CLARIDAD
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El proyecto de ley presentado en el Congreso de EEUUAA por la comisionada residente Jennifer González y el congresista demócrata Daren Soto, que pretende viabilizar un proceso de la admisión de Puerto Rico como un estado, no tendrá un resultado más allá de aflorar diferencias entre miembros del Partido Demócrata (PD), y aumentar la discusión pública en Wáshington sobre la usurpación de poderes que representa la ley Promesa.
Para el profesor de ciencias políticas y estudioso del tema de Puerto Rico y la política estadounidense, Javier Colón Morera, la presentación del proyecto (el pasado 2 de marzo) ha puesto sobre la mesa el tema de la ley Promesa y cuál es el nivel de gobierno propio que realmente tiene Puerto Rico. Dado a que los que defendían el llamado Estado Libre Asociado (ELA), decían o reconocían que, aunque no era un arreglo perfecto, daba suficiente autonomía operacional, esa autonomía se ha restringido con Promesa a tal nivel que ha provocado que los temas de pobreza y cuál es el nivel de gobierno interno se hagan más fuertes, eso a su juicio ha creado una conciencia mayor en la opinión pública de Estados Unidos de las limitaciones del ELA.
“En un sentido hay una conciencia mayor de las limitaciones del modelo político de Puerto Rico tanto en términos de la decisión de la gobernanza como en términos de toda la pobreza revelada por María… En ese sentido ahí podría haber condiciones para ir creando un espacio político para el cambio en Estados Unidos”. No obstante, apuntó, el enfoque del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que el 52% de los votos -del 50% del electorado- por la estadidad constituye un mandato suficientemente fuerte como para mover al Congreso, es otro tema.
El proyecto -señaló- además ha creado una cierta división dentro del PD entre los que esgrimen el discurso de igualdad de la estadidad y los que lo ven como un problema de autodeterminación. Estas dos visiones han creado unas alternativas distintas a las que tradicionalmente se habían considerado por el PD. En otras circunstancias, por ejemplo, cuando se presentó el proyecto Jones se presentaron otros casos de estadidad y esa división dentro de los demócratas no había aflorado como afloró ahora.
La observación de Colón Morera es que esa es una discusión que está mostrándose en los medios tradicionales en Estados Unidos, respecto a la diferencia entre un proyecto de estadidad o un proyecto de autodeterminación. Por ejemplo, las congresistas demócratas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandra Cortés, favorecen y presentaron un proyecto de libre determinación. “Eso es interesante porque en donde más apoyo hay a la estadidad no es en el Senado, es en la Cámara, pues el comisionado residente está en la Cámara, hay una relación de trabajo”. Mientras en el Senado desde el 1991, no se ha dado paso al tema.
Ante estas dos realidades reafirmó su apreciación de que el nuevo proyecto lo más probable es que aflorará un interés mayor por parte de la opinión pública en Estados Unidos y la división entre los demócratas, fundamentada en el principio de la autodeterminación, y fundamentada en el acceso de una asamblea constitucional de estatus. Colón Morera describió esta división como un desarrollo interesante porque era una conversación que no había logrado tener atracción en el Congreso y que parece que ahora está empezando a considerarse de manera seria.
En ese sentido recordó que luego del huracán María, visitó el País un relator especial de la pobreza e hizo un informe ante las Naciones Unidas (ONU) y por parte de organizaciones de Puerto Rico se presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que considera que la situación de Puerto Rico ha trascendido el ámbito convencional de la discusión de que es una colonia sujeta a los poderes coloniales. Considera que se está empezando a plantear la falta de cuidado de parte de Estados Unidos de su responsabilidad fiduciaria ante el territorio. “Cuando afirma que tiene poderes plenarios, pero no se encarga de que no pasen cosas terribles como las muertes de María, la política de Trump de discriminar abiertamente con los fondos federales, todo eso ha colocado a Estados Unidos en una posición más defensiva en el caso de Puerto Rico”.
