CLARIDAD
“La ley de comunidades especiales es una ley muerta. Desde que están los PNP montaos, las comunidades no se escuchan”, denunció Jannette Lozada Sabastro, líder comunitaria de la comunidad Valle Hill, en Canóvanas, sobre la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).
La organización Firmes, Unidos y Resilientes (FURIA) denunció la aprobación en el Senado del proyecto PS 17, que le concede al director ejecutivo de la ODSEC la facultad de emitir certificaciones para otorgar y/o transferir derechos propietarios, derogar la actual estructura del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, transferir los activos del Fideicomiso a la ODSEC y crear un nuevo fideicomiso llamado Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico.
Según reveló FURIA, el PS 17 fue aprobado en el Senado, el pasado 7 de abril, en votación de 20-8. La aprobación se dio luego de que las dos comisiones senatoriales que lo atendieron rindieran un informe conjunto recomendando su aprobación sin realizar vistas públicas y sin contar con la postura de ODSEC.
En entrevista con CLARIDAD, la líder comunitaria dijo que fue una de las que trabajó en el borrador del reglamento de la ODSEC en sus inicios. “Era un programa bueno. que alentaba y enseñaba a los residentes. Eran comunidades marginadas, olvidadas, nos enseñaba a reclamar nuestros derechos”. Eso cambió con las administraciones del Partido Nuevo Progresista, a quienes acusó de haber sido “funcionarios políticos que respondían mas a los alcaldes”.
Ahora, con el nuevo proyecto, “nos quitan derechos, pretenden dar la potestad al director de dar títulos de propiedad, lo que van hacer es utilizarlo de agarre político porque lo van a usar en las elecciones. Van a venir a repartir títulos para agarrar a la gente”.
Lozada Sabasto reclamó que se tiene que discutir cómo el PS 17 va a afectar el funcionamiento del Fideicomiso, si va a beneficiar a las comunidades especiales o no, y cómo el proyecto asegura que ODSEC no abusará del poder de certificar títulos de propiedad y que lo usará a favor de las personas que lo merecen.
En entrevista por separado, el licenciado Juan Capella Noya, consultor comunitario de FURIA, indicó que se enteraron del PS 17 mediante el monitoreo administrativo. Desde el mes de febrero solicitaron vistas públicas, tanto para el PS 17como para el proyecto de la Cámara PC 27. Al presente, el proyecto de la Cámara está ante la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, la cual tampoco ha contestado su solicitud de vistas públicas.
El licenciado Capella Noya reveló que las comunidades están reclamando participación, como lo dicta la Ley de Comunidades Especiales. “Hasta este momento no ha habido ese espacio. Eso es lo fundamental que están reclamando para poder pasar juicio si los proyectos son en verdad en beneficio de las comunidades, en particular, por las dos razones que buscan los proyectos.
La ley que creó la ODSEC y el Fideicomiso Perpetuo fue aprobada en el 2002 bajo la administración de la exgobernadora Sila María Calderón. La ley del fideicomiso, de $1mil millones en sus inicios, fue enmendada en el 2021 (Ley 23 de 2021) con la pretensión de sanar su manejo. De acuerdo con el informe legislativo, el proyecto buscaba establecer un proceso ordenado entre el Departamento de la Vivienda, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y el Fideicomiso para atender las situaciones que enfrentaban decenas de familias y personas relocalizadas en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales.
Sobre la situación actual, el asesor comunitario de FURIA señaló que los títulos de propiedad que se dieron por la Ley 23, aparentemente, se hicieron de tal forma que no cumplían con el requisito de poder inscribirse en el Registro de la Propiedad. En algunos casos ni se estructuraron de manera adecuada ni se les dio el debido seguimiento. “Hay de todo: mala estructuración, falta de seguimiento. Una de las propuestas del proyecto es darle a la Oficina de Comunidades el poder de dar certificaciones para poder dar títulos de propiedad”.
Capella Noya comentó que si en una comunidad sus residentes no tienen títulos de propiedad, se supone que la ODSEC les ayude a obtener esos títulos; pero todo aparenta que ha habido irregularidades. Dio como ejemplo un caso del 2001, en el que recientemente pusieron a la familia a firmar contrato de arrendamiento. De otros no se entiende cuál fue la transacción entre las partes, en qué quedaron, no aparece la documentación de las comunidades. En algunos casos, la gente ha hecho pagos no se sabe a quiénes o no estaba claro. Primero les daban una libreta, después los enviaron a pagar al banco, inclusive hay gente que ha dejado de pagar porque no se sienten cómodos pagando. Los pagos son individuales.
Además de todo lo anterior, no se sabe cuánto dinero queda del Fideicomiso de mil millones. El licenciado Capella Noya indicó que sí es necesario revisar la Ley 23 del 2021, no obstante señaló la necesidad de que haya vistas públicas, se escuche a las comunidades y se asegure que el mecanismo a crear se pueda usar para favorecer a las comunidades y no para favorecer a alguna gente.
Al presente, más de 700 comunidades están identificadas como comunidades especiales.
