La financiarización de las campañas electorales es un defecto de la democracia liberal. Se produce con ello una concatenación de prácticas políticos que desembocan en una mala gobernanza cuando los candidatos en las elecciones advienen el poder. Surge desde el poder el clientelismo político con jugosos contratos para favorecer a los que financiaron las campañas electorales. Y con el clientelismo político la corrupción en el gobierno.
Una campaña electoral bajo el sistema capitalista es sumamente costosa. Se necesita mucho dinero para llevarse a cabo satisfactoriamente. Así, la política se convierte en un negocio. Y surgen los inversionistas políticos que cobran la inversión hecha en las campañas electorales con jugosos contratos cuando los candidatos a puestos gubernativos llegan al poder. Por eso no debe confundirse el término financiarización con financiación. La diferencia se debe a que describen dos fenómenos económicos completamente distintos. Mientras que la financiación es una herramienta práctica y positiva para conseguir dinero, la financiarización es una transformación estructural donde los mercados financieros dominan totalmente la economía y la política.
Nunca nos desharemos del clientelismo político y la concomitante corrupción en el gobierno si no se erradica la financiarización de las campañas electorales en la democracia. Unas campañas electorales que requieren grandes financiadores, porque no es con la modesta contribución económica del elector promedio que verdaderamente se financian, anidan intrínsecamente la concomitancia de la corrupción.
Para comenzar a deshacerse de la corrupción que mina a los gobiernos hay que establecer un sistema financiación proveniente del Estado para las campañas electorales. Y que la financiación privada de las cuantías individuales se limite grandemente, prohibiendo los denominados Comités de Acción Política (PAC) que agrupan cuantiosas contribuciones financieras de capital empresarial o de empresarios del capitalismo en su carácter privado.
El escándalo que se ha desatado con el Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la renuncia de quien fuera el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, ahonda sus raíces precisamente en la financiarización política. Se trata de degradar la política a un mero negocio que opera mediante el clientelismo político y la otorgación de contratos desde las diferentes instancias del gobierno. Los tentáculos de la financiarización política se afincan dentro de la actual administración de gobierno a través de la firma de cabilderos Politank de la que era propietario el actual Secretario de la Gobernación.
Una situación escandalosa como esta se mitigaría si a cada partido político o candidato independiente inscrito y certificado debidamente por la instancia gubernamental que rige el proceso electoral se le asignara un presupuesto para financiar la campaña política en las elecciones. Muy bien pudiera entenderse que esta alternativa establecería unas condiciones más favorables para erradicar la corrupción de la financiarización política de la democracia liberal en Puerto Rico.
Se desharía finalmente la democracia de grandes despliegues de mercadotecnia publicitaria que reduce la política a meros clichés o eslogan en las campañas electorales que ha sustituido la propuesta seria de ideas por parte de los candidatos para ocupar puestos electorales de los gobiernos estatal y municipales, así como de la Legislatura. Las plataformas políticas y de propuestas de buen gobierno de los partidos políticos y sus candidatos a los comicios volverían a ser el eje del proceso electoral.
Sufragar por ideas y no por simpatías faranduleras de una política reducida a mercadotecnia quizás derive en una mejor gobernanza de Puerto Rico. Se deshará con el voto inteligente en una campaña electoral de ideas y no de clichés la superficialidad de reducir las preferencias políticas a meras simpatías faranduleras. Una superficialidad que se ha convertido en la barrera que impide que el sufragio recate a la democracia liberal de la condena de ser una futilidad y despropósito frente a la posibilidad de constituir gobiernos del pueblo y para el pueblo.
Puerto Rico necesita adoptar un plan de crecimiento y desarrollo económico para una economía esmirriada y venida a menos. Un plan con sentido de continuidad y sin que caduque antes de madurar y ponerse en práctica con el advenimiento de nuevas administraciones gubernativas. Se requiere para ello poner en funcionamiento articuladamente la diversidad de conocimientos de los puertorriqueños. Armonizar el potencial de las instituciones y de las empresas para la producción económica de rubros en particular en los que demuestre más capacidad, ya sean industriales, agrícolas, del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Producir bienes y servicios únicos y sofisticados requiere la presencia de capacidades avanzadas de las que Puerto Rico no carece.
Necesitamos identificar en suelo boricua el conocimiento productivo que nuestra economía ya posee y dónde puede diversificar sus capacidades para crecer. Proporcionar herramientas para que los responsables de la formulación de políticas identifiquen estrategias para el desarrollo económico.
Para un proyecto como este es necesario erradicar la corrupción en el gobierno.
