La ética periodística no es una abstracción normativa ni un conjunto de reglas decorativas. Es una práctica vivida, encarnada en decisiones concretas que definen el carácter de quienes ejercen este oficio. En mi caso, la entrevista con Filiberto Ojeda Ríos no fue solo una hazaña profesional, sino una afirmación profunda del periodismo como garante de la libertad de expresión y de la memoria histórica de nuestro país.
Durante un año, perseguí lo que muchos consideraban imposible: entrevistar a Ojeda Ríos en la clandestinidad. Lo que siguió fue una travesía marcada por el riesgo, la convicción y el compromiso ético. Desde el momento en que recibí la llamada que cambiaría mi destino, hasta el instante en que me vendaron los ojos y me condujeron por calles desconocidas, supe que estaba cruzando una frontera invisible entre el deber y el peligro.
La entrevista se realizó sin camarógrafo, por decisión propia. No quería comprometer a ningún colega en una situación de riesgo. Esa elección respondió a una ética de responsabilidad individual: si había consecuencias, debían recaer exclusivamente sobre mí. Frente a Ojeda Ríos y su lugarteniente, Luis Colón Osorio, en una habitación vigilada por hombres armados, confirmé que el periodismo no es una extensión del poder ni una herramienta de investigación para las autoridades. Es, ante todo, un ejercicio de fiscalización y documentación histórica.
La transmisión del material, aunque editada, desató una tormenta. Los agentes federales llegaron a la redacción como sombras inquisitivas, y los citatorios a un gran jurado comenzaron a llegar con una cadencia implacable. Me enfrenté a una disyuntiva que ningún periodista debería enfrentar: entregar mis fuentes o perder mi libertad. Opté por lo segundo. Porque la confidencialidad no es un capricho, sino una necesidad democrática.
El Cánon 5 del Código de Ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) establece que el periodista debe proteger la identidad de sus fuentes, especialmente cuando estas enfrentan riesgos legales o personales. Esta protección es vital para preservar la integridad del oficio y para garantizar que quienes confían en los medios como canal de denuncia no sean traicionados.
La libertad de prensa en Puerto Rico está amparada por la Sección 4 del Artículo II de nuestra Constitución y por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, estas garantías han sido puestas a prueba en múltiples ocasiones. En mi caso, el juez del Distrito James M. Claire reconoció el privilegio periodístico incluso ante un gran jurado, estableciendo jurisprudencia en el Segundo Circuito de Boston. Ese fallo no solo me protegió a mí, sino que fortaleció el derecho de todos los periodistas a ejercer su labor sin coerción.
Hoy, el periodismo enfrenta tensiones estructurales que limitan su capacidad crítica: la concentración de medios en conglomerados como el Grupo Ferré Rangel, la precarización laboral en las redacciones, y la espectacularización de la noticia que privilegia el entretenimiento sobre el análisis profundo. Pero también hay brotes de esperanza. Medios alternativos como Bonita Radio, 80grados, Pulso Estudiantil, Todas y el Centro de Periodismo Investigativo apuestan por el análisis riguroso, la perspectiva de género y la justicia social. Proyectos universitarios y comunitarios están formando nuevas generaciones de periodistas comprometidos con la ética. Y las tecnologías digitales permiten explorar modelos sostenibles de financiamiento colectivo y distribución descentralizada.
La entrevista con Filiberto Ojeda Ríos no fue solo un acto informativo. Fue una afirmación del periodismo como ejercicio ético y político. En tiempos de posverdad y manipulación informativa, defender la autonomía del periodista y la confidencialidad de las fuentes es más urgente que nunca. Los derechos no se heredan: se defienden. Y el periodismo, cuando se ejerce con convicción, puede convertirse en la columna vertebral de la democracia.
