especial para En Rojo
La cultura es un todo fragmentado. Lo universal y lo particular deben mirarse en este ámbito de la sociedad y lograr una armonía que nos remita al de los derechos humanos y a la justicia social. Son varios los discursos pronunciados en favor de la cultura como parte integral y esencial de estos derechos; los derechos de todos y todas. La cultura es amplia y diversa y, por consecuencia, de igual manera, lo es su significado. Amplitud y diversidad que son parte de nuestro imaginario colectivo como puertorriqueños y puertorriqueñas y que muy poco lo asociamos como parte de nuestros derechos. Con el transcurrir de los años, los gobiernos de turno en el archipiélago de Puerto Rico han trastocado nuestros derechos culturales. Poco o nada se discute en la colonia al respecto. ¿Cuánto conocemos de nuestro patrimonio cultural y natural? ¿Qué representa ese entorno patrimonial de cada municipio para los locales o visitantes? ¿Existen programas en cada pueblo, o accesibilidad de la información, para que educadores y escolares se inserten en la discusión acerca de la historia local y de su patrimonio cultural?
El derecho a la cultura es paralelo al derecho a la educación. La educación es parte de la cultura y, a su vez, la cultura se integra a diversos ámbitos en la educación: conocimientos históricos, artísticos y científicos. Cuando hablamos del derecho a la cultura es dirigir nuestra atención al espíritu y al conocimiento de todo un pueblo. Y ello nos atañe a todos y a todas. En Puerto Rico son varias las instituciones, organizaciones y profesionales dedicados a la cultura. Pero, ¿cómo extender el conocimiento histórico y cultural a todo un pueblo? ¿Cómo transmitir esos símbolos y significados a la mayoría de la población puertorriqueña? El que las iglesias católicas de cada pueblo, construidas durante el tiempo de la conquista y colonización española, sean mucho más que una religión en particular. El conocimiento, apreciación y disfrute de la cultura desde lo local para una comprensión de la cultura nacional y universal debe concretarse; ya es tiempo de tomarlo en serio, y como lo qué es: un derecho. El derecho a la cultura toma en cuenta, en primera instancia, a los propios habitantes del País para que todos se sumen a la divulgación de la información histórica, a la apreciación artística, al disfrute de las diversas expresiones culturales y a la discusión en torno a la preservación y conservación del patrimonio. Esto es, un pueblo más sensible, solidario y participativo en el porvenir y la calidad de vida de la sociedad a la que pertenece; y, por consiguiente, de otras sociedades y culturas del mundo. El turismo debe mirarse como una extensión de la cultura y no por encima de ella. Un buen plan turístico nacional debe comenzar con la accesibilidad de la información histórica, artística y del patrimonio cultural en general de cada pueblo. Una accesibilidad real y no elitista. Que las familias y las diversas comunidades escolares conozcan del espacio geográfico al que pertenecen: su naturaleza; de las calles aledañas, sus edificios, ruinas y “espacios vivos”; y que sean espacios de reflexión y de (re)significación del pasado para beneficio del presente y de su porvenir. Para José Julián de Acosta y Calbo, <<un pueblo debe conocer su territorio como un particular su heredad>>. Afirmaba el puertorriqueño que en la descripción de una región es que se encuentran <<los progresos intelectuales y materiales del país>>. Incluso para el mismo Eugenio María de Hostos la geografía era esencial en los grados primarios. Esto es parte de ese derecho a la cultura de cada ciudadano.
¿Por qué en Puerto Rico se mira de manera soslayada, o, simplemente, no se mira, a la cultura como un derecho? La relación Estado–Sociedad algo tiene que ver con ello. En Puerto Rico, mucho del trabajo cultural es de manera voluntaria. Los que han regentado el poder colonial no han reconocido al ámbito cultural como un espacio esencial en la sociedad puertorriqueña. Es la misma lucha de la educación como un derecho; no es una lucha aislada. Como una muestra de ello, es preciso ver el estado actual de la mayoría de los teatros en cada pueblo. Están cerrados, o en ruinas, esperando a ser reconocidos como esenciales para un pueblo. Este es el caso particular de Guayama -el escenario que nos toca de cerca-, una ciudad cosmopolita -sí, así la describimos- en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En el centro urbano histórico de Guayama se pueden apreciar varios teatros en ruinas, hic et nunc, o “invisibles” debido, en primera instancia, a la apatía gubernamental. El antiguo Teatro Calimano, Teatro [Cine] Campoamor, Teatro Bernardini, Coliseo Derkes [también existió propiamente un Teatro Derkes] aún están presentes como huellas de un pasado que amerita recordarse no desde la nostalgia, sino desde la voluntad de la que tanto nos habla Hostos por medio de su escritura. Al destacar la presencia de estas instituciones culturales o artísticas del pasado no lo hacemos pensando en que existió alguna consciencia de la cultura como derecho, sino como espacios que deben (re)significarse desde el presente y transformarse en lugares de conocimiento y disfrute cultural. Lugares que deben rescatarse para hacer disponible y accesible la cultura. Teatros, museos, bibliotecas, centros culturales, las plazas públicas son los espacios de encuentro por excelencia de los derechos culturales. Los festivales culturales -y de festivales sabemos en Puerto Rico- y las librerías también lo son. ¿Por qué en Guayama han proliferado las iglesias y no así los museos, teatros, bibliotecas o librerías? Actualmente, el Museo de Historia y Arte de Guayama (2004) no ha podido reabrir la casa antigua (ca. 1880) que le sirve de sede debido a que las instituciones que deben estar para servirle al pueblo no conocen, están totalmente enajenadas e indiferentes, de lo que es trabajar por amor al arte y a la cultura de un pueblo. Por otro lado, ¿qué va a pasar finalmente con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe? Su sede, el Seminario Conciliar, fue vendido. En un artículo anterior destacamos lo que representa este edificio para Puerto Rico. El Seminario Conciliar es parte de la memoria histórica puertorriqueña, no le pertenecía únicamente a la Iglesia Católica o a la ciudad de San Juan. Esta venta ha sido una clara agresión a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico; un atentado a nuestros derechos culturales. La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural es parte de ese derecho.
Se debe discutir este tema en el País; en los espacios previamente mencionados, pero también en cada escuela de los 78 municipios. Es menester mirar a la cultura como un derecho. Recordemos el documental El Antillano (2014) del joven cineasta Tito Román Rivera y la lamentable pobreza intelectual y cultural de algunos a quienes se les preguntó en torno a la figura de Betances. Y esto en contraste con el conocimiento histórico y cultural evidente de otros hermanos y hermanas de las Antillas. Cabe señalar aquí que el séptimo arte en Puerto Rico debe mirarse como una industria necesaria para el desarrollo cultural puertorriqueño y como parte de la discusión que en estas breves líneas hemos intentado esbozar. Cada vez que se cierra una escuela más en nuestro País es atentar contra la cultura. El gobierno colonial bipartita de Puerto Rico oprime a nuestras instituciones educativas y culturales; vende nuestro patrimonio. En cambio, defiende y abraza la Ley 22 de 2012; ese es su lenguaje. Nuestro gobierno no entiende el lenguaje de los derechos humanos. No obstante, ese lenguaje del derecho a la cultura se manifestó en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia que tuvo lugar del 21 al 27 de marzo en Puerto Rico. También por años ha sido el lenguaje del Comité Pro-Rescate y Desarrollo de Vieques. Un lenguaje de derechos humanos e inteligible para las familias de Vieques. Robert Rabin Siegal, viequense por elección y un verdadero gestor cultural, conocía muy bien este lenguaje.
La autora es Doctoranda en Historia, UPR-Río Piedras, Presidenta – Museo de Historia y Arte de Guayama
