En otra medida que atenta contra el derecho de los ciudadanos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto PC 310, que impone que para presentar una acción judicial por violaciones en obras de construcción haya que probar daño inminente de parte de los desarrolladores, reveló la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
La representante Adriana Gutiérrez Colón contrastó que, en la actualidad, la ley permite que cualquier persona o comunidad afectada pueda acudir al tribunal cuando se violan leyes o reglamentos relacionados con permisos en obras de construcción. Con esta nueva medida, se transgrede esa función preventiva del estatuto, permitiendo que obras ilegales continúen a sus anchas violando la ley mientras deliberadamente obligan y retrasan la fiscalización ciudadana de las comunidades, forzándolas a demostrar un daño específico.
Agregó que, al igual que el PS 63 del Senado, también aprobado durante la noche del jueves, para limitar el derecho constitucional de acceso a la información pública, el proyecto 310 obstruye la capacidad del pueblo para fiscalizar proyectos que podrían poner en riesgo su salud, su comunidad, su seguridad o el ambiente. La medida es de la autoría del representante Jorge Georgie Navarro.
“Hasta ahora, los tribunales han interpretado que no es necesario probar daño, sino simplemente demostrar la violación, y este proyecto revierte esa interpretación en beneficio de quienes incumplen coartando los derechos de las comunidades, como por ejemplo en Adjuntas, Guaynabo y Trujillo Alto, por las operaciones ilegales de varias canteras que atentan contra la salud de las personas y el medio ambiente, apuntó la representante, quien es abogada.
Nelie Lebrón Robles, también legisladora del PIP, censuró la medida: “Las comunidades que históricamente han actuado conforme al estatuto vigente para proteger playas, ríos, áreas residenciales, terrenos públicos y cualquier espacio de alto valor ecológico, histórico o, incluso, con sentido de pertenencia comunitaria, de convertirse en ley este proyecto, quedarán casi sin herramientas para velar por su entorno como resultado de la visión de los gobiernos bipartidistas que siempre dan la espalda al pueblo para alinearse con los poderosos” .
Gutiérrez Colón exhortó a los grupos defensores del medio ambiente y a las comunidades a oponerse a la medida en el Senado.
