Jorge Rivera Rueda aseguró que es incorrecto vincular el pleito civil que tuvo ante su consideración a alegaciones de índole criminal
CLARIDAD
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Jorge Rivera Rueda llamó “desafortunados” los sucesos que terminaron en el asesinato del biólogo Roberto Viqueira Ríos, y que guardan relación con un pleito vecinal que tuvo ante su consideración en el Tribunal de Ponce.
Rivera Rueda emitió expresiones a CLARIDAD luego de que este medio publicó que el juez había despachado —en 2021 y 2023— las solicitudes que hiciera Viqueira Ríos para obtener protección inmediata de las presuntas grabaciones de audio y video que su vecino Eduardo Meléndez Velázquez estaba tomando de su propiedad y familia.
“Aunque reconocemos el interés mediático de este caso, a la luz de los sucesos desafortunados ocurridos la pasada semana [el 15 de julio], reitero que, por disposición de los Cánones de Ética que rigen mi profesión, mis expresiones se limitan a las contenidas en mis determinaciones en sala o escritas, no así en declaraciones públicas producto de opiniones individuales y conclusiones basadas en tractos procesales incompletos”, reaccionó.
Viqueira Ríos solicitó, en septiembre de 2021, un interdicto prohibiendo la grabación de audio, video e imágenes de su familia por parte del vecino, además de que se le entregara el material grabado para poder examinarlo. En febrero de 2023, el biólogo volvió a solicitar un remedio urgente recordando que su vecino no había provisto los videos ni el tribunal había emitido las órdenes para que el demandante depositara “todos los videos que tenga en su poder”. Es decir, un año y medio después de la solicitud de interdicto, el tribunal no había concedido el remedio solicitado por Viqueira Ríos, pese a que su abogado había planteado la urgencia del asunto.
En sus declaraciones, Rivera Rueda hizo la salvedad de que “estaba asignado atender casos estrictamente de naturaleza civil por lo que cualquier alegación de índole criminal y/o de competencia municipal entre las partes involucradas no estuvo ante mi consideración”.
La Oficina de Prensa del Poder Judicial no contestó una pregunta de este rotativo para conocer si investigarían el proceder en este caso; más bien, se limitaron a decir que, en la rama judicial, “miramos continuamente nuestros procesos con el objetivo de identificar áreas que nos permitan recomendar medidas para agilizar el manejo de los casos”.
En el reportaje de CLARIDAD, el abogado y amigo del difunto, Martín González Vélez, lamentó que el tribunal no actuara a tiempo para prevenir esta tragedia. “A los bullies que uno no para a tiempo, los envalentona; y el tribunal nunca emitió un injunction ni dio una orden para que se dejara de intervenir con la intimidad de la otra parte”, comentó.
El abogado también puntualizó que se podía tratar de discrimen o negligencia. Estas sospechas de discrimen de González Vélez surgen dentro del contexto de persecución política que sufrió Viqueira Ríos por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el período cercano al asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del Ejército Popular Boricua – Los macheteros. “Roberto fue objeto de persecución por parte del Estado, y que raro que cuando él pide justicia, no le hacen caso”, indicó.
“La negación de lo que él pedía era como institucional por parte de la Policía primero y por parte del tribunal”, insistió González Vélez. “Si desde el primer día, no se hubiera menospreciado el planteamiento de violación a la intimidad de Roberto, esto no hubiera pasado. No pusieron el orden; dejaron que siguiera. La otra parte se siente impune y actúa con impunidad”, lamentó.
La familia del occiso también exigió, en declaraciones escritas, «que se investiguen exhaustivamente todos los ángulos posibles de este crimen — personales, políticos y profesionales».
En mayo de 2025, las partes habían informado al tribunal que se encontraban en proceso de formalizar un acuerdo transaccional con el objetivo de finalizar el litigio en su totalidad.
